C. PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO P R E S E N T E. A esta Comisión de Hacienda y Fiscalización le fue turnada para efecto de estudio y dictamen, la iniciativa de Ley de Austeridad Republicana y Ahorro para el Estado de Guanajuato y sus Municipios formulada por la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. (ELD 3/LXV-I) Con fundamento en los artículos 89, fracción V; 112, fracción XV; y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, analizamos la iniciativa referida, presentando a la consideración de la Asamblea el siguiente: D i c t a m e n I. Proceso legislativo. I.1. En sesión ordinaria celebrada el 30 de septiembre de 2021 se presentó la iniciativa de Ley de Austeridad Republicana y Ahorro para el Estado de Guanajuato y sus Municipios formulada por la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. La presidencia del Congreso turnó la referida iniciativa a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen, misma que la radicó el 12 de octubre de 2021. I.2. En la reunión de la Comisión de Hacienda y Fiscalización que tuvo verificativo el 26 de octubre de 2021 se aprobó como metodología para el análisis y dictaminación de la iniciativa, que la misma se remitiera a las diputadas y a los diputados integrantes de esta Sexagésima Quinta Legislatura, al Poder Judicial del Estado, a la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado, a los 46 ayuntamientos, a los organismos autónomos del Estado, a la Auditoría Superior del Estado y a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso del Estado, quienes contaron con un plazo de 60 días hábiles, para remitir los comentarios y observaciones que estimaron pertinentes. Se estableció además un link en la página web del Congreso del Estado, para consulta y participación ciudadana por un término de 60 días hábiles. Al respecto, se recibieron opiniones, observaciones, propuestas y comentarios de: El Poder Judicial del Estado, el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato y la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado de forma consolidada con la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado; así como de los ayuntamientos de Celaya, León, Manuel Doblado, San Diego de la Unión, San Miguel de Allende y Victoria. También se recibió la opinión de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas de este Congreso del Estado. El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato manifestó que, del contenido de la iniciativa, no se advierte que la misma entre en conflicto con las leyes electorales locales, por lo que no formuló observaciones. Por su parte, el ayuntamiento de Abasolo, Gto., manifestó no estar a favor de la iniciativa. Los ayuntamientos de Comonfort, San Francisco del Rincón, Santa Cruz de Juventino Rosas y Santiago Maravatío, acordaron no tener observaciones o comentarios o se dieron por enterados de la iniciativa; y el ayuntamiento de Valle de Santiago, Gto., manifestó que en el caso de que se apruebe la iniciativa por el Congreso del Estado, la atenderá en los términos correspondientes. Se elaboró un documento con formato de comparativo, mismo que se circuló a quienes integramos esta Comisión. El 6 de diciembre de 2023 se llevó a cabo una mesa de trabajo, en la que participamos los diputados Víctor Manuel Zanella Huerta, Cuauhtémoc Becerra González y José Alfonso Borja Pimentel, integrantes de esta Comisión, asesores de los grupos parlamentarios representados en la Comisión, funcionarios de la Coordinación General Jurídica, de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración y de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso del Estado y la secretaría técnica, en la que analizamos la iniciativa. 1.3. La presidencia instruyó a la secretaría técnica la elaboración del proyecto de dictamen en sentido negativo, en atención a los argumentos vertidos en la mesa de trabajo y considerando las opiniones recibidas, conforme lo dispuesto en los artículos 94, fracción VII y 272 fracción VIII inciso e de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, dicho proyecto fue materia de revisión por las diputadas y los diputados integrantes de esta Comisión Dictaminadora. II. Consideraciones de la diputada iniciante. En la exposición de motivos de la iniciativa materia del presente dictamen, se refiere: «La austeridad republicana se advierte como un principio fundamental que debe ser acatado por todos los niveles de gobierno del país, debido a que los recursos económicos son limitados y las problemáticas públicas van en crecimiento. Este escenario ha sido expuesto no sólo en México, sino en todo el mundo, con la aparición de la pandemia del COVID-19. A nivel federal se ha implementado la austeridad republicana desde el inicio del mandato del Presidente de la República, con medidas como la reducción en salarios de altos funcionarios, sin afectar al personal operativo, así como la eliminación de seguros de gastos médicos y de separación individualizados. De igual forma, se redujo el gasto de viáticos y publicidad, mientras que se generaron ahorros gracias al combate frontal a la corrupción, pudiendo orientar más recursos a programas integrales de bienestar y desarrollo. A nivel federal, la austeridad republicana tiene sus fundamentos en los artículos 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Mientras que en el 127 se establece que los funcionarios públicos recibirán una remuneración adecuada y proporcional a sus responsabilidades, en el numeral 134 se contempla que los recursos económicos gubernamentales se deberán de administrar bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a que estén destinados. En este sentido, la pasada Legislatura del Congreso de la Unión logró un conceso entre las diferentes fuerzas políticas, aprobando por mayoría la Ley Federal de Austeridad Republicana, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre de 2019. Por su parte, en el ámbito local, estos principios rectores de la austeridad republicana se materializaron en la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. Tal es el caso del artículo 136, en el que se señala que las remuneraciones de los servidores públicos deberán ser equitativas a su responsabilidad, sin que puedan ser iguales o mayores a la percibida por el Gobernador del Estado, y en el caso de los Ayuntamientos, al del Presidente Municipal. El principio de austeridad republicana se debe tener como eje estratégico del gasto público y, por ende, de observancia general, a fin de que los servidores públicos podamos ser acreedores a la confianza de los gobernados, al momento de ejercer el presupuesto aportado a través del pago de sus impuestos. Debemos destacar que hay entidades federativas que ya cuentan con una Ley de Austeridad, tal es el caso de la pionera, la Ciudad de México, donde se publicó la Ley de Austeridad el 30 de diciembre de 2003 en su Gaceta Oficial. En el mismo supuesto se encuentran entidades como Jalisco, Veracruz, Hidalgo y Sonora, las cuales ya cuentan con una Ley de Austeridad, colocando la eficiencia de los recursos públicos cómo principio rector en la toma de decisiones en favor de sus gobernados. El objetivo de la presente iniciativa es sentar las bases para aplicar medidas de austeridad republicana que se puedan reflejar en economías y ahorros que permitan destinar más recursos al apoyo directo de los guanajuatenses. Esto actualmente no sucede, pues basta con observar que en el presupuesto de egresos del estado en este 2021 se destinan más de 165 millones de pesos para Comunicación Social, mientras que a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas no se le destinan ni 18 millones de pesos. El IMCO ha registrado el impacto económico del COVID en los estados, y a qué velocidad se están recuperando, advirtiendo que la tendencia en el crecimiento de la economía de Guanajuato fue en disminución incluso antes de que comenzara la pandemia. Particularmente fue en el tercer trimestre del 2018, cuando la economía del Estado comenzó a ir para abajo y la tendencia aún no se recupera. En contraste con lo anterior, el presupuesto de Egresos del Estado siguió con una tendencia de incremento, desde el año 2019 al presente pasó de 83,415 millones de pesos a 89,298 millones de pesos en 2021, esto es, más de 5 mil millones de pesos más al presupuesto en plena pandemia, lo cual no se ha reflejado en mejora en la eficiencia en su ejercicio. De la información presupuestal debemos enfatizar que el Estado de Guanajuato ha generado una insana dependencia del presupuesto que la federación proporciona mediante aportaciones y participaciones, pues desde 2014 esta dependencia nunca ha sido menor a 80%, alcanzando 90.94% en 2019 y 87.74% en 2020. En este sentido, para seguir funcionando y mantener una política del gasto orientada hacia los privilegios de los altos funcionarios, el gobierno del estado ha recurrido a financiamientos que complementen su pobre recaudación de ingresos propios, de tal forma que hoy en día únicamente el gobierno estatal tiene deudas por más de 10 mil millones de pesos. Una de las finalidades de la Ley que se presenta, es reducir el gasto corriente respecto a los salarios y prestaciones de los altos funcionarios, tomando en consideración que este rubro es en el que más se centra el gasto público con 65,130 millones de pesos, lo que constituye el 73% del Presupuesto de Egresos total del Estado. Otro objetivo de la presente iniciativa es que al ejercer con eficiencia y eficacia los recursos públicos, se eleve la confianza de los guanajuatenses y de los inversores nacionales y extranjeros, para que el Estado sea una entidad competitiva, aumentando las oportunidades de desarrollo económico y social. El IMCO, en su Índice de Competitividad Estatal 2021, califica a Guanajuato con 44.84 sobre 100, lo cual nos posiciona en el lugar 17 de las 32 entidades federativas del país. El mismo documento refiere que, al medir la calidad de vida mediante el acceso a bienes y servicios en las áreas de inclusión, educación y salud, los cuales generan las oportunidades para formar, atraer y retener capital humano, Guanajuato se posiciona en el lugar 23. Los datos expuestos son muestra de que hay áreas de oportunidades en las que se pueden ejercer más recursos públicos para mejorar las vidas y oportunidades de los guanajuatenses. Un ejemplo de ello es que se podrían impulsar políticas públicas, programas y acciones gubernamentales para mejorar la capacitación y salarios de los trabajadores de nuestra entidad, ya que CONEVAL ha encontrado que al segundo trimestre de este 2021 37.2% de la población vive en pobreza laboral, es decir, más de 1 de cada 3 trabajadores tiene un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria. Por esto, el IMCO expone en la medición del Mercado de Factores Eficiente que Guanajuato se encuentra en el sitio 30 de las 32 entidades federativas al medir la eficiencia del trabajo como factor de producción. En consecuencia, la Ley de Austeridad Republicana que se propone en la presente iniciativa, va encaminada a realizar ajustes tales como: Prohibir los regímenes especiales de retiro, separación, jubilación o pensiones; eliminar espacios de secretarios particulares y plazas de estructura para mandos superiores; limitar el presupuesto que se destina para servicios profesionales externos, excluyendo los concernientes a proyectos estratégicos y de inversión; limitar el uso de autos blindados sólo a servidores públicos que por su naturaleza requieran de protección; limitar el presupuesto de publicidad, comunicación, pautas en interne! y redes sociales; consolidar las adquisiciones de bienes y servicios; limitar el presupuesto para congresos y convenciones; establecer que no podrá gastarse el erario público en vuelos de primera clase y todos los traslados de servidores públicos deberán ser mediante vuelos comerciales. Ahora bien, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato; de aprobarse la presente iniciativa, se generarían los siguientes impactos: l. Jurídico: De aprobarse la presente iniciativa, se crearía un nuevo ordenamiento jurídico destinado a establecer medidas que permitan generar ahorros en el uso de los recursos públicos, denominada Ley de Austeridad Republicana y Ahorro para el Estado de Guanajuato y sus Municipios. II. Administrativo: Se tendrán que llevar a cabo modificaciones a las estructuras ocupacionales de las dependencias y elaborar un Programa de Austeridad Republicana y Ahorro que contemple las medidas que cada dependencia implementará para determinas las medidas que les permitan generar ahorros y aquellas tendientes a eliminar los trámites innecesarios, agilizar los procesos internos y reducir los costos de operación y administración. Además, se deberán realizar las adecuaciones correspondientes a las percepciones de los servidores públicos y emitir los tabuladores para regular el pago de viáticos. III. Presupuestario: De la presente iniciativa no se advierte un impacto presupuestal, contrario a ello, su fin es generar ahorros presupuestales a través del uso eficiente y racionalizado de los recursos públicos. IV. Social: Con la iniciativa de ley propuesta se coadyuvará a mejorar las finanzas públicas, se transparentará el uso de recursos públicos y se generarán economías que permitan financiar proyectos de inversión en educación y salud. En este sentido, el impacto social que se generará con la aprobación de la presente iniciativa implica el contar con más recursos para proyectos que benefician directamente a la ciudadanía a través de la eliminación de gastos innecesarios en todos los niveles del gobierno del estado.» III. Consideraciones de la Comisión Dictaminadora El objetivo de la iniciativa materia del presente dictamen es establecer y regular las medidas de austeridad en el ejercicio, control y presupuestación del gasto público estatal que les sea asignado a los poderes del Estado, organismos autónomos y los municipios, incluyendo las dependencias y entidades de las administraciones públicas estatal y municipales Al respecto, el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26, Apartado C, 74, fracción VI y 79 de esta Constitución. […] Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. […] Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar. Asimismo, el artículo 127 de dicho ordenamiento constitucional señala que todos los servidores públicos recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades, misma que debe ser determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes. Por su parte, el artículo 136 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato establece: «ARTICULO 136.- No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto o en Ley posterior. El Congreso, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que está establecido por la Ley; y en caso de que por cualquier circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalado la que hubiere tenido fijada en el presupuesto anterior, o en la Ley que estableció el empleo. Dicha remuneración deberá ser equitativa a sus responsabilidades y será determinada anualmente en los presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes bases: […] En este sentido, en el Estado de Guanajuato a partir del año 2003 contamos con la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, misma que tiene por objeto establecer las bases generales para la programación, presupuestación, ejercicio, control, seguimiento y evaluación del gasto público; la formulación de las leyes de ingresos para el Estado y para los municipios; la formulación de los presupuestos de egresos del Estado y de los municipios; y regular la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los sujetos de la ley que son los poderes del Estado, los organismos autónomos, los ayuntamientos y las dependencias y entidades de las administraciones públicas estatal y municipal. El artículo 55 de la citada ley refiere: Artículo 55. Los sujetos de la Ley serán responsables de la estricta observancia de los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, para optimizar la aplicación de recursos en conceptos de gasto corriente. Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, los sujetos de la Ley por conducto de la Secretaría, la Tesorería o el Órgano de Administración según corresponda, deberán emitir los lineamientos generales de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, a más tardar el treinta y uno de diciembre del ejercicio inmediato anterior al que aplicarán dichos lineamientos. Asimismo, deberán establecer en las disposiciones administrativas respectivas, medidas permanentes para la reducción y racionalización del gasto corriente, previendo un uso eficaz y transparente de los recursos públicos. Los ahorros presupuestarios generados como resultado de la aplicación de los lineamientos y medidas a que se refiere este artículo deberán destinarse conforme a lo previsto en el artículo 59, segundo párrafo de esta Ley. Como podemos observar en dicha ley se retoman los principios constitucionales previstos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hecho el análisis correspondiente, atendiendo al objeto de la iniciativa materia del presente dictamen y a las propuestas que en la misma se contienen podemos determinar que en su mayor parte, los supuestos ya son regulados en nuestro Estado por la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato con un mayor alcance. Por lo que, en caso de propuestas normativas en materia de ejercicio y control del gasto público, deben ser reguladas en dicha ley, atendiendo al objeto de la misma y no en otro ordenamiento jurídico. De igual forma, existen algunas previsiones propuestas que también se establecen en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios, pudiendo observar que en algunos casos las propuestas contenidas en la iniciativa son contradictorias con dicha ley federal. Cabe precisar que nuestro ordenamiento estatal que regula el ejercicio y control de los recursos públicos se encuentra armonizado a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios, así como a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y siempre se ha tenido un especial cuidado en mantener actualizado el marco normativo estatal con el marco jurídico federal de la materia. En tal sentido, debemos ser cuidadosos en no generar una dispersión normativa, es decir, evitar que existan varias leyes que propicien una falta de unidad en la legislación que regula la materia, la existencia de antinomias, así como la falta de certeza jurídica. En el análisis particular del articulado contenido en la iniciativa podemos observar que la mayoría de las disposiciones, en términos generales ya se encuentran reguladas en otros ordenamientos jurídicos, como lo son los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 y 53, al preverse disposiciones similares en la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, en la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y en la Ley para la Protección y Preservación del Medio Ambiente del Estado de Guanajuato. En atención a lo antes referido, algunas de las propuestas contenidas en la iniciativa generarían antinomias con la legislación local y federal o una sobre regulación en la materia, al no presentar propuestas para armonizar la legislación estatal vigente, a fin de reformar o derogar aquellas disposiciones normativas que sean reiterativas o contradictorias. Por otra parte, es de señalar que algunos de los artículos propuestos inciden en la autonomía municipal, consignada en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es así que, si bien la intención de la iniciativa es salvaguardar el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, la mayoría de las disposiciones propuestas ya están reguladas por la legislación federal y local y de manera específica en nuestro Estado en la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos, con base en la cual los poderes del Estado, los organismos autónomos y los ayuntamientos anualmente emiten los lineamientos generales de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, en observancia a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el ejercicio del gasto público. Aunado a lo anterior, debemos tener un especial cuidado en la unidad que debe observar la legislación que regula el ejercicio y control del gasto público, evitando la existencia de antinomias, así como la falta de certeza jurídica ante la existencia de diversas leyes que pudieran regular el mismo objeto. En atención a los argumentos vertidos, determinamos improcedente la iniciativa materia del presente dictamen. Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 171 y 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, quienes integramos la Comisión de Hacienda y Fiscalización, sometemos a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente: A c u e r d o Artículo Único. Se considera improcedente la iniciativa de Ley de Austeridad Republicana y Ahorro para el Estado de Guanajuato y sus Municipios formulada por la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. En consecuencia, se ordena su archivo definitivo. Comuníquese el presente acuerdo a la Secretaría General del Congreso del Estado para los efectos conducentes. Guanajuato, Gto., 11 de diciembre de 2023 La Comisión de Hacienda y Fiscalización Diputado Víctor Manuel Zanella Huerta Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia Diputado Miguel Ángel Salim Alle Diputado José Alfonso Borja Pimentel Diputado Cuauhtémoc Becerra González