Presidencia del Congreso del Estado P r e s e n t e. Las diputadas y los diputados que integramos la Comisión de Desarrollo Económico y Social de la Sexagésima Quinta Legislatura, recibimos la iniciativa formulada por el diputado David Martínez Mendizábal integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato. De conformidad con los artículos 89, fracción V; 107, fracción I y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, sometemos a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en las siguientes: Consideraciones 1. Antecedentes El 28 de octubre del año 2021 la presidencia de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura, para efectos de su estudio y dictamen turnó a esta comisión, la iniciativa referida en el proemio del presente dictamen, con fundamento en el artículo 107 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. Posteriormente, el 02 de febrero del año 2022, la comisión dictaminadora radicó la propuesta de punto y acordó la metodología para su estudio y dictamen. Ahora bien, la presidencia de esta Comisión de Desarrollo Económico y Social, con fundamento en los artículos 94 fracción VII y 272 fracción VIII inciso e) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato instruyó a la Secretaría Técnica para que elaborara el proyecto de dictamen, mismo que fue materia de revisión por quienes integran esta comisión. 1.1 Metodología de trabajo La metodología de trabajo aprobada se estableció lo siguiente: 1. Remitir la iniciativa para efectos de su consulta, por un término de 20 días hábiles a: • La Secretaría de Desarrollo de Desarrollo Social y Humano, y • La Coordinación General Jurídica. 2. Establecer un micrositio en la página web del Congreso del Estado para consulta ciudadana de la iniciativa, por un término de 20 días hábiles. 3. Elaborar comparativo con las respuestas derivadas de la consulta de la iniciativa, por parte de la secretaría técnica. 4. Mesa de trabajo en las que participarán las diputadas y los diputados integrantes de la comisión, representantes de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano y de la Coordinación General Jurídica; así como los asesores de los grupos representados en la comisión y la secretaría técnica. 5. Solicitar a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso del Estado, elabore un estudio de impacto presupuestal conforme a la estructura y necesidad del organismo que se pretende crear en la iniciativa, con un término de 20 días hábiles. 6. Remitir la iniciativa al Instituto de Investigaciones Legislativas para que realice un análisis de la propuesta considerando el impacto jurídico y social de la creación del organismo que se pretende crear en la iniciativa, con un término de 20 días hábiles. 7. Reunión de la Comisión de Desarrollo Económico y Social para la discusión y, en su caso, aprobación del dictamen. En fecha 14 de junio del año en curso, se llevó a cabo la mesa de trabajo en las que participaron integrantes de la comisión, representantes de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano y de la Coordinación General Jurídica, la Unidad de Estudios de la Finanzas Públicas del Congreso, así como los asesores de los grupos representados en la comisión y la secretaría técnica. Se recibieron las opiniones y comentarios por parte de las dependencias del Ejecutivo del Estado consultadas, las cuales fueron consolidadas por la Coordinación General Jurídica de la Secretaría de Gobierno del Estado; de igual forma fueron recibidos en tiempo los estudios solicitados a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Estado y el Instituto de Investigaciones Legislativas, ambas del Congreso del Estado. 2. Análisis de la propuesta Los proponentes manifestaron en la exposición de motivos lo siguiente: “… Desde hace 30 años la política social en Guanajuato ha estado vinculada a la dinámica del desarrollo con matices propios y de alguna forma vinculada a lo que se ha desarrollado a escala nacional. Si bien a lo largo de estas tres décadas se han implementado algunas innovaciones locales que pudieron haber continuado y pudiesen arrojado mejores resultados para el desarrollo social de Guanajuato, con una visión más humana y más justa para toda la población, desafortunadamente al mismo tiempo ha estado plagada de expresiones poco precisas con relación a los logros que se dicen haber obtenido y que la propia realidad, ahora con los instrumentos más precisos de medición y seguimiento, se han encargado de contradecir. La vinculación entre sociedad civil, academia y gobierno en torno de la política social y pobreza se da por primera vez cuando se intenta medir la pobreza en Guanajuato en 1995-1996, durante el mandato de Vicente Fox; se contrata al Dr. Julio Boltvinik, académico del Colegio de México, para calcular los niveles de pobreza en nuestra entidad. La participación de la comunidad de investigación mexicana dio los elementos muy útiles para una primera evaluación de la situación de empobrecimiento, así como el diseño del primer esfuerzo sistemático por abordar la política de bienestar y que en 1997-1998 produjo el documento Política Social en Guanajuato con asesoría de la ONG Philos A. C. Se crea la Secretaría de Desarrollo Social y Humano en Guanajuato al iniciar el nuevo milenio y se le depositan aspectos y responsabilidades sustanciales con relación del bienestar social de todos y todas las guanajuatenses, sin considerar la posible y necesaria articulación con las otras áreas gubernamentales y configurar así una arquitectura organizativa que diera espacio a la institucionalización que sustenta la participación ciudadana y a los programas innovadores. Uno de los elementos más importantes en materia de política social en el contexto de los procesos globales de la Secretaría, y que se ha ido manteniendo como eje del desarrollo social, es hacer equiparable que el combate a la pobreza en Guanajuato se da mediante la inversión privada preferentemente extranjera, junto con el desarrollo de la infraestructura como condición para garantizar la llegada de capital extranjero. Con esta visión se fortalece un paradigma del desarrollo económico que minimiza la participación ciudadana o simplemente la obvia. En 2004 se aprueba en el Congreso de la Unión la Ley General de Desarrollo Social que impacta la política social en Guanajuato, ya que en otras consideraciones se mandata la creación del Consejo de Evaluación de la Política del Desarrollo Social (CONEVAL). La influencia es más notoria en Guanajuato después del 2005, y su vínculo con la Secretaría de Desarrollo Social y Humano comienza a aportar elementos para rehacer la política pública respecto al bienestar. La acción gubernamental por conocer las condiciones de la pobreza y su correlato con el desarrollo social en el sexenio del gobernador Juan Manuel Oliva, permitieron tener los primeros datos sobre la pobreza de ingresos, pobreza de capacidades, y pobreza de patrimonio. Esta forma de medición provisional proviene del extinto Comité Técnico de Medición de la Pobreza. Posteriormente en el 2009, el CONEVAL da a conocer la primera medición oficial de la pobreza multidimensional para Guanajuato con datos válidos para el 2008, con lo que fue posible hacer una comparación de casi un sexenio completo en materia de trayectoria de la pobreza, permitiendo contrastar los datos con las metas establecidas al inicio del gobierno olivista y también, de forma inédita en la historia de la planeación gubernamental, aparece como meta: "erradicar de la pobreza extrema a 100 mil familias", misma que no fue cumplida. Para el periodo de gobierno 2011-2018, se repensaron tanto los alcances como los dispositivos organizativos del desarrollo social en Guanajuato y ante las evidencias presentadas por el CONEVAL en 2010 y el 2012 sobre la pobreza y las vulnerabilidades tanto del estado como de los municipios; se arriba a una nueva etapa, donde se exhibe un intento de organización de las instituciones del estado para dar una atención a los problemas sociales mucho más potente y reflexionada. Seguramente estos arreglos institucionales en la esfera de las decisiones gubernamentales fueron producto de que CONEVAL señaló que en Guanajuato la pobreza aumentó de 44.5% a 46.6% de la población del 2012 al 2014. La nueva arquitectura para el desarrollo social, centrada en los Programas denominados Impulso, no modificó de fondo la perspectiva que los gobiernos estatales han venido empleando desde hace 30 años, es decir, focalizando a los sectores empobrecidos, atendiendo los riesgos sociales considerados como no deseables, centrado en abatir el déficit y no en términos del cumplimiento de derechos; con un proceso dicotómico entre priorizar la estrategia económica impuesta en favor del sector privado y la política social operada en la marginalidad y con recursos acotados a esa visión, así, la política social es la "ambulancia que recoge a los pobres atropellados por la economía". Hoy en día las cosas se mantienen de la misma forma en la lógica gubernamental de abordar el tema de la pobreza, pues la organización institucional sigue sin salirse del paradigma economicista de buscar en la inversión extranjera y en la idea de impulsar, ahora como moda, la mente-factura, pero al mismo tiempo sosteniendo una política de restricción y castigo al valor del trabajo, toda vez que los salarios no responden al valor de los bienes y servicios que producen por una parte, y por la otra las decisiones de apoyo a la sociedad en los tiempos de la pandemia priorizaron al sector privado, se mantuvo el esquela de privilegios del gabinete legal y ampliado, a la vez de que sigue habiendo una ceguera de taller, en donde la corrupción y la impunidad siguen siendo prácticas cotidianas. Los resultados del informe de CONEVAL para el 2020 muestran que la pobreza sigue siendo muy alta en Guanajuato. Podemos observar con los datos de Coneval, que la población en situación de pobreza aumentó entre 2008 y 2018, ya que pasó de 44.1% al 43.8%. Así mismo, la población colocada por debajo de la línea de pobreza por ingreso pasó de 48.7% al 50.9% en el mismo periodo, y la población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingreso pasó de 13 % a 15.9% en el mismo lapso. Hay que observar que hay avances en el resto de las carencias sociales que mide el CONEVAL, y que la población que se ubica en pobreza extrema pasó de 7.9% en 2008 a 4.2% en 2018, sin embargo, la población vulnerable por carencia por ingresos pasó del 4.6% al 7.5% en 10 años. Lo que confirma que, pese a la estrategia de aportar por la inversión extranjera y la inversión en obra pública para infraestructura que dé soporte a esa inversión foránea, son los bajos salarios lo que contribuye a mantener la situación social en Guanajuato. En el informe 2020 de CONEVAL sobre la pobreza para el caso de Guanajuato, ésta creció entre 2018 y 2020, al pasar de 41.5% a 42.7% y la pobreza extrema incrementó de 3.6% a 4.5%. Lo mismo pasó con la población con ingreso inferior a línea de pobreza extrema que fue para 2018 de 10.7% a 11.8% en 2020, y la población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingreso creció de 49.3% en 2018 a 51.1% en 2020. La población vulnerable por carencia por ingresos registró un aumento y pasó de 7.8% en 2018 a 8.4% en 2020. Si bien hay una mejora en promedio en la situación de las otras carencias sociales que se evalúan y esta es apenas del 1.2%. En síntesis, se observa que hay mejoras, pero la situación de la pobreza se sostiene estructuralmente y se agudiza por la carencia en ingresos y el efecto real que se incrementa pobreza y también pobreza extrema. Aunque el CONEVAL hace evaluaciones y mediciones con alto estándar académico, tiene dos dificultades que lo hacen poco útil para la planeación y evaluación para el estado de Guanajuato y sus municipios: la primera es que la evaluación para las entidades federativas se hace cada dos años y, cuando se realiza, resulta de poca utilidad para la toma de decisiones oportuna por tratarse de datos "viejos"; la segunda es que la medición para los municipios se hace cada cinco años, aún todavía menos útil que las mediciones estatales. Esto, precisamente, muestra la necesidad de replantear los mecanismos institucionales coadyuvantes en la mejora de la política pública en Guanajuato. Como se ha señalado, la relación entre el gobierno estatal y la academia, entendida como organismo especializado de participación ciudadana, tiene una añeja tradición. Además de las ya señaladas en los párrafos anteriores, se pueden enumerar algunas investigaciones recientes financiadas con recursos públicos para comprender mejor los problemas sociales de Guanajuato, entre ellas se pueden mencionar las desarrolladas por el CIDE (Centro de Investigación y Desarrollo Académico), la Universidad Iberoamericana Ciudad de México con respecto a la evaluación del Programa Impulso, la Universidad Iberoamericana León con un diagnóstico sobre la atención a familias migrantes jornaleras, y la Universidad de Guanajuato para proponer un protocolo de atención para estas familias. Es conveniente acotar que el Coneval está normado por la Ley General de Desarrollo Social y entre sus definiciones principales, se encuentran las siguientes: Artículo 36. Los lineamientos y … Artículo 81. El Consejo Nacional ... Artículo 82. El Consejo … De este par de artículos sobre el CONEVAL se desprenden tres elementos muy útiles para Guanajuato: 1 0 es un órgano con autonomía técnica del gobierno y con presupuesto propio; 2 0 sus evaluaciones son obligatorias de considerar para la planeación de los entes públicos y 30 su conformación es con investigadores miembros del Sistema Nacional de Investigadores lo que asegura solvencia académica. Se hace necesaria, entonces, una reestructuración de la evaluación de las políticas públicas en el combate a la pobreza en Guanajuato, para observarlas desde la integralidad de sus efectos en el bienestar de la población más vulnerable, a la par de revisar la arquitectura institucional desde una visión propia del desarrollo social. Esto se hace más necesario porque uno de los instrumentos de planeación en Guanajuato reside en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el primer objetivo, mismo que es parte de la columna vertebral desde que la ONU planteó los Objetivos del Milenio, es el combate a la pobreza. Todo lo anterior apunta a la necesidad de tener una mirada nueva para evaluar lo que hace el gobierno en materia de desarrollo social. Es claro que el gobierno del estado busca tener información de los resultados de las acciones que en materia de política social viene haciendo, pero también es cierto que no está claro cómo lo realiza. Además, se ubica en una posición sesgada en cualquier caso, ya que es juez y parte, lo que le permite "observar", "corregir", "ajustar" o "cambiar" de forma específica y discrecional las acciones del gobierno a través de sus instituciones, por lo cual deja de lado la posibilidad establecer evaluaciones de las políticas públicas a nivel municipal, con una periodicidad anual, y con esto integrar y articular la rendición de cuentas y su análisis respectivo con relación a la revisión y aprobación de la cuenta pública, así como al informe anual de gobierno que permita, a la vez, la construcción de un sistema de información social, una matriz que tenga un alcance cada vez más preciso y por tanto sólido y robusto, que posibilite encontrar y potenciar las acciones de gobierno y tomar las mejores decisiones para combatir, disminuir y erradicar el rezago social, la pobreza, la pobreza extrema y la exclusión de los grupos con mayor vulnerabilidad social y económica, todo ello, bajo el enfoque de derechos propio de la justicia social y dentro de un amplio esquema que permita el desarrollo humano de la población, el desarrollo sustentable y sostenible del estado de Guanajuato. Es relevante dejar en claro la necesidad de impulsar una gobernanza que permita la participación social y que abra los espacios para que la transparencia y la rendición de cuentas tengan una resonancia en la ciudadanía, y que las políticas públicas que se diseñan y se ponen en práctica desde las acciones de gobierno tengan interlocutores en la sociedad para que puedan acompañar de la mejor forma posible a las instituciones del estado en las encomiendas y responsabilidades que tienen por mandato constitucional. En este sentido, para propiciar una participación ciudadana con pleno enfoque de derechos, la propuesta que se presenta busca crear un órgano de evaluación de la política social, totalmente ciudadanizado, con independencia del Ejecutivo, para que deje de ser juez y parte, con una clara autonomía como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, con patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión, que tenga como objeto el normar y coordinar la evaluación de las Políticas y Programas de Desarrollo Social que ejecuten las instituciones y dependencias del gobierno del Estado de Guanajuato. Asimismo, se busca que este organismo determine los lineamientos, criterios y estrategias para la definición, identificación y medición de la pobreza, -siguiendo el modelo del CONEVAL-, para garantizar la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad, así como para poder hacer comparables las mediciones estatales con las nacionales, permitiendo crear un sistema de información con base territorial, que sea de utilidad esencial para el diseño e implementación de las políticas públicas y dé soporte social para dirigir las acciones de planeación e intervención gubernamental. Si bien, algunas de estas acciones de evaluación están consideradas en los atributos que tiene el propio gobernador, así como la SEDESHU, es evidente que esta propuesta abona sustancialmente a contar con instrumentos y datos para lograr los mejores fines y ofrecer resultados cada vez más objetivos desde la medición que implica. El CONEVAL tiene como lema: "lo que se mide se puede mejorar". Por lo que, en suma, se propone la creación del Consejo para la Evaluación de la Política Pública del Desarrollo Social en Guanajuato. Se parte de entender que los programas sociales y las políticas públicas deben estar orientados a la solución de alguna problemática que afecta a la población, la cual, se considera la razón de ser del programa. Los programas sociales federales y estatales buscan la mejora educativa, productividad, superación de carencias sociales, ciencia y tecnología, mejora en salud, mejora laboral, bienestar social, desarrollo cultural, medio ambiente, desarrollo rural y bienestar económico. Las políticas públicas y los programas sociales, muchos de ellos tienen como parte de su objetivo principal -propósito- temas de gestión social o la entrega de bienes y servicios; sin embargo, se espera que los resultados se traduzcan en un cambio de la población sustantivo en la calidad de vida y en el bienestar a la cual atienden esas acciones gubernamentales -impacto-, por lo que la evaluación se convierte en la herramienta estratégica para orientar el esfuerzo del aparato institucional, así como lo que se refiere al uso de los recursos públicos y el que realice a través de un Consejo especializado con plena autonomía y de forma objetiva y profesional. Por otra parte, y en el marco jurídico vigente en el Estado, existen tres ordenamientos que hablan de la participación social y de evaluación de las políticas públicas: Primer ordenamiento: Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato. … Segundo ordenamiento: Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Guanajuato. … Tercer ordenamiento: Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato. … Como se puede apreciar, la participación social es un valor sostenido por la legislación guanajuatense, pero, la modalidad con la que se opera está acotada a solamente opinar, sin garantizar un mecanismo transparente de acción que recoja las propuestas, demandas, orientaciones de las y los guanajuatenses y que se una forma de expresión de una gobernanza activa, respetuosa y colaborativa entre el gobierno estatal, los municipios y la ciudadanía. En este sentido se puede tomar la experiencia tanto del CONEVAL, como del Evalúa CDMX y que de forma breve se describen. El Consejo de Evaluación de la Política Pública del Desarrollo Social es: 1. Un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión de conformidad con la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Tiene por objeto normar y coordinar la evaluación de las Políticas y Programas de Desarrollo Social, que ejecuten las dependencias públicas, y establece los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad. 2. El consejo cuenta con el Comité Directivo, que es el órgano de gobierno del CONEVAL que está integrado por seis investigadores académicos elegidos democráticamente por convocatoria pública, que tienen a su cargo la administración del Consejo y el ejercicio de las atribuciones indelegables que le corresponden en términos de lo dispuesto por el artículo 58 de la Ley de las Entidades y las demás disposiciones aplicables. 3. El Comité está integrado por: El Titular de la Secretaría del Bienestar o la persona que éste designe, quien presidirá el Comité y por los seis investigadores académicos en términos de Io previsto por el artículo 85 de la Ley y por un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de las Entidades y 17, fracción ll, del Reglamento de la Ley de las Entidades, y por un Secretario Técnico y un Prosecretario designados por el Comité. 4. El Comité Directivo tiene las facultades de coordinarse con la Comisión Nacional de Desarrollo Social (CNDS) para consolidar una adecuada integración y fomento al federalismo, sobre las bases de coordinación, colaboración y con en el fomento de la evaluación y monitoreo de los programas de social, así como con la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social, en el diseño y ejecución de la Política Nacional de Desarrollo Social. También tiene la función de dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las atribuciones que le otorga el Estatuto Orgánico del CONEVAL y en general, las funciones que le atribuye al Consejo, el Decreto por el cual se regula dicha institución. 5. La Comisión Ejecutiva es el órgano técnico-auxiliar del Comité Directivo encargada de ejercer las funciones sustantivas de carácter técnico para la evaluación de la Política de Desarrollo Social y el informe de avances de los programas de desarrollo social que implementen las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal. 6. Entre sus funciones principales se encuentran evaluar la política de desarrollo social; formular los criterios de resultados, con base a las estimaciones de pobreza, para la definición de zonas de atención prioritaria; proponer criterios y lineamientos para las metodologías de evaluación sobre la política y los programas de desarrollo social; proponer el programa anual para el desarrollo de evaluaciones, estudios y diagnósticos de los programas de desarrollo social que vaya a desarrollar el Consejo por sí mismo o a través de organismos evaluadores independientes; elaborar los proyectos de sugerencias y recomendaciones al Ejecutivo Federal, a la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social y a la Comisión Nacional de Desarrollo Social, sobre la política y los programas de desarrollo social, con base en los resultados de las evaluaciones e investigaciones disponibles; entre otros. Por su parte el Evalúa CDMX, el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal es un organismo público descentralizado de la Administración Pública, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía técnica, de gestión y presupuestaria, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 B de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. Algunas de sus características son: 1. El Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal tiene por objeto la evaluación externa de los programas y la política social de la Administración Pública, así como la medición de la pobreza y la desigualdad, la clasificación de las unidades territoriales del Distrito Federal por su grado de desarrollo social, la emisión de informes sobre el estado de la cuestión social y cualquier opinión consultiva que sobre el tema se le requiera. Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos que le competen, el Consejo contará con un Comité de Evaluación y Recomendaciones, una Junta de Gobierno, una Dirección General y su estructura administrativa. 2. El Consejo de Evaluación del Desarrollo Social cuenta con el Comité es el órgano de toma de decisiones respecto de las atribuciones sustantivas del Consejo de Evaluación. Para el desempeño de sus tareas, el Comité puede constituir las comisiones o grupos de trabajo que considere convenientes. 3. El Comité estará conformado por: La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Social, quien lo preside y seis consejeros y consejeras con amplio conocimiento y/o experiencia en el campo del Desarrollo Social de los cuales, al menos cuatro, deberán pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores. 4. El Comité tendrá las siguientes atribuciones: Definir y medir bianualmente — o con la frecuencia que los datos disponibles permitan-, la desigualdad y la pobreza en el Distrito Federal; Definir, medir y clasificar de manera periódica el grado de desarrollo social de las unidades territoriales de la CDMX; Medir bianualmente —o con la frecuencia que los datos disponibles permitan- el avance del cumplimiento de los derechos sociales en la Ciudad de México, así como elaborar un informe anual sobre la cuestión social. También tiene la atribución de definir los lineamientos para la realización de las evaluaciones internas; organizar, definir y realizar, directamente o través de terceros, las evaluaciones externas de la política y los programas sociales. Cuando se lleven a cabo a través de terceros. 5. El Comité, a su vez, define la metodología y los términos de referencia a los que deberán apegarse dichas evaluaciones; y aprobará la convocatoria de evaluaciones que será emitida por la Dirección General; a la vez decide sobre las propuestas de entre quienes respondan a la convocatoria en tiempo y forma, o bien declarará desierto el concurso en cuyo caso las adjudicará de manera directa de acuerdo a la normatividad aplicable; a su vez da seguimiento al desarrollo de la evaluación de forma personal a través de por lo menos dos de sus integrantes o del personal de la estructura de la Dirección General; y la de emitir las recomendaciones y las observaciones con base en las evaluaciones externas de los programas o política sociales y hacer públicas las mediciones que realice sobre la desigualdad, la pobreza y el grado de desarrollo social de las unidades territoriales y el avance del cumplimiento de los derechos sociales en la ciudad de México, y elaborar el Programa anual de trabajo del Consejo de Evaluación. Para este tipo de iniciativas no debería ser obstáculo el financiamiento público, pues se busca orientar de manera eficiente los recursos propios de los programas correspondientes a la política económica y social de Guanajuato. Y cuando se habla de eficiencia, no es sólo hacer una contabilidad de costo-beneficio financiero, sino el impacto que causan en el bienestar de la población, sobre todo para las y los desplazados del disfrute de los bienes necesarios de cara a una vida digna. Lo necesario, en un gobierno humanista, debe convertirse en posible. Aun así, si se consideran los fines para los que se creó el Instituto de Planeación de Guanajuato, éste podría proveer la información necesaria para los cálculos requeridos en la tarea asignada al Comité para la Evaluación de la Política Pública del Desarrollo Social y Humano en Guanajuato. Los convenios probables con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social (CONEVAL), con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con el Centro de Investigación en Matemáticas, y particularmente con el Instituto de Planeación de Guanajuato, que posee una amplia infraestructura y personal capacitado, serán muy útiles en la discusión sobre las mejores metodologías para calcular la pobreza multidimensional en la entidad y los municipios y significarán ahorros sustantivos para contar con datos precisos y confiables. Finalmente se debe acotar lo que se entiende en esta iniciativa por participación ciudadana, pues de cara a otros problemas sociales es necesaria la intervención de ciudadanos y ciudadanas provenientes de distintos ámbitos y esferas sociales. La particularidad de la iniciativa en este terreno es la necesidad del perfil técnico de las y los integrantes del Comité, pues deberá estar conformado por académicos y académicas especialistas en la medición de los problemas sociales y su vínculo con la toma de decisiones del gobierno estatal. La precisión técnica, la solvencia académica y el rigor conceptual son características sine qua non para el buen funcionamiento del Comité. No se trata de encontrar personas opinadoras, sino fortalecer la relación fructífera entre academia y tomadores de decisiones. OBJETIVO DE LA INICIATIVA El propósito de la iniciativa es reformar la Ley de Desarrollo Social y Humano para el estado y los municipios de Guanajuato en materia de medición y evaluación del impacto de la política pública sobre la pobreza en el estado de Guanajuato. Para tal efecto se propone la creación de un órgano ciudadanizado, denominado Comité para la Evaluación de la Política Pública del Desarrollo Social y Humano en Guanajuato, de perfil académico, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que goce de autonomía técnica, de gestión y presupuestaria, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Guanajuato con el fin de medir de manera oportuna la trayectoria de la pobreza en Guanajuato y sus municipios y determinar la relación de esta trayectoria con las políticas estatales de bienestar. El beneficio es múltiple, entre otros, servirá para mejorar el diseño de las políticas públicas dirigidas a la erradicación de la pobreza de conformidad con la legislación mexicana y los compromisos internacionales adquiridos por nuestro país. Finalmente, consideramos necesario avanzar en la consolidación del enfoque de derechos, por lo que se propone incorporar los principios de interdependencia, indivisibilidad, universalidad y progresividad a la ley de desarrollo social y humano, haciendo énfasis en los últimos dos principios, en virtud de que el rasgo distintivo de los derechos fundamentales es su carácter universal, con lo que se garantiza además poner a salvo la política social de la discrecionalidad administrativa; asimismo, la progresividad implica un vínculo presupuestario que garantiza destinar cada vez más recursos públicos a la satisfacción de los necesidades sociales, además de que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece el deber de los Estados de destinar el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, la plena efectividad de los derechos . ...” Quienes integramos esta comisión dictaminadora, identificamos el objetivo principal de la iniciativa que es la creación de un órgano, denominado Comité para la evaluación de la Política Pública de Desarrollo Social y Humano en Guanajuato, de perfil académico, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica, de gestión y presupuestaria, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, con el fin de medir de manera oportuna la trayectoria de la pobreza en Guanajuato y sus municipios y determinar la relación de esta trayectoria con las políticas estatales de bienestar. Existen diversas formas de medición de la pobreza aplicadas por los organismos internacionales, y en nuestro país se cuenta con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), responsable de dicha medición a nivel nacional, estatal y municipal, que por mandato legal usa una metodología multidimensional presentada por primera vez en 2009. La medición multidimensional considera dos dimensiones: por una parte, el ingreso y por otra un conjunto de seis carencias sociales relacionadas con derechos sociales incluidos en la Ley General de Desarrollo Social. Para la dimensión de ingreso se establecen dos umbrales: la línea de bienestar (LB) que equivale al costo de la canasta básica y la línea de bienestar mínimo (LBM) que equivale al costo de la canasta alimentaria. Las seis carencias consideradas en la medición oficial de CONEVAL son el rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, condiciones y espacios de la vivienda, servicios de la vivienda y acceso a la alimentación. En los cálculos de medición de la pobreza, que el CONEVAL realiza, se utiliza además la información que genera el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en particular el Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (MCS-ENIGH), así como los censos y conteos de población y vivienda. La autonomía del CONEVAL y el trabajo independiente de sus investigadores académicos otorgan certeza a la población mexicana sobre la medición imparcial y metodológicamente rigurosa acerca de la pobreza en el país. En un ejercicio permanente de transparencia y rendición de cuentas, la metodología, los resultados nacionales por entidad federativa, municipio, así como las bases de datos y los programas de cálculo, permiten conocer la situación social de toda la población mexicana y el tipo de atención que requiere cada grupo poblacional; además, proporciona información relevante para que las políticas públicas de reducción de la pobreza sean más efectivas. Cabe hacer mención que en los resultados que se obtienen cada dos años para los datos de pobreza por entidad federativa y cada cinco años para los datos municipales, la metodología que aplica CONEVAL contiene mediciones que integran estudios de campo, encuestas y apoyo de otros organismos que están dedicados especialmente a este muestreo, instrumentos que, permiten contar con datos certeros y validados. Ahora bien, el iniciante pretende crear un organismo descentralizado con atribuciones similares a las otorgadas en la Ley General de Desarrollo Social le establece al CONEVAL para la evaluación de la política de desarrollo social. En ese orden de ideas, es importante señalar diversos criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación afirmando que los organismos descentralizados no forman parte del Poder Ejecutivo, bajo la premisa de que se encuentran fuera de la administración pública centralizada, razón por la cual no pueden identificarse con dicho Poder unipersonal; sin embargo desarrollan actividades que corresponden a la función administrativa a cargo del titular del Ejecutivo y en todo momento se vinculan indirectamente a partir de los controles y vigilancia respectivos, ello significa que se ubican dentro del campo de acción del citado Poder en sentido amplio. Lo anterior es así porque la descentralización consiste en una técnica de organización jurídica para encomendar actividades estatales delegables a entidades estructuralmente separadas de la administración pública centralizada, pero formando junto con ella el concepto total e íntegro de administración pública, sin que la circunstancia de que los organismos descentralizados cuenten con personalidad jurídica propia signifique que su actuación sea libre y exenta de control, toda vez que dicha actividad y sus decisiones se identifican con las finalidades de la administración central y del Poder Ejecutivo, además de que la ley establece que su control se ejerce por aquél y que sus órganos directivos deben integrarlos personas ligadas a la administración central con la finalidad de lograr una orientación de Estado en su rumbo, con lo cual, si bien son autónomos y no opera una relación de jerarquía respecto de ellos, continúan subordinados a la administración centralizada indirectamente, en tanto sus objetivos deben reputarse como fines públicos. De igual forma ha establecido que, los organismos descentralizados, al ser entidades integrantes de la administración pública paraestatal forman parte del poder ejecutivo , y que esta situación es aplicable en los ámbitos de gobierno local y municipal, porque la descentralización administrativa en cualquiera de los tres órdenes de gobierno guarda la misma lógica, esto es, la de crear entes dotados de personalidad jurídica y autonomía jerárquica, pero sujetos a controles indirectos para desarrollar actividades administrativas específicas con agilidad y eficiencia. Por lo anterior, consideramos que la creación del organismo descentralizado no es el medio para garantizar el cumplimiento del objetivo que persigue, pues las funciones y atribuciones que pretende establecer al mismo, se encuentran ya satisfechas tanto por el CONEVAL a nivel federal, como por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano en el Estado, siendo entonces que a pesar de considerarlo con la naturaleza de descentralizado, seguiría con directrices indirectas en las actividades administrativas para la política pública en la materia del Poder Ejecutivo. Asimismo, esta Comisión dictaminadora siempre se ha encontrado atenta a los análisis en materia de evaluación. En ese contexto, es oportuno señalar que CONEVAL ha realizado diagnósticos del avance en monitoreo y evaluación en las entidades federativas y los resultados han sido bastante favorables para el Estado de Guanajuato. De acuerdo con este organismo : “Guanajuato está clasificada como una entidad con avance alto en la generación de elementos de monitoreo y evaluación (…) “Guanajuato presentó una tendencia creciente en el componente práctico entre 2011 y 2021. De 2019 a 2021 tuvo incrementos en el área responsable de la evaluación. La entidad alcanzó el puntaje máximo en las 13 variables del componente práctico”. 2.2 Duplicidad con la normativa general, estatal y acciones del Gobierno del Estado. Del análisis realizado, consideramos que el organismo que pretende crear la iniciativa establece atribuciones que ya se encuentran en el marco normativo estatal, comenzando por la estructura orgánica del Poder Ejecutivo, en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, que de conformidad al artículo 26 de su Ley Orgánica, es la dependencia encargada de procurar el desarrollo individual y comunitario de la población del Estado para combatir la pobreza, y que en dicha materia tiene, entre otras, la atribución de formular, conducir y evaluar la política estatal de desarrollo social y las acciones correspondientes para el combate efectivo a la pobreza, procurando el desarrollo integral de la población del Estado. En ese orden de ideas la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato establece en el Título Quinto “De la Evaluación”, Capítulo Único “De la evaluación de la política pública estatal de desarrollo social y humano” la obligación de la dependencia antes señalada para revisar periódicamente el cumplimiento de los programas sociales en materia de desarrollo social y humano, determinando la programación de acciones de evaluación en función de la naturaleza técnica de los programas. De igual forma establece que la evaluación se realizará sobre las acciones de la política pública estatal de desarrollo social y humano encaminada a conocer la operación y resultados cualitativos para abatir la pobreza y mejorar el desarrollo humano en el Estado. Dichas evaluaciones permitirán conocer y valorar el diseño, operación, resultados e impacto de los programas estatales y municipales de desarrollo social y con base en ellos se deberán formular las observaciones y recomendaciones para la reorientación, fortalecimiento y presupuestación del gasto social. Aunado a lo anterior, consideramos además que la evaluación y seguimiento a la política pública en la materia, se encuentra contemplado no sólo en la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento, sino en algunos otros instrumentos regulatorios como los Lineamientos Generales de Gestión para Resultados para la Administración Pública del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal 2022, los Lineamientos Generales para la Evaluación de las Políticas, Programas y Proyectos del Gobierno del Estado y la Guía para la Operación del Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales Estatales. La actualización del Programa de Gobierno 2018-2024, dentro de la administración pública estatal, establece la visión del Estado para ofrecer condiciones óptimas para el desarrollo social incluyente, que impulse el desarrollo integral de la población con políticas públicas sostenibles e innovadoras. Es por ello que se cuenta con el Sistema de Monitoreo y Evaluación de los Programas Sociales Estatales (SIMEG), así como el Sistema de Evaluación del Estado de Guanajuato (SEEG) como la instancia de coordinación para el cumplimiento de los objetivos, métodos y actividades de la evaluación de las intervenciones públicas. El objeto del SEEG es generar y usar información que fortalezca la formulación de políticas públicas y el mejoramiento de la gestión del sector público, se destaca por ser una solución que genera información para la mejora continua del gasto público basada en evidencia que conjunta y alinea los esfuerzos de evaluación en el estado, incluyendo a la ciudadanía en la toma de decisiones en materia de evaluación, aprovechando la experiencia del diagnóstico del sector social. El SEEG no genera un impacto presupuestario ni en estructuras orgánicas, ya que todos los cargos de los integrantes de los distintos órganos que lo integran son de carácter honorifico. Cuenta con un Consejo Estratégico, que funge como el órgano de dirección del Sistema, donde se incluyen con voz y voto a cuatro representantes ciudadanos del Consejo de Análisis Estratégico, del Observatorio Académico de Desarrollo Social y Humano y del Consejo de Contraloría Social. En su carácter de órgano directivo, el Consejo define las orientaciones estratégicas del Sistema: aprueba el plan de trabajo, los estatutos y los lineamientos; valida los mecanismos de cooperación y coordinación; aprueba la agenda anual de evaluación, los términos de referencia y metodologías de evaluación; aprueba los mecanismos para la instrumentación de los aspectos susceptibles de mejora (ASM); y valida los mecanismos para la difusión de los avances y resultados del Sistema; entre otros. De igual manera, cuenta con un grupo consultivo integrado por representantes de la academia y por personas con trayectoria destacada de las actividades productivas y con perfil de investigación, experiencia, capacidad o conocimientos en materia de evaluación. Por su parte el Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato, tiene a su cargo la Secretaría Técnica del Sistema, encargándose de coordinar sus labores; en tanto que el grupo coordinador se integra por diversos servidores públicos adscritos a las dependencias y entidades con atribuciones en materia de evaluación, colaborando como el brazo operativo del SEEG. 2.3 De la participación ciudadana. En la exposición de motivos señalada por el iniciante, refiere que es necesario fortalecer la participación ciudadana, al respecto, quienes dictaminamos, consideramos que dentro de la evaluación en la materia de Desarrollo Social ya se cuenta con representación ciudadana, pues como ya se ha mencionado, el Sistema de Evaluación del Estado de Guanajuato (SEEG), integra a cuatro representantes ciudadanos del Consejo de Análisis Estratégico, del Observatorio Académico de Desarrollo Social y Humano y del Consejo de Contraloría Social. Aunado a lo anterior, es importante señalar que en la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato se establece el Consejo Consultivo para el Desarrollo Social y Humano, como órgano permanente de conformación plural, que tiene por objeto brindar asesoría y consulta especializada a la Secretaria, el cual tiene entre sus atribuciones, emitir opiniones y formular propuestas sobre la aplicación y orientación de las políticas públicas en materia de desarrollo social y humano; analizar y proponer los programas y acciones que incidan en el cumplimiento de las políticas públicas en materia de desarrollo social y humano; proponer la realización de estudios de investigación en materia de desarrollo social y humano, así como de aquéllos que sustenten el diagnóstico, instrumentación y evolución, de políticas públicas y sus programas, entre otras. Dicho consejo es integrado por representantes ciudadanos, de los sectores social y privado, así como de los ámbitos académico, científico y cultural vinculados con el desarrollo social y humano. 2.4. En cuanto al impacto presupuestal. Del análisis realizado a la propuesta de iniciativa, se considera que el iniciante no contempló el impacto presupuestal con los alcances cuantificables acorde al diseño para la estructura operativa necesaria para el organismo que pretende en su constitución de descentralizado, pues debió tomar como referencia la estructura organizacional y la remuneración de sus plazas, equiparándola con el tabulador de sueldos y salarios del Gobierno del Estado de Guanajuato, dando como resultado un impacto presupuestal anual de hasta $84.5 millones de pesos, para el desarrollo de sus funciones, por lo que consideramos que no es viable, pues como ya se hizo referencia, las atribuciones en materia de evaluación en la materia ya se encuentran dentro de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Poder Ejecutivo. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 171 la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos proponer a la Asamblea la aprobación del siguiente: ACUERDO Único. La Sexagésima Quinta Legislatura, ordena el archivo definitivo de la iniciativa formulada por el diputado David Martínez Mendizábal integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Guanajuato, Gto., 30 de agosto de 2022 La Comisión de Desarrollo Económico y Social Dip. Miguel Ángel Salim Alle Presidente Dip. Alejandro Arias Ávila Secretario Dip. Víctor Manuel Zanella Huerta Vocal Dip. Janet Melanie Murillo Chávez Vocal Dip. Martha Edith Moreno Valencia Vocal