C. Diputado Miguel Ángel Salim Alle Presidente del Congreso del Estado P r e s e n t e. A estas Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa formulada por la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de adicionar una fracción XX Bis al artículo 87 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato. (ELD 479/LXV-I) De conformidad con los artículos 89, fracción V; 112, fracción IX y último párrafo; 111, fracción IX y último párrafo; y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos rendir el siguiente: D i c t a m e n I. Proceso legislativo I.1. En sesión del 20 de abril de 2023, se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen, la iniciativa formulada por la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de adicionar una fracción XX Bis al artículo 87 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, con fundamento en los artículos 112, fracción IX y último párrafo y 111, fracción IX y último párrafo. I.2. La iniciativa se radicó por las Comisiones Unidas del 2 de mayo de 2023 y se aprobó la metodología para su estudio y dictamen. Derivado de lo cual, se remitió al Poder Judicial del Estado, a la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado, a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, a los organismos autónomos, a la Auditoría Superior del Estado y a los ayuntamientos del Estado, otorgándoles un plazo de 15 días hábiles para remitir los comentarios y observaciones que estimaran pertinentes. También se estableció un link en la página web del Congreso del Estado, para consulta y participación ciudadana por un término de 15 días hábiles. Se recibieron las opiniones, observaciones y comentarios de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, de la Universidad de Guanajuato, de la Auditoría Superior del Estado y del ayuntamiento de San Luis de la Paz. De igual forma, los ayuntamientos de Celaya, Coroneo, Cortazar, Doctor Mora, Irapuato, Jaral del Progreso, Romita, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Santiago Maravatío, Tarimoro, Uriangato, Victoria y Yuriria, se dieron por enterados, emitieron opinión positiva, no tuvieron comentarios, sugerencias, propuestas u observaciones o se pronunciaron a favor de la iniciativa. En tanto que el ayuntamiento de Abasolo se pronunció en contra de la iniciativa . Por su parte, el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato no emitió comentarios o recomendaciones, señalando que la iniciativa no atañe a los derechos político-electorales. Se elaboró un documento con formato de comparativo del contenido de la iniciativa con las disposiciones vigentes, en el cual se incluyeron además las opiniones, observaciones y comentarios recibidos, mismo que se circuló a las Comisiones Unidas. A partir del 10 de octubre de 2023 se instaló una mesa de trabajo de carácter permanente, en la que participamos diputadas y diputados integrantes de estas Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, asesores de quienes conforman las mismas, funcionarios la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, de la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado y de la Auditoría Superior del Estado y la secretaría técnica, en las que discutimos y analizamos diversas iniciativas de reformas a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato. El 11 de diciembre de 2923, se llevó a cabo la continuidad de la mesa de trabajo, estando presentes la diputada Susana Bermúdez Cano, y los diputados Víctor Manuel Zanella Huerta y Cuauhtémoc Becerra González, integrantes de las comisiones unidas. De igual forma se contó con la presencia de servidores públicos del Poder Ejecutivo, de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, de la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado y de la Auditoría Superior del Estado, asesores de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y MORENA y las secretarías técnicas de las comisiones dictaminadoras, donde se desahogaron consideraciones y observaciones sobre cada uno de las iniciativas en materia de fiscalización. 1.3. Derivado del análisis de la iniciativa, la presidencia instruyó a la secretaría técnica la elaboración del proyecto de dictamen en sentido negativo, considerando los argumentos vertidos en la mesa de trabajo, conforme lo dispuesto en los artículos 94, fracción VII y 272 fracción VIII inciso e de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. Dicho proyecto fue materia de revisión por las diputadas y los diputados integrantes de estas comisiones dictaminadoras. II. Consideraciones de la iniciante: La iniciativa refiere en su exposición de motivos: «(…) La corrupción puede entenderse como el conjunto de acciones u omisiones relacionadas con el uso inadecuado de recursos públicos para favorecer a un interés particular . En este sentido, la corrupción representa además una conducta violatoria de los principios democráticos y tiene una repercusión importante sobre la disponibilidad, calidad y accesibilidad de bienes y servicios vinculados a los derechos humanos. Así, todo el orden normativo en materia de rendición de cuentas ocupa un lugar relevante para disuadir los posibles actos de corrupción en el servicio público y, de este modo, salvaguardar los bienes y recursos públicos. Los sistemas modernos de rendición de cuentas se componen de un conjunto de mecanismos institucionales que coaccionan a los servidores públicos a informar y responder frente a la ciudadanía acerca de sus actos, además posibilitan la verificación del apego a la legalidad y de los resultados producidos en el ejercicio del poder por parte de los servidores públicos . En este sentido, el Poder Legislativo representa una de las instituciones más relevantes para el correcto funcionamiento de los sistemas de rendición de cuentas, pues entre sus funciones principales se encuentra la de vigilar y fiscalizar el presupuesto público ; es decir, tienen la atribución del control político y presupuestal de las actividades del Estado, con la finalidad de asegurar la correcta implementación de los principios de legalidad y el adecuado ejercicio del poder. En el caso mexicano, de acuerdo con lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Federal, la administración de recursos públicos debe llevarse a cabo bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Actualmente los poderes legislativos, tanto nacionales como subnacionales de las democracias contemporáneas, llevan a cabo la función de vigilancia y fiscalización mediante organismos técnicos denominados Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), los cuales suelen tener autonomía técnica y de gestión. En el caso del Estado de Guanajuato, la EFS con la que cuenta el Poder Legislativo Estatal es la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG). Sin embargo, la existencia de la institución fiscalizadora no garantiza por sí misma su correcto funcionamiento, por esta razón el marco normativo que regula dicha actividad es fundamental para garantizar que los procesos de fiscalización se realicen con apego a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, de forma que se proteja en todo momento el bien público de los posibles actos de corrupción. Desde el Grupo Parlamentario de MORENA hemos señalado en varias ocasiones las deficiencias o áreas de oportunidad que se identifican en la actividad de la Auditoria Superior del Estado, y con la intención de subsanar dichas deficiencias hemos presentado propuestas para fortalecer la actividad fiscalizadora. En este orden de ideas, una de las deficiencias que hemos identificado es que, actualmente, el auditor superior no tiene la atribución de impugnar las determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y del Tribunal de Justicia Administrativa en cuanto a denuncias presentadas por la ASEG ante dichas instancias. Así, la necesidad de ampliar los alcances y herramientas con las que cuenta la ASEG para llevar a cabo sus labores de fiscalización se reforzó recientemente con la entrega del Informe de Labores 2022 de la ASEG a la Comisión de Hacienda y Fiscalización, en el cual se señaló el archivo de 25 carpetas de investigación abiertas por denuncias que la ASEG interpuso ante la Fiscalía General del Estado. Desde MORENA, mediante oficio se solicitó a la Comisión de Hacienda y Fiscalización que el Auditor Superior, Javier Pérez Salazar, diera más detalles sobre los casos denunciados y archivados. Entre las anteriores 25 carpetas, se encuentra el caso particular de una denuncia que la ASEG presentó ante la Fiscalía el 4 de octubre de 2018 por hechos de corrupción derivados de la auditoría específica realizada al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvatierra (SMAPAS). Dicho caso tiene lugar al cierre de 2018, cuando la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato denunció un posible fraude, pues se pagaron 444 mil pesos al proveedor de nombre Gerardo González Palmerín sin razón alguna, pues no existe contrato ni evidencia de las labores supuestamente realizadas. En su denuncia, la ASEG señaló diversas actividades de investigación realizadas, de las cuales se deriva que nadie en la administración pública municipal era capaz de señalar los trabajos o razones por las cuales se le pagó a González Palmerín, mucho menos probar que se haya realizado algún trabajo para beneficio público. Incluso, la ASEG señaló que, por la opacidad en el manejo de recursos públicos observados, existe la posibilidad que servidores públicos hayan dispuesto de la cantidad observada para su beneficio personal. En este caso particular, estuvo implicado un gobierno emanado de Acción Nacional, y cabe señalar que ante la imposibilidad de la ASEG para recurrir en la cómoda determinación que tuvo la Fiscalía de archivar el caso, una regidora de la oposición solicitó al actual Ayuntamiento de Salvatierra que se impugnara el archivo, sin embargo, el ayuntamiento con mayoría panista, en un principio se negó a llevar a cabo la impugnación. Si bien, actualmente ya procedieron a recurrir en la determinación, la falta de voluntad inicial nos habla de que se trató, sobre de una decisión por presión. Otro de los casos que llama la atención es el archivo de la denuncia que la ASEG presentó en 2018, que se desprende del proceso de fiscalización relativo a la Revisión de Cuenta Pública 2017 practicada al Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. En este caso particular, la ASEG denunció que el Poder Ejecutivo no acreditó la realización de una campaña publicitaria contratada por la Secretaría de Turismo a la empresa International News Media LLC por un importe de 8 millones de pesos. Dicha campaña publicitaria consistiría en la promoción del Estado como destino turístico en espectaculares y en revistas en algunas ciudades del extranjero; sin embargo, durante el proceso de fiscalización, solo se identificó el contrato, pero no se ubicó evidencia que corroborara el cumplimiento de la campaña publicitaria y las pruebas identificadas resultaron inconsistentes. Asimismo, la ASEG identificó una triangulación comercial en el proceso, y la catalogó como un factor de riesgo. Lamentablemente, ambos casos fueron archivados sin precisar razones y sin que la ASEG contara con las atribuciones necesarias para impugnar dichas determinaciones. Los anteriores son solo algunos ejemplos de los casos que fueron archivados y en los cuales la ASEG no puede intervenir, por lo tanto, el riesgo de que queden impunes es latente, pues se depende completamente de las instituciones fiscalizadas que pueden impugnar, es decir que tienen acreditada la calidad de víctima en los casos. La preocupación es legítima, pues el mismo Auditor reconoció, durante su intervención en la sesión de Comisión de Hacienda, que la ASEG no les da seguimiento a los casos archivados, y mencionó que considera deseable que se le reconozca la atribución para poder impugnar las determinaciones de la Fiscalía y participar en los procesos judiciales. Por lo anterior, desde el Grupo Parlamentario de Morena consideramos necesario establecer la atribución de impugnar las determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y del Tribunal de Justicia Administrativa. Esta atribución ya se contempla en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación para el titular de la Auditoría Superior de la Federación, por lo cual consideramos necesario que el auditor superior local tenga una herramienta homóloga. Finalmente, de ser aprobada, la presente iniciativa tendrá el siguiente impacto, de conformidad con el artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato: I. Impacto jurídico: Se adiciona una fracción XX Bis, recorriéndose en su orden las subsiguientes, del artículo 87 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato. II. Impacto administrativo: La presente iniciativa no tiene un impacto administrativo inmediato. III. Impacto presupuestario: La presente iniciativa no tiene un impacto presupuestario inmediato. IV. Impacto social: Mediante la presente iniciativa se fortalece el sistema de rendición de cuentas local y las actividades de fiscalización encomendadas por el Congreso a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, con lo cual se contribuye a mejorar el combate a la corrupción y se atacan los problemas derivados de dicho fenómeno, impulsando la generación de bienestar y valor público en la entidad.» III. Consideraciones de las Comisiones Unidas Tenemos claro que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 109, antepenúltimo párrafo que: la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno, podrán recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 20, Apartado C, fracción VII, y 104, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respectivamente. Conforme a lo anterior la Auditoría Superior de la Federación cuenta con la atribución de impugnar las determinaciones tanto de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción como las del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por su parte el artículo 20, Apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que: de los derechos de la víctima o del ofendido: en su fracción VII, impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Con ello se le otorga a la Auditoría Superior de la federación la calidad de víctima o de ofendido. Por su parte el artículo 104, fracción III de la Constitución Política Federal, establece que los Tribunales de la Federación conocerán de los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de justicia administrativa a que se refiere la fracción XXIX-H del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vinculado a lo anterior, la fracción XXIX-H del artículo 73 dispone que el Congreso tiene facultad para expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, y que establezca su organización, su funcionamiento y los recursos para impugnar sus resoluciones. El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares. Asimismo, será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales. Con lo anterior se robustece la atribución con la que cuenta la citada Auditoría Superior de la Federación, no así la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato. Asimismo, el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 258, establece que las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control. Por consiguiente, la Auditoría Superior de la Federación, al tener el carácter de victima u ofendido esta facultado para impugnar estas determinaciones, atribución con la que no cuenta la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. Por su parte, el artículo 124, último párrafo de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato dispone que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, la Secretaría del Ejecutivo responsable del control y los órganos internos de control en el ámbito municipal podrán recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y del Tribunal de Justicia Administrativa. De igual manera el artículo 10, apartado A, fracción VII del Código Político Local establece que los derechos de la víctima o del ofendido son entre otros impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. A diferencia de lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato no tiene la calidad de victima u ofendido, como sí la tiene por principio constitucional la Auditoría Superior de la Federación. Así, derivado del análisis constitucional y legal realizado a la iniciativa en comento, que refiere a la adición de una fracción XX Bis al artículo 87 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, para establecer la atribución de impugnar las determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y del Tribunal de Justicia Administrativa. Toda vez que desde el punto de vista de quien inicia esta atribución ya se contempla en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación para el titular de la Auditoría Superior de la Federación, por lo cual es necesario ―desde ese punto de vista de quien propone― que el Auditor Superior del Estado tenga una herramienta de manera homóloga. Sin embargo, si bien es cierto la Auditoría Superior de la Federación cuenta constitucionalmente con esta facultad, también lo es que la Constitución Política para el Estado de Guanajuato reviste de esta atribución a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, pero no le da la calidad de victima u ofendido, por lo que no podría darse la armonización en los términos como lo propone la iniciante a través de esta propuesta, pues desde este punto de vista, no tendría soporte constitucional para dotar a este Ente Fiscalizador de dicha atribución y con ello poder estar en condiciones de impugnar las determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y del Tribunal de Justicia Administrativa. En razón de lo anteriormente expuesto, quienes integramos las comisiones unidas determinamos la improcedencia la iniciativa materia del presente dictamen, por lo que, en consecuencia, procedería su archivo definitivo, por lo que con fundamento en el artículo 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos someter a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente: A c u e r d o Único. Se determina improcedente la iniciativa formulada por la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de adicionar una fracción XX Bis al artículo 87 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato. En consecuencia, se ordena su archivo definitivo. Comuníquese el presente acuerdo a la Secretaría General del Congreso de Estado, para los efectos conducentes. Guanajuato, Gto., 14 de diciembre de 2023 Las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales Dip. Víctor Manuel Zanella Huerta Dip. Susana Bermúdez Cano Dip. Laura Cristina Márquez Alcalá Dip. Briseida Anabel Magdaleno González Dip. Miguel Ángel Salim Alle Dip. Rolando Fortino Alcántar Rojas Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia Dip. Gustavo Adolfo Alfaro Reyes Dip. José Alfonso Borja Pimentel Dip. Gerardo Fernández González Dip. Cuauhtémoc Becerra González