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Detalle del Comunicado

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Acotan las medidas de protección y seguridad hacia funcionarios y exfuncionarios
16/03/2017| Boletín: 2416

Guanajuato, Gto.- El Pleno del Congreso aprobó una reforma a la Ley del Sistema de Seguridad del Estado para limitar las medidas de seguridad y protección que se brindan a funcionarios y exfuncionarios.

La modificación contempla que el Gobernador del Estado, el Secretario de Gobierno y el Secretario de Seguridad, así como los presidentes y los funcionarios municipales (que ejerzan de manera directa las funciones operativas de seguridad pública) contarán con protección y seguridad personal durante el tiempo de su encargo o al gozar de licencia; los funcionarios estatales por un periodo de tres años y los municipales por un año al cesar sus funciones, en ningún caso se podrá superar el tiempo señalado.

Por otro lado, se establece que el Gobernador del Estado, en acuerdo con el Secretario de Seguridad Pública, podrá otorgar a otros servidores públicos, que estén desempeñando cargos de alto riesgo, el derecho a seguridad personal cuando existan motivos fundados de que están en situación de peligro.

Cabe destacar, que las medidas de protección se otorgarán siempre que no se afecte la suficiencia de los recursos humanos y materiales de seguridad al servicio de la ciudadanía en el Estado o los municipios.

Además se subraya que bajo ninguna circunstancia se permitirá que los elementos de seguridad sean utilizados para atender asuntos personales distintos a la función de proteger la integridad del servidor o ex servidor público, en caso de que infrinjan esta regla se les retirarán las medidas de protección.

También se especifica que los exfuncionarios que cambien de residencia fuera del Estado o se incorporen a otra área de la administración pública que les otorgue protección se les cancelarán de inmediato la seguridad brindada.

Para hablar a favor del dictamen hicieron uso de la tribuna los diputados Isidoro Bazaldúa Lugo, Juan Carlos Muñoz Márquez y Guillermo Aguirre Fonseca.

El primero en subir a tribuna fue Bazaldúa Lugo. El legislador manifestó que en muchas ocasiones se desvían recursos humanos, materiales y económicos para proteger a servidores públicos que por la naturaleza de sus funciones no deberían contar con esa prerrogativa, y que lo más grave era que los elementos de seguridad que se les asignaban eran los considerados de élite.

Bazaldúa Lugo subrayó que aunado a lo anterior se les ocupaba para realizar labores de carácter personal y no para la actividad que debían desempeñar. “La exigencia más sentida de la sociedad es la seguridad pública, si los elementos de seguridad asignados a los funcionarios o exfuncionarios se utilizan en otras actividades o se asignan a discreción no se cumple con el objetivo que es cuidar al ciudadano”, indicó el diputado.

Asimismo precisó que el tiempo que se les otorgaría protección a los servidores o ex servidores públicos sería proporcional al que duraron en funciones, porque de lo contrario se convertía en un exceso como en casos actuales en los que duraron en el cargo dos meses y cuentan con seguridad personal por tres años.

Por su parte, el diputado Juan Carlos Muñoz Márquez indicó que era indispensable regular en ley sobre las condiciones y el tiempo en que se brindan las medidas de protección a funcionarios o exfuncionarios debido a que ha existido abuso por parte de algunos de ellos, quienes se van a otros Estados o cargos y siguen contando con seguridad personal a cargo del erario público.

El congresista agregó que en la Comisión de Seguridad y Comunicaciones se sumaron a la propuesta del Partido de la Revolución Democrática porque se debe terminar con los privilegios de quienes han abusado de medidas que buscan salvaguardar la integridad de quien desempeña una función de riesgo en beneficio de la población.

En el mismo sentido se pronunció el diputado Guillermo Aguirre Fonseca, quien apuntó que limitar y establecer condiciones para otorgar medidas de protección resultaba necesario para evitar abusos.

El legislador indicó que ante la insuficiencia de elementos de seguridad en algunos municipios era prioritario acotar tanto el número de funcionarios y exfuncionarios como el tiempo que se les otorgaba protección.

“No es posible que se descuide el objetivo principal de la seguridad que es la prevención y el cuidado de los ciudadanos de Guanajuato”, enfatizó Aguirre Fonseca.

El dictamen fue aprobado por votación unánime del Pleno del Congreso.

 

Elaboró: Débora Gamiño