DICTAMEN QUE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES PRESENTA AL PLENO DEL CONGRESO, DE LA PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO SUSCRITA POR DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA POR EL QUE SE ACUERDA COMENZAR, MEDIANTE LA JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA, LOS TRABAJOS PARA ESTABLECER UNA AGENDA LEGISLATIVA COMÚN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE LAS VÍCTIMAS, QUE INCORPORE LAS PROPUESTAS DE LOS COLECTIVOS DE FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS, Y DE LA PLATAFORMA POR LA PAZ Y LA JUSTICIA EN GUANAJUATO (ELD 93/LXV-PPA). A la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables le fue turnada para estudio y dictamen, la propuesta de punto de acuerdo suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA por el que se acuerda comenzar, mediante la Junta de Gobierno y Coordinación Política, los trabajos para establecer una agenda legislativa común en materia de derechos humanos de las víctimas, que incorpore las propuestas de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, y de la Plataforma por la paz y la justicia en Guanajuato. Analizada la propuesta de referencia, esta Comisión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 89 -fracción V- y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato rinde el dictamen, con base en las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S PROCESO LEGISLATIVO. En sesión ordinaria del 24 de febrero de 2022 ingresó la propuesta; misma que, con fundamento en el artículo 106 -fracción XII- de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, se turnó por parte de la presidencia del Congreso a esta Comisión legislativa para su estudio y dictamen. La presidencia de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, en reunión de fecha 2 de marzo de 2022 dio cuenta con la propuesta de punto de acuerdo. Propósito de la propuesta de punto de acuerdo. En las consideraciones de la propuesta se puede leer que: Pocos problemas adquieren tanta relevancia como lo es el de las personas desaparecidas. No puede haber una circunstancia más dramática que la ausencia sin explicación ni certidumbre de las personas cercanas: la amiga, la pareja, el hijo, la hija, el vecino, el conocido. De ahí la validez y contundencia del reclamo ¡vivas se las llevaron, vivas las queremos!, en efecto, la primera opción para las personas desaparecidas es encontrarlas con vida. Quienes hemos escuchado las historias de terror de la llamada por algunos autores y autoras la necro política, no podemos permanecer pasivos ante el dolor y la desesperación de las familias buscadoras, quienes con sus propios recursos a golpe de pico y pala buscan entre las fosas clandestinas a sus seres queridos. El Dr. Fabrizio Lorusso (2021) aporta, en sus investigaciones pioneras, la siguiente información: “Según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), al corte del 3 de marzo de 2021 en el país permanecían 84,130 personas en calidad de desaparecidas o no localizadas, mientras que el total para Guanajuato era de 2,399 personas y, de éstas, 1,256 (el 52.3%) habían desaparecido después del 1 de diciembre de 2018 (RNPDNO, 2021). Según el antiguo Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, extinto el 30 de abril de 2018, en Guanajuato en esa fecha había 621 personas desaparecidas del fuero común y federal, siendo los municipios de Celaya (97 casos totales), León (82), Pénjamo (44), Apaseo el Alto (28) y Guanajuato (27) los de mayor incidencia (Galindo et al., 2019, p. 24, 42). Al 3 de marzo de 2021, los municipios con más personas desaparecidas eran: Celaya (con 362), Irapuato (315), León (277), Salamanca (161) y Pénjamo (119). Aun considerando que la población de León es significativamente mayor que la de Celaya, de Irapuato o Pénjamo, no dejan de sorprender la persistencia y el crecimiento del fenómeno en la ciudad. En León, las personas de sexo masculino desaparecidas son 218, las de sexo femenino son 42 y 17 personas aparecen como “indeterminado” (RNPDNO, 2021). Cabe señalar que estos números no pueden dar cuenta de la cifra negra de las desapariciones que no son denunciadas por miedo, amenazas u otro motivo. Finalmente, según la fiscalía general del estado, al 15 de febrero había 2,615 personas desaparecidas en Guanajuato (FGEG Unidad de Transparencia, 2021). Y tiene razón cuando agrega que más allá de las cifras, un dato importante es que son miles las personas que cada año, día tras días, se encuentran temporal o permanentemente en una situación de vulnerabilidad debido a su extravío involuntario o desaparición, y debe garantizarse su derecho a ser buscadas (CNB, 2020, p. 21). Abunda, este mismo autor, sobre las llamadas fosas clandestinas: “En León se han reportado siete hallazgos de fosas clandestinas de 2009 a 2020 y las carpetas de investigación por homicidio intencional crecieron de 457 en 2019 a 635 en 2020, posicionando León como el municipio más violento de Guanajuato y con crecimiento de la tasa por cada cien mil habitantes de 28.97 en el 2019 a 39.97 en el 2020 (o sea, el 37.97% más en año y superior al promedio nacional de 28) (Ruiz, Susarrey y Lorusso, 2021; OCL, 2021, p. 4). Guanajuato ha llegado tarde para atender este grave problema y lo hizo en un triple sentido: 1º para reconocer el problema, 2º para legislar en la materia y 3º para institucionalizar la búsqueda, en la medida que requiere el tamaño del problema. Como se dijo en la iniciativa para fortalecer la capacidad de la Comisión Estatal presentada por Morena el pasado 17 de febrero, en el año 2013 vio la luz la Ley General de Victimas a nivel federal, que tiene por objeto garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, reconociendo para ello el derecho a la asistencia, a la protección, a la reparación integral, a la verdad y a la justicia; para ello establece deberes y obligaciones de las autoridades que constituyen el Sistema Nacional de Atención a Víctimas creando para su operación una Comisión Ejecutiva; ordenándose en este mismo instrumento que las entidades federativas instrumenten y articulen sus propias políticas públicas en concordancia con la política nacional para la adecuada atención y protección a las víctimas. Y fue hasta mayo del 2020 y después de una presión social pocas veces vista que se aprobó la Ley de Victimas del Estado de Guanajuato y solamente por cumplir la exigencia, ya que a pesar de que para estos momentos existía un amplio recorrido en la visión garantista de las víctimas, se aprobó un conjunto de buenas intenciones, pero sin un robusto sustento normativo que garantice la autonomía, independencia y eficacia que se requiere. En diciembre del 2020 el Grupo Parlamentario del PAN se propuso armonizar nuestra ley local con la Ley General de Victimas, pero al paso de 8 meses y una metodología de análisis que terminó por ignorar a colectivos de familias de personas desaparecidas, se determinó que no era necesario según los argumentos de la propia Fiscalía y de la Secretaría de Gobierno. El proceder de las instituciones de Guanajuato se ha visto en tela de juicio por parte de los colectivos de familias de personas desparecidas, quienes el día de hoy, febrero 22 del 2022, han presentado ante la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables un conjunto de peticiones muy concretas que implican profundas reformas legislativas, signadas en el documento titulado PROPUESTAS DE LOS COLECTIVOS DE FAMILIAS DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y DE LA PLATAFORMA POR LA PAZ Y LA JUSTICIA EN GUANAJUATO AL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 65ª LEGISLATURA; se solicita “adaptar las metodologías de la discusión de las iniciativas a las necesidades de las víctimas bajo la perspectiva del Parlamento Abierto establecido tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica del Congreso”. Este colectivo propone la modificación de las siguientes leyes, entre otras: • Ley de Víctimas para el Estado de Guanajuato • Ley de Búsqueda del Estado de Guanajuato • Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y al Código Penal • Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado Por parte del Grupo Parlamentario de Morena tenemos como método el de escuchar, discernir y legislar, siempre de cara a las demandas de la ciudadanía. Estamos convencidos y convencidas que las propuestas hechas por LOS COLECTIVOS DE FAMILIAS DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y DE LA PLATAFORMA POR LA PAZ Y LA JUSTICIA EN GUANAJUATO, y por otros colectivos deseosos de ser escuchados, encontrarán en los distintos grupos parlamentarios una respuesta a su dolor y a sus peticiones porque el lado correcto de la historia se encuentra al lado de las víctimas y no de los victimarios. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN. Nuestra ley orgánica otorga a las comisiones legislativas -en el artículo 89, fracción V-, la atribución de dictaminar, atender o resolver las iniciativas de Ley o decreto, acuerdos, proposiciones y asuntos que les hayan sido turnados. Previo a pronunciarnos sobre la propuesta de punto de acuerdo, con fecha 19 de julio de 2022 acordamos solicitar información a la Junta de Gobierno y Coordinación Política sobre las acciones emprendidas para establecer una agenda legislativa común en materia de derechos humanos de las víctimas, que incorpore las propuestas de los colectivos de familiares de personas desaparecidas y de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato. Al respecto, cabe decir que la Junta de Gobierno y Coordinación Política en fecha 6 de abril de 2022, acordó trazar una ruta de trabajo y metodología sobre las iniciativas presentadas en materia de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, acordándose darles agilidad a los trabajos desde las comisiones respectivas y facilitando la toma de acuerdos y consensos . El 20 de abril de 2022, en la reunión de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, se dio cuenta con la propuesta de ruta para el análisis de la legislación en materia de búsqueda de personas, misma que fue explicada por el secretario general, acordándose por unanimidad la metodología siguiente: 1. Por conducto de Secretaría General, entrega de estudios y análisis de evaluación expost de la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas que será entregado el 20 julio del año en curso; análisis comparativo nacional a entregarse el 1 de junio y un análisis del impacto presupuestal de lo previsto en la Ley en la materia, con fecha de entrega el 23 de mayo del año en curso. 2. Mesas de trabajo institucionales con grupos y representaciones parlamentarias coordinadas por la Comisión. 3. ACTIVIDADES DE PARLAMENTO ABIERTO - Foros, mesas de trabajo y eventos, así como la propuesta de comisiones itinerantes en sitios de interés. 4. Determinación de estudios, consultas a organismos especializados sobre el tema. 5. Posible iniciativa conjunta (nov–dic) . El 5 de agosto de 2022 por acuerdo unánime de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, se remitió a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables la documental aprobada en relación a la agenda común en materia de la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, respecto de la cual se acordó el seguimiento por esta Comisión legislativa. De igual manera se remitió la propuesta realizada por la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato. En la calendarización de la agenda común en materia de búsqueda de personas, se previó la posible suscripción conjunta de una iniciativa en el mes de diciembre de 2022. Quienes integramos esta Comisión legislativa emprendimos una serie de acciones para el análisis de las propuestas normativas, y el 7 de junio de 2023 suscribimos la iniciativa con proyecto de Decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato. Con las acciones realizadas, creemos que se ha dado atención al exhorto, pues se revisaron las propuestas de los colectivos de familiares de personas desaparecidas y de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato. Ello con los parámetros marcados por el órgano de gobierno y las acciones de escucha y análisis llevadas a cabo por quienes integramos esta Comisión. En mérito de lo expuesto, sometemos a consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente: A C U E R D O Único. No resulta procedente la propuesta de punto de acuerdo suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA por el que se acuerda comenzar, mediante la Junta de Gobierno y Coordinación Política, los trabajos para establecer una agenda legislativa común en materia de derechos humanos de las víctimas, que incorpore las propuestas de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, y de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato. En consecuencia, se ordena el archivo definitivo de la propuesta. Guanajuato, Gto., 21 de junio de 2023 La Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables Diputado David Martínez Mendizábal Diputada Janet Melanie Murillo Chávez Diputado Gustavo Adolfo Alfaro Reyes Diputada Briseida Anabel Magdaleno González Diputada Katya Cristina Soto Escamilla ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN QUE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES PRESENTA AL PLENO DEL CONGRESO, DE LA PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO SUSCRITA POR DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA POR EL QUE SE ACUERDA COMENZAR, MEDIANTE LA JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA, LOS TRABAJOS PARA ESTABLECER UNA AGENDA LEGISLATIVA COMÚN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE LAS VÍCTIMAS, QUE INCORPORE LAS PROPUESTAS DE LOS COLECTIVOS DE FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS, Y DE LA PLATAFORMA POR LA PAZ Y LA JUSTICIA EN GUANAJUATO (ELD 93/LXV-PPA).