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Busca establecer sanciones equitativas a empresas que incumplan su contrato con el Estado
23/02/2017| Boletín: 2360

Guanajuato, Gto.- El diputado de la Representación Parlamentaria del Partido Nueva Alianza, Alejandro Trejo Ávila, presentó ante el Pleno una iniciativa de reforma a Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, a fin de establecer sanciones equitativas y proporcionales a las empresas proveedoras del Estado que incumplan con su contrato.

En la exposición de motivos, el legislador señaló que los funcionarios gubernamentales deben cumplir con el eje económico para favorecer a la sociedad y es por eso que el Gobierno del Estado solicita la adquisición de bienes al sector privado para lograr una correcta operatividad y prestación de servicios públicos a los guanajuatenses.

Trejo Ávila indicó que la Ley de Contrataciones Públicas estatal establece sanciones desde los $44,408.40 pesos hasta el $1’110,210, lo cual, dijo, perdía sentido ya que pueden existir adjudicaciones de contratos por montos inferiores al mínimo que establece la ley, lo que puede perjudicar la estabilidad de cualquier negocio con una actividad económica baja o mediana.

El diputado precisó que en el citado ordenamiento no se define un porcentaje para aplicar una sanción a los proveedores que no cumplan con la entrega de bienes dentro del plazo considerado como inmediato, y que no hayan entregado una garantía de cumplimiento.

“Con ello se puede incurrir en una irregularidad, tanto de la parte de gobierno como por parte del proveedor, poniendo en riesgo el uso de los recursos públicos correspondientes”, subrayó Trejo Ávila.

En ese sentido, el congresista propuso se sancione con una multa por un importe equivalente de 10 hasta 45 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) diaria elevada al mes, cuando no se formalicen contratos cuyo monto no exceda de cincuenta veces la UMA diaria elevada al mes.

Además, en el caso de procedimientos de contratación en los que no se presente la garantía de cumplimiento de contrato en términos de la Ley, el monto máximo de las penas convencionales por atraso será del 12 por ciento del monto total del contrato sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA).

Finalmente, el legislador enfatizó que con esta iniciativa se favorece la equidad y la justicia en el uso del gasto público, y se promueve el desarrollo sustentable y sostenible de la economía en Guanajuato.

Esta iniciativa se turnó a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su análisis y dictamen.