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Detalle del Comunicado

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Propone GPPRI eficientar procesos de investigación de quejas por tortura
21/06/2018| Boletín: 3352

Guanajuato, Gto.- A fin de eficientar los procesos de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado en la investigación de quejas por violaciones a la seguridad personal, tortura, tratos crueles y otros,  el Grupo Parlamentario del PRI propuso una reforma a la Ley para la Protección de los Derechos Humanos.

La diputada Miriam Contreras Sandoval expresó en la exposición de motivos que actualmente existen factores que dificultan la erradicación de prácticas de tortura, al tratarse de un problema en el que las víctimas lejos de esperar protección y resultados, llegan a temer represalias o ser ignoradas.

“La lucha contra estas prácticas que ponen en entredicho la democracia y el Estado de Derecho, tiene que llevarse a cabo en todos los escenarios, principalmente desde la prevención, desde la concienciación, la sensibilización y la educación”, apuntó.

Con esta propuesta se permitirá impulsar la integración las investigaciones de quejas por violaciones a la seguridad personal, tortura, tratos crueles, entre otros hechos, de manera más rápida y sustancial, con el objetivo de proteger los derechos humanos y generar información que dé pauta para la erradicación de estos actos.

Asimismo, se busca eficientar los procesos de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado y el contacto directo con las personas quejosas y servidores públicos, promoviendo los principios de inmediatez, concentración y celeridad.

Además de que se priorizaría el trabajo administrativo de la Procuraduría y la cooperación con las autoridades jurisdiccionales competentes en la integración de los expedientes, mejorando como consecuencia los respectivos procesos.

En específico, la iniciativa establece que cuando se presente una queja por violaciones a la seguridad personal, como la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, se deberá investigar y documentar inmediatamente después de que sea recibida.

Además plantea que se deberán remitir los peritajes y recomendaciones a los órganos de procuración de justicia y judiciales competentes en su caso.

Esta iniciativa se turnó a la Comisión de Derechos Humanos y Atención Grupos Vulnerables para su respectivo análisis y dictamen.

 

 

 





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