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Avalan nueva Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato
07/12/2017| Boletín: 3023

Guanajuato, Gto.- El Pleno del Congreso del Estado aprobó la nueva Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, a fin de contar con un marco jurídico que regule eficazmente las prestaciones en materia de seguridad social, así como la organización interna del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato.

Para hablar a favor del dictamen hizo uso de la voz el diputado Juan José Álvarez Brunel, quien señaló que con la aprobación de esta nueva ley se observa la premisa fundamental de otorgar beneficios a los derechohabientes del instituto, al contar con un ordenamiento que regule en forma más precisa los derechos y obligaciones en la materia.

“Con esta nueva ley se da cumplimiento a la obligación legal de revisar el texto legal que regula la seguridad social de los trabajadores del estado cada cuatro años, obligación que subsiste en el texto que se ha puesto a nuestra consideración y que garantiza la posibilidad de contar con un ordenamiento completo y sistemático en el futuro”, precisó Álvarez Brunel. 

Entre las particularidades de la ley, se identificó con el término “Sujetos obligados” a los Poderes del Estado, organismos autónomos y, en su caso, los municipios y sus entidades paramunicipales. Además, se establece el cambio del concepto “salario base de cotización” a “Sueldo base de cotización”.

La nueva normativa plantea que los préstamos que se otorguen, se financiarán conforme a lo establecido en la ley, y las transferencias de la reserva líquida que acuerde el Consejo Directivo, siempre y cuando no se comprometa el pago de los seguros del Instituto, de conformidad con el estudio actuarial vigente; y en el otorgamiento de los préstamos previstos en esta ley, se deberá garantizar la seguridad jurídica y económica para el Instituto.

Otra de las adiciones que destacan en la ley es el Fondo Especial y Solidario. Este consisten en que, los asegurados o pensionados que obtengan un préstamo personal o un préstamo con garantía hipotecaria, tienen la obligación de contribuir de forma anual y por el plazo de amortización a este fondo, que tiene por objeto garantizar la liquidación del adeudo a favor del Instituto, en caso de muerte invalidez total y permanente e incapacidad total y permanente.

Igualmente, se especifica que los asegurados y pensionados podrán ejercer préstamo con garantía hipotecaria, y no será necesario cubrirlo en su totalidad para obtener otro subsecuente si su capacidad de pago lo permite. Además los pensionistas tendrán derecho a obtener préstamos personales, cuyo importe máximo será equivalente a 16 meses del monto de la pensión que disfrutan.

En materia de reclamo de pensión por viudez por varios interesados, se otorgará a quien corresponda, hasta que la sentencia cause estado, es decir, que la decisión haya quedado firme y no sea posible interponer recurso alguno.

Además, se ratifica la atribución del Instituto para investigar la veracidad de la documentación presentada, y que en caso de acreditarse, la falsedad de un documento, proceda a la cancelación de la pensión, lo que además se dará a conocer la Ministerio Público; y se determinó un plazo de diez días naturales para que el Instituto para manifieste desacuerdo o inconformidad con las determinaciones, en el caso de calificación y dictaminación los riesgos de trabajo.

De igual manera, se establece que el Órgano Interno de Control tendrá a su cargo la revisión, evaluación o auditoría del desarrollo, seguimiento y cumplimiento de la normatividad, el control interno, los procesos de las unidades administrativas del ISSEG; además de investigar y calificar las faltas administrativas, así como iniciar y resolverlos procedimientos que se deriven de la aplicación de la Ley de Responsabilidades Administrativas; así como presentar denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Finalmente, se modificaron los requisitos para ser Director General del Instituto, entre los que se incluyen contar con estudios profesionales en materia económica, actuarial, financiera o de seguridad social; contar con prestigio y experiencia profesional mínima de cinco años en el cargo de nivel directivo; además de que será inhabilitado para el cargo en caso de que haya sido condenado por delito de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, enriquecimiento ilícito o cometido contra la administración pública.

Cabe destacar, que con la expedición de esta nueva ley no se afecta ninguno de los derechos adquiridos por los actuales asegurados o pensionados que cotizan en un régimen de seguridad social, sobre todo para obtener la pensión jubilatoria, bajo el régimen de la ley sobre la cual adquirieron su derecho a jubilarse con motivo de su antigüedad.

 

(Elaboró: Débora Gamiño)