Diputado Martín López Camacho Presidente del Congreso del Estado P r e s e n t e. Las diputadas y el diputado que integramos la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, en los términos del artículo 176 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, recibimos para efecto de estudio y dictamen la propuesta de punto de acuerdo formulada por el diputado David Martínez Mendizábal, integrante de la Sexagésima Quinta Legislatura, con la finalidad de exhortar al Ejecutivo del Estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, para que a la brevedad inicie un proceso de revisión del programa sectorial educación de calidad 2019-2024, con la finalidad de actualizarlo en los siguientes términos: I. Incluir como objetivo central, la revalorización de las maestras y maestros, agentes fundamentales del proceso educativo, así como la participación de todos los sectores y grupos de la sociedad para concretar la transformación del sistema educativo estatal e implantar los programas necesarios para garantizar el derecho humano a la educación en todas sus dimensiones; II. Revisar e intensificar las estrategias y acciones orientadas hacia el combate del rezago, baja escolaridad, deserción y analfabetismo, como obstáculos para garantizar plenamente el derecho humano a la educación en Guanajuato y III. Difundir ampliamente y en especial entre las comunidades educativas, las estrategias de educación sexual integral y científica y los programas de prevención y atención de las violencias; que se informe sobre las acciones, planes y programas que realiza para capacitar y formar a los profesores y profesoras y todo el personal administrativo y de servicios en materia de educación sexual y en la aplicación de los protocolos de denuncia. Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 89 fracción V, 109 fracción II y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, formulamos a la Asamblea el presente dictamen, con base en las siguientes: Consideraciones Antecedentes En sesión ordinaria de fecha 24 de marzo del año 2022, la presidencia de la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Sexagésima Quinta Legislatura, para efectos de su estudio y dictamen, la propuesta de punto de acuerdo referido en el proemio del presente dictamen, con fundamento en el artículo 109 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. En fecha 05 de abril del año 2022, la comisión dictaminadora radicó la propuesta de punto de acuerdo y posteriormente, en reunión de esta misma comisión el 31 de mayo del año en curso, se acordó enviar una solicitud de información a la Secretaría de Educación donde señalara las metas del Programa Sectorial Educación de Calidad 2019-2024 y los avances sobre las mismas, resaltando acciones en rubros de, Revalorización de las maestras y maestros; Combate del rezago, baja escolaridad, deserción y analfabetismo; y Estrategias de educación sexual integral y científica y los programas de prevención y atención de las violencias, misma que fue recibida a través de la correspondencia de la sesión ordinaria de pleno de fecha 16 de junio del año en curso y turnado a esta comisión dictaminadora. Ahora bien, la presidencia de esta Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura, con fundamento en los artículos 94 fracción VII y 272 fracción VIII inciso e) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato instruyó a la Secretaría Técnica para que elaborara el proyecto de dictamen, mismo que fue materia de revisión por quienes integran esta comisión. Contenido de la propuesta: El proponente manifestó en la parte expositiva de su propuesta lo siguiente: “… La escuela, observada desde las políticas públicas, es el lugar central neurálgico de la educación y constituye el crisol (melting pot, término original en inglés) donde confluyen problemas sociales como los de desigualdad de género, de clase social y racial. Si las y los actores principales de los procesos escolares (alumnado, profesorado y personal de apoyo) viven en una sociedad violenta, esto se expresa en la convivencia escolar. La escuela es un sistema vivo, complejo donde interacciona con su entorno: si se vive en una sociedad donde hay carencias en la satisfacción de los derechos sociales (hambre, vivienda precaria, falta de agua, de transporte, de salud) si hay discriminación, si hay violencia, si hay miedo, la escuela como caja de resonancia disminuye las posibilidades de ser factor determinante de movilidad social y esperanza de cambio. A la escuela se le ha sobrecargado de responsabilidades cuando la solución de raíz se encuentra en otra parte. Un ejemplo es el Programa de Escuelas de Tiempo Completo. Si se observan a detenimiento, técnicamente y sin afán de golpeteos políticos, las dos evaluaciones existentes1 sobre el programa se observará que el del Banco Mundial sostiene la bondad de la alimentación completa y de la educación pertinente para el logro escolar y el estudio exploratorio del CONEVAL (hay que comprender el significado de exploratorio), afirma lo mismo para primaria pero no tiene conclusiones para secundaria, lo que implica que se deben hacer más investigaciones para valorar el impacto real. Hay que recordar que el acceso a los alimentos básicos es un problema en estados donde prevalece la pobreza y ésta no es responsabilidad de la escuela, así las de tiempo completo son una alternativa remedial ante una situación originada en la carencia de ingresos, sobre todo. La solución de fondo se encuentra en la disminución de la desigualdad que provocaría el aumento del ingreso de la población de los deciles más bajos vinculada al programa de autosuficiencia alimentaria, ambos en la línea de los Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030. En nuestro país, el derecho humano a la educación está reconocido tanto en la Constitución, como en las leyes generales y locales. En este sentido, el marco jurídico nacional reconoce que todas y todos tienen derecho a la educación inclusiva, pública, gratuita y laica. Por esto, el Estado, en sus tres niveles de gobierno, debe contribuir a la prestación de servicios educativos de calidad que permitan que toda la población pueda cursar desde los niveles básicos hasta el nivel superior. Sin embargo, en el ámbito estatal tenemos un sistema educativo débil y con resultados penosos; basta con revisar algunos datos. Primero, información producida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), demuestra que, en Guanajuato, el derecho humano a la educación sigue sin ser garantizado. En su última medición de 2020, se encontró que el rezago educativo de Guanajuato era de 23.2%, una cifra muy cercana a la de 2010 (23.6%). De esta forma, el rezago educativo en Guanajuato está por encima de la media nacional, que rondaba el 19% para el mismo periodo de 2020. Asimismo, el propio CONEVAL ha encontrado que, durante la pandemia, el rezago educativo del país subió 0.2% con respecto a 2018, pero en Guanajuato subió cinco veces más (1%) en el mismo periodo. Esto supone 1.43 millones de personas (1,437,100) con rezago educativo en Guanajuato, es decir, 86,300 personas más que en 2018. Se considera con rezago educativo a quienes tienen entre 3 y 21 años, y no cuentan con la educación obligatoria ni asiste a un centro educativo formal; así como a quien tiene 22 años o más y no ha terminado la educación media superior; así como a quien tiene 16 años o más pero no ha completado la educación primaria o secundaria. Con la reciente reforma que reconoce constitucionalmente el derecho a la educación hasta el nivel superior estará evidenciando con aún más fuerza los niveles de rezago educativo de nuestra entidad. La política educativa del estado de Guanajuato, que se ha implementado desde hace 30 años no ha podido abatir el rezago, pero no es la única señal de alarma educativa que tenemos en la entidad: el censo 2020 del INEGI mostró otros datos preocupantes- En el estado de Guanajuato tenemos una tasa de analfabetismo de 5.3%, lo cual equivale a 238,838 personas. Ésta se concentra en personas de 45 años y más con el 56.8% de este universo. Por otro lado, el propio censo del INEGI muestra que, en promedio, la población de 15 años y más en Guanajuato sólo cuenta con 9 años de escolaridad, teniendo incrementos mínimos, de menos de 3 años de escolaridad en dos décadas de intervenciones públicas fallidas Mientras que, actualmente, la entidad con más años de escolaridad promedio es la CDMX (con 11.5 años de escolaridad promedio), Guanajuato se encuentra en el lugar 27, por detrás de entidades como Yucatán (9.6 años), Hidalgo (9.4 años), Campeche (9.6 años), Tabasco (9.7 años), o Quintana Roo (10.2 años), entre otras. Asimismo, el propio INEGI muestra que históricamente se han desatendido municipios como Xichú, Jerécuaro, San Diego de la Unión, Ocampo, Manuel Doblado, Atarjea o Yuriria, entre otros, donde los años de escolaridad promedio no llegan a los 7.5. Por su parte, la deserción escolar en nuestra entidad es cada vez mayor. La misma Secretaría de Educación de Guanajuato ha reconocido cómo más de 80,000 alumnos de nuestra entidad han abandonado sus estudios durante la pandemia. Incluso, al revisar el Sistema Integral de Información Educativa de Guanajuato la problemática es innegable, pues entre los ciclos 2018-2019 y 2020-2021, egresaron sólo 61 de cada 100 miembros de las generaciones respectivas luego de haber cursado el nivel medio superior. Otras instituciones locales también advierten los problemas educativos en el Estado de Guanajuato. Tal es el caso de la Procuraduría de los Derechos Humanos en el Estado, quienes han observado que las autoridades estatales han sido omisas en la obligación de eliminar los obstáculos para garantizar el derecho a la educación gratuita. Indudablemente, el sistema educativo del estado está en crisis, por lo que la política educativa estatal debe ser revisada. Por lo anterior, desde el grupo parlamentario de Morena estaremos promoviendo distintas medidas tanto legislativas como de política pública para atender dicha problemática. En este caso, solicitando una revisión del programa sectorial del estado de Guanajuato. Es oportuno señalar que la prestación de los servicios educativos se lleva a cabo mediante políticas públicas tanto a nivel federal, como a nivel subnacional. Dichas políticas, como toda intervención pública, generan un panorama complejo de concurrencias intergubernamentales e interinstitucionales; sin embargo, al mismo tiempo suelen darse diferencias políticas que merman la colaboración de todos los ámbitos de gobierno y, en última instancia, tienden a producir resultados diferenciados que pueden terminar por subordinar el derecho humano a la educación a las diferencias partidistas entre los distintos niveles de gobierno. En Guanajuato el programa sectorial educación de calidad 2019-2024, contempla siete objetivos estratégicos: 1. Mejorar la calidad del servicio educativo 2. Incrementar la oferta y la cobertura educativa 3. Disminuir el abandono escolar y el rezago educativo 4. Fortalecer la inclusión educativa 5. Generar la oferta educativa y cultura tecnológica orientada a la industria 4.0 6. Incrementar la participación de la población en actividades físicas y el deporte competitivo. 7. Incrementar la participación de la población en actividades artísticas y culturales. El programa estatal carece de la perspectiva de derechos y contiene tres ausencias que se traducen en falta de políticas públicas específicas para: 1) la revalorización de las maestras y maestros como agentes fundamentales del proceso educativo, y 2) el fortalecimiento de la rectoría del Estado y la participación de todos los sectores y grupos de la sociedad y 3) una adecuada educación en materia sexual, que incorpore el fortalecimiento de los mecanismos institucionales para suprimir el acoso en la escuela. 1ª La revaloración de las maestras y maestros implica reconocer que el cuerpo docente tiene un papel central para lograr la igualdad sustantiva, la participación y la excelencia en la educación. Durante años, la política educativa neoliberal pospuso la formación, capacitación y desarrollo profesional de las maestras y maestros, generando tensiones con el magisterio que se tradujeron en una vulneración completa al sistema educativo y en el descrédito del magisterio entre algunos sectores poblacionales. Por esto, el programa nacional en la materia reconoce que no sólo hace falta garantizar la formación, capacitación y desarrollo profesional, sino también motivar y valorar la actividad magisterial para contribuir a que las maestras y maestros se consoliden como agentes fundamentales del proceso educativo y de la transformación social. En cambio, el plan sectorial del estado incorporó esta cuestión de forma tangencial dentro del primer objetivo (que, de hecho, no fue incluida en la actualización del programa ), en donde se destinaba únicamente una escueta estrategia de formación docente que sólo contenía nominalmente la revalorización social del profesorado, pues las principales acciones de dicha estrategia se limitaban a labores de formación docente y apoyos meritocráticos que corren el riesgo de ser regresivos, rompiendo con los principios de equidad e inclusión. Esta carencia de la estrategia estatal pone en riesgo la gestión estratégica del cumplimiento de los mandatos legales del ejecutivo para proporcionar a las maestras y maestros los medios que les permitan cumplir con su función educativa ; de apoyar el reconocimiento y revalorización de la función social de las maestras y maestros ; de apoyar a las asociaciones de padres y organizaciones de participación social ; de desarrollar programas de capacitación, formación continua, asesoría, apoyo a las maestras y maestros bajo principios de equidad e inclusión ; La pérdida de autoridad de maestros y maestras es uno de los factores sustantivos para el logro de una adecuada convivencia escolar. Ya decía Piaget que la disciplina está referida al trabajo inteligente, no al autoritarismo o a la violencia como formas de establecer los límites necesarios en la escuela. 2ª El fortalecimiento de la rectoría del Estado y la participación de todos los sectores y grupos de la sociedad es imprescindible para una gobernanza adecuada del Sistema Educativo. Las políticas neoliberales de educación pasaban por un proceso de toma de decisiones forma vertical y desarticulada, sin considerar a todos los sectores y grupos de la sociedad, traduciéndose en problemas de rezago educativo, aprendizaje e, incluso, deserción escolar. Así, el programa nacional reconoce la necesidad de espacios de consulta, deliberación y análisis de mejores prácticas en el Sistema Educativo de manera transparente e incluyente. En el estado de Guanajuato, este tipo de toma de decisiones verticales ha sido la constante, pues en la política educativa se ha priorizado alinear los programas formativos con las demandas del mercado laboral, subordinando los principios de la educación a las dinámicas de la producción económica, mediante estrategias de formación para la llamada industria 4.0 y símiles a la mentefactura. La educación humanista tiene como propósito la formación integral de ciudadanos y ciudadanas y no la de satisfacer las necesidades del mercado. Incluso para su última actualización, el plan estatal integró la participación ciudadana de forma tangencial, mediante una consulta en línea; los talleres de planeación de dicha actualización, por su parte, no contaron con presencia ciudadana ni de la base magisterial. 3ª La educación sexual debe ser científica, integral y con perspectiva de género tanto para prevenir, atender y sancionar los acosos en la escuela y en el marco de una concepción integral del desarrollo individual y social de la persona. Una concepción limitante en donde se considera a la educación sexual como responsabilidad única y exclusiva de los padres y madres de familia no observa la importancia del aporte científico en la comprensión de la sexualidad en su dimensión bilógica, social, psicológica y ética. Estamos frente a una generación de niños, niñas y adolescentes que intentan la búsqueda de información en las redes, con las y los amigos y en las calles. Los recientes sucesos tanto en el CEBETIS 65, en la Escuela Secundaria Federal de Irapuato, así como en el CETIS de Apaseo el Alto se denunciaron muchas jóvenes estudiantes ser víctimas de acoso sexual por parte de compañeros y profesores. Profesores y profesoras de León, de Irapuato, Salamanca y Celaya han acudido a nuestra representación partidaria para exhortar a que se impulsen todo tipo de medidas para frenar y erradicar este tipo de prácticas deleznable. La escuela, el espacio escolar, debe ser un lugar de seguridad, de confianza y de tranquilidad para las niñas y jóvenes estudiantes, y más si toma en cuenta que son menores de edad la mayoría de ellas. Los espacios educativos deben ser sitios libres de violencia de todo tipo y la institución escolar, las autoridades y docentes, y todo el personal que trabaja en el sector educativo, debe estar capacitado y tener una formación para atender con sensibilidad y trato humano a quien denuncie, para no revictimizar a las niñas y adolescentes que toman el valor de comunicar la situación a las autoridades. Es necesarios acatar y poner en acción con responsabilidad, la aplicación estricta de los protocolos de denuncia, seguimiento y sanción ante quien corresponda ante los delitos de acoso y de violencia contra las niñas y adolescentes. Si, bien la autoridad educativa del estado, a través de su titular se comprometió a atender las denuncias que se registraron en estos planteles, es más que necesario hacer un exhorto, firme y urgente, para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias y con todo el apoyo de las otras dependencias del gobierno involucradas, Secretaría de Salud, DIF, Fiscalía de Justicia. En resumen, además de lo inmediatamente dicho sobre acoso y educación sexual, consideramos necesaria la inclusión en el programa sectorial educación de calidad la revalorización de las maestras y maestros como agentes fundamentales del proceso educativo, así como la participación de todos los sectores y grupos de la sociedad para concretar la transformación del sistema educativo estatal. Además, consideramos importante se realice una revisión de las acciones y medidas implementadas en torno al programa sectorial, para atender las problemáticas antes mencionadas como el rezago, la baja escolaridad, la deserción escolar y el analfabetismo, con la finalidad de garantizar la equidad y la inclusión, se atienda a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad, se asegure la permanencia, y se instrumenten las acciones para que ninguna persona quede excluida del Sistema Educativo Estatal, tal como lo establece la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato. …” Análisis de la propuesta De conformidad con lo dispuesto por el artículo 109 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, el estudio y conocimiento del presente asunto es competencia de la Comisión que ahora dictamina. La educación es un derecho humano fundamental, establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de fecha 10 de diciembre de 1948, por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, Francia, el cual es también reconocido en el artículo 3º la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. El proponente expone en sus consideraciones que en el ámbito estatal se tiene un sistema educativo débil y con resultados penosos con los cuales no se ha podido abatir el rezago escolar, solicitando una revisión del programa sectorial del estado de Guanajuato; asimismo refiere que los servicios educativos se llevan a cabo mediante políticas públicas tanto a nivel federal, como a nivel subnacional sin embargo, suelen darse diferencias políticas que merman la colaboración de todos los ámbitos de gobierno y, en última instancia, tienden a producir resultados diferenciados que merman el derecho humano a la educación a las diferencias partidistas entre los distintos niveles de gobierno. Al respecto, es necesario señalar, que los cambios en la estructura del gobierno y la administración pública implican una nueva lógica de funcionamiento, la cual requiere de insumos que ayuden tanto a quienes integran dichos espacios como a la ciudadanía para contar con un gobierno efectivo que dé resultados en las distintas dimensiones en las que actúa para la creación de valor público. Por esta razón, en los años recientes, se han incorporado en los tres poderes acuerdos y principios de buen gobierno que implican herramientas que hacen más eficiente el trabajo, tanto del gobierno como de la administración pública, y que permiten acercar a los gobernados las acciones de las organizaciones públicas, en un contexto de estrategias diseñadas para el cumplimiento de objetivos En el contexto del desarrollo democrático, se han asumido diversos principios para un buen gobierno como el fundamento de las acciones públicas y han servido de base para la construcción de estrategias que hacen más eficiente y profesional el trabajo público, buscando la construcción de valor que pueda ser incorporado como elemento de la legitimidad gubernamental. Si bien en la administración han existido históricamente diversas técnicas de planeación, en lo público éstas han estado ligadas a los límites que las normas, y la imaginación de quienes sirven en el espacio público, han tenido para poder desarrollar mecanismos más eficientes para la consecución de objetivos, el desarrollo de acciones y el uso de recursos, así como para instrumentar mecanismos de evaluación que digan si lo que se planeó fue realmente lo que se ejecutó y se consiguió. Uno de los aspectos más relevantes de la administración, en cualquier espacio, pero de manera concreta en lo público, es la necesidad de planear. Para ello, se han desarrollado diversas herramientas, pero no siempre ha sido tan clara la necesidad de su utilidad en el proceso de toma de decisiones y uso de recursos. De hecho, el proceso de planeación no es tan valorado como el plan que resulta de él, pues si bien en la actualidad existe la necesidad de presentar planes, no se da el mismo énfasis legal con respecto al proceso de planeación como tal. En este sentido, debemos asumir que en el espacio de lo público el proceso de planeación tiene una naturaleza política y no únicamente administrativa, puesto que los recursos que se están planeando son públicos. Cuando hablamos de recursos, no nos referimos únicamente a dinero, sino también a las condiciones materiales, humanas, políticas, legales, etcétera, a partir de las cuales se genera valor. La propiedad de esos recursos es pública, por lo que la decisión sobre cómo los ubicamos en el contexto de un plan en particular, para lograr ciertos fines y no otros, tiene que ver con las capacidades de decisión del gobierno y la administración pública que, en la base, son políticas. La Ley de planeación establece que dicho proceso deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, con perspectiva de interculturalidad y de género, y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades, así como criterios basados en estudios de factibilidad cultural; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán resultados. De igual forma la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato, establece que los planes y programas especificarán los mecanismos de coordinación y concertación entre el Poder Ejecutivo del Estado, el Poder Ejecutivo federal, los ayuntamientos y la sociedad. De igual manera establece que el Programa de Gobierno del Estado contendrá los objetivos, estrategias y metas que sirvan de base a las actividades del Poder Ejecutivo, de forma que aseguren el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo. Con base a lo anterior, se desprende que la planeación de los programas del Gobierno no son estrategias aisladas, sino que forman parte de un sistema como medio para el eficaz desempeño de las funciones del Estado en bienestar de la ciudadanía por lo que, bajo este contexto, en el Estado se publicó el Programa de Gobierno 2018-2024 en fecha 26 de marzo del año 2019 , y su reciente actualización publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato de fecha 7 de julio del año 2021 , cumple con lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato, así como el artículo 53 de su Reglamento, los cuales indican que este proceso se debe realizar en el tercer año de la Administración. Dicha actualización tiene como insumo el reporte de cumplimiento de indicadores y metas establecidas en 2018 que, junto con un diagnóstico elaborado que permitió identificar los temas de atención prioritaria, de igual forma garantiza la alineación del documento, en lo internacional, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU; en lo nacional, con el Plan Nacional de Desarrollo 2019- 2024; y en lo estatal, con el Plan Estatal de Desarrollo 2040, la incorporación de las inquietudes y aportaciones de diferentes sectores de la población, mediante la participación del Consejo de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guanajuato, COPLADEG, y consulta ciudadana. En el Programa de Educación de Calidad se ofrece no solo cobertura e infraestructura educativa, sino una educación de calidad para todas y todos acorde a las necesidades futuras del estado. De la información remitida por la Secretaría de Educación respecto a las metas del Programa Sectorial Educación de Calidad 2018-2024, se desprendieron los avances sobre las acciones en rubros de, revalorización de las maestras y maestros; Combate del rezago, baja escolaridad, deserción y analfabetismo; y Estrategias de educación sexual integral y científica y los programas de prevención y atención de las violencias y dichos avances se encuentran registrados en la plataforma de los instrumentos del Sistema Estatal de Planeación, SEPLAN. En cuanto a “Revalorización de las maestras y maestros”, se desprende que se fortalecer la formación, capacitación y profesionalización del personal docente y directivo para la innovación en las prácticas de enseñanza, por lo que se cuentan con estrategias como del PACTO SOCIAL POR LA EDUCACIÓN, el cual considera en uno de sus 4 objetivos la revalorización de las maestras y maestros, que tiene como propósitos implementar acciones formativas dirigidas a docentes que fortalezcan su desarrollo profesional y socioemocional; así como la incorporación de incentivos que motiven y amplíen su visión sobre la importancia de su profesión en la calidad educativa de los educandos. Este componente valioso del pacto cuenta con líneas de acción como lo son: Ecosistema de Formación Docente con la implementación de un sistema de formación docente alineado al diagnóstico RIMA.; Líderes que trascienden con una red de directores, maestros jubilados e implementación de red académica de divulgación de buenas prácticas; Modelo de reconocimiento de prácticas; Internacionalización e Interculturalidad con Estancias de docentes en otros países, prácticas e intercambios internacionales; y Ecosistemas de Incentivos con la implementación de un sistema de incentivos para el fortalecimiento de la figura docente. En cuanto al “Combate del rezago, baja escolaridad, deserción y analfabetismo”, se desprenden acciones y estrategias claras como fortalecer en los centros educativos de secundaria, media superior y superior, los esquemas de atención a estudiantes en riesgo de abandono; mejorar el aprovechamiento escolar en los centros educativos, así como incrementar los estudiantes y jóvenes que reciben apoyos y acciones que impulsen su formación, participación y empoderamiento. A lo anterior, se suma la reunión que esta comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura, sostuvo en fecha 11 de agosto, mediante la cual presentó ante las diputadas y el diputado que ahora dictaminan, el diagnóstico relacionado con la deserción de alumnos en el ciclo escolar que terminó y las metas alcanzadas, así como los proyectos, estrategias e indicadores previstos para la reactivación escolar del ciclo escolar 2022-2023. De igual forma, en lo correspondiente a las “Estrategias de educación sexual integral y científica y los programas de prevención y atención de las violencias”, se cuenta con el indicador de aprovechamiento escolar, el cual contiene la acción clave de “Promover mecanismos de formación en valores y convivencia pacífica para generar entornos escolares que impacten en las mejoras de los aprendizajes”. Del mismo modo, en dicho tema la Secretaría de Educación cuenta con los siguientes programas: Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres para prevenir la violencia contra las mujeres en el espacio laboral, escolar y docente, así como incrementar la atención de la violencia contra las mujeres en el espacio laboral, escolar y docente; el Programa de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato que tiene como objetivo incrementar la participación activa de niñas, niños y adolescentes en todos los ámbitos de su desarrollo; así como Programa Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que tiene como objetivo fortalecer los mecanismos para prevenir los actos de violencia entre la población escolar de los centros educativos en las zonas de atención prioritaria. Por último, en el tema de educación científica, el Programa Sectorial de Educación, cuenta con acciones tendientes a promover la cultura científica, tecnológica de innovación y de emprendimiento en las escuelas de todos los niveles educativos. Por lo expuesto y fundado, las diputadas el diputado que integramos esta Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura, consideramos que el actual “Programa Sectorial Educación de Calidad” se encuentra alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el Plan Estatal de Desarrollo 2040, así como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cumpliendo a la fecha, por parte de la Secretaría de Educación con las metas e indicadores fijados en temas de revalorización de las maestras y maestros, combate del rezago, baja escolaridad, deserción y analfabetismo así como educación integral para la prevención y atención de las violencias, por lo que respetuosamente solicitamos a esta Asamblea se apruebe el siguiente: ACUERDO ÚNICO: La Sexagésima Quinta Legislatura, ordena el archivo definitivo de la propuesta de punto de acuerdo formulada por el diputado David Martínez Mendizábal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, con la finalidad de exhortar al Ejecutivo del Estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, para que a la brevedad inicie un proceso de revisión del programa sectorial educación de calidad 2019-2024, con la finalidad de actualizarlo en los siguientes términos: I. Incluir como objetivo central, la revalorización de las maestras y maestros, agentes fundamentales del proceso educativo, así como la participación de todos los sectores y grupos de la sociedad para concretar la transformación del sistema educativo estatal e implantar los programas necesarios para garantizar el derecho humano a la educación en todas sus dimensiones; II. Revisar e intensificar las estrategias y acciones orientadas hacia el combate del rezago, baja escolaridad, deserción y analfabetismo, como obstáculos para garantizar plenamente el derecho humano a la educación en Guanajuato y III. Difundir ampliamente y en especial entre las comunidades educativas, las estrategias de educación sexual integral y científica y los programas de prevención y atención de las violencias; que se informe sobre las acciones, planes y programas que realiza para capacitar y formar a los profesores y profesoras y todo el personal administrativo y de servicios en materia de educación sexual y en la aplicación de los protocolos de denuncia. Guanajuato, Gto., 27 de septiembre de 2022 La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura Firma Electrónica Dip. María de la Luz Hernández Martínez Presidenta Firma Electrónica Dip. Armando Rangel Hernández Secretario Firma Electrónica Dip. Yulma Rocha Aguilar Vocal Firma Electrónica Dip. Lilia Margarita Rionda Salas Vocal Voto en contra Firma Electrónica Dip. Irma Leticia González Sánchez Vocal