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Propone GPPAN sanciones por delitos relacionados con la corrupción
11/09/2017| Boletín: 2793

Guanajuato, Gto.- El Grupo Parlamentario del PAN formuló una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato a fin de establecer sanciones penales a quienes cometan delitos relacionados con la corrupción.

En la exposición de motivos, la diputada Beatriz Hernández Cruz, explicó que las reformas constitucionales a nivel federal y local en materia de combate a la corrupción significan un momento histórico, ya que se establece el marco normativo para establecer políticas públicas de prevención, detección, control de la corrupción y participación ciudadana, a fin de “convertir a la corrupción en un acto de alto riesgo y de bajos rendimientos”, señaló la legisladora.

Asimismo, Hernández Cruz precisó que para lograr este objetivo es necesario contar con un sistema de sanciones penales que asegure la prevención de conductas relacionadas con la corrupción y la tipificación de conductas concretas, acorde a los objetivos del Sistema Estatal Anticorrupción, a efecto de que no quede margen a la impunidad.

“La corrupción debe no sólo combatirse a través de la institución de mecanismos de prevención y de control, así como de sanciones en el ámbito administrativo, sino que, en razón de los bienes jurídicos tutelados por las normas, debe ser sancionada por el derecho penal tanto para los servidores públicos como para los particulares que incurran en hechos de corrupción”, enfatizó.

Esta iniciativa permitirá establecer sanciones penales a quienes, mediante previo juicio, sean declarados culpables de cometer delitos relacionados con la corrupción, además de sancionar también a quienes estando encargados de la investigación, procuración de justicia y la fase jurisdiccional de este tipo de hechos se presten a cometer faltas que eviten el debido juzgamiento de los hechos de corrupción.

La iniciativa propone imponer de 6 a 4 años de prisión, de 5 a 40 días multa, destitución e inhabilitación para desempeñar el empleo, cargo o comisión hasta por 4 años a servidores públicos que gestionen la resolución ilícita de negocios públicos, que produzca beneficios económicos para sí o que se valga de la información que posea por razón de su cargo para influir en este tipo de decisiones.

De igual manera, se establecen de 2 a 7 años de prisión y de 30 a 150 días multa a quienes cometan el delito de ejercicio ilícito del servicio público al no informar a su superior cuando por cualquier acto u omisión pueda resultar afectado el patrimonio o intereses de alguna entidad de la administración pública; utilizar información o documentación de manera ilícita o la dé a conocer a quien no tenga el debido derecho; otorgar ilícitamente permisos, licencias o autorizaciones de contenido económico, franquicias, exenciones, deducciones sobre impuestos, obras públicas, adquisiciones, enajenaciones, entre otros; o dar una aplicación distinta a la que están destinados recursos públicos.

Asimismo, se proponen los tipos penales de fraude procesal y prevaricato, es decir, cuando los servidores públicos dicten una resolución de fondo que viole algún precepto terminante de la ley, o que sea contraria a las actuaciones legalmente practicadas en el proceso o no cumpla con una disposición que se le comunique por un superior competente. Por este delito se impondría una pena de prisión de 2 a 8 años y de 100 a 150 días multa.

Esta iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia para su respectivo análisis y dictamen.