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Analizan iniciativa en materia de delitos contra la administración pública y la procuración de justicia
20/06/2017| Boletín: 2649

Guanajuato, Gto.- En mesa de trabajo convocada por la Comisión de Justicia, se analizó la iniciativa presentada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales e integrantes de la LXIII Legislatura a fin de reformar el Código Penal en materia de delitos contra la administración pública y la procuración y administración de justicia.

Esta iniciativa busca reducir la impunidad y castigar a quienes delinquen sin importar el cargo que ostenten, así como fortalecer las herramientas institucionales y jurídicas que permitan lograr avances concretos en el combate a la corrupción.

En la reunión de trabajo se vertieron comentarios y observaciones en torno a la tipificación de delitos que en la legislación vigente no están contemplados. Cabe destacar, que estos delitos que se integran en materia de corrupción se califican de dolosos.

Estos tipos penales son el ejercicio ilícito del servidor público, en el cual se resaltó la responsabilidad del servidor en el ejercicio de su cargo; la coalición de servidores públicos, que consiste en la unión de servidores para cometer un ilícito; la intimidación, la cual se diferenció del delito de tortura; y el prevaricato, que consiste en la resolución arbitraria de un caso por parte de un juez.

Los participantes externaron la necesidad de clarificar estos tipos penales, a fin de evitar confusiones en el momento de la ejecución del Código Penal. Además de especificar los sujetos en los casos de cohecho, además de precisar las conductas en los que se verían involucrados los integrantes de los ayuntamientos y del Congreso del Estado.

En otros temas, se pidió clarificar los sujetos que se podrían ver implicados en el enriquecimiento ilícito, tales como cónyuges y otros dependientes económicos; así como la clarificación de diferentes aspectos concernientes a conductas ilegales como el abuso de autoridad, el cohecho, el peculado y la concusión.

De igual manera, se manifestó la necesidad de armonizar con la legislación federal en este tema y refirieron que las sanciones económicas serán determinadas por la Unidad de Medida y Actualización.

En la mesa de trabajo participaron las diputadas Arcelia María González Gónzalez, Libia Dennise García Muñoz Ledo, los diputados Jorge de la Cruz Nieto y Juan José Álvarez Brunel.

También acudió la magistrada Gloria Jasso Bravo, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; Elizabeth Durán Isaís y Jonathan Hazael Moreno Becerra, de la Procuraduría General de Justicia del Estado; Vicente Vázquez Bustos y Alejandro Rodríguez Pacheco, de la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado; Plinio Manuel Martínez Tafolla, Director del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado; y asesores parlamentarios del PAN, PRI y PVEM. 

 

(Elaboró: Débora Gamiño)