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Aprueban la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Guanajuato
04/05/2017| Boletín: 2526

Guanajuato, Gto.- El Pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Guanajuato, así como reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato.

Para hablar a favor del dictamen hicieron uso de la tribuna las diputadas Libia Dennise García Muñoz Ledo, Arcelia María González González y Beatriz Manrique Guevara, así como el diputado Jorge Eduardo de la Cruz Nieto.

García Muñoz Ledo manifestó que la corrupción es un desafío que demanda una respuesta contundente por parte de la sociedad y de las instituciones. “En Guanajuato debemos responder con acciones concretas y contundentes desde la leyes, desde todos los espacios de la vida institucional y desde la sociedad para desterrar de nuestro entorno los vicios, las malas costumbres y las malas mañas”, indicó la congresista.

Agregó que la lucha frontal contra la corrupción debía librarse desde las leyes y que éstas debían incluir mecanismos de supervisión, transparencia y sanción, modernos y efectivos, que brinden armas jurídicas para actuar, prevenir y castigar los actos de corrupción.

“La meta es que por medio de esta ley establezcamos los mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción en el estado y los municipios; definamos las bases mínimas para la prevención de estos hechos y la emisión de políticas públicas integrales en materia de fiscalización y control de los recursos públicos”, subrayó la diputada.

En su intervención, el diputado Jorge de la Cruz Nieto señaló que el Sistema Nacional Anticorrupción tiene el gran reto de transformar el sistema político en México, lo que debe ser replicado en cada entidad federativa. En ese sentido, indicó que el estado de Guanajuato siempre ha sido reconocido como punta de lanza en materia legislativa y con la presentación del dictamen en discusión se confirmaba dicha afirmación.

“El romper los paradigmas, las costumbres y los usos tan arraigados en el servicio público que hacen que prevalezca un complejo entramado de corrupción no ha sido fácil y no me queda duda que deberá de ser un trabajo continuo y permanente en el perfeccionamiento de este sistema en todos sus niveles”, enfatizó De la Cruz Nieto.

El legislador dijo que en el diseño del Sistema Estatal Anticorrupción se concentraron en generar un sistema que prevenga, corrija leyes, procesos y sancione conductas ilícitas, y que eso se  vea reflejado en un real bienestar social y eficiencia institucional, así como en mecanismos que consoliden vínculos entre las instituciones y la ciudadanía, a través de un sistema ágil, fluido y coordinado.

“Quienes integramos la LXIII Legislatura tenemos muy en claro la exigencia ciudadana y no sólo eso, sino que la hemos hecho propia y seguiremos trabajando para dar resultados. Ésta es sólo una muestra más del Guanajuato que queremos para los siguientes años”, concluyó el congresista.

Por su parte, la diputada Arcelia María González González indicó que en plena armonía entre la obligación y la convicción, el dictamen en discusión era prueba inequívoca de la riqueza de unir la diversidad para un mismo propósito, la lucha contra la corrupción y su impacto en la sociedad.

“Trabajamos en reformas trascendentes para abatir la corrupción y su impacto en vida de las personas; en esta apuesta estamos tomando las decisiones apropiadas sin titubeos ni disimulos para la debida implementación del Sistema Anticorrupción y, con ello, elevar la confianza de los ciudadanos en su gobierno y sus autoridades”, subrayó.

Dijo que entre las innovaciones se encontraba la adición de la función de fiscalización que tendrá la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, la cual deberá establecer un marco de referencia para la prevención, detección, disuasión y sanción de actos de corrupción, con el fin de generar cambios estructurales en el ámbito jurídico y administrativo, e incorporar las mejores prácticas para fomentar la transparencia y rendición de cuentas en la gestión gubernamental.

Al pedir el voto a favor del dictamen González González afirmó: “Tengan la seguridad de que se ha cumplido cabalmente y de manera responsable con esta encomienda, tenemos que hacer que las y los guanajuatenses vuelvan a creer en sus instituciones”.

En el mismo sentido se manifestó la diputada Beatriz Manrique Guevara, quien precisó que la creación del Sistema Estatal Anticorrupción era pieza clave para la implementación y funcionamiento del Sistema Nacional.

“El Sistema Estatal Anticorrupción será la instancia coordinadora entre las autoridades de los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos”, apuntó.

Manrique Guevara argumentó que conscientes de las consecuencias de prácticas de corrupción como el despilfarro del erario, las simulaciones jurídicas, la opacidad, entre otras, es que trabajaron puntualmente en el diseño del multicitado Sistema.

La legisladora celebró las coincidencias encontradas entre las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso, así como el hecho de poner por encima de cualquier interés el bienestar de la sociedad guanajuatense.

”En el Grupo Parlamentario bajo mi coordinación estamos a favor de contribuir con todas las acciones necesarias para lograr un marco normativo útil como herramienta de combate a la corrupción, estamos listos para incorporarnos al Sistema Nacional”, finalizó la Manrique Guevara.

El Sistema Estatal Anticorrupción tendrá capacidad técnica y objetiva para medir y evaluar el desempeño de un servidor público por medio de los principios rectores del servicio público como lo son la legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por el mérito.

Aspectos relevantes:

  •  El Sistema Estatal Anticorrupción tiene como finalidad establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades del Estado y los Municipios en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
  • El Sistema Estatal se conformará por los integrantes del Comité Coordinador (órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva); el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización; y los municipios, quienes concurrirán a través de sus contralores municipales.
  • Se establece la creación de una Plataforma Digital conformada por los siguientes sistemas electrónicos: de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal; de los Servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas; de Servidores públicos y particulares sancionados; de información y comunicación del Sistema Estatal; de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción, y de Información Pública de Contrataciones.
  • El Sistema Estatal contará con una Secretaría Ejecutiva, organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión.
  • Se crea el Sistema Estatal de Fiscalización, encargado de promover el intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos. Lo integrarán: la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas; los Órganos Internos de Control de los Municipios, de los Poderes Legislativo y Judicial; y de los Organismos Autónomos.

En cuanto a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo se elimina de las instituciones que forman parte de la Administración Pública al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Asimismo se establece que el titular de la Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas será nombrado por el Gobernador del Estado con la ratificación de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado, y no podrá ser o haber sido dirigente de partido o asociación política a nivel nacional, estatal o municipal o candidato a un puesto de elección popular, ni ministro de ningún culto religioso, en los cinco años anteriores a su nombramiento.

También se le asignan a esa dependencia nuevas atribuciones, entre ellas la de fiscalización y la facultad para aplicar sanciones en los casos que no sean de la competencia del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, así como la obligación de presentar las denuncias o querellas correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y ante otras autoridades competentes.

 

(Elaboró: Dulce María Rodríguez Pérez)