DICTAMEN QUE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES PRESENTA AL PLENO DEL CONGRESO, DE LA PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO SUSCRITA POR EL DIPUTADO PABLO ALONSO RIPOLL INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA A EFECTO DE GIRAR ATENTO EXHORTO AL TITULAR DEL INSTITUTO GUANAJUATENSE PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (INGUDIS), Y A LOS Y LAS TITULARES DE LOS DIF DE LOS 46 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA QUE LOS RECURSOS MATERIALES ETIQUETADOS PARA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEAN APLICADOS CON EL MÁS ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS Y METAS, ESPECIALMENTE EL USO DE LOS VEHÍCULOS ACONDICIONADOS CON PLATAFORMAS ESPECIALES PARA EL TRASLADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTRIZ (ELD 126/LXV-PPA). A la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables le fue turnada para estudio y dictamen, la propuesta de punto de acuerdo suscrita por el diputado Pablo Alonso Ripoll integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de girar atento exhorto al titular del Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad (INGUDIS), y a los y las titulares de los DIF de los 46 municipios del Estado de Guanajuato, para que los recursos materiales etiquetados para atención de las personas con discapacidad, sean aplicados con el más estricto cumplimiento de sus objetivos y metas, especialmente el uso de los vehículos acondicionados con plataformas especiales para el traslado de personas con discapacidad motriz. Analizada la propuesta de referencia, esta Comisión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 89 -fracción V- y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato rinde el dictamen, con base en las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S PROCESO LEGISLATIVO. En sesión ordinaria del 7 de abril de 2022 ingresó la propuesta; misma que, con fundamento en el artículo 106 -fracción IX- de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, se turnó por parte de la presidencia del Congreso a esta Comisión legislativa para su estudio y dictamen. En reunión de la Comisión del 11 de mayo de 2022 se dio cuenta con la propuesta de punto de acuerdo. Propósito de la propuesta de punto de acuerdo. En las consideraciones de la propuesta se puede leer que: El 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Fue declarado en el año 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 47/3, con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, para concientizar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, es reconocido como el primer instrumento amplio de derechos humanos del siglo XXI. Estos instrumentos quedaron abiertos para su firma el 30 de marzo de 2007, fecha en que México los firmó, comprometiéndose a proteger y promover los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, con miras a una sociedad mundial inclusiva. También en esta Convención internacional se indican las esferas en las que es necesario introducir adaptaciones para que las personas con discapacidad puedan ejercer en forma efectiva sus derechos, señalando igual aquellas en las que se han vulnerado sus derechos y en las que debe reforzarse su protección. En nuestro país actualmente existe la Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad, publicada en el año 2011; y en el ámbito estatal tenemos la Ley de inclusión para las personas con discapacidad en el Estado de Guanajuato, promulgada en el año 2012. En este Congreso existen al día de hoy diversas iniciativas para buscar un espacio de reconocimiento laboral a las personas con discapacidad. Así mismo, en el Estado de Guanajuato tenemos el Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad (INGUDIS). Por otra parte, en una mayoría de los DIF municipales se ofrecen terapias y servicios para personas con discapacidad, además se tienen vehículos especiales para el traslado de personas con discapacidad motriz. El reconocimiento normativo no tiene sentido alguno si no aterriza en verdaderas políticas públicas a favor de las personas con discapacidad. Por eso es mi interés llamar la atención sobre el uso de los recursos públicos que debiendo estar destinados para las personas con discapacidad, son muy comúnmente mal utilizados. Precisamente en mi experiencia personal he visto como en muchas ocasiones esos vehículos de los DIF municipales son utilizados como transporte ordinario de personal municipal, antes que cumplir con su objetivo, dar servicio de traslado a personas con discapacidad. De acuerdo con datos del Banco Mundial, en el mundo existe un aproximado de 1,000 millones de personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa aproximadamente un 15% de la población mundial. En concordancia con el dato mundial de personas con discapacidad, los resultados del Censo 2020 del INEGI indican que en Guanajuato hay 935,673 personas con limitación en la actividad cotidiana o con alguna discapacidad, lo que representa un 15.2% de la población estatal. De ese total, un 49.9% son personas con alguna discapacidad para caminar, subir o bajar, es decir, poco más de 450 mil personas en todo el Estado, lo que hace necesario que todo recurso público dedicado a ellos, debe ser utilizado con la mayor eficacia y eficiencia. La empatía es una cualidad socialmente necesaria e importante para alcanzar un Estado de Bienestar, pero estaremos lejos de todo reconocimiento, protección y goce de los derechos de las personas con discapacidad si desde el poder público no se exige el más estricto uso de los recursos para beneficio de ellos. Vale recordar el contenido del artículo 1 de la Convención, que a la letra señala: “El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.” CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN. Nuestra ley orgánica otorga a las comisiones legislativas -en el artículo 89, fracción V-, la atribución de dictaminar, atender o resolver las iniciativas de Ley o decreto, acuerdos, proposiciones y asuntos que les hayan sido turnados. Esta comisión legislativa tiene competencia para el conocimiento y dictamen de los asuntos que se relacionen con la protección de los derechos de las personas en riesgo de vulnerabilidad o grupos vulnerables (artículo 106 -fracción IX- de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato). Con este fundamento se turnó la propuesta que nos ocupa. Si bien nuestra ley orgánica no define las propuestas de punto de acuerdo, el Prontuario de términos, prácticas y procedimientos más usados en el trabajo parlamentario, expedido durante la Sexagésima Cuarta Legislatura de este Congreso, apunta lo que debemos entender por estas: Resolución tomada por la mayoría de los legisladores, para establecer la postura política, económica, social o cultural del Congreso en asuntos de interés público que, por su naturaleza, no requieran sanción, promulgación ni publicación (Luna Kan, 2012, p. 3). Como ya hemos anotado, el aprobar un punto de acuerdo implica que se asuma una postura institucional respecto de una determinada materia. En el caso de la propuesta que se dictamina, estamos conscientes de las necesidades de las personas con discapacidad. Sin embargo, la proposición pretende exhortar para que los recursos materiales etiquetados para atención de las personas con discapacidad, sean aplicados con el más estricto cumplimiento de sus objetivos y metas, especialmente el uso de los vehículos acondicionados con plataformas especiales para el traslado de personas con discapacidad motriz. Por lo que no podemos asumir una postura general, cuando en las consideraciones de la propuesta se hace referencia a la experiencia personal, pero sin señalar de manera particular el caso o los casos. Aunado a que consideramos que, en todo caso, se tuvo que haber denunciado el hecho ante las instancias competentes y agotar todas las vías, y no irse a la generalidad de exhortar a los 46 sistemas municipales para el desarrollo integral de la familia y al Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad, pues no debemos perder de vista que hay casos donde los vehículos son utilizados de manera eficiente. En mérito de lo expuesto, sometemos a consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente: A C U E R D O Único. No resulta procedente la propuesta de punto de acuerdo suscrita por el diputado Pablo Alonso Ripoll integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de girar atento exhorto al titular del Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad (INGUDIS), y a los y las titulares de los DIF de los 46 municipios del Estado de Guanajuato, para que los recursos materiales etiquetados para atención de las personas con discapacidad, sean aplicados con el más estricto cumplimiento de sus objetivos y metas, especialmente el uso de los vehículos acondicionados con plataformas especiales para el traslado de personas con discapacidad motriz. En consecuencia, se ordena el archivo definitivo de la propuesta. Guanajuato, Gto., 19 de julio de 2022 La Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables Diputado David Martínez Mendizábal Diputada Janet Melanie Murillo Chávez Diputado Gustavo Adolfo Alfaro Reyes Diputada Briseida Anabel Magdaleno González Diputada Katya Cristina Soto Escamilla