Guanajuato, Gto. – El diputado Pablo Alonso Ripoll, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó un punto de acuerdo para que se cree la Comisión Legislativa Especial.

En la propuesta se detalla que dicha instancia legislativa tendría por objeto elaborar un informe en relación al seguimiento y cumplimiento que han dado los 46 ayuntamientos y las autoridades estatales, a la Ley de Justicia Cívica del Estado de Guanajuato, específicamente para conocer el estado que guardan las obligaciones de adecuación o creación de los instrumentos normativos municipales; la adecuación o implementación de los órganos que se encargarán de la justicia cívica; la realización de jornadas de justicia itinerante; y la implementación y funcionamiento del Registro de Infractores.

Se precisa que la Comisión Especial se integrará por 5 miembros, a propuesta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, y se establece un plazo de 3 meses para realizar el informe.

El congresista refirió que la mencionada norma se aprobó había poco más de un año y está enfocada en resolver conflictos que se generan en la convivencia social, que no correspondan a la materia penal, en cuyo contenido se establecieron infracciones por acción u omisión, contra la dignidad de las personas, la tranquilidad, la seguridad ciudadana y el entorno urbano, con la posibilidad de que los Ayuntamientos determinen otras.

Agregó que la Ley de Justicia Cívica es de aplicación obligatoria para los municipios y algunas otras autoridades estatales, y que establece plazos concretos para el cumplimiento de diversas obligaciones.

Asimismo, mencionó que ya se había realizado un exhorto en octubre de 2021, el cual quedó en un llamado, por lo que considerando que la interrelación de obligaciones y plazos impuestos tanto a los ayuntamientos como a autoridades estatales eran diversas, y que ya han expirado algunos periodos para cumplirlos, era necesario que el Congreso lleve a cabo un puntual seguimiento al avance en la implementación de la Justicia Cívica en el Estado de Guanajuato.

La solicitud de obvia resolución fue aprobada.  Para hablar en contra de la propuesta hicieron uso de la voz el diputado Armando Rangel Hernández y la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia; mientras que para hablar a favor se registró el congresista Cuauhtémoc Becerra González.

En su intervención, el diputado Armando Rangel Hernández señaló que estaba en contra debido al procedimiento que se estaba siguiendo ya que, dijo, la Ley Orgánica del Poder Legislativo señala como el único facultado para hacer una nueva comisión a la Junta de Gobierno y Coordinación Política. En ese sentido, precisó que, de aprobarse dicho tema, la presidencia del Congreso no podía turnarlo a la Junta de Gobierno dado que no era una comisión de dictamen y tampoco podía turnarlo a una comisión porque no tendría facultad.

El diputado Cuauhtémoc Becerra González habló a favor y señaló que tenían una obligación constante de revisión, evaluado el impacto de las leyes y acuerdos aprobados por el Congreso y que hasta el momento no se conocía el cumplimiento de las obligaciones impuestas en la Ley de Justicia Cívica, por lo que dijo que con la creación de una Comisión en 4 meses se tendría la información y que era su responsabilidad darle seguimiento.

Al hacer uso de la voz, la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia indicó que existe imposibilidad jurídica de acordar la creación de una Comisión Especial Legislativa, pues mencionó que es la Junta de Gobierno la que tiene la atribución de proponer al Pleno la integración de comisiones.

Asimismo, la congresista argumentó que el Congreso del Estado cuenta con la Unidad de Seguimiento y Análisis de Impacto Legislativo, misma que se encuentra agotando el objeto del punto de acuerdo, lo que lo deja sin materia.

La propuesta no fue aprobada y se ordenó su archivo definitivo.

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