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Detalle del Comunicado

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En Guanajuato, se manifiesta el compromiso con el combate a la corrupción
24/07/2017| Boletín: 2720

Guanajuato, Gto.- A través del trabajo las diputadas y los diputados de la LXIII Legislatura, se ha dado muestra de voluntad y compromiso con las demandas sociales para fortalecer la rendición de cuentas, la impartición de justicia y la participación ciudadana en la entidad, lo cual se ha visto impactado en la Constitución guanajuatense, en otros ordenamientos locales y en la creación de nuevas leyes.

En lo que concierne a las reformas a la Constitución Política local, los legisladores llegaron a los acuerdos necesarios para eliminar la figura del fuero, eliminar la inmunidad parlamentaria, así como redefinir y agilizar los procesos en los cuales se contenía dicha figura.

Con las modificaciones aprobadas, la ley se aplica igual para todos y se mantiene el equilibrio de Poderes, además de que se elimina la inmunidad para servidores públicos de cualquier nivel en los procesos de orden civil y penal, esto quiere decir que nadie podrá ampararse en su cargo y deberá responder a la justicia. Cabe destacar, que el Congreso del Estado mantendrá la atribución de determinar si un servidor público deberá separarse o no de su cargo.

En este tenor, se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial, a fin de que los casos de funcionarios públicos que cometan algún delito sean atendidos por un juez de primera instancia, siguiendo el mismo procedimiento al que está sometido cualquier ciudadano. También se modificó la conformación del tribunal de alzada, para que ahora esté integrado por un solo magistrado y, de esta manera, agilizar los trámites en el conocimiento y resolución de las apelaciones previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

De igual forma, con la creación de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Guanajuato se establecen principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades del Estado y los Municipios en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

También, se creó la Ley de Justicia Administrativa, que dota al Tribunal de Justicia Administrativa de nuevas facultades en la lucha contra la corrupción; y la Ley de Responsabilidades Administrativas, que establece las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados.

Asimismo, se adicionan diversos tipos penales relacionados a la corrupción, tales como el “enriquecimiento ilícito”, el cual quedó plasmado en la Ley de Extinción de Dominio y se entiende como el incremento significativo del patrimonio de un funcionario público, respecto de sus ingresos y que no puedan ser razonablemente justificados; y la “intimidación”, que se reflejó en el Código Penal y se define como la utilización de violencia física o moral por parte de un servidor público, que inhiba o intimide a cualquier persona para evitar que denuncie o aporte información relativa a alguna conducta ilícita.

Igualmente, con la reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público se establece la integración de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción dentro de la estructura de la Procuraduría General de Justicia, como un órgano autónomo cuyo principal objetivo es la investigación y persecución de los delitos de corrupción. Este organismo se auxiliará de la Agencia de Investigación Criminal, así como de las subprocuradurías.

Finalmente, el trabajo legislativo en torno a la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, concluyó con la designación de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del SEA.