C. PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO. P R E S E N T E. A la Comisión de Hacienda y Fiscalización de la pasada Legislatura le fue turnada para efectos de su estudio y dictamen, la propuesta de punto de acuerdo formulada por la diputada María Magdalena Rosales Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena ante la Sexagésima Cuarta Legislatura, a efecto de exhortar al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para que a la brevedad inicie una auditoría específica a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para los ejercicios fiscales 2018, 2019, 2020 y concomitante a 2021, la cual evalúe la calidad y veracidad de las cifras delictivas en la entidad, incluyendo la revisión de los procesos internos de recopilación y sistematización de los datos delictivos generados por dicho ente, misma que se recibió como un pendiente legislativo. Analizada la propuesta de referencia, con fundamento en los artículos 75, 89, fracción V, 112, fracción XV y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos rendir el siguiente: D i c t a m e n I. Antecedentes La diputada María Magdalena Rosales Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena ante la Sexagésima Cuarta Legislatura, en sesión ordinaria celebrada el 22 de abril de 2021 presentó la propuesta de punto de acuerdo a efecto de que se ordene a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato la práctica de la auditoría referida en el proemio del presente dictamen. La referida propuesta se turnó por la presidencia a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen, con fundamento en la fracción XV del artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, misma que se radicó el 17 de mayo del año en curso. En reunión celebrada el 26 de octubre del año en curso esta Comisión acordó requerir al Auditor Superior del Estado la elaboración de una ficha técnica respecto a dicha propuesta, misma que dicho funcionario expuso a esta Comisión en la reunión celebrada el 16 de noviembre del año en curso. II. Consideraciones de la proponente En las consideraciones expuestas por la proponente se refiere lo siguiente: El estudio Fallas de origen, llevado a cabo por México Evalúa, mide anualmente la confiabilidad de las estadísticas delictivas. La publicación de la edición 2020 de este estudio el pasado 13 de abril, muestra que el estado de Guanajuato es una de las entidades peor evaluadas en cuanto a lo que se refiere a la calidad de la información delictiva; es decir, las cifras delictivas registradas no son precisas ni confiables. Los homicidios dolosos en este país son contabilizados por dos instituciones: el INEGI, que obtiene sus datos de las muertes catalogadas por médicos legistas como fallecimientos violentos ocurridos a causa de un presunto homicidio intencional; y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuyos datos provienen del número de carpetas de investigación y/o averiguaciones previas abiertas a partir de la denuncia o reporte de un homicidio, es decir, de las Fiscalías. Debido a que las Fiscalías llevan a cabo una investigación criminal que el sector salud no realiza, es esperable que las Fiscalías contabilicen un mayor número de homicidios dolosos que el INEGI. Sin embargo, en el estado de Guanajuato sucede lo contrario: la mala calidad de la información delictiva en la entidad se refleja en el hecho de que somos de los estados que entre 2015 y 2019 presentaron más deficiencias en su contabilidad de homicidios; es decir, la Fiscalía General del Estado reporta menos homicidios dolosos que el propio INEGI. Asimismo, el propio estudio de México Evalúa evidencia que las irregularidades de los homicidios culposos en la entidad, nos coloca en los últimos puestos de la evaluación sobre la confiabilidad de nuestras estadísticas delictivas. Desde el Grupo Parlamentario de Morena hemos denunciado esta situación en reiteradas ocasiones, específicamente lo relacionado a los feminicidios, de esa manera en la pasada comparecencia del Fiscal con motivo de su informe anual de actividades, cuestionamos que en 2020 existieron 340 mujeres víctimas de muertes violentas, pero apenas se tipificaron 18 feminicidios (poco más del 5%). Esto muestra que los datos de los hechos delictivos que no favorecen a las autoridades que llevan gobernando la entidad durante décadas, se están traduciendo sistemáticamente en cifra negra. La información delictiva de mala calidad puede deberse a diferentes causas: que la policía no reporte los delitos para evitar realizar una investigación, que los funcionarios del Ministerio Público no los registren adecuadamente, que las autoridades decidan modificar intencionalmente las cifras para maquillar la situación de seguridad en la entidad, o una desafortunada combinación de todas las anteriores. Independientemente de las razones, el subregistro y modificación de cifras delictivas es un problema público de trascendencia que merece atención urgente. Por ejemplo, si un homicidio doloso correspondiente al asesinato de un civil, víctima de la violencia generalizada de la entidad, es registrado como un homicidio culposo que lo hace parecer un accidente, es probable que el asesinato no se investigue y sancione de manera adecuada, y por lo tanto quede impune. En ese sentido, hay una probabilidad alta de que en el estado de Guanajuato se estén llevando a cabo homicidios dolosos que se registran como accidentes, o feminicidios que se registran como muertes violentas, entre otros. Esto, supondría que existen delitos que no se investigan adecuadamente y quedan impunes. Además, dado que hasta el día de hoy el Poder Legislativo no ha realizado ningún tipo de evaluación relevante a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, es evidente la necesidad de una auditoría focalizada que evalúe las cifras delictivas en la entidad, en la que se incluya la revisión de los procesos internos de recopilación y sistematización de los datos delictivos, así como la calidad y veracidad de las cifras delictivas. Sin datos confiables, no existe posibilidad de diagnosticar, atender y resolver los problemas de procuración de justicia y seguridad que vivimos. III. Consideraciones de la Comisión Como podemos desprender de la propuesta de punto de acuerdo que se dictamina el objeto de la misma es la realización de una auditoría a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato por los ejercicios fiscales de 2018, 2019, 2020 y 2021, a fin de evaluar la calidad y veracidad de las cifras delictivas en la Entidad, que incluya la revisión de los procesos internos de recopilación y sistematización de los datos delictivos generados por dicha Fiscalía. En tal sentido, el concepto de cifras delictivas, refiere al término comúnmente conocido como incidencia delictiva, mismo que se refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación, reportadas por las fiscalías generales de las entidades federativas en el caso del fuero común -y por la Fiscalía General de la República en el fuero federal-. En cuanto al delito de homicidio, como aproximación a comprender el conteo de la incidencia delictiva se puede señalar que este delito (1 de 23) es sobre el que se tiene una mayor certeza de su ocurrencia. Al respecto, hay al menos dos fuentes oficiales sobre las cifras de la incidencia delictiva, de homicidios, en México: el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía se obtienen directamente de los servicios médicos forenses por medio de los certificados de defunción que se emiten para las muertes accidentales y violentas. Además, se captan datos en las oficialías del Registro Civil a través de actas y certificados de defunción. Dicho delito se persigue de oficio. Así, mediante las carpetas de investigación que inician las Fiscalías Generales se reporta la cifra de homicidios, mensualmente, al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De lo anterior, se esperaría que se cumpla con 1 a 1. La organización México Evalúa se enfoca en la evaluación y el monitoreo de la operación gubernamental para elevar la calidad de sus resultados. Asimismo, apoyan los procesos de mejora de las políticas públicas a nivel federal, estatal y local mediante la generación o revisión de evidencia y la formulación de recomendaciones. Dicha organización realizó estudios sobre la veracidad y calidad de las cifras delictivas, denominado Fallas de origen. Según dicho estudio existe un problema de supuestas irregularidades en el registro de las cifras delictivas en el Estado. Algunas de las causales son: 1. Complejidad, limitaciones o inexistencia de sistemas digitales. 2. Bajos niveles de formación del capital humano. 3. Condiciones de trabajo que afectan el desempeño. 4. Incentivos para simular eficiencias operativas. 5. Contexto que rebasa las capacidades institucionales. 6. Malas prácticas y vicios organizacionales. 7. Deficiencias normativas, orgánicas y profesionales en la clasificación de los delitos. 8. Limitaciones en el control, supervisión y fiscalización. Como resultado de los análisis, se plantearon las siguientes recomendaciones a nivel nacional: a) Crear un Comité Auditor que revise los procesos de generación de las estadísticas delictivas (integrado por Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía); b) Velar por el cumplimiento de las normas existentes para el reporte de la incidencia delictiva (metodológicas y técnicas); y c) Fortalecer los procesos de verificación de las estadísticas delictivas (verificación cruzada entre plataformas y las carpetas de investigación). En tal sentido, sobre la conformación del Comité Auditor con alcance nacional, la Directora General de México Evalúa refirió: Se necesita una instancia (auditora) independiente que verifique la calidad y veracidad de la información sobre delitos en México, esto lo hemos dicho desde que hicimos la primera publicación (…) De esta entidad auditora (comité auditor), se espera que se haga cargo de este tema, que tenga solidez técnica e independencia que tenga como único propósito evaluar, revisar, auditar y mejorar la calidad de la estadística criminal (…) Esta instancia puede tomar diversas formas lo importante es que pueda diagnosticar las capacidades institucionales de las fiscalías y evaluar tanto la calidad como la precisión de su información, por especialistas técnicos de probadas credenciales (…) En este orden de ideas, lo que se buscaría resolver con la realización de una auditoría sería la imprecisión en la rendición de cuentas, en los diagnósticos de las estrategias de intervención y desconfianza pública; supuestas irregularidades en el registro de las cifras delictivas en el Estado, a partir de subregistros o reclasificaciones que incumplen con la normativa vigente; competencias no adecuadas; manipulación internacional de cifras y debilidades institucionales en el control interno. Una estrategia de control efectiva, como ya lo plantea México Evalúa, implicaría una triangulación de datos entre: el contenido de las carpetas de investigación, la validación técnico-metodológica sobre su clasificación (penal) y los registros del Sistema, incluidos los reportes emitidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Al respecto, debemos precisar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y nuestra Constitución Política Local prevén las atribuciones de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, de las cuales podemos desprender que dicho órgano técnico carece de competencia constitucional para calificar la tipología de delitos. En razón de lo cual podemos concluir que se requiere una instancia con competencia especializada para atender los orígenes del problema de manera integral, ya que se requiere competencia, y expertise en materia penal y judicial. Por lo antes señalado se determina que la propuesta de punto de acuerdo a efecto de exhortar al Auditor Superior del Estado para que lleve a cabo la realización de una auditoría a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato por los ejercicios fiscales de 2018, 2019, 2020 y 2021, a fin de evaluar la calidad y veracidad de las cifras delictivas en la Entidad resulta improcedente, atendiendo a que dicho órgano técnico carece de competencia para tal efecto. Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, sometemos a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente: A c u e r d o Único. Se determina improcedente la propuesta de punto de acuerdo formulada por la diputada María Magdalena Rosales Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena ante la Sexagésima Cuarta Legislatura a efecto de girar atento exhorto al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, el ciudadano Javier Pérez Salazar, para que a la brevedad inicie una auditoría específica a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para los ejercicios fiscales 2018, 2019, 2020 y concomitante a 2021, la cual evalúe la calidad y veracidad de las cifras delictivas en la entidad, incluyendo la revisión de los procesos internos de recopilación y sistematización de los datos delictivos generados por dicho ente, al carecer de competencia para tal efecto. Por lo tanto, se ordena su archivo definitivo. Comuníquese el presente acuerdo al Secretario General del Congreso de Estado, para los efectos conducentes. Guanajuato, Gto., 16 de diciembre de 2021 La Comisión de Hacienda y Fiscalización Diputado Víctor Manuel Zanella Huerta Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia Diputado Miguel Ángel Salim Alle Diputado José Alfonso Borja Pimentel Diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández