Buscador

Detalle del Comunicado

Slide_dise_o_sin_t_tulo__4_
Sesiona el Pleno del Congreso del Estado
18/05/2017| Boletín: 2561

Guanajuato, Gto.- El Pleno del Congreso declaró aprobados los informes de resultados de las revisiones practicadas a las cuentas públicas municipales de Yuriria y Tarimoro (julio-diciembre 2014), Jaral del Progreso y Yuriria (enero- junio 2015); y Santa Catarina (julio-diciembre 2015), así como a las operaciones realizadas con recursos del ramo 33 y de obra pública de Tarimoro, (ejercicio fiscal 2015).

En lo que corresponde a las cuentas públicas de Yuriria (julio-diciembre 2014) y Jaral del Progreso (enero-junio2015) se ordena al Auditor Superior del Estado a promover las acciones necesarias para el fincamiento de las responsabilidades administrativas correspondientes y a poner en conocimiento del Ministerio Público los hechos probablemente constitutivos de delitos; mientras que para Santa Catarina (julio-diciembre 2015) se le instruye a promover las responsabilidades administrativas que correspondan. En lo relativo a las operaciones realizadas con recursos del ramo 33 y de obra pública de Tarimoro (ejercicio fiscal 2015) contiene acciones administrativas, civiles y penales.

También se ordenó el archivo definitivo de dos iniciativas. La primera presentada por el Ayuntamiento de Salvatierra, mediante la cual solicitaban reformar la Ley Orgánica Municipal para cambiar la denominación de dicho municipio a San Andrés de Salvatierra; la segunda planteaba reformas al mismo ordenamiento jurídico, con el objeto de que en las comunidades rurales de los municipios se elijan de manera libre, directa, democrática e informada a los delegados y subdelegados rurales, iniciativa propuesta por la diputada Irma Leticia González Sánchez y el diputado Rigoberto Paredes Villagómez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Para hablar en contra del dictamen que proponía el archivo de la citada iniciativa hizo uso de la tribuna la diputada Irma Leticia González Sánchez, quien pidió el voto en contra para que se regresará a la comisión dictaminadora.

González Sánchez dijo que la propuesta tenía como finalidad reivindicar los derechos sociales de los habitantes de las comunidades rurales, así como  dar certeza y certidumbre jurídica; y generar medidas de nivelación e inclusión como acción afirmativa a los casi 2 millones de habitantes de la zona rural.

“Los delegados y subdelegados rurales son quienes conocen a los avecindados en esas zonas, los problemas que a éstos les aquejan, así como sus necesidades e intereses, por lo tanto son los enlaces con la administración pública municipal y con diversas autoridades del ámbito estatal y federal de aquí la importancia de que entre los delegados y subdelegados y los habitantes de las localidades debe haber un estrecho vínculo de confianza y plena comunicación, liderazgo, responsabilidad y conocimiento de las leyes y reglamentos municipales”, afirmó la congresista.

Señaló que la iniciativa contemplaba como derecho de los habitantes de las demarcaciones territoriales de cada delegación el poder elegir a sus delegados y subdelegados municipales, para que sean ellos quienes apoyados en ese vínculo de confianza, participación social y plena comunicación designen a quienes desempeñaran tales cargos.

Por su parte, el diputado Alejandro Flores Razo se pronunció a favor del dictamen, ya que dijo la iniciativa pretendía realizar una adicción a efecto de elegir de manera democrática a los delegados y subdelegados mediante un proceso de consulta; sin embargo, apuntó, la iniciativa contravenía su objetivo porque pretendían que una vez hecha la elección y seleccionados ambos representantes, éstos estarían sujetos a validación por parte del Ayuntamiento, lo que podría generar que no se les otorgara el cargo.

“Para ser electos debían quedar satisfechos la evaluación y validación de los mismos a propuesta de los criterios establecidos por el Presidente Municipal, contrario al proceso demócrata, lo que deja claro que las decisiones posteriores se encuentra a discrecionalidad”, indicó el diputado.

Al ser sometido a votación en lo general el dictamen, no fue aprobado, por lo que con base en la Ley Orgánica del Poder Legislativo se sometió a votación económica su devolución a la comisión dictaminadora, la cual no fue aprobada y por lo tanto se ordenó su archivo definitivo. (Artículo 182, Ley Orgánica del Poder Legislativo).

Como parte del orden del día, la propuesta contenida en el punto de acuerdo formulado por la diputada Beatriz Manrique Guevara se analizó en dos vertientes. Se archivó lo correspondiente a realizar una auditoría específica concomitante en el presente ejercicio fiscal, mientras que la Junta de Gobierno y Coordinación Política hizo suya la propuesta en lo correspondiente a que la Auditoría Superior del Estado incluya en el plan general de fiscalización correspondiente, la auditoría específica al proceso por el que se concedió el uso del Estado Domingo Santana a la Persona moral denominada Ley Bravos, S. A. de C.V., así como respecto al proceso de licitación, contratación y ejecución de obra pública del Estado Domingo Santa, conforme a la Ley de Fiscalización superior del Estado.

Asimismo se dio cuenta con iniciativa formulada por el Ayuntamiento de Manuel Doblado, a efecto de que se le autorice la contratación de un crédito; así como de los informes formulados por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato relativos a las revisiones practicadas a las cuentas públicas de las administraciones municipales de Dolores Hidalgo C.I.N., Jerécuaro y Salamanca (julio-diciembre 2014);  Guanajuato (enero-junio 2015) y Atarjea (julio-diciembre 2015); así como a las operaciones realizadas con recursos del ramo 33 y de obra pública de Guanajuato, Huanímaro, Jerécuaro, San Diego de la Unión, Victoria y Villagrán (ejercicio fiscal 2015). Todos los documentos fueron turnados a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.

 

(Elaboró: Dulce María Rodríguez Pérez)