Guanajuato, Gto. –  La Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones aprobó dos dictámenes de iniciativas de reforma a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios; en materia de creación de padrones de motocicletas y de comerciantes como una medida de prevención general del delito; y las segunda, con la finalidad de hacer obligatorio a los conductores de motocicletas, de menos de doscientos cincuenta centímetros cúbicos de cilindrada, a llevar inscrito, en la parte posterior del casco protector, el número de la placa de circulación de la unidad que se conduce, con material reflejante, para que sea visible de día y de noche, tanto del conductor, como de los tripulantes.

Al hacer uso de la voz, el diputado Alejandro Arias Ávila solicitó una reserva a la segunda iniciativa para que se indique que el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato sea la autoridad que proporcione a los propietarios y poseedores de motocicletas la calcomanía al momento de su registro y que esta misma autoridad emita disposiciones administrativas de carácter general sobre los vehículos registrados. La propuesta fue aprobada.

De igual manera se aprobaron los dictámenes de las siguientes propuestas de puntos de acuerdo:

El primero, busca exhortar a los 46 ayuntamientos del estado de Guanajuato para que, dentro del ámbito de su competencia material y en específico en las Secretarías de Seguridad Pública y direcciones de Seguridad Pública Municipales, se diseñen Procedimientos Sistemáticos de Operación Policiales (PSO), para la protección de la vida e integridad física de sus integrantes, ello dentro del marco previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato.

En su intervención, el legislador Carlos Abraham Ramos Sotomayor hizo énfasis en que la propuesta involucra vidas humanas por tratarse de policías que han sido asesinados y de familias que quedaron rotas, problemática que afecta de manera indirecta a la confianza de la ciudadanía.

El segundo, dirigido al Congreso de la Unión para que, en el proceso legislativo de la iniciativa de reforma de ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, asegure las incorporaciones sustantivas de las distintas posturas expresadas durante el desarrollo del ejercicio participativo de Parlamento Abierto, integrando con objetividad y rigor técnico la diversidad de 11 perspectivas.

Asimismo, para que el proceso de dictaminación considere de manera integral y sistemática los argumentos, visiones y análisis compartidos en el marco de dicho parlamento abierto, a fin de garantizar que la reforma se sustente en principios de legalidad, seguridad jurídica, proporcionalidad y respeto a los derechos fundamentales y que su contenido sea normativo, sea coherente con los estándares constitucionales e internacionales aplicables en materia de libertad de expresión, acceso a la información, protección de datos personales, derechos digitales, derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

De igual manera, se aprobó la metodología de análisis de la iniciativa de reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado, a fin de generar un avance importante en el respeto al derecho humano laboral a recibir una indemnización en caso de un despido injustificado del personal policial.

Se acordó remitir la propuesta a los 46 ayuntamientos, a la Fiscalía General del Estado, a la Secretaría de Seguridad y Paz, a la Consejería Jurídica y al Tribunal de Justicia Administrativa; así como solicitar un estudio de impacto presupuestal a la Unidad de Estudios de la Finanzas Públicas del Congreso. Además, se publicará la iniciativa en la página web del Congreso del Estado para consulta y participación ciudadana y se llevará a cabo una mesa de trabajo.

De igual forma se dio seguimiento al punto de acuerdo que busca exhortar a la presidenta municipal de San Felipe, Saraí Lepe Monjaras, para que dicte las disposiciones administrativas de las funciones operativas de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad; y establezca estrategias y políticas que sirvan de apoyo a la ejecución de los programas estatales, regionales o municipales en materia de seguridad pública, y de prevención social de la violencia y la delincuencia.

También, al Ayuntamiento de San Felipe, a fin de que priorice acciones urgentes y contundentes para atender la crisis de inseguridad en el municipio; rediseñe de manera urgente un programa operativo de seguridad municipal para garantizar la seguridad pública en el territorio municipal y preservar la tranquilidad y el orden público y de manera urgente actualice, emita y publique el Plan Municipal de Desarrollo y el Programa de Gobierno Municipal.

Finalmente, elabore y apruebe el Programa Municipal de Seguridad Pública y el Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; y constriña a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Tránsito y Vialidad, para que formule y entregue de manera trimestral los avances del Programa Municipal de Seguridad Pública y el de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

El diputado José Erandi Bermúdez Méndez pidió que se solicitara información a la Unidad de Seguimiento y Análisis de Impacto Legislativo del Congreso para que se tuviera una lista de los municipios que falten de elaborar su Programa Municipal de Seguridad Pública y el Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. La solicitud fue aprobada.

Finalmente, se acordó que la próxima reunión plenaria de los trabajos de la Convención Legislativa de Seguridad Pública y Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia de la 66 Legislatura se lleve a cabo el 04 de julio del presente año en Pénjamo.

En la reunión estuvieron presentes la diputada Martha Edith Moreno Valencia y los diputados José Erandi Bermúdez Méndez, Rolando Fortino Alcantar Rojas, Alejandro Arias Ávila y Carlos Abraham Ramos Sotomayor.

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