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Sesiona el Pleno del Congreso; envía al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley Agraria
06/04/2017| Boletín: 2466

Guanajuato, Gto.- El Pleno del Congreso acordó enviar al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley Agraria que tiene como objeto construir un respaldo normativo que permita garantizar certeza jurídica en las escuelas que se ubican en la zona rural, principalmente en tierras ejidales.

La propuesta legal agrega a las competencias de la asamblea ejidal, el señalamiento de áreas destinadas a servicios públicos, además de añadir esta clase específica de espacios como uno de los tipos de tierras ejidales contemplados en la Ley Agraria.

Asimismo, integra en un nuevo artículo, el proceso que deberá seguir el comisariado ejidal cuando solicite que la asamblea aporte un área del ejido para la prestación de un servicio público por parte de la federación, los estados, o municipios, los cuales contarán para tal efecto con los derechos de propiedad sobre dicho espacio.

También, se incluye un mecanismo para que los ejidos cuenten con la tranquilidad de que, en caso de que la superficie aportada por la asamblea no se esté utilizando para la prestación de un servicio público, el comisariado ejidal pueda recurrir al tribunal agrario para revertir total o parcialmente la asignación, y recuperar dichas tierras en beneficio del ejido.

Al someter a discusión el dictamen, la diputada María Guadalupe Velázquez Díaz hizo uso de la tribuna para hablar en contra del mismo. Argumentó que la iniciativa en cuestión carecía de fundamento, lo cual podría ocasionar que fuera archivada por el Congreso de la Unión.

Asimismo, expuso una serie de propuestas que a su consideración, abonarían a la iniciativa y tendría más posibilidades de ser avalada.

En rectificación de hechos, el diputado J. Jesús Oviedo Herrera reiteró que el objetivo de la iniciativa es darle certeza jurídica a las escuelas, no sólo a las que se encuentran en Guanajuato, sino en todo el país; de igual forma, lamentó que su homóloga no haya compartido las propuestas durante la discusión de la iniciativa al interior de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública.

Por su parte, la diputada Elvira Paniagua Rodríguez habló a favor del dictamen y refirió la propuesta busca la protección de derechos de los habitantes de los ejidos del país, a través del desarrollo de un mecanismo para que, en ciertos casos, puedan acceder a más y mejores servicios públicos, en particular el relativo al ámbito educativo.

“Con los cambios propuestos se podrán desarrollar programas e inversiones que transformarán los planteles educativos que se encuentran establecidos en terrenos ejidales y que por carecer de certeza jurídica el terreno donde se encuentran, no reciben los apoyos económicos necesarios para su operación”, aseguró.

El dictamen en cuestión generó un debate entre las diputadas María Guadalupe Velázquez Díaz, Libia Dennise García Muñoz Ledo, Arcelia María Gónzalez González y los diputados Jesús Oviedo Herrera, Éctor Jaime Ramírez Barba y Jorge de la Cruz Nieto. El dictamen fue aprobado por mayoría de votos.

Por otra parte, se acordó el archivo de la propuesta presentada por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM para solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), investigar los hechos ocurridos el mes de enero en la comunidad Ampliación Cieneguita del municipio de San Miguel de Allende.

Al someter a discusión el dictamen, el diputado Juan Antonio Méndez Rodríguez y la diputada Irma Leticia González Sánchez solicitaron el uso de la voz para hablar en contra del mismo.

El congresista Juan Antonio Méndez Rodríguez consideró que al archivar la propuesta se truncaría la posibilidad de que exista una investigación pronta, científica, sustentada en hechos reales; así como la posibilidad de conocer una verdad objetiva, independiente y desvinculada a cualquier jerarquía de hecho.

“Este archivo niega la posibilidad de que se emitan las recomendaciones pertinentes sin ningún temor a las reacciones entre titulares de dependencias que forman parte de una misma administración pública”, añadió.

Por su parte, la diputada Irma Leticia González Sánchez subrayó la importancia de la intervención de la CNDH para que el lamentable suceso pudiera aclararse con el debido respeto a la situación por la que atraviesa la familia involucrada.

“Es de mencionar que si no dejamos que la CNDH investigue estos hechos, nunca sabremos si la misma coincidirá o no a con la Procuraduría Local o incluso resulte menos profunda y confusa o más técnica y profesional; debemos dejar que se realice para así agotar todas las instancias posibles, siempre ponderando el respeto a los derechos humanos de quienes se presume fueron vulnerados”, refirió.

En otro punto del orden del día, el Pleno del Congreso acordó que la solicitud realizada por Julio César García Sánchez para que se le aplique de manera retroactiva el vigente artículo 127, a fin de dejar sin efectos la suspensión en el ejercicio de su cargo como Regidor en el ayuntamiento de Guanajuato, resulta no atendible al no ser materia de su competencia.

Turnos:

También, se acordó cambiar el turno de la iniciativa formulada por el Grupo Parlamentario del PAN, a efecto de reformar la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, y la Ley de Salud del Estado de Guanajuato en materia de lactancia materna, para que sean las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Salud Pública las encargadas de revisar y dictaminar la propuesta.

Por otra parte, se dio cuenta con la propuesta de punto de acuerdo formulado por el diputado Alejandro Trejo Ávila de la representación parlamentaria de Nueva Alianza, a fin de exhortar al Gobierno del Estado para que establezca medidas de protección y políticas preventivas que garanticen la integridad y seguridad de quienes ejercen el periodismo. La propuesta fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables para su estudio y dictamen.

Asimismo, se turnaron a la Comisión de Hacienda y Fiscalización, los informes formulados por la Auditoría Superior, respecto a las revisiones practicadas a cuentas públicas municipales de Romita (enero-junio 2015); las operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por el municipio de Irapuato (ejercicio fiscal de 2015); y una auditoría específica practicada al Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato sobre las operaciones relacionadas al servicio integral de adquisición, abasto, almacenamiento, distribución, administración y dispensación de medicamento y material de curación, así como la adquisición de bienes muebles e intangibles del ejercicio fiscal de 2014.

(Elaboró: Maritza Rodríguez)