Presidencia de la Mesa Directiva Congreso del Estado Presente Correspondió a esta Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones analizar y dictaminar la propuesta de punto de acuerdo suscrita por la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo y el diputado David Martínez Mendizabal integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA mediante el cual se efectúa un exhorto a la titular de la alcaldía de Irapuato para que remita un informe detallado a esta soberanía sobre las inversiones previstas en materia de seguridad pública en esa demarcación. (ELD 190/LXV-PPA) Agotado su estudio y discusión, con fundamento en el artículo 119 fracción II y 180 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, se procede a realizar el siguiente: D i c t a m e n I. Antecedentes. La propuesta de acuerdo fue presentada en la sesión ordinaria celebrada en fecha 6 de octubre de 2022. Su radicación en la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones se realizó en reunión de 21 de octubre de 2022. II. Consideraciones de quien propone. El pasado 16 de julio del presente año, en Irapuato se vivieron terribles acontecimientos violentos que vulneran de manera significativa todos y cada uno de los derechos de la ciudadanía. Autos quemados, tiendas de conveniencia y farmacias atacadas, pusieron al descubierto lo que se vive día a día en esta demarcación. Posterior a los eventos violentos, diversas escuelas y negocios de diferentes partes del municipio prefirieron cancelar sus actividades pues fue la única alternativa que encontraron para mantenerse seguros ante la ola de violencia que se vive en el municipio. No es menor que Irapuato sea considerada una de las ciudades más violentas del mundo, específicamente en el sexto lugar; es así como, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró que Guanajuato se han cometido un total de 2 mil 81 homicidios intencionales, es decir 2 mil 62 homicidios y 19 feminicidios. En términos absolutos, durante este periodo, un total de 386 homicidios intencionales se cometieron en el municipio de Irapuato, lo cual representa el 14% del total estatal. Por otro lado, vemos con enorme tristeza que los cuerpos policiacos del municipio tampoco cuentan con respaldo de las autoridades municipales, pues como ellos mismos lo señalan, han sufrido bajas en el cumplimiento de su deber. Recientemente se manifestaron para exponer que han sido blanco de ataques y amenazas a partir de la designación del nuevo secretario de seguridad ciudadana, Luis Ricardo Benavides Hernández. Es decir, aquellos que deberían estar resguardando la seguridad de la población irapuatense, están viviendo en carne propia los estragos de la violencia que aqueja a nuestro municipio. No obstante, todo lo expuesto, el día de hoy es noticia gracias a la información que emite la Oficial Mayor Adriana Elizarrás Sandoval, que el Ayuntamiento del Comité de Adquisiciones aprobó la compra de una camioneta con valor de 3 millones de pesos para la “seguridad” de la alcaldesa, aclarando supuestamente que también adquirirá equipamiento para policías municipales. Sin embargo, a finales del año pasado, la titular de la Alcaldía de Irapuato informó que el treinta por ciento del presupuesto total del Municipio sería destinado para la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo que representó la contratación de 80 nuevas plazas con una inversión adicional de 50 millones de pesos; se prometieron reconocimientos mensuales a los policías por su trabajo, valor y espíritu de servicio, así como dotarlos de herramientas necesarias para poder realizar con dignidad su labor y a pesar de todas esas medidas financieras y estructurales, la seguridad sigue siendo el talón de Aquiles de esta administración. De lo anterior, se asume que la alcaldesa entiende que la problemática que se vive en el municipio afecta incluso a su persona y la investidura que ostenta, porque la inseguridad es tan grave que hasta ella debe obtener protección para resguardar su vida e integridad física. Sin embargo, no hay un informe claro sobre las inversiones que realizará para fortalecer la seguridad ciudadana, no se explica con transparencia la forma en qué equipará al cuerpo de seguridad o a los policías municipales. Es lamentable que, en este Estado gobernado por el Partido Acción Nacional, solamente se privilegie la vida de una persona por ostentar el cargo que ostenta y se menosprecia la integridad de los cuerpos policiacos y, pero aún es irrelevante la seguridad ciudadana. Aseguran que están trabajando, pero esas afirmaciones no se traducen en eficacia ni en buenos resultados frente el combate hacia la violencia. III. Consideraciones de quienes integran la comisión. El poder legislativo es uno de los órganos constitucionales del Estado que ostentan representación popular y es el generador de las normas con rango de ley, además de ser el fiscalizador y controlador de la acción del gobierno. Como comisión estamos de acuerdo en maximizar la fiscalización como una de las funciones más importantes de los congresos locales; asegurando con ello la rendición de cuentas y el control del poder. Sin embargo, dicha actividad y éxamen riguroso de los ejercicios presupuestales, así como de las cuentas públicas, suponen procedimientos legales e instituciones competentes a través de los cuales la rendición de cuentas se realiza para hacer responsables a los servidores públicos de sus actos y decisiones. En ejercicio de dichas capacidades legales es como puede instrumentarse fiscalizaciones y auditorías con dirección y razones estrictamente técnicas, objetivas, neutrales, confiables e imparciales en su realización; pues será a partir, en su caso, de los informes de resultados y al aprobar o no las cuentas públicas mediante las cuales se puede realizar todo tipo de evaluaciones, discusiones y liberaciones al respecto; pero sin interferir en las táreas técnicas a quienes legalmente le corresponde. Por otra parte, y con relación puntual a la materia del exhorto, es de señalarse que la administración, ejercicio, seguimiento y verificación de los recursos aportados y convenidos e invertidos para mejorar las condiciones de seguridad pública en las distintas regiones del territorio nacional se ecuentran sujetos, por lo que corresponde a los de naturaleza federal, a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio correspondiente, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, así como la Ley de Contabilidad Gubernamental, entre otras disposiciones aplicables; por su parte los recursos de origen estatal y municipal aportados para dicho efecto por las entidades y ayuntamientos se sujetan a las disposiciones locales. Al efecto, y como regla primordial para el ejercicio de dichos recursos no es posible realizar la duplicidad de su aplicación y aplicación en conceptos no autorizados sobre y entre los recursos que los distintos ordenes de gobierno otorguen o destinen en materia de seguridad públicay que, en su caso, las asignaciones determinadas por cada municipio o en su caso las aportaciones recibidas en especie siempre deben ser acreditadas mediante las constancias necesarias. Particularmente en los procesos de concertación, destino e inversión de recursos en materia de seguridad pública deben presentarse los proyectos de inversión e identificación de la procedencia con la que se financiará cada concepto de gasto, dirigidos y observados mediante la presentación, seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión que deben de presentarse de conformidad a lo dispuesto por los Sistemas Nacional y Estatal de Seguridad Pública correspondiente, precisandose además el proyecto específico que se implementa para contribuir al cumplimiento de los objetivos establecidos como Programas de Prioridad Nacional. Es decir, cada concepto de gasto derivados de inversiones en la materia de mérito debe estar alineadas y con relación a las acciones medibles y evaluables. Teniendo además la posibilidad de poder concertar conceptos y destino de recursos para atenció de necesidades generadas a partir de problemáticas locales en las que se tiene alteranciones graves del orden y la paz pública. La fiscalización y auditorías sobre los recursos en la materia están sujetas, en el ámbito de sus respectivas competencias y en términos de la normativa aplicable, a los órganismos fiscalizadores y supervisores a nivel federal y estatal. No obstante, lo anterior corresponde a los Secretariados Ejecutivos transparentar la asignación, ministración, ejercicio y seguimiento de los recursos en términos de la Ley General de Transparencia y Accesoa a la Infomación Pública, determinando en los mismos términos aquella información que será sujeta a la confidencialidad y reserva que refiere dicha normativa. Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, sometemos a consideración de esta Asamblea, la aprobación del siguiente: A c u e r d o Único. - Se determina improcedente la propuesta de punto de acuerdo suscrita por la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo y el diputado David Martínez Mendizabal, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, mediante el cual se efectúa un exhorto a la titular de la alcaldía de Irapuato para que remita un informe detallado a esta soberanía sobre las inversiones previstas en materia de seguridad pública en esa demarcación. Comuníquese el presente acuerdo con su dictamen al Secretario General del Congreso del Estado, para los efectos conducentes. Guanajuato, Gto., a 30 de octubre de 2023 La Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones Dip. Martín López Camacho Dip. Alma Edwviges Alcaraz Hernández Dip. Rolando Fortino Alcántar Rojas Dip. Bricio Balderas Álvarez Dip. Gerardo Fernández González