C. PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO P R E S E N T E. A esta Comisión de Hacienda y Fiscalización le fue turnada para efectos de su estudio y dictamen, la propuesta de punto de acuerdo formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de exhortar al Auditor Superior del Estado de Guanajuato para que realice dos auditorías, la primera, a fin de revisar el ejercicio de recursos públicos destinados hasta el momento a la academia del Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado, llevada a cabo por el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato en los ejercicios fiscales de 2019 y, en su caso, subsiguientes; y la segunda, a fin de revisar que los recursos públicos derivados del financiamiento avalado por el Congreso en septiembre de 2021, se destinen a proyectos para el fortalecimiento del sistema de seguridad pública, procuración de justicia y certeza jurídica llevados a cabo por el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, la cual deberá realizarse de manera concomitante a partir de la programación de dichos recursos, abarcando los ejercicios fiscales necesarios hasta que se completen los proyectos que se lleven a cabo en tal rubro. Analizada la propuesta de referencia, con fundamento en los artículos 75, 89, fracción V, 112, fracción XV y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato nos permitimos rendir el siguiente: D i c t a m e n I. Antecedentes Las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, en sesión ordinaria celebrada el 7 de abril de 2022 presentaron la propuesta de punto de acuerdo a efecto de exhortar al Auditor Superior del Estado de Guanajuato para que realice dos auditorías, la primera, a fin de revisar el ejercicio de recursos públicos destinados hasta el momento a la academia del Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado, llevada a cabo por el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato en los ejercicios fiscales de 2019 y, en su caso, subsiguientes, la cual deberá incorporarse al Programa General de Fiscalización 2022 y llevar a cabo, al menos, procedimientos para la verificación de que se hayan realizado todos los conceptos de obra pagados, así como de comprobación de posibles sobreprecios; y la segunda, a fin de revisar el ejercicio de recursos públicos derivados del financiamiento avalado por el Congreso en septiembre de 2021, que se destinen a proyectos para el fortalecimiento del sistema de seguridad pública, procuración de justicia y certeza jurídica llevados a cabo por el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, la cual deberá realizarse de manera concomitante a partir de la programación de dichos recursos, abarcando los ejercicios fiscales necesarios hasta que se completen los proyectos que se lleven a cabo en tal rubro. La referida propuesta se turnó por la presidencia a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen con fundamento en la fracción XV del artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, misma que se radicó el 19 de abril de 2022. En dicha fecha se requirió al Auditor Superior del Estado, la elaboración de una ficha técnica respecto a dicha propuesta, misma que se expuso a esta Comisión el 14 de junio del año en curso, por dicho funcionario. II. Consideraciones de las y los proponentes En las consideraciones expuestas en la propuesta de punto de acuerdo materia del presente dictamen se refiere lo siguiente: El proyecto de transformación de la vida pública que inició en 2018 tiene como uno de sus puntos medulares el desarrollo de infraestructura pública de calidad. De esta manera, se ha reconocido que la inversión pública productiva forma parte de la política social necesaria para generar una sociedad más igualitaria. En este sentido, el pasado 21 de marzo, el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador inauguró el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), construido en tiempo récord, a la par de que continúan los trabajos para concluir obras como el Tren Maya o la Refinería de Dos Bocas. Pese a esto, varios integrantes de partidos opositores al gobierno federal, muchos de ellos desde el ejercicio del poder público en diferentes niveles y ámbitos, han atacado sistemáticamente la generación de infraestructura pública con distintos argumentos. Sin embargo, dichos ataques tienen varias deficiencias que les imposibilita ser útiles para mejorar la vigilancia del ejercicio del poder público federal. Una de estas deficiencias es la incongruencia con la cual se lanzan los ataques. Mientras la obra pública del proyecto de transformación federal va dando resultados tangibles, partidos como Acción Nacional buscan establecer críticas superficiales, olvidando cómo los gobiernos emanados de dicho partido tienen por costumbre gastar el presupuesto público entregando resultados pobres o francamente nulos. Ejemplo de lo anterior es cómo en marzo de 2008, con motivo del 70 aniversario de la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas, el entonces presidente Felipe Calderón anunció con bombo y platillo la construcción de una nueva refinería que tendría una inversión inicial de 12 mil millones de pesos. En aquel entonces, Calderón describió un escenario de bienestar derivado del fortalecimiento de Pemex que buscaba impulsar. Lamentablemente, todo eso se quedó en promesas incumplidas: el presidente espurio terminó su gobierno y jamás se construyó la refinería que prometió. Lo único que se edificó fue una barda perimetral que costó 500 millones de pesos, alrededor del terreno de 700 hectáreas que el estado de Hidalgo compró a campesinos para entregárselo a Pemex, mediante un endeudamiento de más de 1,500 millones de pesos pagaderos en 20 años. Desde aquella falsa promesa han pasado más de 14 años, sin que se haya edificado algo sustantivo más allá de una barda. Sin embargo, hasta el momento se han pagado más de 1,800 millones de pesos por los créditos contraídos en 2009 para dicha construcción. Tan sólo en el ejercicio fiscal de 2020, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó el pago de 195.4 millones de pesos erogados por el compromiso financiero que se contrató para la construcción de la refinería fantasma, y que seguiremos pagando todos los mexicanos hasta 2027. Por esto, en su auditoría 446-DE, la ASF emitió una recomendación para que Pemex desarrollara un proyecto en el predio, pues su actual inutilidad puede convertirse en una vulneración al patrimonio del Estado. En otras palabras, recomendó al gobierno de López Obrador arreglar el desastre producido por el gobierno panista de Calderón mediante deuda pública. En este sentido, en febrero pasado, el presidente López Obrador anunció la construcción de un hospital del IMSS-Bienestar que será terminado a finales de 2023. Lamentablemente, aquél no fue un caso aislado, sino que se trató de una muestra del modus operandi del Partido Acción Nacional cuando se encuentra en el ejercicio del poder público. En el estado de Guanajuato podemos verificar esto de forma directa. No sólo porque en 2009 el exgobernador Juan Manuel Oliva incurriera en múltiples irregularidades para comprar 900 hectáreas de terrenos en Salamanca, Villagrán y Juventino Rosas, buscando ganar el proyecto de lo que se convertiría en la refinería fantasma de Calderón, sino porque hace aproximadamente 3 años el gobierno estatal que ya encabezaba Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, prometió construir una academia de policía en Villagrán. Dicha academia pertenecería al Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado (INFOSPE), y fue anunciada como parte de la política Golpe de Timón, mediante la cual Rodríguez Vallejo prometió recuperar la seguridad y paz social de nuestra entidad. Dicha academia es más que necesaria, pues como hemos denunciado desde el Grupo Parlamentario de Morena, nuestro estado tiene un importante déficit de policías estatales, al sólo contar con 0.67 policías estatales por cada mil habitantes , por debajo de la media nacional de 0.96, y mucho menos de la mitad del estándar mínimo requerido de 1.8 por cada mil habitantes. Por esto, el problema no radica en la construcción de la academia. Por el contrario, radica en que la promesa hecha por el Gobernador no se ha materializado. Pese a haber colocado la primera piedra de lo que debería ser la academia del INFOSPE en mayo de 2019, así como haber invertido 104 millones de pesos hasta el momento, lo único que hoy en día puede encontrarse en el sitio es una barda perimetral y algunos postes de luz. Lo anterior sólo empeora cuando recordamos que el titular de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad (SICOM) encargada del proyecto, es José Guadalupe Tarcisio Rodríguez Martínez, antiguo secretario particular de Felipe Calderón, coincidentemente responsable de la refinería fantasma. Luego de que todo lo anterior saliera a la luz, el gobierno estatal respondió rápidamente para señalar que la culpable de haber detenido el proyecto fue la pandemia de COVID-19 pues, según argumentó la Secretaria de Gobierno, se tuvo que reorientar el gasto hacia salud y reactivación económica. Pese a ello, dicha explicación no concuerda con los datos, pues lejos de que la SICOM tuviera alguna afectación presupuestal en 2020, lo cierto es que dicha dependencia incluso tuvo ampliaciones del 218%: mientras se aprobaron más de 1,036 millones de pesos, se dieron ampliaciones de más de 2,268 millones adicionales, llegando a un presupuesto modificado de 3,305 millones de pesos durante el ejercicio . Incluso, para el final del año, dicha dependencia tuvo subejercicios de más de 1,500 millones de pesos. Por su parte, para el ejercicio 2021, las ampliaciones de la SICOM llegaron al 130%, pues mientras se aprobaron 1,743 millones, durante el año se dieron ampliaciones por 2,272 millones más, para llegar a un presupuesto modificado de más de 4 mil millones de pesos . Por esto, la explicación brindada por el gobierno estatal levanta dudas razonables acerca del adecuado ejercicio de los recursos públicos en lo que respecta a esta obra. Adicionalmente, hace unos días el gobierno estatal fue orillado a señalar que la construcción de la academia fantasma sería retomada este 2022, aunque no detalló la fecha exacta. Lo que sí detalló, fue que se destinarán aproximadamente 300 millones de pesos adicionales a los 104 millones ya gastados, e incluso se especificó que este recurso provendría del crédito que este Congreso autorizó en septiembre de 2021 por hasta 2 mil millones de pesos. Al respecto, conviene recordar que hace algunos meses la ASF ya manifestaba su preocupación por el incremento exponencial de la deuda que, en menos de 1 año, alcanzó el 11.1% de crecimiento. Este tipo de incrementos, según señaló la ASF, comprometen los ingresos de que podría disponer el gobierno estatal, reportando un riesgo para sus finanzas públicas que estarán más restringidas y con mayores costos por intereses. La preocupación de la ASF incrementará, considerando que fue emitida en marzo, cuando la deuda pública era de 8,803 millones de pesos. Esto, toda vez que, al cierre del 2021, el total de la deuda ya ascendía a 10,159 millones de pesos, mientras que el costo anual en intereses llegó a 410 millones de pesos durante el propio 2021. Evidentemente, esto empeorará todavía más con el endeudamiento de hasta 2 mil millones de pesos adicionales que el gobierno estatal anunció estar próximo a contratar para terminar una academia fantasma que interrumpió con una excusa alejada de la realidad. Ahora bien, en la última autorización del financiamiento al que se refiere el gobierno estatal, se señaló que hasta 480 millones de pesos de la deuda contratada deberán ser destinados a proyectos de fortalecimiento del sistema de seguridad pública, procuración de justicia y certeza jurídica. Todo lo anterior, indica una estrecha relación entre los gobiernos panistas, la obra pública inconclusa y la deuda pública. El lazo definitorio de dicha relación no es una novedad, de hecho, es un fenómeno bastante común en el ejercicio del poder público que se realiza desde el asidero político neoliberal: el uso y abuso de lo público para beneficio privado, independientemente de si dichos intereses privados coinciden o no con el bienestar público. En este sentido, tomando en cuenta que una de las principales responsabilidades que tiene el Poder Legislativo está en garantizar la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de recursos públicos, las y los iniciantes consideramos urgente que se realice una auditoría en dos sentidos. Primero, al ejercicio de recursos públicos realizado hasta el momento en la inconclusa academia del INFOSPE; y segundo, al ejercicio de recursos públicos provenientes de financiamientos que se destinen al fortalecimiento del sistema de seguridad pública, procuración de justicia y certeza jurídica. III. Consideraciones de la Comisión En las consideraciones expuestas en la propuesta que se dictamina se señala la necesidad de garantizar la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de recursos públicos. En razón de lo anterior, se propone auditar los recursos públicos destinados a la academia del Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado; así como el ejercicio de recursos públicos provenientes de financiamientos con destino al fortalecimiento del sistema de seguridad pública, procuración de justicia y certeza jurídica. En tal sentido, quienes integramos esta Comisión consideramos que la vigilancia y el control del ejercicio de los recursos públicos encomendados a los sujetos de fiscalización es una de las funciones primordiales que tiene el Poder Legislativo como responsable originario de esa función de control. La administración, ejercicio, aplicación y control de los recursos públicos deben destinarse al sostenimiento y prestación de las funciones y servicios públicos estatuidos por las leyes, las que establecen los mecanismos e instrumentos para que se cumplan y cuando tales objetivos no son observados, están creados los instrumentos y las autoridades que aplicarán las acciones preventivas, correctivas y sancionadoras conducentes a restablecer el orden jurídico quebrantado por las acciones u omisiones de los servidores públicos responsables. El Congreso del Estado cumple con su función de control y de supervisión del manejo y aplicación de los recursos públicos a cargo de los poderes del Estado, los ayuntamientos y los organismos autónomos, a partir de la aprobación de las leyes tributarias que autorizan su obtención y aplicación; y de aquellas leyes que previenen y sancionan el uso indebido que se realice sobre dichos recursos. También lleva a cabo esta función indispensable para el Estado de Derecho, cuando fiscaliza y audita la aplicación de los caudales públicos. El artículo 116, fracción II, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que: «Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de Estados y Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán carácter público.» La Auditoría Superior del Estado, de conformidad con el artículo 66 de la Constitución Política local, tiene autonomía técnica, de gestión y presupuestaria en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley; señalando además que la función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de objetividad, independencia, transparencia, legalidad, definitividad, imparcialidad, confiabilidad y profesionalismo. El Poder Ejecutivo del Estado, así como las dependencias y entidades de la administración pública estatal son sujetos de la función de fiscalización del Congreso del Estado, según se desprende de los artículos 63 fracciones XVIII y XXVIII; y 66 de la Constitución Política local y 2, fracciones I y III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato. De acuerdo a lo antes señalado, coincidimos con las y los proponentes en la necesidad de garantizar la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de recursos públicos. De la propuesta podemos desprender la pretensión de la realización de dos auditorías al Poder Ejecutivo del Estado: Una específica, con enfoque financiero y de cumplimiento a fin de revisar el ejercicio de recursos públicos destinados hasta el momento a la academia del Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado por los ejercicios fiscales de 2019 y subsecuentes; así como una auditoría específica, con enfoque financiero y de cumplimiento, concomitante para revisar que los recursos públicos derivados del financiamiento autorizado por el Congreso del Estado en septiembre de 2021, se destinen a proyectos para el fortalecimiento del sistema de seguridad pública, procuración de justicia y certeza jurídica, a partir de la programación de dichos recursos, abarcando los ejercicios fiscales necesarios hasta que se completen los proyectos que se lleven a cabo en tal rubro. En la información proporcionada por la Auditoría Superior del Estado, se señala que para al ejercicio fiscal de 2019 se incluyó en la revisión de la cuenta pública del Poder Ejecutivo del Estado, la adquisición de los terrenos para la construcción del nuevo complejo para el Instituto de Formación de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato (INFOSPE), ubicado en el Municipio de Celaya, Gto., cerca de Santa Rosa de Lima en Villagrán, Gto., con el siguiente alcance: Periodo Tipo de revisión Importe Alcance De la adquisición Revisado 2019 Revisión de la cuenta pública del Poder Ejecutivo $143´022,972.00 $143´022,972.00 100% Los procedimientos de auditoría aplicados en la revisión de la adquisición de los terrenos para la construcción del nuevo complejo para el Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado (INFOSPE), fueron los siguientes: 1. Se inspeccionó la evidencia de la justificación de la adquisición del bien inmueble. 2. Se inspeccionaron las autorizaciones de la adquisición del bien inmueble y se corroboró que se encontraran autorizadas por personal facultado de acuerdo a la normativa. 3. Se inspeccionó que en la adquisición de los inmuebles se considere el valor de un avalúo para determinar el precio máximo de adquisición del objeto de la operación. 4. Se inspeccionó que los bienes inmuebles adquiridos se encuentren libres de gravamen. 5. Se inspeccionó que el contrato de compraventa se suscribiera conforme a los requisitos establecidos en la normativa y que se encontrara debidamente firmado por las personas legalmente facultadas y dentro de los plazos establecidos. 6. Se inspeccionó que los importes pagados por el bien inmueble correspondieran a los autorizados por el personal facultado, considerando los avalúos practicados, así como con lo establecido en el contrato de compraventa y lo especificado en la evidencia del pago. 7. Se realizó confirmación con los vendedores, a fin de corroborar que el importe recibido por la venta de su bien inmueble correspondiera con el monto establecido en el contrato y lo erogado por el Gobierno del Estado. 8. Se verificó que el pago contenga los documentos que acrediten la posesión o propiedad del bien inmueble afectado con el mismo nombre al que se realizó el pago. 9. Se verificó que las escrituras públicas del bien inmueble se otorgaran a favor del Estado de Guanajuato. 10. Se verificó que el bien inmueble adquirido se diera de alta en el Registro Público de la Propiedad y en el Padrón de la Propiedad Inmobiliaria Estatal. 11. Se confirmó con el municipio de Celaya, Gto., el valor fiscal previo a la compra-venta de los bienes inmuebles. 12. Se confirmó con la institución bancaria los datos del anverso y reverso de los cheques expedidos a favor de los vendedores. 13. Se verificó que los bienes inmuebles se hayan adquirido a personas sin conflicto de interés con el sujeto fiscalizado. 14. Se verificó que el valor unitario por metro cuadrado pagado considerado en los avalúos inmobiliarios se encontrara dentro del mercado, a través de la elaboración de una investigación de mercado. También se informó por parte de la Auditoría Superior del Estado que en el periodo de revisión, en el INFOSPE no se identificaron operaciones con empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS). Asimismo, en el ejercicio fiscal de 2020 el referido Instituto de Formación de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato fue sujeto a revisión bajo procedimientos analíticos de planeación por parte de la Auditoría Superior del Estado. Los análisis realizados en planeación están vinculados con la generalidad del sujeto fiscalizado, con los sistemas transaccionales, de control interno, de materialidad presupuestal, de visibilidad y relevancia, así como de posibles riesgos asociados, entre los que destacan: Actas de Órgano de Gobierno y adquisiciones, notas periodísticas, publicaciones en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado, análisis de demandas, informes de auditoría emitidos por Órganos Internos de Control, auditorías externas y por la propia Auditoría Superior del Estado, sistemas transaccionales (Tesorería, ingresos, bienes muebles e inmuebles, servicios personales, ayudas y subsidios, deuda, entre otros); variaciones presupuestales, saldos de cuenta de balance y resultados, bancos, proveedores y contratistas, enajenación y adquisición de bienes muebles e inmuebles, procesamiento de CFDI (XML). La realización de dichos análisis contempla la generalidad de las diversas unidades responsables en el Poder Ejecutivo, incluyendo al propio Instituto de Formación de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. En cuanto al ejercicio fiscal 2021, de la información proporcionada por el Instituto de Formación de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, la Auditoría Superior del Estado visualiza la siguiente información relacionada con obra pública: Descripcion de obra/servicios relacionados Contratista Importe contratado (incluye iva) Fecha de término real Estatus físico y financiero de la obra Fecha finiquito Importe total ejercido de la obra Importe ejercido en el 2021 Construcción de cuarta etapa de muro perimetral del Instituto de Formación en Seguridad Pública CORZZISA, S.A. de C.V. $16’905,864.09 20/7/2020 TERMINADA 100% 9/10/2022 $ 16’905,864.08 $512,604.57 Construcción de quinta etapa de muro perimetral del Instituto de Formación en Seguridad Pública VIGUETAS Y PRODUCTOS DE CONCRETO, S.A. DE C.V. $15’261,053.80 31/10/2020 TERMINADA 100% 10/12/2020 $15’261,053.80 $47,829.87 Construcción de sexta etapa de muro perimetral del Instituto de Formación en Seguridad Pública VIGUETAS Y PRODUCTOS DE CONCRETO, S.A. DE C.V. $13’828,411.30 26/10/2020 TERMINADA 100% 10/12/2020 $13’828,411.30 $3,875.13 $41,469.14 Total $605,778.71 De igual forma, de la información proporcionada por la Auditoría Superior del Estado podemos desprender que los importes ejercidos por el Instituto de Formación de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato durante el ejercicio 2021 por concepto de obra y servicios relacionados, representan un impacto económico menor con respecto a obras de otras dependencias y unidades del Gobierno del Estado, por lo que tanto cuantitativamente (importancia relativa), como cualitativamente (identificación de riesgos), existen otros rubros de cuenta pública que acorde con la metodología presentan mayores elementos de selección para su revisión. Aunado a lo anterior, en el Programa General de Fiscalización 2022 se contemplan 272 actos de fiscalización, por lo que, de acuerdo a dicho Programa, así como al Programa Operativo Anual y la capacidad institucional instalada, la incorporación de actos de fiscalización adicionales a los ya programados, incidiría directamente en la cobertura, calidad y tiempos de la fiscalización, en detrimento del citado programa y de los actos de fiscalización previamente planificados. En razón a lo antes señalado y privilegiando la realización de los actos de fiscalización ya contemplados en el Programa General de Fiscalización de la Auditoría Superior del Estado para el presente ejercicio fiscal, mismo que consideró una planeación estratégica, así como al cumplimiento de dicho programa en tiempo y calidad de los actos programados, así como a la capacidad institucional instalada de dicho Órgano Técnico, determinamos no autorizar la realización de la auditoría propuesta, atendiendo además a que en la revisión de la cuenta pública del Poder Ejecutivo del Estado del ejercicio 2019 la Auditoría Superior del Estado revisó la adquisición de los terrenos para la construcción del nuevo complejo para el Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado. Asimismo, en lo correspondiente a la cuenta pública del Poder Ejecutivo del Estado del ejercicio fiscal 2021 se proporcionó diversa información por parte del Instituto de Formación de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, misma que será materia de dicha revisión por parte del ente fiscalizador, lo cual se contendrá en el informe de resultados de la revisión de la citada cuenta pública. No obstante, la Auditoría Superior del Estado podrá considerar los hechos que correspondan al ejercicio 2021 planteados por las y los proponentes en la planeación y ejecución de la revisión de la cuenta pública de dicho ejercicio. Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, sometemos a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente: A c u e r d o Único. Se determina improcedente la propuesta de punto de acuerdo formulada por las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, en sesión ordinaria celebrada el 7 de abril de 2022 presentaron la propuesta de punto de acuerdo a efecto de exhortar al Auditor Superior del Estado de Guanajuato para que realice dos auditorías, la primera, a fin de revisar el ejercicio de recursos públicos destinados hasta el momento a la academia del Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado, llevada a cabo por el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato en los ejercicios fiscales de 2019 y, en su caso, subsiguientes, la cual deberá incorporarse al Programa General de Fiscalización 2022 y llevar a cabo, al menos, procedimientos para la verificación de que se hayan realizado todos los conceptos de obra pagados, así como de comprobación de posibles sobreprecios; y la segunda, a fin de revisar el ejercicio de recursos públicos derivados del financiamiento avalado por el Congreso en septiembre de 2021, que se destinen a proyectos para el fortalecimiento del sistema de seguridad pública, procuración de justicia y certeza jurídica llevados a cabo por el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, la cual deberá realizarse de manera concomitante a partir de la programación de dichos recursos, abarcando los ejercicios fiscales necesarios hasta que se completen los proyectos que se lleven a cabo en tal rubro. En consecuencia, se ordena su archivo definitivo. Comuníquese el presente acuerdo al Secretario General del Congreso de Estado, para los efectos conducentes Guanajuato, Gto., 16 de junio de 2022 La Comisión de Hacienda y Fiscalización Diputado Víctor Manuel Zanella Huerta Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia Diputado Miguel Ángel Salim Alle Diputado José Alfonso Borja Pimentel Diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández