- Diputada Martha Edith Moreno Valencia - - Muchas gracias, Señora Presidenta, muy buenos días a todas y todos, compañeras diputadas compañeros diputados quienes hoy nos acompañan en este recinto legislativo, medios de comunicación y a quienes nos ven a través de los medios digitales. - Con el permiso de los ciudadanos que es a quienes me debo, quienes suscribimos integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en esta Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea para su aprobación la siguiente propuesta de punto de acuerdo, con carácter de obvia resolución, de conformidad con las siguientes: - Consideraciones - El fondo de ahorro de las y los trabajadores del estado bajo las últimas administraciones, se ha convertido en un objeto pues de experimentos financieros la discrecionalidad de estos experimentos financiado con el dinero de las y los trabajadores es decir, con el dinero de las y los guanajuatenses ha sido un tema recurrente en el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, conocido como el ISSEG desde la venta ilegal de franquicias de farmacias ISSEG, que generaron pérdidas para el organismo, hasta inversiones poco transparentes en empresas de cooperación público privadas, que permiten algunos hacerse ricos al amparo del poder público, es decir a costa del dinero de los guanajuatenses, la discrecionalidad en el manejo de las inversiones del instituto, son una oportunidad constante para que la opacidad y la falta de rendición de cuentas prospere. - Con datos de abril del presente año, el total de personas aseguradas y pensionadas es de 83,461 de las cuales 18,971 corresponden a jubiladas y pensionados cerrando su valor de patrimonio con 29,921 millones de pesos, incrementar los rendimientos es la justificación más recurrente en las diversas aventuras que se han dispuesto de esta bolsa financiera, sin embargo es un tema muy delicado, ya que son los recursos de nuestros pensionados, lo repetimos fuerte y claro no se puede jugar con los recursos públicos y esconder con tecnicismos la información, las cuentas públicas son sagradas. - En caso más reciente en el manejo de las inversiones del ISSEG se ha despertado dudas acerca de su apego a los principios constitucionales de administración de los recursos públicos, es el caso de Guanajuato leasing, este proyecto de inversión público - privada destaca más por su opacidad que por su capacidad para generar rendimientos, recordemos que el titular del ISSEG mencionó que toda la información referente a esta empresa es considerada, reservada toda. - Guanajuato leasing, empresa arrendadora de automóviles y maquinaria prometía generar rendimientos del 8% sin ningún tipo de riesgo, sin embargo gracias a esa información reservada pues no sabemos los rendimientos que se están generando lo único que queda claro es que no se llegó a la meta de inversión y que no se quiere transparentar el resultado de esta inversión de recursos públicos. Adicionalmente hay un hecho en torno a este proyecto de inversión que levanta más dudas acerca de la correcta administración de recursos públicos, Guanajuato Leasing, todavía no estaba constituido pero qué creen su nombre y su logotipo ya tenían dueño un particular del nombre Remigio Francisco Álvarez Prieto, actualmente no sabemos en qué términos se dio esta intervención de este particular, pues tampoco está transparentado, pregunto yo ¿entonces que conocemos acerca de este proyecto? ¡exacto! ¡nada! únicamente tenemos la declaración del director del ISSEG Ricardo de la Peña, quien mencionó que este particular fue el líder del proyecto, que incluso se ofreció a fundar la sociedad ¡no pues que ofrecidos verdad! - Con una inversión de apenas mil pesos, en el mismo sentido el propio director del ISSEG ha señalado que Álvarez Prieto es consultor pese a que no se haya mostrado, ni encontrado ningún contrato de consultoría de por medio, según el relato del ISSEG sustentado únicamente en la fe que se le puede tener a quien decidió reservar la información del proyecto Álvarez Prieto es consultor, es asesor, es socio, líder del proyecto y dueño de la marca y del logo de Guanajuato Leasing, todo esto a cambio de nada, o al menos nada que se haya hecho público. - Si el registro de la marca y logo está en propiedad de Álvarez Prieto hasta abril del 2029, es probable que el gobierno este rentando o haya comprado los derechos, sin embargo, esto es solo una suposición pues gracias a la reserva de la información que mencionamos no se sabe nada acerca de los 247.5 millones de pesos invertidos por él ISSEG, ni tampoco de los vehículos entre el poder público estatal y los privados que inciden directamente en el proyecto ¿por qué no hay contratos celebrados entre el Estado y Álvarez Prieto? ¿qué hay de su otra empresa que entró y salió del patrón del padrón de proveedores? ¿qué intereses existen detrás de la cooperación público-privada? por otro lado en octubre del 2019 el instituto mexicano de la propiedad industrial IMPI, notificó coincidencias con al menos 9 marcas existentes, 3 de ellas registradas por el Gobierno de Guanajuato, 4 por Gobierno Guanajuato Puerto Interior, 1 por COFOCE y 1 por un particular. Pregunto, ¿el ISSEG que no se enteró del movimiento pese a que el IMPI encontró similitudes con otras marcas, propiedades del Estado? ¿Por qué a casi un año de distancia no está protocolizado este acto con la reconfiguración de las acciones en el registro público del comercio? ¿Las inversiones están firmes? hay muchas preguntas al aire, que nadie contesta y que sólo se dice que están reservadas y reservadas y reservadas. - Por lo pronto Guanajuato Leasing, ya es una empresa proveedora del Gobierno Estatal, gracias a las facilidades dadas por el Gobierno del Estado para ganar una licitación a modo, para la contratación del servicio integral de arrendamiento, administración y monitoreo de 305 vehículos, se autorizaron cuatro contratos de arrendamiento de vehículos, por 192.8 millones de pesos. Siendo hasta ahora, su primera, pero también su única operación generadora de ingresos, en esta suma la situación puede resumirse de la siguiente forma. - El gobierno invierte 247.5 millones de pesos provenientes de recursos de pensiones en una nueva empresa de arrendadora financiera, luego abre una asamblea para que se integren nuevos socios que puedan beneficiarse de esta empresa y posteriormente es el mismo Gobierno del Estado que han incorpora como proveedora a esta empresa y le da facilidades para ganar la licitación, por un servicio de 192.8 millones de pesos. - Ciudadanos un negocio redondo, para los inversionistas privados. Es probable que guanajuato Leasing, este siendo un mecanismo para echar a andar en nuestra entidad una vez más el modus operandi neoliberal, utilizar el poder público para impulsar los negocios privados, es decir usar los recursos públicos, el recurso de los guanajuatenses para garantizar la ganancia de las élites económicas y políticas, este probable mal manejo de los recursos podría fácilmente traducirse en años patrimoniales, a los recursos de las y los pensionados de nuestro estado. Los recursos del fondo de pensiones de los trabajadores del estado están en riesgo, desde el Grupo Parlamentario de Morena, no vamos a aceptar la opacidad ni el mal manejo de los recursos públicos, no nos vamos a quedar callados, nos preocupan los conflictos de interés que se pueden estar dando en este caso, también nos preocupa la opacidad que se pueden estar dando con la que esta empresa se constituyó y se viene manejando, por esto las y los iniciantes consideramos que este Poder Legislativo, debe intervenir para ejercer su facultad constitucional de fiscalización de los recursos públicos, la fiscalización es un mecanismo de rendición de cuentas horizontal que tiene un papel fundamental en la vida democrática de cualquier sociedad. - Es la primera obligación histórica del Poder Legislativo no podemos ser omisos en su ejercicio, si la administración de los recursos públicos no se da en apego a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez se abre la puerta a un uso patrimonial y abusivo de los cargos públicos. Y para terminar sólo queremos puntualizar que esto además se está presentando como propuesta de urgente y obvia resolución, debido a que consideramos que no podemos esperar a que la Comisión de Hacienda y Fiscalización dictamine la propuesta esto debido a que los tiempos de espera en este tipo de solicitudes en dicha comisión, pueden llegar a ser hasta más de un año. Es cuánto.