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Detalle del Comunicado

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Sesiona el Pleno del Congreso; aprueba solicitudes de licencia
26/04/2018| Boletín: 3241

Guanajuato, Gto.- El Pleno del Congreso aprobó las solicitudes de licencia para separarse del cargo de Diputado Local, formuladas por integrantes de la LXIII Legislatura.

Las legisladoras que se separan del cargo son: María Beatriz Hernández Cruz, María Guadalupe Velázquez Díaz, María Soledad Ledezma Constantino, Elvira Paniagua Rodríguez, Verónica Orozco Gutiérrez, María del Sagrario Villegas Grimaldo, Estela Chávez Cerrillo, Araceli Medina Sánchez e Irma Leticia González Sánchez; así como los diputados Lorenzo Salvador Chávez Salazar y Mario Alejandro Navarro Saldaña.

Al respecto, se llamó a los suplentes de las diputadas y los diputados anteriormente mencionados para que tomen la protesta de Ley y asuman sus funciones correspondientes.

Por otra parte, se declararon revisadas las cuentas públicas municipales de Jerécuaro (julio-diciembre de 2015), San Luis de la Paz y Celaya (ejercicio fiscal de 2016); además se aprobó el informe de resultados de la auditoría de desempeño practicada al Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, con enfoque de consistencia y resultados del Programa E059 «Tribunal Estatal Electoral» (ejercicio fiscal de 2016).

Asimismo, se aprobó la modificación en la integración de la Comisión de Justicia, quedando como presidente de la misma, el diputado Jorge de la Cruz Nieto.

También, se aprobaron los informes de los conceptos generales de los estados financieros y ajustes de los recursos presupuestales del Congreso del Estado, correspondientes a los meses de febrero y marzo del presente año.

De igual forma, se aprobó el archivo de dos iniciativas de reforma a la Ley de Educación del Estado. La primera buscaba establecer un equipo interdisciplinario de profesionistas para apoyar a las escuelas, mientras que la segunda pretendía prohibir la pinta de bardas de escuelas públicas con cualquier propaganda, información gubernamental o política.

Al someter a discusión el segundo tema referido, la diputada Irma Leticia González Sánchez habló en contra del dictamen e hizo un llamado a la sociedad, a los medios de comunicación y a los actores políticos para que reflexionen y evalúen sobre la importancia de eliminar la propaganda gubernamental de las escuelas públicas de Guanajuato.

“La tendencia de manipular la infancia y juventud a través de propaganda gubernamental vulnera el principio universal de interés superior de la niñez, ya que a través de la incorporación de los colores de gobierno en uniformes, salones, mochilas, aparatos tecnológicos (tablets) y desde luego las paredes perimetrales, se hace constar la falta de ética política y de gobierno de quienes aspiran que en un futuro esos niños que son bombardeados con campañas de publicidad voten por una imagen y partido determinado”, acentuó.

En otro punto del orden del día, se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, las solicitudes de licencia para separarse del cargo de Diputado Local, formuladas por la legisladora Libia Dennise García Muñoz Ledo y los legisladores Jesús Gerardo Silva Campos y J. Jesús Oviedo Herrera.

Además, se envió a la Comisión de Hacienda y Fiscalización, el informe de resultados formulado por la Auditoría Superior del Estado, relativo a la revisión practicada a las operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública del municipio de Comonfort, por el ejercicio fiscal de 2016.

Asuntos Generales:

En el apartado de asuntos generales, las diputadas Beatriz Manrique Guevara, María Beatriz Hernández Cruz y María Guadalupe Velázquez Díaz hicieron uso de la tribuna para hablar de diversos temas.

Responsabilidad médica

La diputada Beatriz Manrique habló sobre la importancia de legislar en favor de los médicos, considerando que frente a una disyuntiva, siempre es posible recurrir al peritaje de los diferentes colegios de profesionistas médicos.

Consideró que es deber del Poder Legislativo darle a los médicos la certeza jurídica que les permita continuar con su labor y proteger el mayor número de vidas posible, por lo que invitó a sus homólogos en trabajar de manera conjunta en el tema.

“Los doctores no deben ser sancionados por alguna problemática en la intervención médica, sobre todo si contaban con el consentimiento extenso de los tutores y pacientes. En varias ocasiones, los doctores, a pesar de contar con el mejor equipo, trabajan con elementos en contra e inclusive incalculables”, dijo.

Pendientes en la Comisión de Justicia

Por su parte, la legisladora Beatriz Hernández hizo un llamado a los integrantes de la Comisión de Justicia para que trabajen en la Ley de Justicia para Adolescentes en la entidad, de modo que se armonice con la legislación federal.

En este contexto, Hernández Cruz habló sobre la delincuencia que se ha presentado en el municipio de Salamanca, de ahí, reiteró la importancia de contar con una legislación que atienda la problemática a nivel estatal.

Por último, expresó su interés por continuar los trabajos en materia de justicia desde el municipio del que es originaria.

Auditoría Superior del Estado

Finalmente, la congresista Guadalupe Velázquez cuestionó el trabajo que ha realizado la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), esto derivado de las resoluciones emitidas por el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, dentro de los amparos en revisión, los cuales fueron tramitados por funcionarios del municipio de San Miguel de Allende.

Explicó que el motivo de los amparos tienen relación con la no consideraron de las garantías de audiencia a varios servidores públicos durante la administración del municipio mencionado.

La diputada invitó a la ASEG a desarrollar de la mejor forma posible los procesos de fiscalización, con la mayor exhaustividad, que no respondan a intereses políticos y ejecuten de la mejor manera el trabajo de fiscalización.

Por su parte, la diputada Elvira Paniagua Rodríguez pidió el uso de la voz para ratificación de hechos, argumentando que en el tema referido se respondía a otra normatividad, en la cual no era necesario notificar de manera personal a cualquier funcionario público que se visualice como inculpado en alguna investigación de la ASEG.

 

 





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