Buscador

Detalle del Comunicado

Slide_whatsapp_image_2017-11-21_at_12.02.16_pm
Analizan iniciativas de reforma al Código Penal en materia de violencia política hacia mujeres
21/11/2017| Boletín: 2994

Guanajuato, Gto.- La Comisión de Justicia llevó a cabo una mesa trabajo para analizar dos iniciativas de reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato, con las que se busca combatir la violencia político-electoral hacia las mujeres, la primera presentada por las diputadas Arcelia González y Luz Elena Govea del GPPRI y la segunda por el Grupo Parlamentario del PAN.

Participaron en la mesa de trabajo las diputadas Arcelia María González González (presidenta), Libia Dennise García Muñoz Ledo, Beatriz Manrique Guevara, los diputados Juan José Álvarez Brunel y Luis Vargas Gutiérrez. También, representantes de la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado, de la Procuraduría de Justicia y del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado, así como asesores parlamentarios.

En su participación, la diputada Libia García enfatizó la necesidad de precisar el concepto de “violencia hacia las mujeres”, así como visibilizar y describir qué conductas pueden ser consideradas violencia política.

De igual manera, la diputada Arcelia González recalcó que se buscará que estas propuestas no solo tengan impacto en las contiendas electorales, sino también en el ejercicio del servicio público, además coincidió en buscar la porporcionalidad de las penas que se aplicaría para los casos de violencia política.

Por su parte, el representante de la Coordinación General Jurídica, Vicente Vázquez Bustos, mencionó que las iniciativas son coincidentes con sol tratados internacionales de defensa de los derechos de la mujer. Además señaló la importancia de revisar el tema de la punibilidad y la proporcionalidad de las penas, a fin de que se establezcan las más adecuadas a cada una de las conductas contempladas.

Asimismo, por parte de la Procuraduría de Justicia se indicó que la nomenclatura “político-electoral”, podría generar confusión en la identificación entre los delitos políticos y electorales particulares, para lo que se sugirió buscar una alternativa para definir la proporcionalidad entre cada uno y evitar conflictos.