DICTAMEN QUE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES PRESENTA AL PLENO DEL CONGRESO, DE LA PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO SIGNADA POR DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL POR LA QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE GUANAJUATO A EFECTO DE QUE LLEVE A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS EN FAVOR DE LA ATENCIÓN, DEFENSA Y PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, EN RELACIÓN CON LOS CASOS DE VIOLENCIA ESCOLAR REPORTADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO (ELD 179/LXV-PPA). A la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables le fue turnada para estudio y dictamen, la propuesta de punto de acuerdo signada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional por la que se exhorta a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato a efecto de que lleve a cabo las acciones necesarias en favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes, en relación con los casos de violencia escolar reportados por la Secretaría de Educación de Guanajuato. Analizada la propuesta de referencia, esta Comisión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 89 -fracción V- y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato rinde el dictamen, con base en las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S PROCESO LEGISLATIVO. En sesión de la Diputación Permanente del 11 de agosto de 2022 ingresó la propuesta; misma que, con fundamento en el artículo 106 -fracción IX- de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, se turnó por parte de la presidencia a esta Comisión legislativa para su estudio y dictamen. La Comisión en reunión de fecha 17 de agosto de 2022 dio cuenta con la propuesta de punto de acuerdo. Propósito de la propuesta de punto de acuerdo. En las consideraciones de la propuesta se puede leer que: Cuando tomamos protesta para asumir esta responsabilidad en el Poder Legislativo, nos obligamos a tomar decisiones para proteger a las familias del Estado. Asumimos un compromiso de frente a los ciudadanos para que esta Legislatura tomara decisiones orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población y procurar la protección de derechos de población en condiciones de vulnerabilidad. Aún más, en la materia específica que hoy nos ocupa relacionada con garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, este Poder legislativo tiene obligaciones específicas en la ley para dar seguimiento a las normas que garanticen estos derechos. Presento a ustedes el presente exhorto en apego a ese mandato. La última semana de julio del presente año la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato emitió comunicado en el que indica que durante 2022 se reportaron 37 casos de violencia escolar, 17 de los cuales fueron de índole sexual. De acuerdo con la información difundida, de los 17 casos de tipo sexual, 14 se cometieron en escuelas de educación básica y tres en planteles de media superior, detalló. De los 14 casos en educación básica se determinó que cuatro constituían violencia entre pares, implicando a estudiantes, mientras que 10 implicaron a personas trabajadoras de la SEG, tres de las cuales fueron sancionadas y siete causaron baja definitiva El comunicado difundido por la dependencia respondió al caso de denuncia por los sucesos ocurridos en la comunidad Camino Real del municipio de Silao. Ese hecho, por sí mismo grave, en conjunción con los casos adicionales que se indican en el comunicado difundido por la Secretaría de Educación, nos obliga a realizar el presente pronunciamiento. La escuela es un espacio de formación en el que debe garantizarse el desarrollo y bienestar de quienes forman parte de esa comunidad. Ese espacio es fundamental en el desarrollo social, afectivo e intelectual de las y los estudiantes. La Ley General de Educación establece que los educandos son los sujetos más valiosos de la educación con pleno derecho a desarrollar todas sus potencialidades de forma activa, transformadora y autónoma y tienen derecho a ser respetados en su integridad, identidad y dignidad, además de la protección contra cualquier tipo de agresión física o moral. Un solo caso de un menor agredido exige nuestra atención urgente e inmediata. Las autoridades tienen la obligación de procurar, proteger y tutelar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Es fundamental que esos sucesos se atiendan con decisiones contundentes a través de diversas acciones enfocadas tanto en la de carácter correctivo como en la de índole preventivo para garantizar que su no repetición. En el caso de Silao, de acuerdo con la información difundida, madres de seis niñas interpusieron denuncia hace más de un mes. Las denuncias están presentadas y los procedimientos laborales disciplinarios fueron instaurados. Además de que se ha dado la respectiva actualización del caso por parte de la Fiscalía del Estado. Es precisa la conclusión de los procesos correspondientes a fin de que se tomen las medidas cautelares correspondientes, se dé seguimiento de las medidas de protección integral y restitución de los derechos, además de determinar las sanciones a que haya lugar. En todos los casos que han sido señalados por la Secretaría de Educación, es precisa la atención inmediata e integral para quienes han sido víctimas de esos abusos. Realización de las investigaciones que determinen los respectivos responsables para la imposición de las sanciones correspondientes, además de poner en práctica los protocolos que se enfoquen en acciones preventivas que garanticen un clima escolar libre. Asimismo, coordinación de acciones entre las diversas instancias del sector público para garantizar atención integral de los derechos de la infancia. En su caso, revisemos integralmente los elementos de los Protocolos para la Detección, Prevención y Actuación en caso de violencia escolar a fin de verificar que se proteja integralmente los derechos de las y los estudiantes. Revisemos de ser necesario las disposiciones legales que correspondan. En esta materia, estoy segura de que es posible colocarnos por encima de las diferencias partidistas para encontrar en la protección de los derechos de la niñez puntos que nos son comunes. Lejos de que nuestra voz en el Legislativo busque revictimizar a niñas, niños y adolescentes que han sufrido de violencia, o que estos casos motiven el debate político, lo que debe concentrarnos es la protección del interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Existen instrumentos legales que solicitamos se activen en estos casos e instituciones que tienen las atribuciones para la atención y tratamiento oportuno y específico de cada caso. La experiencia, especialidad, profesionalismo y las facultades de la Procuraduría de Protección son una garantía de que su intervención es determinante para promover, respetar, y garantizar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Sus atribuciones para proveer atención médica y psicológica; el trabajo conjunto que puede realizar con las autoridades administrativas y judiciales correspondientes para la debida determinación, coordinación de la ejecución y seguimiento de las medidas de protección integral y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes; además de sus facultades para promover la participación de los sectores público, social y privado en la planificación y ejecución de acciones en favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescente, son elementos que requieren ejecutarse en el contexto de los casos de violencia escolar que la Secretaría de Educación de Guanajuato ha difundido. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN. Nuestra ley orgánica otorga a las comisiones legislativas -en el artículo 89, fracción V-, la atribución de dictaminar, atender o resolver las iniciativas de Ley o decreto, acuerdos, proposiciones y asuntos que les hayan sido turnados. Esta comisión legislativa tiene competencia para el conocimiento y dictamen de los asuntos que se relacionen con la protección de los derechos de las personas en riesgo de vulnerabilidad o grupos vulnerables (artículo 106 -fracción IX- de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato). Con este fundamento, para estudio y dictamen, se turnó la propuesta que nos ocupa. Si bien nuestra ley orgánica no define las propuestas de punto de acuerdo, el Prontuario de términos, prácticas y procedimientos más usados en el trabajo parlamentario, expedido durante la Sexagésima Cuarta Legislatura de este Congreso, apunta lo que debemos entender por estas: Resolución tomada por la mayoría de los legisladores, para establecer la postura política, económica, social o cultural del Congreso en asuntos de interés público que, por su naturaleza, no requieran sanción, promulgación ni publicación (Luna Kan, 2012, p. 3). Quienes integramos esta comisión legislativa consideramos que, para las niñas, niños y adolescentes, y en general estudiantes, la escuela debe seguir siendo el espacio público seguro y fundamental para su desarrollo social. Y, aun siendo solamente el caso de un niño, niña o adolescente agredido, debemos prestar atención y atender estos temas. Existen instrumentos legales que, desde el Congreso, consideramos debemos solicitar se activen; tal es el caso de la actuación de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato. Este organismo público descentralizado tiene por objeto la protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Por lo que, a través del presente, se hace un llamado a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato para que lleve a cabo las acciones necesarias en favor de la atención, defensa y protección de nuestras niñas, niños y adolescentes; esto enfocado, en los casos de violencia escolar que ya reportó la Secretaría de Educación del Estado. Agenda 2030. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible se rigen por tres principios fundamentales: no dejar a nadie atrás; una agenda universal, pero de apropiación nacional; y una agenda integral. Ahora bien, sabedores de que el Poder Legislativo, como parte del Estado mexicano, tiene una responsabilidad fundamental en el compromiso adquirido para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 metas, destacamos que este dictamen tiene incidencia en el objetivo 16, relativo a Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. En mérito de lo expuesto, sometemos a consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente: A C U E R D O Único. La Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato exhorta a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato a efecto de que lleve a cabo las acciones necesarias en favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes, en relación con los casos de violencia escolar reportados por la Secretaría de Educación de Guanajuato. Guanajuato, Gto., 9 de noviembre de 2022 La Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables Diputado David Martínez Mendizábal Diputada Janet Melanie Murillo Chávez Diputado Gustavo Adolfo Alfaro Reyes Diputada Briseida Anabel Magdaleno González Diputada Katya Cristina Soto Escamilla