C. PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO. P R E S E N T E. A esta Comisión de Hacienda y Fiscalización le fue turnada para efectos de su estudio y dictamen, la propuesta de punto de acuerdo formulada por la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a efecto de ordenar a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato la práctica inmediata de una auditoría específica a los actos de dominio que derivaron en la desafectación del que pertenecía al Jardín de Niños Juan Aldama en el municipio de León, así como a su posterior enajenación a favor del empresario Gabriel Alfonso Padilla Cordero. Analizada la propuesta de referencia, con fundamento en los artículos 75, 89, fracción V, 112, fracción XV y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos rendir el siguiente: D i c t a m e n I. Antecedentes La diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, en sesión ordinaria celebrada el 21 de octubre de 2021 presentó la propuesta de punto de acuerdo a efecto de que se ordene a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato la práctica de la auditoría referida en el proemio del presente dictamen. La referida propuesta se turnó por la presidencia a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen en la parte correspondiente al punto primero del acuerdo, con fundamento en la fracción XV del artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, misma que se radicó en la reunión celebrada el 26 de octubre del año en curso. En dicha reunión se acordó requerir al Auditor Superior del Estado la elaboración de una ficha técnica respecto a dicha propuesta, misma que dicho funcionario expuso a esta Comisión en la reunión celebrada el 9 de diciembre del año en curso. II. Consideraciones de la proponente En las consideraciones expuestas por la proponente se refiere lo siguiente: No cabe duda de que la corrupción política sigue siendo uno de los grandes problemas de nuestro país, gracias a lo cual subsiste un régimen de acumulación privada a través del Estado. Debido a que en muchas entidades aún prevalece esa forma de acumulación, como herencia del viejo régimen, sistemáticamente se concreta la apropiación de lo público para fines privados. Así, se ha dado un aumento desmedido de la desigualdad social, pues los recursos públicos que deberían destinarse para garantizar las necesidades colectivas, se desvían mediante diversos instrumentos a la satisfacción de perversos intereses privados En ese sentido, esa forma de corrupción genera violaciones a los derechos humanos al afectar el principio de progresividad, impidiendo el máximo uso de recursos disponibles para la garantía de los derechos . De esta forma, tanto la apropiación de lo público por intereses privados, y la consecuente violación a los derechos humanos por la desviación de recursos, se ven reflejados claramente con el despojo, del terreno de 1,050 metros cuadrados que pertenecía al Jardín de niños Juan Aldama en el municipio de León, a favor del empresario Gabriel Alonso Padilla Cordero, con el apoyo cómplice de las autoridades del ayuntamiento de León, así como del gobierno del Estado mediante la Secretaría de Educación. Cabe señalar, que el señor Gabriel Alfonso Padilla Cordero no es cualquier empresario, sino alguien muy cercano a los grupos de poder dominante en el Estado, cercanía que le ha permitido hacer otros jugosos negocios desde hace algunos años. Por ejemplo, ese empresario es accionista mayoritario de la inmobiliaria Multiservicios Nordika, propietaria de la oficina conocida como G100, por la que el actual gobernador Diego Sinhue paga más de 500 mil pesos mensuales de renta. No tenemos ninguna duda: el procedimiento que va desde la solicitud del Municipio de León a la Secretaría de Educación Pública para modificar el área de donación del inmueble correspondiente al Jardín de Niños Juan Aldama, hasta la adjudicación del mismo a favor de Gabriel Alfonso Padilla Cordero, está plagado de irregularidades bien organizadas por las autoridades. Para empezar, resulta esclarecedor que mientras se iniciaba el procedimiento para desafectar del dominio público dicho bien inmueble, también se autorizaba al empresario y amigo del gobernador Diego Sinuhe para que construyera la ampliación del jardín de su propiedad que coincidentemente colindaba con el terreno que arrebataría más adelante al preescolar. Literalmente, estaban preparando el terreno. Así, una vez logrado el despojo del terreno del kínder, la propiedad del empresario ya contaba con 1,050 metros cuadrados adicionales. Con ello, la bien aceitada maquinaria de la corrupción en el Estado había funcionado otra vez a la perfección. Es evidente que para el hurto de ese bien público en perjuicio del derecho a la educación de las niñas y niños, las autoridades del Estado y el Municipio se coordinaron muy bien para alcanzar su fin ilícito, pues para ello, se valieron del engaño y mintieron durante todo el procedimiento administrativo. Por ejemplo, para justificar la desafectación pública de una parte del kínder, afirmaron falsamente que ese terreno formaba parte de otros inmuebles que estaban ocupados de manera irregular, o que eran un foco de contaminación; incluso, llegaron al extremo de señalar que podía ser utilizado como centro de escondite de delincuentes. Además de lo anterior, de acuerdo con información difundida por el laboratorio de periodismo y opinión pública POPLab , el terreno fue vendido a un precio muy por debajo de su valor real, lo que estaría cerrando la pinza de la trama ilícita y actualizando con ello un daño al erario y por ello, al menos, una falta administrativa; sin embargo, es probable que esto pueda constituir también un desvío de recursos, lo cual actualizaría una falta administrativa grave de acuerdo con lo que establece la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato en su artículo 54. No nos pasa por alto que el ayuntamiento entrante ha anunciado su interés por investigar las irregularidades detectadas en el procedimiento administrativo antes mencionado; no obstante, consideramos necesario que se utilicen otros instrumentos que abonen al esclarecimiento de lo sucedido, y sobre todo al deslinde de las responsabilidades correspondientes Estamos conscientes de que las autoridades que en el papel están definidas para investigar estos hechos, forman parte de la maquinaria corruptora en la entidad. Quienes tramaron estos hechos ilícitos, saben que cuentan con el fiscal carnal para cubrirles las espaldas y archivar cualquier imputación penal que se iniciara en su contra. Asimismo, sabemos muy bien que la Auditoría Superior del Estado obedece a esos mismos intereses de grupos de poder en el Estado. Sin embargo, utilizamos las herramientas institucionales con las que contamos porque no tenemos de otra, no porque de verdad e ingenuamente esperemos resultados apegados a la verdad y a la justicia, No obstante, no dejaremos de denunciar tan aberrantes actos emanados desde el poder político en la entidad, y de exigir que se restituya ese bien inmueble a la institución educativa, y se deslinden las responsabilidades correspondientes… III. Consideraciones de la Comisión En las consideraciones expuestas en la propuesta que se dictamina se refieren presuntas irregularidades en el proceso realizado para la enajenación del bien inmueble que ocupa el jardín de niños Juan Aldama en el municipio de León, Gto., en favor de un particular. En tal sentido, quienes integramos esta Comisión consideramos que la función de control es uno de los mecanismos que preservan el equilibrio entre los poderes públicos y asegura la vigencia de la ley como un instrumento que somete toda actuación de la autoridad y preserva las garantías y derechos de los ciudadanos. La vigilancia y el control sobre el ejercicio de los recursos públicos encomendados a las autoridades es una de las funciones primordiales que tiene el Poder Legislativo como responsable originario de esa función de control. De acuerdo a lo antes señalado, coincidimos con la proponente en la necesidad de transparentar los actos que realicen el Estado y los municipios sobre el patrimonio inmobiliario estatal o municipal a fin de que se de cumplimiento a las normas jurídicas aplicables y que no generen detrimento a a la hacienda pública. Derivado de la propuesta de punto de acuerdo materia del presente dictamen, la Auditoría Superior del Estado, mediante oficios números ASEG/DGAJ/336/2021, ASEG/DGAJ/335/2021 y ASEG/DGAJ/334/2021, de fecha 5 de noviembre de 2021 solicitó información a la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y al órgano interno de control del municipio de León, Gto., en relación a los hechos señalados en la propuesta de punto de acuerdo. En tal sentido, la encargada de despacho de la Contraloría Municipal de León, Gto., a través del oficio número CM/5674/2021, del 10 de noviembre de 2021, informó que, en fecha 29 de septiembre de 2021 dicho órgano interno de control inició de oficio y derivado de una nota periodística, la investigación de los hechos materia del punto de acuerdo, siendo radicada bajo el número de expediente CM/DCS/84/2021-D3. Derivado de lo cual, el pasado 11 de octubre se recibió diversa denuncia por los mismos hechos por parte del primer síndico del ayuntamiento de León, Gto., refiriendo que la investigación se encuentra en trámite. Por su parte, mediante oficio número 1269/2021, de fecha 16 de noviembre de 2021, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción informó que el 4 de noviembre del año en curso se inició la carpeta de investigación número 119364/2021, en relación a los hechos materia de la propuesta que nos ocupa, la cual se encuentra en trámite, en etapa de investigación inicial y sin que a la fecha exista una determinación al respecto. De igual forma, la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, mediante oficio número DI.B.INV.DEN.973.2021/5933/2021, de fecha 9 de diciembre de 2021, informó que derivado de la denuncia recibida por el Director de Contraloría Social de la Contraloría Interna Municipal de León, Gto., por los hechos referidos en el punto de acuerdo que nos ocupa, a través del oficio número DI.B.INV.DEN.973.2021/4881/2021, en fecha 21 de octubre del año en curso determinó remitir el expediente de investigación identificado con el número INV.DEN.973/2021B al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación del Estado. Asimismo, la Auditoría Superior abrió el expediente de denuncia de investigación de situación excepcional número ASEG/DGAJ/DISE/007/2021 con motivo de los hechos relacionados con los planteados en la propuesta de punto de acuerdo, presentada por el ciudadano Oscar Antonio Cabrera Morón, en su carácter de regidor del ayuntamiento de León, Gto., la cual también se encuentra en trámite. De acuerdo al objetivo de la propuesta de punto de acuerdo que se dictamina consideramos que el mismo resulta atendible. En tal sentido, los hechos materia del mismo, ya son objeto de diversos procesos y procedimientos, los cuales a la fecha se encuentran en trámite, por lo que, se estima innecesario ordenar una auditoría específica, en aras de evitar duplicidades a la luz del Sistema Estatal Anticorrupción y su subsistema de Fiscalización. En razón de lo anterior, consideramos que el objeto de la propuesta de punto de acuerdo ha sido atendido con los actos de fiscalización referidos y ya formalizados, por lo que ha quedado sin materia. No obstante, la Auditoría Superior del Estado deberá realizar el seguimiento a los procesos instaurados por dichas autoridades informando a esta Comisión los resultados de los mismos, y en su caso, los presuntos responsables de los hechos ya señalados. Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, sometemos a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente: A c u e r d o Único. Se determina improcedente la propuesta de punto de acuerdo formulada por la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de que se ordene a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato la práctica inmediata de una auditoría específica a los actos de dominio que derivaron en la desafectación del que pertenecía al Jardín de niños Juan Aldama en el municipio de León, así como su posterior enajenación a favor del empresario Gabriel Alfonso Padilla Cordero, al haber quedado sin materia. Por lo tanto, se ordena su archivo definitivo. Comuníquese el presente acuerdo al Secretario General del Congreso de Estado, para los efectos conducentes. Guanajuato, Gto., 16 de diciembre de 2021 La Comisión de Hacienda y Fiscalización Diputado Víctor Manuel Zanella Huerta Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia Diputado Miguel Ángel Salim Alle Diputado José Alfonso Borja Pimentel Diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández