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Detalle del Comunicado

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Exhortan a dependencias estatales para que informen sobre situación de menores del albergue “La Ciudad de los Niños”
15/11/2018| Boletín: 3685

Guanajuato, Gto.- El Pleno del Congreso exhortó al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, ambos para el Estado de Guanajuato, a fin de que brinden información sobre las medidas de protección especial que han implementado a favor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que habitan en el albergue “La Ciudad de los Niños”, ubicado en el municipio de Salamanca.

Además de los actos que han realizado para garantizar el derecho de identidad de los menores que se encuentran en vulnerabilidad, específicamente si han colaborado en la búsqueda, localización y obtención de información para acreditar y restablecer su identidad, y reunificarlos con su familia.

También, se contempla pedir información sobre las acciones que han implementado para promover la recuperación física y psicológica de los menores.

La diputada María Magdalena Rosales Cruz, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, subrayó que es obligación del Estado establecer medidas de protección especial a favor de quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad determinada por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o apátrida, así como cualquiera otra que restrinja o limite el ejercicio de sus derechos.

En este sentido, recordó que los menores que habitan en el albergue denominado “La Ciudad de los Niños” se encuentran en una situación de vulnerabilidad preocupante, debido a que han sufrido violaciones graves de sus derechos, esto dijo, se puede constatar en la sentencia emitida por el Juzgado Noveno del Distrito en el Estado, dentro del Juicio de Amparo 475/2016, donde existen diversos testimonios de los propios menores, pruebas periciales y otros medios probatorios que lo acreditan.

“Entre otros hechos, se señala maltrato físico y sexual, castigos corporales, encierros en habitaciones a oscuras sin poder alimentarse, desatención médica y psicológica, etc., independientemente del estado procesal del citado juicio, lo cierto es que del mismo se advierten violaciones graves a los derechos de los menores y ante lo cual ninguna institución del Estado puede actuar de manera desinteresada o simplemente ser omisa al respecto”, dijo.

La congresista refirió que, de acuerdo con información que ha circulado en diversos medios de comunicación, actualmente los menores que habitaban en el albergue en mención están a disposición de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; sin embargo, dijo, a la fecha se carece de información oficial al respecto y se desconoce en qué estado se encuentran los menores.

“Esta Asamblea no puede ser indiferente ante el estado de inseguridad en que se encuentran los menores, ni puede seguir actuando con desinterés con relación al bienestar de las nuevas generaciones, esta medida tendría que ser el inicio de una nueva política preocupada por garantizar a todos los niños sus derechos”, finalizó.

Las diputadas Katya Cristina Soto Escamilla y María de Jesús Eunices Reveles Conejo pidieron el uso de la voz para hablar a favor del dictamen de la propuesta.

En su intervención, la legisladora Soto Escamilla respaldó la propuesta realizada por su homóloga, ya que dijo, es necesario conocer el estado en el que se encuentran los menores que habitaban en dicho albergue. Además, refrendó la exigencia ciudadana para que dichos espacios cuenten con las condiciones adecuadas para ayudar a los menores que viven en situación de riesgo.

Por su parte, la diputada Reveles Conejo aplaudió la intención de solicitar la información al gobierno estatal, pues subrayó la importancia de conocer el número de niños que vivían en el albergue y que son atendidos por las instituciones mencionadas en un inicio. Asimismo, reiteró la necesidad de vigilar el trabajo que realizan las asociaciones civiles y el gobierno.

 

 





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