- Diputada Irma Leticia González Sánchez - Muy buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco a la mesa directiva, a mis compañeras, compañeros, medios de comunicación y publicó aquí presente que me hubiera encantado que los jóvenes hubieran permanecido aquí para que avalaran esto que les voy a proponer. La diputada Irma Leticia González, del Grupo Parlamentario de Morena en la sexagésima quinta legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato con fundamento en lo dispuesto en los artículos cincuenta y siete, primer párrafo de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. Ciento setenta y seis y doscientos cuatro, fracción tres de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. Me permito poner a la consideración de la Asamblea la siguiente propuesta de punto de acuerdo de urgente y obvia resolución según las siguientes consideraciones En la pasada legislatura, el grupo parlamentario de Morena presentó un exhorto dirigido a la Universidad de Guanajuato para el efecto de que llevarán a cabo las acciones necesarias a fin de reducir en su totalidad los aranceles de inscripción a todos los programas académicos de nivel medio superior y superior de la Universidad de Guanajuato, como una medida para avanzar en la garantía del derecho a la educación aquí en nuestro estado. Como es habitual en muchas de las propuestas del Grupo parlamentario de Morena, como bien lo decía ya mi compañera Edith, dicha Iniciativa pertenece congelada en la Comisión de Educación, pese a la importancia del tema. Por ello, a través del presente punto de acuerdo Insistimos en la necesidad de que la máxima casa de estudios se establezcan medidas a fin de garantizar el derecho a la educación. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU establece que la educación es un derecho humano intrínseco y además, constituye un medio indispensable para la realización de otros derechos humanos. Así, ese derecho es el principal medio que permite a adultos menores marginados adultos y menores marginados económica y socialmente, salir de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades. De esta manera, el derecho a la educación no solo es uno de los pilares de todo estado de bienestar, sino que es un bien público que permite a las personas desarrollase plenamente y contribuir al desarrollo desde su entorno, desde su comunidad. Por esto, la principal finalidad que suele atribuirse a la educación los instrumentos internacionales de derechos humanos es precisamente el desarrollo de la personalidad humana y, como tal, se le reconoce como un derecho clave para acceder al ejército, tanto de la ciudadanía como de otros derechos fundamentales. Por esto, los dispositivos internacionales de derechos humanos reconocen que la educación es un derecho clave para la ciudadanía que acceder a otros derechos constitucionales puede facilitar el acceso a un ingreso digno, a la libertad de expresión con la participación política, por lo cual no puede considerársele una mercancía o un servicio que pueda ser diferido, propuesto o negado. Sino que tiene un carácter de derecho exigible y justificable, pues las consecuencias que probó que su violación, hoy respeto. De igual forma, la educación no solo es un derecho que debemos garantizar, sino también una herramienta que contribuye al desarrollo social y económico de la sociedad ejemplo de esto es algo que el exhorto presentado a la legislatura pasada por este mismo grupo parlamentario señalaba Existe evidencia respecto a la importancia de la educación de calidad como un factor que ayuda a explicar fenómenos tan relevantes socialmente como el crecimiento económico, la pobreza y la desigualdad. La educación ayuda a que las hijas e hijos de las familias de clases trabajadoras, se conviertan en profesionales de la medicina, del derecho, de la economía, de la educación, de la construcción, etcétera, etcétera. De lo que ellos deseen. Así, casi todas las sociedades modernas hemos reconocido la necesidad de que existan profesionales en los diferentes rubros de las ciencias y artes, por lo cual valoramos construir sistemas educativos financiados por el Estado. Tal es el caso de la política educativa del actual Gobierno federal, según la cual se han otorgado becas universales a la par de que sean construido y financiado universidades públicas gratuitas a lo largo de todo el país, pese a la importancia de la educación, existen muchas barreras financieras a las que se enfrentan todas las personas que buscan ejercer el derecho a ella como sus familias. En este momento debemos reafirmar la atención que desde Morena hemos puesto en tres de estas barreras El costo de oportunidad de la educación, los costos indirectos y los costos directos. Y si bien es cierto que esas tres barreras financieras que ponen en duda la capacidad que tenemos como sociedad para garantizar el derecho a la educación, deben ser abordadas puntualmente, el inminente regreso a clases de muchas instituciones educativas, pone sobre la mesa los costos directos de la educación pública, es decir, las cuotas escolares que deben cubrirse para intentar regresar a los niveles medio superior y superior, así como al inicio de cada ciclo escolar, que muchas veces ni es anual ni es semestral, sino que se da cada cuatro meses en la Universidad de Guanajuato durante este dos mil veintiuno, los gastos directos incluyen mil doscientos cuarenta pesos solo por el derecho a presentar examen de admisión, a los que se suman mil seiscientos pesos por inscripción semestral al nivel medio superior y mil ochocientos cuarenta pesos cuando se trate de nivel superior en licenciatura o un grado técnico superior universitario. Esto sin mencionar los mil novecientos treinta pesos que cuesta la inscripción a programas de lenguas extranjeras y que es muy necesaria para cubrir las exigencias lingüísticas exigidas por la propia Universidad en sus diferentes programas de estudio. Desde el grupo parlamentario de Morena, lo sostenemos estos costos, son insorteables para las familias que ya de por sí hace un gran esfuerzo importante para solventar el costo de oportunidad y los gastos indirectos que representan que un uno de sus miembros, o muchas veces varios de la familia puedan estudiar. Por esto dichos costos también pueden convertirse en responsables de que las hijas e hijos de las familias trabajadoras en Guanajuato opten por abandonar sus estudios o ni siquiera intenten acceder a los mismos. Hoy en día sabemos que, en nuestro estado, la pandemia provocó cifras de deserción alarmantes según la propia Secretaría de Educación de Guanajuato, en todos los niveles educativos, la deserción escolar, óiganlo bien se tradujo en más de ochenta mil alumnos que abandonaron sus estudios. Sin embargo, cuando vemos los datos con detenimiento, nos damos cuenta de que, la gran mayoría corresponde a alumnos que desertaron del nivel medio superior y universitario, con un aproximado de setenta y tres mil estudiantes, las y los estudiantes de la Universidad de Guanajuato no han sido inmunes a dichas problemáticas, encontrándose en más de una ocasión con barreras financieras para poder continuar con su formación en los niveles medio superior y superior. Por su parte, la idea que ha justificado es no eliminar el costo de inscripción en la Universidad de Guanajuato es que sin este supuestamente, la universidad sería incapaz de funcionar correctamente y subsistir e incluso que de dicho presupuesto se financian las becas y las condonaciones para quienes no pueden pagar dichas inscripciones. No obstante, la realidad es otra, es que las becas otorgadas apenas han llegado a un máximo histórico de treinta y dos millones ciento cuarenta y tres mil pesos en el dos mil veinte, mientras que las condonaciones que no son accesibles para todas y para todos, apenas implican un gasto de dieciséis millones seiscientos veintinueve mil pesos en el dos mil veinte, es decir, menos de cuarenta millones entre ambos conceptos en dos mil veinte, mientras que en el mismo año, por inscripciones tan sólo el nivel superior, se recaudaron más de ciento siete millones, doscientos treinta y ocho mil pesos. Además, la suficiencia presupuestal es tal que, al menos desde dos mil diecisiete, óiganlo bien la máxima casa de estudios tiene cantidades de su ejercicio que van desde los cuatrocientos noventa y ocho y hasta los ochocientos noventa millones de pesos anuales que sin ningún problema darían solvencia presupuestal a eliminar los costos de la educación pública en dicha institución, sin tocar un solo peso de las besas, mientras que las condonaciones resultarían innecesarias. Esto sin mencionar la totalidad de los remanentes patrimonio generado por la institución a lo largo de los años y que al primer trimestre de este dos mil veintiuno, ascendía a más de dos mil setecientos ochenta y seis millones de pesos, así como que la Universidad de Guanajuato recibe recursos públicos suficientes para su óptimo funcionamiento. Por ejemplo, en el dos mil veinte recibió del erario para que no se repartan culpas de que siempre la Federación es la que no les proporciona los recursos, decidió del erario tres mil nueve millones, trescientos treinta mil ciento ochenta y cuatro pesos sin perjuicio de que a los demás recibe constantemente por concepto de donaciones contraprestación de servicios o recepción de herencias no reclamadas. Porque no sé si ustedes sepan que cuando hay una herencia que no se reclama pasa a la universidad. Por lo anterior pareciera que la negativa puede tener otras motivaciones, tales como los cuestionamientos que tendrían los casi ciento sesenta y ocho mil pesos mensuales que recibe el rector general a los más de ciento cincuenta mil pesos que recibe el secretario general mensualmente, así como lo evidente falta de autoridad que viven las élites universitarias. De esta manera debemos reconocer que hay un largo camino por recorrer para garantizar el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad. Por esto, en consonancia con los esfuerzos del Gobierno federal, es necesario que en esta entidad comencemos a realizar acciones en favor de este objetivo a la par de que volvamos y valoramos que sea la universidad que se fundó por amor a los desheredados, la que dé uno de los primeros pasos en este sentido. Por lo anterior, propongo el siguiente punto de acuerdo. Acuerdo único, esta sexagésima quinta legislatura del estado de Guanajuato, acuerda girar atento exhorto al Patronato de la Universidad de Guanajuato y al Consejo General Universitario para que lleven a cabo las acciones necesarias a fin de reducir en su totalidad los aranceles de inscripción al menos a todos los programas académicos de nivel medio superior, técnico superior universitario y licenciaturas, compañeras y compañeros, la mayor parte de nosotros, sino es que todos hicimos campaña. Yo quisiera preguntarles que les prometieron en campaña a los jóvenes, a las madres y padres de familia, ya que ellos jóvenes que están ahorita metidos en drogas, que le prometieron a toda esa violencia que ustedes, ahorita varios de los grupos parlamentarios pasaron aquí a señalar y a decir que no haya más violencia política, que no haya más violencia de género, que no haya más violencia de niñas y niños. Esta es la manera como se puede combatir la violencia, combatámoslo proporcionándoles una educación a todos nuestros estudiantes, principalmente a los universitarios. O dijeron mentiras, porque recuerden que la verdad, os hará libres. Muchas gracias.