- Diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo - -Con fundamento en lo dispuesto por el primer párrafo del artículo cincuenta y siete de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, así como lo establecido en los artículos ciento setenta y siete y doscientos cuatro de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, me permito someter a la consideración de esta asamblea para su aprobación la siguiente propuesta de punto de acuerdo de urgente y obvia resolución de conformidad con las siguientes consideraciones: El pasado 10 de octubre se renovaron los cuarenta y seis ayuntamientos del Estado de Guanajuato y cuatrocientos setenta ediles, entre sindicaturas y regidurías tomaron protesta para servir a sus respectivos municipios; muchos de esos ciudadanos guanajuatenses se integraron a los cabildos por primera vez, a excepción de aquellos que resultaron reelectos; de este periodo de un poco más de un mes en que tomaron posesión muchos o algunos transportistas, empresarios, transportistas, aprovechando que han llegado nuevos ayuntamientos y que en muchos casos apoyaron económicamente en campañas electorales, presionan para que se autorice un incremento en las tarifas del transporte público. Desde el grupo parlamentario de Morena manifestamos un total rechazo al pretendido aumento de tarifas de transporte público, por considerar que dicha medida contraviene el esfuerzo que está haciendo el Gobierno Federal para atemperar la crisis económica que afecta con dureza a la clase trabajadora y sus familias. Los esfuerzos del Gobierno federal para mantener los precios de los combustibles durante el transcurso de estos tres años y apoyar a los que menos tienen son evidentes; por lo mismo no es justificado el incremento del transporte en los municipios del estado de Guanajuato. Aumentar el costo de la tarifa en el transporte constituye una acción unilateral que pareciera estar motivada por intereses económicos y electorales y no por una mejora en el servicio que históricamente ha sido deficiente y peligroso. Según el reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la pobreza extrema en Guanajuato en 2018 dos mil dieciocho era de doscientos diecisiete mil personas; en dos mil veinte suman doscientas ochenta y dos mil en esta situación; esto quiere decir que no cuentan con recursos para consumir lo básico. En 2018 el 41.5 por ciento estaba en situación de pobreza; hoy en cifras globales casi el cincuenta por ciento de los guanajuatenses se encuentran en situación de pobreza, sumando a esto la pandemia que vivimos, que ha generado complicaciones a nivel nacional e internacional y que nos ha obligado a modificar muchos aspectos de nuestra vida y, principalmente afectando la economía en todos los niveles; mundial, nacional, estatal, municipal incluso familiar en su unidad más pequeña; por lo que hoy más que nunca tenemos que ser solidarios y consecuentes con el apoyo a los que menos tienen para las usuarias y usuarios de transporte público también representa un suplicio cotidiano porque se tolera maltrato y algunos operadores; porque no se respetan reglamentos, se invaden carriles confinados, se provocan accidentes viales y las personas que han sufrido lesiones porque han perdido la vida, lamentablemente no son indemnizados por los empresarios transportistas porque las unidades no cuentan con un seguro de pasajeros. La Comisión Nacional de Derechos Humanos nos dice que toda persona tiene derecho a la alimentación, a la vivienda, pero también tienen derecho a la movilidad; el detalle es que muchas personas recurran a tomar hasta cuatro camiones por día para realizar sus labores y un incremento a la tarifa del transporte público sería lastimar, severamente los bolsillos e ir en contra del derecho a la movilidad; hoy la ciudadanía busca una mano amiga en los gobiernos municipales y estatales y evidentemente, esta no es la forma de hacerlo; autorizar un incremento en el transporte público sería imprudente e insensible; a cambio de incrementar las tarifas del transporte, los dueños de las concesiones prometen mejorar el servicio, renovare incrementar las unidades para que se cuente con un transporte de calidad; pero en los municipios donde se les apoyado económicamente a los transportistas, a los empresarios transportistas, ya sea con la autorización del aumento en las tarifas o con subsidios estatales y municipales para hacer lo que hoy prometen, nunca te ha cumplido; es más, otro ejemplo es la inmensa mayoría de unidades de transporte que no cuentan con kids de seguridad, que consiste en las cámaras de video, botón de pánico y la geolocalización. Los ayuntamientos del Estado del Estado de Guanajuato no deben autorizar aumentos en las tarifas del transporte público, primero, porque las mejoras no han sido suficientes; incluso son inexistentes y lo vuelvo a repetir, porque hoy la economía familiar, debido a una pandemia mundial ha traído desempleo, problemas familiares, situaciones sociales dolorosas; aumentar las tarifas sería otro duro golpe a los habitantes de Guanajuato y a los ciudadanos más desprotegidos de la población. Con todo esto, lo descrito en este documento resulta difícil creer que el aumento en el costo de la tarifa realmente producirá alguna mejora en los servicios; puesto que los aumentos anteriores no han traído consigo progreso alguno y no existe manera certera de corroborar que las concesionarias cumplirán con sus promesas de mejoría. Esta sexagésima quinta legislatura del estado de Guanajuato acuerda girar un atento exhortó al Gobierno del Estado de Guanajuato, así como a los 46 ayuntamientos para que no autoricen el incremento de las tarifas al transporte público; y para el caso de que el aumento se establezca, se sirva informar a la brevedad posible a este Congreso, los criterios técnicos y económicos bajo los cuales se autoriza la nueva tarifa; segundo, esta sexagésima quinta legislatura del Estado de Guanajuato acuerda girar un atento exhorto a los 46 ayuntamientos a generar mecanismos de revisión de los servicios brindados por el transporte público y una revisión exhaustiva de las concesiones vigentes es cuánto.