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Presentan un tercer paquete de iniciativas de leyes secundarias para continuar con la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción
16/03/2017| Boletín: 2419

Guanajuato, Gto.- La Comisión de Gobernación y Puntos Constituciones presentó ante el Pleno del Congreso dos iniciativas como parte de las leyes secundarias que tienen que emitirse para continuar con la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción.

Iniciativa de Ley de Responsabilidades Administrativas

Para exponer el contenido de la propuesta de ley, hizo uso de la tribuna la diputada Verónica Orozco Gutiérrez, quien señaló que México durante muchos años tuvo administraciones públicas que manejaron los presupuestos y recursos públicos con opacidad, lo que alimentó la cultura de la corrupción que tanto rechaza la sociedad y que es uno de los principales desafíos de la democracia mexicana.

La legisladora ejemplificó la problemática que enfrenta este país con cifras del Índice de Percepción de la Corrupción 2016 que ubican a México en el lugar 123 de 176 posibles. En ese sentido, afirmó que las diputadas y diputados que integran la actual Legislatura están conscientes de la importancia de erradicar la corrupción, por lo que han establecido como una de sus principales prioridades el combatirla.

Orozco Gutiérrez indicó que han impulsado reformas profundas a las leyes existentes y, cuando ha sido necesario han creado nuevos ordenamientos. “En Guanajuato estamos haciendo lo que nos corresponde, principalmente a través de la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción”, subrayó.

Agregó que para seguir por el camino de las transformaciones era indispensable crear una nueva Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado que establezca, entre otras cosas, los principios y obligaciones que rijan la actuación de los Servidores Públicos, defina las faltas administrativas graves y no graves de los mismos y su castigo, determine las sanciones a las faltas cometidas por particulares y defina mecanismos para la prevención de responsabilidades administrativas.

“Creemos que es muy relevante el establecer sanciones no sólo a los servidores públicos sino también a los particulares que participen en el uso incorrecto de los recursos que la sociedad le confía a la administración pública”, apuntó Orozco Gutiérrez.

La diputada se pronunció porque la ley sea clara y se aplique parejo, “porque sólo con claridad en el planteamiento de la ley y certeza en su aplicación lograremos revertir el problema de la corrupción en los hechos y en la percepción de las familias guanajuatenses”, dijo.

Iniciativa de Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa

El segundo planteamiento normativo corresponde a generar la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato con la cual se abrogaría la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Lo anterior, derivado de la modificación en la denominación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado por Tribunal de Justicia Administrativa, así como por las nuevas facultades con las que se dota a ese órgano jurisdiccional.

La diputada Arcelia María González González expuso los motivos de la propuesta legal. Explicó que en esta iniciativa se contempla que el Tribunal de Justicia Administrativa conocerá de las faltas administrativas de los servidores públicos estatales y municipales, así como de las que comentan los particulares y fincará las sanciones correspondientes, entre ellas el pago de indemnizaciones a los entes públicos afectados.

González González manifestó que la iniciativa contempla que la designación del titular del Órgano Interno de Control del Tribunal sea mediante una terna, que será presentada al Congreso del Estado, y debe derivar de una consulta pública.

La legisladora precisó que los recursos humanos, materiales, financieros y presupuestales del Tribunal de lo Contencioso Administrativo pasarán a formar parte del Tribunal de Justicia Administrativa, y en consecuencia, los trabajadores de base que se encuentren prestando sus servicios en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo continuarán en su puesto y conservarán los derechos laborales que les corresponden.

Finalmente, la congresista puntualizó que lo correspondiente al nombramiento de magistrados, los actuales podrán ser propuestos previa evaluación de su desempeño.

Ambas iniciativas fueron turnadas a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.