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Detalle del Comunicado

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Aprueban incorporar el delito contra la libre expresión en el Código Penal
12/10/2017| Boletín: 2864

Guanajuato, Gto.- El Pleno del Congreso aprobó la reforma al Código Penal para el Estado de Guanajuato, a fin de incorporar el tipo penal de “delito contra la libre expresión”.

Con esta modificación, se consideran como calificados el homicidio y las lesiones cuando se comentan en agravio de periodistas, su cónyuge o parientes en línea recta o colateral hasta el cuarto grado, siempre que tengan como finalidad obstaculizar o impedir el ejercicio de la libertad de expresión o por motivo del desempeño de su profesión.

Asimismo, cuando estas agresiones se causen por la asistencia o realización de un espectáculo público, ya sea previo a su desarrollo, durante o con posterioridad a éste, se aplicará la prohibición de asistir a espectáculos públicos hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta por la ley para estos delitos.

De igual manera, se aplicarán de nueve meses a cuatro años de prisión y de 200 a 300 días multa, a quien evite el ejercicio periodístico por medio de la utilización de la violencia y a quien obstaculice, impida o reprima la libertad de expresión. Cabe destacar, que este delito será perseguido por querella.

Para hablar a favor del dictamen hicieron uso de la tribuna las diputadas Araceli Medina Sánchez y Arcelia González González.

Medina Sánchez manifestó que dicho dictamen tenía como objeto la prevención y protección, en primera instancia, y el castigo a quienes atenten contra la libertad de expresión y los periodistas en el ejercicio de su labor.

Agregó que los actos de violencia que se cometen contra periodistas violan el derecho universal e inalienable de estas personas a expresar y compartir ideas, opiniones e información y además, atentan contra los derechos, también universales, de los ciudadanos y las sociedades en general a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo.

La congresista indicó que era importante evitar la impunidad de esas conductas, ya que no hacerlo genera graves consecuencias para la democracia, “los Estados tienen la obligación de proteger a aquellos periodistas cuyas vidas o integridad física están en peligro mediante la adopción de diversas medidas que, en su conjunto, aseguren su protección”, afirmó.

Finalmente dijo que estas reformas pugnan por la libertad de expresión pero sobre todo por la libertad de escuchar lo que algunos intereses quieren callar.

Por su parte, la legisladora Arcelia María González González dijo que esta reforma buscaba agravar los delitos contra la vida y la salud personal de periodistas, comunicadores y sus familias.

“Atentar contra periodistas, su cónyuge o sus parientes en línea recta o colateral hasta el cuarto grado, con la finalidad de obstaculizar o impedir el ejercicio de la libertad de expresión del ofendido, o en razón del desempeño de su profesión, es una conducta que merece criminalizarse porque la ofensa que se provoca llega a toda la colectividad”, subrayó la congresista.

González González enfatizó que la libertad de información y expresión es un elemento crítico para la democracia, el desarrollo y el diálogo, es un derecho universal del cual se debe gozar sin interferencias, y cuyo pluralismo en los medios de comunicación es un componente esencial en una forma republicana de gobierno.

“Como parlamentarios debemos ampliar el círculo de las acciones protectoras, ya sea inhibidoras o sancionatorias, que garanticen la libertad de expresión y a sus agentes, como ya se ha hecho por legisladores de otras entidades federativas y por el mismo legislador federal”, apuntó.

En su intervención, el diputado Isidoro Bazaldúa Lugo hizo un recuento de las condiciones que enfrenta el gremio periodístico en diversos estados y de la muerte de algunos en el ejercicio de su profesión. Agregó que con la aprobación del dictamen en comento se complementa la iniciativa de Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual era fundamental y por su naturaleza no contenía sanción alguna a quienes atenten contra la vida de periodistas o personas defensoras de derechos humanos.

“Con la aprobación de dicha leyes estaríamos contribuyendo positivamente con la tarea de poner a todos aquellos que delinquen donde se merecen, tras la rejas”, concluyó.

 

(Elaboró: Débora Gamiño)