C. PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO P R E S E N T E. A esta Comisión de Hacienda y Fiscalización le fue turnada para efectos de su estudio y dictamen, la propuesta de punto de acuerdo formulada por la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de que se ordene a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato la realización de una auditoría específica respecto de todas las operaciones realizadas por el Instituto de la Juventud Guanajuatense, correspondientes al periodo comprendido entre los años 2015 al 2020. Analizada la propuesta de referencia, con fundamento en los artículos 75, 89, fracción V, 112, fracción XV y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato nos permitimos rendir el siguiente: D i c t a m e n I. Antecedentes La diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, en sesión ordinaria celebrada el 9 de diciembre de 2021 presentó la propuesta de punto de acuerdo a efecto de que se ordene a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a que realice a la brevedad posible una auditoría específica respecto de todas las operaciones realizadas por el Instituto de la Juventud Guanajuatense correspondientes al periodo comprendido entre los años 2015 al 2020. La referida propuesta se turnó por la presidencia a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen con fundamento en la fracción XV del artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, misma que se radicó el 9 de diciembre de 2021. En dicha fecha se requirió al Auditor Superior del Estado, la elaboración de una ficha técnica respecto a dicha propuesta, misma que se expuso a esta Comisión el 14 de junio del año en curso, por dicho funcionario. II. Consideraciones de la proponente En las consideraciones expuestas por la proponente se refiere lo siguiente: En el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 114, de fecha 17 de julio del año 2007, se publicó el Decreto Gubernativo número 36, mediante el cual se creó el Instituto Estatal de la Juventud de Guanajuato, como un órgano desconcentrado de la Comisión Estatal del Deporte y Atención a la Juventud, con el fin de promover y tutelar los derechos de los jóvenes. Posteriormente, la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado emitió el Decreto número 266 mediante el cual se expidió la Ley para la Juventud del Estado de Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 142, Segunda Parte, del 4 de septiembre de 2009. Con base en dicha ley, el 28 de diciembre del año 2009 fue decretada la extinción del Órgano Desconcentrado denominado Instituto Estatal de la Juventud de Guanajuato, mismo que fue sustituido por el Instituto de la Juventud Guanajuatense, que fue creado mediante el mismo decreto Gubernativo número 130. El Instituto de la Juventud Guanajuatense es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, encargado de la ejecución, promoción e impulso de las acciones en materia de juventud del Gobierno del Estado. Posteriormente, el 16 de diciembre del año 2014, mediante el Decreto Número 205 fue expedida la Ley para la juventud del Estado de Guanajuato. Dicho Instituto, conocido como Guanajuve, tuvo entre sus objetivos el coadyuvar a la reconstrucción del tejido social a fin de garantizar la seguridad, la justicia y la paz social del Estado, mediante el empoderamiento de la sociedad y la creación de oportunidades para que los grupos vulnerables tengan una juventud sana. En el año 2015, el entonces gobernador Constitucional del Estado Miguel Márquez Márquez, nombró a Jorge Romero Vázquez como director del Instituto de la Juventud Guanajuatense y el actual gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo lo ratificó en dicho cargo; por lo que Jorge Romero continuó ocupando la dirección del Guanajuve hasta el año 2020. Durante los 5 años en que Jorge Romero se mantuvo en el cargo, tuvo bajo su responsabilidad el manejo de cuantiosas sumas de recursos públicos destinados a la creación y seguimiento de políticas públicas destinadas a lograr el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las y los jóvenes guanajuatenses, garantizando con ello un desarrollo integral que les permita cumplir su proyecto de vida. Para poner solo algunos ejemplos, para el ejercicio fiscal del año 2020 en la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado fueron etiquetados recursos por un total de $29’069,077.67, en el ejercicio fiscal del año 2019 fueron $29’956,899.25 y en 2018 se asignaron $29’390,909.25 Durante el ejercicio 2020 el presupuesto contempló asignaciones para el proyecto denominado “Q0300 Desafío Joven”, mismo que estuvo a cargo del Instituto y que tuvo como objetivo contribuir a la participación activa de los jóvenes en los ámbitos de desarrollo, buscando que lo hagan ser más competitivo en su entorno. Asimismo, buscaba contribuir a elevar el nivel de competitividad de la juventud, considerando las condiciones y habilidades particulares de cada aspirante para poder generar un mayor impacto en su crecimiento profesional . A través de este programa se entregaban apoyos directamente a los beneficiarios a través de becas, premios y proyectos. Igualmente, en el año 2020 el Guanajuve implementó el “Programa Q0302 Sé Jóven, Sé Tú” ; cuyo objetivo fue posicionar la atención de los jóvenes a través de acciones ejecutadas por las instancias de juventud dependientes de los gobiernos municipales, considerando las condiciones particulares y el contexto específico de la comunidad, mediante acciones que contribuyan a la prevención de riesgos psicosociales, al fortalecimiento de su identidad y valores, a la generación de proyectos de vida para la población joven del Estado. En el mismo sentido, en el ejercicio 2020 fue ejecutado por el Instituto el programa “Q0401 Juventud de Grandeza” , con la finalidad de fortalecer la formación de los Jóvenes, su integración y participación en la sociedad, mediante la realización de acciones que contribuyan a la prevención de riesgos psicosociales, al fortalecimiento de su identidad y valores, así como a la generación de proyectos de vida para la población Joven del Estado. Asimismo, a lo largo de su existencia, el Guanajuve celebró diversos convenios de coordinación y alianzas con otras instituciones del estado y de la Federación, que le permitieron implementar acciones, programas y manejar recursos para llevar a cabo sus funciones y ampliar sus áreas de atención. Siendo de tal magnitud el ámbito de acción del Instituto que dirigía Jorge Romero Vázquez y la cantidad de recursos públicos de carácter estatal y federal que él tenía a su cargo, es que resulta necesario que la Auditoría Superior del Estado realice una revisión a las operaciones realizadas por el Instituto de la Juventud Guanajuatense durante su gestión. Lo anterior en virtud de que durante las últimas semanas el entonces Director del Instituto y ahora Diputado Federal electo, ha sido acusado de cometer cuando menos dos delitos de violación; acusaciones que sin lugar a dudas ponen en entredicho su honorabilidad, objetividad y probidad para desempeñar cualquier cargo público; máxime uno que le permitía amplios márgenes de discrecionalidad en el manejo de programas, acciones y recursos. Al respecto, es importante destacar que además de las denuncias formalmente interpuestas ante la Fiscalía General del Estado, hay otras víctimas que han manifestado haber sido coaccionadas a realizar actividades en contra de su voluntad a cambio de obtener becas o programas del Instituto de la Juventud Guanajuatense. Sin lugar a dudas, todas esas acusaciones ponen en tela de juicio el manejo que se dio a Guanajuve durante el tiempo que duró la titularidad de Jorge Romero y permiten suponer la existencia de tráfico de influencias, el desvío de recursos públicos y el uso indebido de atribuciones y facultades por parte del funcionario. Si bien es cierto que el multicitado Instituto ya no existe, pues con la aprobación de la Ley de las Juventudes del Estado de Guanajuato en septiembre de 2020, se creó el organismo denominado Instituto de Atención y Desarrollo de las Juventudes de Guanajuato o Juventudes Gto; mismo que fusionó al Instituto de Financiamiento e Información para la Educación con el Instituto de la Juventud Guanajuatense. Este nuevo instituto absorbió las funciones, programas y proyectos de Educafin y Guanajoven, intentando optimizar los recursos públicos, aumentar la cobertura y potencializar el impacto social que pudieran generar. También lo es, que el Instituto de la Juventud Guanajuatense tuvo durante muchos años un amplio presupuesto, sin que hasta el momento se cuente con una revisión integral de la aplicación de los recursos y los resultados obtenidos. Al respecto, una auditoría como la que se pretende se lleve a cabo, permitiría conocer a este Congreso cuál fue el manejo que durante todos esos años se le dio a los recursos públicos encomendados para el funcionamiento del Instituto y en su caso si el ex funcionario responsable de ese manejo actuó de acuerdo con los valores que exige el servicio público. III. Consideraciones de la Comisión En las consideraciones expuestas en la propuesta que se dictamina se señala la necesidad de fiscalizar los recursos asignados en su momento al Instituto de la Juventud Guanajuatense para los diversos programas destinados a la atención de las y los jóvenes del Estado. En razón de lo anterior, se propone la práctica de una auditoría específica respecto a las operaciones realizadas por dicho Instituto, correspondientes al periodo comprendido entre los años 2015 al 2020. En tal sentido, quienes integramos esta Comisión consideramos que la vigilancia y el control del ejercicio de los recursos públicos encomendados a los sujetos de fiscalización es una de las funciones primordiales que tiene el Poder Legislativo como responsable originario de esa función de control. La administración, ejercicio, aplicación y control de los recursos públicos deben destinarse al sostenimiento y prestación de las funciones y servicios públicos estatuidos por las leyes, las que establecen los mecanismos e instrumentos para que se cumplan y cuando tales objetivos no son observados, están creados los instrumentos y las autoridades que aplicarán las acciones preventivas, correctivas y sancionadoras conducentes a restablecer el orden jurídico quebrantado por las acciones u omisiones de los servidores públicos responsables. El Congreso del Estado cumple con su función de control y de supervisión del manejo y aplicación de los recursos públicos a cargo de los poderes del Estado, los ayuntamientos y los organismos autónomos, a partir de la aprobación de las leyes tributarias que autorizan su obtención y aplicación; y de aquellas leyes que previenen y sancionan el uso indebido que se realice sobre dichos recursos. También lleva a cabo esta función indispensable para el Estado de Derecho, cuando fiscaliza y audita la aplicación de los caudales públicos. El artículo 116, fracción II, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que: «Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de Estados y Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán carácter público.» La Auditoría Superior del Estado, de conformidad con el artículo 66 de la Constitución Política local, tiene autonomía técnica, de gestión y presupuestaria en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley; señalando además que la función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de objetividad, independencia, transparencia, legalidad, definitividad, imparcialidad, confiabilidad y profesionalismo. Las dependencias y entidades de la administración pública estatal son sujetos de la función de fiscalización del Congreso del Estado, según se desprende de los artículos 63 fracciones XVIII y XXVIII; y 66 de la Constitución Política local y 2, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato. De acuerdo a lo antes señalado, coincidimos con la proponente en la necesidad de fiscalizar los recursos públicos para verificar que los mismos se apliquen de conformidad con la legislación aplicable. De la propuesta podemos desprender la pretensión de la realización de una auditoría específica con enfoque financiero y de cumplimiento al entonces denominado Instituto de la Juventud Guanajuatense, por los ejercicios fiscales de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. En la información proporcionada por la Auditoría Superior del Estado, se señala que durante los ejercicios fiscales de 2015, 2016, 2017, 2018 y 2020, el Instituto de la Juventud Guanajuatense no fue sujeto a revisión bajo procedimientos sustantivos por parte de dicho órgano técnico, en razón de la selección y revisión de los riesgos aplicados; refiriendo que los análisis realizados en planeación están vinculados con la generalidad del sujeto fiscalizado, los sistemas transaccionales, de control interno, de materialidad presupuestal, de visibilidad y relevancia, así como de posibles riesgos asociados, entre los que destacan: Actas de órgano de gobierno y adquisiciones, notas periodísticas, publicaciones en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado, análisis de demandas, informes de auditoría emitidos por Órganos Internos de Control, auditorías externas y por la propia Auditoría Superior del Estado, sistemas transaccionales (Tesorería, ingresos, bienes muebles e inmuebles, servicios personales, ayudas y subsidios, deuda, entre otros); variaciones presupuestales, saldos de cuenta de balance y resultados, bancos, proveedores y contratistas, enajenación y adquisición de bienes muebles e inmuebles, procesamiento de CFDI (XML). La realización de dichos análisis contempla la generalidad de las diversas unidades responsables en el Poder Ejecutivo, incluyendo al propio Instituto de la Juventud Guanajuatense. Por lo que respecta al ejercicio fiscal de 2019, se incluyó en la revisión de la cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado al Instituto de la Juventud Guanajuatense con el siguiente alcance: Ejercicio Tipo de Revisión /Auditoría Porcentaje revisado de ingresos Porcentaje revisado de egresos 2019 Revisión de cuenta pública 100* 70* *El detalle de los alcances se muestran en el Anexo 13_Alcances_Paraestatal_INJUVE del Informe de Resultados de la Revisión de Cuenta Pública 2019 del Poder Ejecutivo Entre otros conceptos, se seleccionaron erogaciones de la cuenta 5241441000 denominada «Ayudas Sociales a Personas» del Programa Q0300 «Desafío Joven», en el que se encuentran las siguientes vertientes: I. Impulso Joven; II. Hecho Joven; III. Espacios de Participación Juvenil; y IV. Premio Estatal de la Juventud. De conformidad con lo establecido en los artículos 33 y 34 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, no pueden fiscalizarse los conceptos de las cuentas públicas o realizarse auditorías, cuando excedan los cinco años previos al inicio de su revisión o práctica y que el proceso de fiscalización caduca en un plazo de cinco años, contados a partir del día siguiente de la fecha señalada para su inicio, por lo que resulta improcedente una auditoría a los ejercicio fiscales de 2015, 2016 y 2017; y respecto al ejercicio 2019 en la cuenta pública del Poder Ejecutivo del Estado se revisó el 100% de los ingresos del referido Instituto, entre otras erogaciones. Derivado de lo anterior y atendiendo a que en el Programa General de Fiscalización 2022 se contemplan 272 actos de fiscalización, por lo que, de acuerdo a dicho Programa, así como al Programa Operativo Anual y la capacidad institucional instalada, la incorporación de actos de fiscalización adicionales a los ya programados, incidiría directamente en la cobertura, calidad y tiempos de la fiscalización, en detrimento del citado programa y de los actos de fiscalización previamente planificados. En razón a lo antes señalado y privilegiando la realización de los actos de fiscalización ya contemplados en el Programa General de Fiscalización de la Auditoría Superior del Estado para el presente ejercicio fiscal, mismo que consideró una planeación estratégica, así como al cumplimiento de dicho programa en tiempo y calidad de los actos programados, así como a la capacidad institucional instalada de dicho Órgano Técnico, determinamos no autorizar la realización de la auditoría propuesta, atendiendo además a que en la revisión de la cuenta pública del Poder Ejecutivo del Estado del ejercicio 2021 la Auditoría Superior del Estado podrá incluir los hechos que correspondan a dicho ejercicio planteados por la proponente en la planeación y ejecución de dicha revisión, lo cual se contendrá en el informe de resultados de la revisión de la citada cuenta pública. Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, sometemos a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente: A c u e r d o Único. Se determina improcedente la propuesta de punto de acuerdo formulada por la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a efecto de ordenar a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato a que realice a la brevedad posible una auditoría específica respecto de todas las operaciones realizadas por el Instituto de la Juventud Guanajuatense correspondientes al periodo comprendido entre los años 2015 al 2020. En consecuencia, se ordena su archivo definitivo. Comuníquese el presente acuerdo al Secretario General del Congreso de Estado, para los efectos conducentes. Guanajuato, Gto., 16 de junio de 2022 La Comisión de Hacienda y Fiscalización Diputado Víctor Manuel Zanella Huerta Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia Diputado Miguel Ángel Salim Alle Diputado José Alfonso Borja Pimentel Diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández