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Detalle del Comunicado

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Plantean punto de acuerdo para auditar a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial
26/04/2018| Boletín: 3245

Guanajuato, Gto.- En sesión ordinaria, el Grupo Parlamentario del PVEM presentó punto de acuerdo de obvia resolución para que se le ordene a la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato, la práctica de una auditoría específica a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato.

Dicha auditoría contempla los resultados obtenidos de las órdenes de inspección, verificación, oficios de comisión para la realización de visitas domiciliarias, emplazamientos en el desahogo de procedimientos jurídico-administrativos, así como las resoluciones y recomendaciones derivadas del desahogo y sustanciación de procedimientos jurídico-administrativos, correspondiente a los ejercicios fiscales del 2012 al 2017, y lo que va del presente ejercicio.

Además, se solicita una auditoría de desempeño con enfoque al cumplimiento de objetivos orientada a los resultados alcanzados con los procedimientos jurídico-administrativos y las resoluciones y recomendaciones emanadas de dichos procedimientos por parte de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, con el objetivo de medir el rendimiento y efectividad para disminuir el daño ambiental ocasionado, su remediación y la sanción económica impuesta, correspondiente al ejercicio fiscal 2016 y 2017.

En la exposición de motivos, la diputada María Soledad Ledezma Constantino consideró que la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato cuenta con una mala planificación y ejecución de sus funciones, ya que no existe coherencia con los altos niveles de contaminación y el daño ambiental causado o accidental.

“El problema no está en el marco normativo y en el presupuesto con el que cuenta, el problema está en la ejecución y trabajo diario de la Procuraduría Ambiental, el cual es deficiente, sin rumbo, ni orientación para combatir el daño ambiental”, dijo.

Señaló que el año pasado se registró una disminución en el número de visitas de inspección, ya que sólo se llevaron a cabo 2 mil 843, a diferencia de las 5 mil 657 que se realizaron durante el 2016.

“El daño ambiental ocasionado por los anteriores giros debe ser sancionado con mano dura, a través de los procedimientos jurídico-administrativos bien fundamentados por personal eficiente y profesional. Es lamentable que a estas alturas de la administración pública no podamos contar con resultados reales de las sanciones económicas y de la remediación que ha generado la Procuraduría Ambiental, a través de los diferentes procedimientos”, subrayó.

La congresista destacó que la actual Legislatura ha propiciado y actuado bajo la lupa de la transparencia y la rendición de cuentas, por lo que refirió que, si no hay resultados palpables para combatir la contaminación en el estado, es necesario alzar la voz y pedir un cambio en el rumbo de la Procuraduría Ambiental.

“Nosotros seguiremos impulsando y promoviendo leyes y acciones que permitan a los ciudadanos seguir participando democrática y libremente en las decisiones fundamentales de la sociedad, para garantizar la sustentabilidad de los recursos naturales y el derecho de cada persona a su desarrollo económico, político, social e individual en un ambiente sano, de respeto por la vida y la naturaleza, esto dentro de una sociedad más justa”, finalizó.

La propuesta de obvia resolución no fue aprobada por lo que el punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.

 

 





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