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Detalle del Comunicado

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Exhortan a municipios para que incluyan a personas con discapacidad y adultos mayores en los programas de desarrollo turístico
23/02/2017| Boletín: 2367
Guanajuato, Gto.- El Pleno del Congreso exhortó a 40 municipios de la entidad para que cumplan lo que establece la Ley de Turismo estatal, respecto a la inclusión de personas con discapacidad y adultos mayores en los programas de desarrollo turístico. 
 
Al hablar a favor del dictamen, el diputado Lorenzo Chávez Salazar subrayó que todas las personas deben gozar de los mismos derechos y evitar que sean discriminadas por alguna discapacidad o bien ser un adulto mayor, tal y como lo establecen los instrumentos internacionales y la Carta Magna. 
 
Refirió que con este exhorto se sensibiliza a los ayuntamientos que no cuentan con los programas de inclusión para que generen y prioricen las acciones que les permitan cumplir con la responsabilidad y el compromiso de garantizar el derecho al turismo accesible a las personas con discapacidad y adultos mayores. 
 
“Es obligación de los municipios crear los mecanismos necesarios que permitan la participación de todo ciudadano en los diversos sectores turísticos y que sus programas de desarrollo turístico contemplen acciones que favorezcan a las personas con discapacidad y los adultos mayores, atendiendo en todo momento al principio de un turismo accesible, entendido como un turismo para todos”, subrayó Chávez Salazar. 
 
Aprueban archivar diversas propuestas legislativas
 
En la sesión, el Pleno del Congreso aprobó el archivo de cuatro propuestas legales que pretendían reformar la Ley de Deuda Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato; dos iniciativas que buscaban modificar la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato; y tres puntos de acuerdo presentados durante la LXII Legislatura. 
Además de una iniciativa formulada por el ayuntamiento de Salamanca, a efecto de reformar un decreto expedido por la LXII Legislatura para ampliar uno de los recursos del crédito autorizado al municipio. El mismo trámite se le dio a la iniciativa formulada por el ayuntamiento de Tarimoro, a efecto de que se le autorizara la contratación de un crédito hasta por la cantidad de 4 millones 897 mil pesos, los cuales serían destinados al proyecto de modernización catastral.
 
De igual forma, se procedió con las iniciativas formuladas por los ayuntamientos de Purísima del Rincón y de León, Irapuato, Moroleón, Celaya, Silao de la Victoria y Uriangato, a fin de reformar sus leyes de ingresos correspondientes a los ejercicios fiscales de 2014 y 2016, respectivamente. 
 
También aprobaron se acordó el archivo de dos iniciativas de reforma a la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato. La primera fue presentada por la diputada Irma Leticia González Sánchez y planteaba eliminar el cobro de inscripción y reinscripción en escuelas particulares.
 
Al discutir el dictamen, la legisladora se inscribió para hablar en contra del mismo y dijo que el documento puesto a consideración era un elemento garante del ejercicio progresivo de los derechos humanos y no se trataba de asistencialismo gubernamental.
 
González Sánchez manifestó que el Estado Mexicano ha suscrito diversos tratados de carácter internacional de los cuales se desprenden obligaciones que está obligado a cumplir y lo mismo el estado. 
 
“El hecho de prohibir el cobro de reinscripción no evita que las instituciones privadas sigan funcionando y recibiendo contraprestación alguna por el servicio, y que sigan cobrando sus mensualidades, no habría incertidumbre alguna ni tendrían porque incrementar los costos en el pago mensual, puesto que la reinscripción es considerado como ingreso adicional a lo ya presupuestado”, abundó.
 
La congresista precisó que el dictamen buscaba apoyar a las familias guanajuatenses para quienes pagar una colegiatura ya era un sacrificio porque muchas veces se tenían que endeudar para cumplir con el pago, como para todavía cargarles el costo de reinscripción cada ciclo escolar.
 
González Sánchez se pronunció por no anteponer los intereses de unos cuantos al de la sociedad guanajuatense e instó a sus homólogos a votar en contra del dictamen y a los miembros de la Comisión a modificar su voto.
 
Para hablar a favor del dictamen hicieron uso de la voz la diputada Estela Chávez Cerrillo y el diputado Alejandro Trejo Ávila. 
 
La diputada Estela Chávez Cerrillo indicó que el análisis de la iniciativa se había hecho a profundidad, y que si bien tenía una buena intención de apoyar la economía de las familias a reducir gastos de educación, contravenía el acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares, en el que se establecen los conceptos de costos por colegiaturas, inscripciones y reinscripciones.
 
Chávez Cerrillo argumentó que la iniciativa no era procedente porque era contraria a un acuerdo emitido por la autoridad en materia y de observancia obligatoria en toda la República. Además de que en la propia Constitución federal, dijo, se prevé la existencia de las instituciones en las que se imparte educación por particulares, ante la falta de infraestructura pública para cubrir toda la población estudiantil.
 
Finalmente señaló que los integrantes de su Grupo Parlamentario estaban a favor de la educación pública, libre, laica y gratuita para todas y todos, pero también eran respetuosos de las instituciones particulares que prestan sus servicios a aquellas personas que así lo decidan.
 
“No podemos coartar la libertad de elección de las personas que deseen solicitar servicios especiales de educación, ni tampoco el de las instituciones educativas a ofrecer sus servicios”, concluyó Chávez Cerrillo,
 
Por su parte, el diputado Alejandro Trejo Ávila se refirió al trabajo realizado en la Comisión donde, argumentó, se realizó un análisis de por qué no era procedente la propuesta. 
 
En ese sentido señaló que el Estado tenía la obligación de prestar servicios educativos de calidad y no podían quitarle esa responsabilidad; que la educación impartida por el Estado debe ser totalmente gratuita y que el presupuesto para educación no debía ser menor al 8% del PIB para impulsar el crecimiento de la escuela pública.
 
“En el caso de Guanajuato, la cobertura de la escuela pública, en el caso de primaria y secundaria la tenemos al cien por ciento. Cualquier ciudadano que quiera acceder a la escuela, en el caso de primaria y secundaria, tiene una opción en la escuela pública de manera gratuita y que se lograría una igualdad”, subrayó.
 
Trejo Ávila agregó que en este sexenio se ha logrado un gran avance en educación media superior, pasando de un 70% de cobertura a un 85%. Finalmente, insistió en que el análisis hecho fue minucioso, que podía aplicar para la educación superior pero que en ese caso, se tenía que modificar la iniciativa en comento.
 
El dictamen se aprobó con 10 votos en contra, 1 abstención y 24 a favor.
 
La segunda propuesta legal fue formulada por el diputado Eduardo Ramírez Granja, de la Representación Parlamentaria de Movimiento Ciudadano y buscaba que se llevara a cabo una semana cívica en las instituciones educativas; sin embargo, se consideró que no resultaba procedente el contenido de la iniciativa.