DICTAMEN QUE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES PRESENTA AL PLENO DEL CONGRESO, DE LA PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO FORMULADA POR LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL A FIN DE EXHORTAR AL GOBIERNO MUNICIPAL DE LEÓN PARA QUE ATIENDA LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y REMITA A ESTA ASAMBLEA UN INFORME INTEGRAL SOBRE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS QUE SE VAN A IMPLEMENTAR PARA GARANTIZAR LA SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD, LIBERTADES Y DERECHOS DE LAS MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES POR PARTE DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DURANTE EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES (ELD 69/LXV-PPA). A la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables le fue turnada para estudio y dictamen, la propuesta de punto de acuerdo formulada por las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a fin de exhortar al Gobierno Municipal de León para que atienda las recomendaciones emitidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y remita a esta asamblea un informe integral sobre las acciones correctivas y preventivas que se van a implementar para garantizar la salvaguarda de la integridad, libertades y derechos de las mujeres, niñas y adolescentes por parte del personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana durante el ejercicio de sus funciones. Analizada la propuesta de referencia, esta Comisión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 89 -fracción V- y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato rinde el dictamen, con base en las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S PROCESO LEGISLATIVO. En sesión ordinaria del 16 de diciembre de 2021 ingresó la propuesta; misma que, con fundamento en el artículo 106 -fracciones IX y XI- de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, se turnó por parte de la presidencia del Congreso a esta Comisión legislativa para su estudio y dictamen. La Comisión en reunión de fecha 12 de enero de 2022 dio cuenta con la propuesta de punto de acuerdo. Propósito de la propuesta de punto de acuerdo. En las consideraciones de la propuesta se puede leer que: El pasado 16 de octubre, la policía municipal de León detuvo de manera arbitraria a Dulce, una menor de 12 años, cuando se dirigía a la tienda y, desde ese momento, el proceso estuvo lleno de errores y omisiones por parte de las autoridades, atentando así contra el interés superior de su niñez y cometiendo una grave violación a sus derechos humanos. Sobre esto, integrantes del Colectivo Madres Guerreras de León, la agrupación que al enterarse del caso se puso en contacto con la mamá de Dulce para proporcionarle el apoyo necesario para su localización, a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, mencionan que, dentro de estas omisiones se encuentran: la comisión de amenazas en contra de la menor por parte de los policías que la detuvieron, el no haber notificado sobre su detención a las instancias correspondientes, como lo es la Procuraduría de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el haber permitido que personas que no eran sus familiares se la llevaran y una de las situaciones que más preocupa y que más llama la atención: el no haber actuado de manera inmediata ante las denuncias de su desaparición, sino hasta casi dos meses después, cuando el caso se hizo público, y porque ya les era imposible seguirlo ignorando. No obstante, cabe resaltar que una vez que se reconoció la situación, algunas autoridades, todavía en un intento de minimizar la responsabilidad municipal, revictimizaron a la familia, como se muestra en un video que circula en redes sociales, donde se aprecia a la Regidora Luz Graciela Rodríguez, mencionando, que, “más allá de todo el proceso y todo lo que se llevó a cabo de la detención” a ella lo que le más le preocupaba era “¿Dónde estaba la familia?”. Declaración emitida desde su privilegio y probablemente sin tener conocimiento de que en ese momento la familia de Dulce se encontraba trabajando precisamente para poder reunir el dinero correspondiente para pagar la multa. Cuando lo reunieron y fueron por ella y Dulce ya no estaba, la habían dejado salir sin supervisión alguna. Primero, porqué detuvieron a una niña de 12 años, qué riesgo real inminente representaba, qué delitos estaba cometiendo o qué supuestos de flagrancia había, si fuera el caso, que tuvieron que recurrir a una medida de detención para atenderlo cuando, para el caso de un menor de doce años de edad la única medida de seguridad aplicable debe ser la custodia, a fin de salvaguardar su integridad personal, en tanto se entrega a la Agencia del Ministerio Público especializada. No es aplicable el uso legítimo de la fuerza. Pero la detuvieron, y desde que lo hicieron adquirieron la responsabilidad de salvaguardar su integridad y bienestar puesto que se encontraba bajo su custodia. El que la policía haya dejado salir a Dulce sin notificarle a su familia sobre su estado o destino, además de haberla puesto en riesgo, también viola lo establecido en los protocolos en la materia y que se encuentran amparados por la Constitución y Tratados Internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, donde claramente se señala que en los casos de detenciones de menores por parte del Estado, este tiene la obligación de notificar a su familia o tutores sobre su paradero, cosa que no sucedió y con esta omisión se pone en duda la legitimidad de todos los procedimientos llevados a cabo por las autoridades para efectuar las detenciones de niñas, niños y adolescentes. ¿Cuántas detenciones de menores no se efectuarán con esta misma modalidad, condiciones o circunstancias? Atentando contra el principio del interés superior de la infancia que consagra que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que cualquier autoridad, antes de tomar una medida respecto de ellos, adopte aquellas que promuevan y protejan sus derechos y no aquellas que los transgredan. Afortunadamente, Dulce fue localizada con vida este sábado 11 de diciembre y si bien, aunque ya las autoridades municipales admitieron las violaciones cometidas hacia sus derechos por parte de los elementos que la detuvieron, reconocieron el incumplimiento de los estándares para garantizar su seguridad y comenzaron las investigaciones internas pertinentes para sancionar a quienes resulten responsables, lamentablemente esto no resulta suficiente para frenar la manera en cómo se conduce la policía leonesa marcada por la represión policial y violaciones a los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes y que han sido una constante desde que Mario Bravo Arrona fue designado como Secretario de Seguridad Pública de León en junio del 2019. Prueba de ello es, que, de acuerdo con información proporcionada a distintos medios de comunicación por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, actualmente León es el municipio del estado con más expedientes de queja iniciados en contra de sus elementos de policía por haber cometido presuntas violaciones de derechos humanos, con un acumulado de 105 expedientes hasta el pasado 10 de diciembre, mismos que representan un aumento del 84% en relación con los 57 casos recibidos durante el 2020 , año en el que, en particular, sobresalieron las represiones y agresiones cometidas contra mujeres por parte de los elementos de policía, poniendo en riesgo su seguridad y violando sus derechos. Haciendo una breve recapitulación sobre el tema, podemos recordar que, en febrero del 2020, cuatro policías municipales de León fueron denunciados ante la Secretaría Técnica de Honor y Justicia por cometer acoso sexual en contra de una mujer que se encontraba caminando por una de las calles más transitadas del centro de la ciudad . Posteriormente, en agosto del mismo año, se presentó el caso de Evelyn, quien fue víctima de agresiones sexuales también por parte de quienes en aquel entonces eran elementos de la policía municipal de León y que se acercaron a ella con el pretexto de una “revisión de rutina” . Al hacer público el caso, distintos colectivos feministas de la ciudad convocaron a una marcha que se realizó el 22 de agosto de ese mismo año para exigir respuesta de las autoridades y justicia para Evelyn. Lamentablemente, la justicia no llegó, y por el contrario, la respuesta por parte de la autoridad fue una represión policial pocas veces vista en el estado, pues durante la protesta al menos 22 mujeres fueron detenidas de manera arbitraria, entre las que se encontraban 4 menores de edad y además, 4 reporteras fueron violentadas por parte de elementos de policía, resaltando incluso que las diferentes delegaciones policiales se negaron a proporcionar información sobre el estado y paradero de las mujeres detenidas , lo que evidenció un total desconocimiento en materia de derechos humanos y la nula aplicación de los Protocolos en los operativos por parte de quienes integran la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio. Sobre estos acontecimientos, la postura tomada por el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Alvar Cabeza de Vaca, fue mas que penosa, cuando en una entrevista dejó entrever una vez más, el pacto patriarcal existente entre las corporaciones encargadas de velar por la seguridad de la sociedad, pues no solamente justificó esta represión policial criminalizando y estigmatizando a las mujeres por haberse manifestado, sino que también la respaldó públicamente . Más recientemente, a inicios de este 2021 se registraron otros dos hechos, el primero, cuando en enero padres de familia se manifestaron en las instalaciones de la Central de Policía para denunciar el robo y abuso sexual cometido en contra de dos menores de edad por parte de elementos de policía durante “una revisión de rutina” en la Colonia Vista Hermosa, y el segundo, cuando dos policías de la misma corporación fueron señalados de abusar sexualmente de otra menor en la colonia Las Joyas . De estos hechos han surgido diversas recomendaciones por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos, como lo son las emitidas el pasado 26 de febrero de este año, donde además de reconocer a la autoridad municipal como la responsable de las violaciones cometidas en contra de los derechos a la libertad, reunión, expresión, seguridad e integridad personal de las mujeres, niñas y adolescentes, también se solicitaba, entre otras cosas, que el Secretario de Seguridad implementara las medidas necesarias para evitar la repetición de los hechos y que coordinara las instrucciones necesarias para lograr la reparación del daño a las víctimas . Sin embargo, como lo declaró recientemente Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, “no se ha visto ningún avance” de su aplicación , por el contrario, incluso con el cambio de administración se ha ratificado en el cargo a autoridades responsables de estos abusos policiales, como lo es Mario Bravo Arrona. Para demostrar lo anterior, basta con ver el caso de Dulce, el cual, se presenta un año y medio después de las primeras señales que alertaron sobre el problema de represión, abuso de autoridad y violaciones a los derechos humanos contra mujeres y adolescentes que se cometían en la ciudad por parte de la policía municipal. Lo anterior demuestra que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de León no está siendo la corporación que necesita y merecen sus habitantes, pues, a pesar de contar con uno de los mayores presupuestos, equipamiento y con una Academia Metropolitana de Seguridad y hasta certificaciones que supuestamente tienen la finalidad de impulsar la profesionalización de las personas servidoras públicas encargadas de velar por la salvaguarda de la integridad, libertades y derechos de las personas, podemos ver que claramente este objetivo no se está viendo reflejado, pues las prácticas cotidianas demuestran lo contrario y no hacen más que provocar la desconfianza social. Es así que, considerando la importancia de atender esta problemática desde la prevención, que este pronunciamiento es un llamado al Gobierno Municipal de León para que atienda las recomendaciones emitidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato e implemente las acciones correctivas y preventivas pertinentes para garantizar la salvaguarda de la integridad, libertades y derechos de las mujeres, niñas y adolescentes por parte del personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana durante el ejercicio de sus funciones con la finalidad de que lo aquí relatado no vuelva a pasar. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN. Nuestra ley orgánica otorga a las comisiones legislativas -en el artículo 89, fracción V-, la atribución de dictaminar, atender o resolver las iniciativas de Ley o decreto, acuerdos, proposiciones y asuntos que les hayan sido turnados. Esta comisión legislativa tiene competencia para el conocimiento y dictamen de los asuntos que se relacionen con la protección de los derechos de las personas en riesgo de vulnerabilidad o grupos vulnerables y los que se refieran a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes (artículo 106 -fracciones IX y XI- de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato). Con este fundamento, para estudio y dictamen, se turnó la propuesta que nos ocupa. Si bien nuestra ley orgánica no define las propuestas de punto de acuerdo, el Prontuario de términos, prácticas y procedimientos más usados en el trabajo parlamentario, expedido durante la Sexagésima Cuarta Legislatura de este Congreso, apunta lo que debemos entender por estas: Resolución tomada por la mayoría de los legisladores, para establecer la postura política, económica, social o cultural del Congreso en asuntos de interés público que, por su naturaleza, no requieran sanción, promulgación ni publicación (Luna Kan, 2012, p. 3). Por otro lado, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato otorga a las comisiones legislativas la potestad de solicitar, previo acuerdo, información o documentación a los poderes públicos, a los gobiernos municipales, organismos autónomos y demás dependencias, cuando se trate de un asunto de su ramo o competencia, o se discuta una iniciativa relativa a las materias que les competan. Y, para el caso de que no se proporcione la información o documentación solicitada, dicha circunstancia se pondrá en conocimiento del superior jerárquico o se hará el requerimiento por el Pleno, o en su caso por la Diputación Permanente (artículos 84 y 85). En ejercicio de esta atribución, por acuerdo unánime tomado en fecha 19 de julio de 2022, solicitamos: … información sobre las acciones correctivas y preventivas implementadas o que se van a implementar para garantizar la salvaguarda de la integridad, libertades y derechos de las mujeres, niñas y adolescentes por parte del personal de la Secretaría de Seguridad Pública. Asimismo, informe sobre las medidas que ha tomado para garantizar la no repetición de los hechos descritos en la propuesta de punto de acuerdo y si se ha efectuado alguna acción reparatoria, dada la gravedad de los hechos suscitados. Información que solicitamos sea remitida a la brevedad. Durante el análisis de la propuesta, se abordaron varios puntos. En primer término, si bien se remitió información por parte del secretario de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana del municipio de León, se señaló que la respuesta enviada no subsanaba el hecho que motivó el exhorto, ya que aportaba solo un poco de información sobre los principios y los protocolos bajo los cuales actuaba la policía, que por cierto son los protocolos expedidos por el gobierno federal y que ya se encuentran establecidos en diversos ordenamientos, por lo que su aplicación no representaba una medida ni correctiva ni preventiva como se solicitaba en el exhorto. La respuesta enviada por el secretario de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana del municipio de León menciona diversas acciones, tales como el Grupo Especial Mujeres Seguras, que tiene como función principal atender los casos de violencia de género y brinda servicios tales como: • Atención a víctimas; • Contención psicológica; • Trabajo social; • Asesoría legal a víctimas de violencia de género; • Canalización a otras instituciones para su atención y apoyo; y • Recepción, acompañamiento y canalización de denuncias ante el Ministerio Público. Acciones que se reconocen por supuesto, pero que no atienden a la naturaleza del exhorto, que es conocer cuáles fueron las medidas correctivas y preventivas. Además de que no se informó sobre las medidas que ha tomado para garantizar la no repetición de los hechos descritos en la propuesta de punto de acuerdo y si se ha efectuado alguna acción reparatoria, dada la gravedad de los hechos suscitados. En suma, la respuesta enviada por el secretario de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana del municipio de León no da cuenta de todos los elementos que se solicitaron. Por lo que, dada la gravedad del problema de la violencia en todo el país y en Guanajuato y particularmente la forma como los cuerpos de seguridad pública atienden las manifestaciones y los derechos de las personas, resulta procedente exhortar. Se destaca la importancia de dictaminar en sentido positivo, dado el problema de la violencia y particularmente la salvaguarda de los intereses de las y los manifestantes que tienen todas las atribuciones para expresar su punto de vista por medios pacíficos. No omitimos mencionar que durante el análisis de la propuesta se abordó el tema de la creación de los cuerpos policiacos especializados en niñas, niños y adolescentes, y la necesidad de poner especial atención para que esto se dé. Finalmente, aludimos a la importancia, dedicación y especial cuidado que se ha dado en esta comisión a los temas de la infancia y adolescencia; y si bien se mandó información por el municipio de León y se advierten esfuerzos para seguir avanzando, es primordial que se vele por el interés superior de la niñez. Además de que el punto de acuerdo que se dictamina expone la actuación policial en el municipio de León, que ha llevado a las personas víctimas de estas acciones a denunciarlas; también se refiere a las recomendaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, y propone hacer un llamado al Gobierno Municipal de León para que atienda las recomendaciones. Sobre este punto, el informe de actividades de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato -presentado en el Congreso del Estado el pasado mes de abril-, analizó el comportamiento del número de quejas recibidas en materia de seguridad pública, derivadas del actuar de las personas que desempeñan labores operativas de carácter preventivo en las corporaciones municipales; y se advirtió un incremento en el 2021 de las quejas en el municipio de León; y en contraste, una tendencia a la baja en los municipios de Guanajuato, Irapuato, Celaya, San Miguel de Allende y Acámbaro. Sin embargo, no se advierte que las autoridades del municipio de León no hayan atendido las recomendaciones del organismo autónomo protector de los derechos humanos. Al contrario, se ha informado por parte del secretario de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana del municipio de León que esa dependencia tiene como política aceptar y atender las recomendaciones provenientes de los organismos protectores de los derechos humanos. Por lo que, en atención a la información enviada, acordamos no exhortar en el tema de las recomendaciones, y centrarnos en el tema de las medidas. Agenda 2030. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible se rigen por tres principios fundamentales: no dejar a nadie atrás; una agenda universal, pero de apropiación nacional; y una agenda integral. Ahora bien, sabedores de que el Poder Legislativo, como parte del Estado mexicano, tiene una responsabilidad fundamental en el compromiso adquirido para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 metas, destacamos que este dictamen tiene incidencia en el objetivo 5, relativo a Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. En mérito de lo expuesto, sometemos a consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente: A C U E R D O Único. La Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato exhorta al ayuntamiento de León para que instruya a la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana para que remita a esta Asamblea un informe integral sobre las acciones correctivas y preventivas implementadas o que se van a implementar para garantizar la salvaguarda de la integridad, libertades y derechos de las mujeres, niñas y adolescentes por parte del personal de esa secretaría, e informe sobre las medidas que ha tomado para garantizar la no repetición de los hechos descritos en la propuesta de punto de acuerdo y si se ha efectuado alguna acción reparatoria. Guanajuato, Gto., 5 de octubre de 2022 La Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables Diputado David Martínez Mendizábal Diputada Janet Melanie Murillo Chávez Diputado Gustavo Adolfo Alfaro Reyes Diputada Briseida Anabel Magdaleno González Diputada Katya Cristina Soto Escamilla