C. PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO P R E S E N T E. A esta Comisión de Hacienda y Fiscalización le fue turnada para efecto de estudio y dictamen, la iniciativa formulada por la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de adicionar una fracción I al artículo 80, recorriéndose en su orden las subsecuentes; y un párrafo segundo al artículo 81 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato. (ELD 495/LXV-I) Con fundamento en los artículos 89, fracción V; 112, fracción XV; y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, analizamos la iniciativa referida, presentando a la consideración de la Asamblea el siguiente: D i c t a m e n I. Proceso legislativo. I.1. En sesión ordinaria celebrada el 4 de mayo de 2023 se presentó la iniciativa formulada por la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de adicionar una fracción I al artículo 80, recorriéndose en su orden las subsecuentes; y un párrafo segundo al artículo 81 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato. La presidencia del Congreso turnó la referida iniciativa a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen, misma que la radicó el 9 de mayo de 2023. I.2. En la reunión de la Comisión de Hacienda y Fiscalización que tuvo verificativo en la fecha antes referida se aprobó como metodología para el análisis y dictaminación de la iniciativa, que la misma se remitiera al Poder Judicial del Estado, a la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado, a los ayuntamientos del Estado, a los organismos autónomos del Estado, a la Auditoría Superior del Estado y a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso del Estado, quienes contaron con un plazo de 15 días hábiles, para remitir los comentarios y observaciones que estimaron pertinentes. Se estableció además un link en la página web del Congreso del Estado, para consulta y participación ciudadana por un término de 15 días hábiles. Al respecto, se recibieron opiniones, observaciones, propuestas y comentarios de: El Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, la Universidad de Guanajuato, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado de manera consolidada con la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado; así como de los ayuntamientos de Cortazar, Irapuato y León. También se recibió la opinión de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas de este Congreso del Estado, en los términos sustanciales siguientes: El Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato refiere que la propuesta de reforma a los artículos 80 y 81 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, es idónea para adecuar la normativa del Estado a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, para su efectiva implementación se deberá considerar lo resuelto por la Corte. La Universidad de Guanajuato señala que en el tema de las remuneraciones previsto en el artículo 127 de la Constitución Federal impone a las entidades federativas: 1. La competencia al legislador local para legislar en la materia en el ámbito territorial. 2. La obligación a las personas servidoras públicas de hacer públicas las remuneraciones y sus tabuladores, y 3. Especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie. De lo antes señalado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en la Acción de lnconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018 , que en las leyes secundarias derivadas de las bases establecidas en el artículo 127 de la Constitución Política Federal se deberá observar, por el legislador, a efecto de evitar la discrecionalidad: Primero. La ley deberá prever reglas, medidas y criterios objetivos para fijar la cuantía de las remuneraciones, y Segundo. Se deberán establecer parámetros diferenciados para cada actividad de los entes públicos al ejercer funciones y facultades diferenciadas. Por lo tanto, al no colmarse esos elementos en la iniciativa propuesta, se sugiere su valoración a fin de revestirla de constitucionalidad. La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato indicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018, interpretó los alcances del citado artículo 127 constitucional, y estableció que una remuneración no se integra únicamente por un salario bruto (efectivo) asignado en el Presupuesto de Egresos, sino que incluye todas las prestaciones en especie propias del cargo, entre otras, alimentación, transporte, habitación, menaje de casa, seguridad, servicios de salud, entre otros. En este sentido, agregó, que se declaró la invalidez de diversos artículos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, ya que el Poder Legislativo no estableció parámetros objetivos para fijar remuneraciones que garantizaran las características que exige dicho numeral constitucional, empezando por la del Presidente de la República, lo que influiría en todo el sistema de remuneraciones, porque su remuneración era el referente máximo para la determinación del resto de salarios del servicio público, lo que permitiría una discrecionalidad con potencial de afectación a la eficacia y calidad de la función pública. La Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas señala que del análisis realizado a la iniciativa, se desprende que los alcances que mantiene actualmente los artículos que se proponen reformar, están estrictamente vinculados a las bases previstas en el artículo 127 de la Constitución Federal, esto es, mediante el ejercicio que hace el Comité de Estructuración Salarial en el que se considera en todo momento «I. Beneficiar aquellos puestos notoriamente desfasados en función de la remuneración que perciben; II. Detectar los puestos análogos en los Poderes y en los Organismos Autónomos para homologar las remuneraciones; y III. Considerar el nivel de rezago salarial que éstos presenten.»; asimismo, considera lo previsto en el artículo 136 la Constitución Política del Estado de Guanajuato, por lo que «Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Gobernador del Estado en el presupuesto correspondiente. Lo mismo deberá ser observado cuando se trate del Presidente Municipal en el ámbito de su competencia.»; asimismo esta circunstancia se replica, en la recomendación del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, donde se logra establecer propuesta tabulares apegadas los principios que debe tener el uso de los recursos públicos coherentes a las responsabilidades de servidores públicos; éste ejercicio obligatorio para la administración pública estatal, si bien no es vinculatorio para los municipios, sí establece un precedente que permite enfatizar los principios rectores que debe contener el adecuado desempeño de la administración municipal que prevé el artículo 28 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, enlistados como «disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía e integridad». Agrega además que el planteamiento se basa en una norma constitucional vinculatoria pero no coercitiva; lo anterior dado que no obstante de que se prevé en ella un límite para las remuneraciones, no establece los mecanismos sancionatorios para el cumplimiento obligatorio, sino que los deja para que las legislaturas locales y ayuntamientos los diseñen discrecionalmente; no obstante, la norma constitucional aún sin estar transcrita en la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, sí se encuentra vigente a nivel local, dado que existen efectos vinculantes en los articulo 115 y 116 de la misma Constitución Federal, que refieren la obligación de la inclusión de tabuladores en los respectivos presupuestos de egresos, tanto de municipios como de entidades federativas, sujetándose a las bases del artículo 127 constitucional, lo que bajo este alcance, proporciona un marco o conjunto de reglas que los actores pueden seguir de manera voluntaria. Respecto al impacto presupuestal del que hace mención la iniciante, se considera conveniente señalar que dicho impacto puede disminuir si se consideran aquellas percepciones en especie que pudiera estar recibiendo el Presidente de la República para el desarrollo de sus funciones siendo aquellas tales como el arrendamiento de bienes inmuebles, bienes muebles y pago de servicios y que finalmente integran la remuneración neta del Presidente. Dicho impacto presupuestal determinado por la suma de los excedentes globales anuales de los que hace mención la iniciante, representan en promedio el 0.4% de los presupuestos de egresos 2023 de cada uno de los entes públicos señalados en la iniciativa. El ayuntamiento de León advierte que la base constitucional señalada en el artículo 127 de nuestra Carta Magna es observable; sin embargo, debe atenderse a que la propuesta de la iniciante podría ocasionar una falta de certeza jurídica ante la determinación discrecional de las remuneraciones y ello daría a pauta a la promoción justificada de acciones de inconstitucionalidad. Considera lo anterior dado que en la emisión de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada el 19 de mayo de 2021, por omisión del Congreso de la Unión no se establecieron los parámetros, elementos y procedimientos necesarios para fijar las remuneraciones de los servidores públicos distintos del Presidente de la República; razón por la cual no se puede sujetar el derecho del resto de los servidores públicos, a una remuneración como la propuesta, ya que derivado de dichas bases depende la cuantía de las retribuciones del señalado servidor público; lo que hasta ahora se desconoce. El ayuntamiento del municipio de Irapuato señala que la iniciativa de reforma propuesta se considera violatoria a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 127 de la Carta Magna, el cual otorga a los servidores públicos el derecho constitucional de recibir una remuneración proporcional a sus responsabilidades; por lo que, el no salvaguardar dicho derecho, transgrede la seguridad de legalidad y la seguridad jurídica de dichos funcionarios. Asimismo, indica, resulta contraria al principio rector de la remuneración proporcionalidad, contenido en la fracción III del artículo 4 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato manifestó que, del contenido de la iniciativa, no se advierte que la misma entre en conflicto con las leyes electorales locales, por lo que no formuló observaciones. En el caso de la Auditoría Superior del Estado no se emitió pronunciamiento alguno, refiriendo que las adiciones propuestas no tienen un impacto directo a la función de fiscalización encomendada a dicha órgano técnico por mandato constitucional. Por su parte, los ayuntamientos de Abasolo, Celaya, Coroneo, Doctor Mora, Jaral del Progreso, Romita, San Diego de la Unión, San Miguel de Allende, Santiago Maravatío, Tarimoro, Uriangato, Victoria y Yuriria, se adhirieron, emitieron opinión positiva o se dieron por enterados de la iniciativa, sin observaciones, propuestas o comentarios o se pronunciaron a favor. Y los ayuntamientos de Cortazar, San Luis de la Paz y Santa Catarina, se manifestaron en contra o en desacuerdo con el contenido de la iniciativa. Lo anterior, considerando que en el artículo 127 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos se refieren límites a los salarios, y dicha norma no es coercitiva, dado que, no obstante que se prevé en ella un límite para las remuneraciones, no establece los mecanismos sancionatorios para el cumplimiento obligatorio, sino que los deja para que las legislaturas locales y ayuntamientos los diseñen discrecionalmente. y, por otra parte, en la Constitución Política para el Estado de Guanajuato se estableció tanto el límite máximo a considerar en la fijación de las remuneraciones, como la importancia que deben tener los derechos laborales de los servidores públicos, por lo que como límite se considera la que corresponda al Gobernador del Estado; asimismo, en la normatividad reglamentaria prevista en la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se estableció dentro del Título Cuarto denominado "Programación, Presupuestación, Ejercicio y Evaluación del Gasto Público", Capítulo III denominado "Del Comité de Estructuración Salarial" tres artículos que tienen como objetivo la estructuración de los salarios de los servidores públicos en el Estado y los 46 municipios. I.3. Se elaboró un documento con formato de comparativo, mismo que se circuló a quienes integramos esta Comisión. I.4. El 6 de noviembre de 2023 se llevó a cabo una mesa de trabajo, en la que participamos los diputados Víctor Manuel Zanella Huerta, Cuauhtémoc Becerra González y José Alfonso Borja Pimentel, integrantes de esta Comisión, asesores de los grupos parlamentarios representados en la Comisión, funcionarios de la Coordinación General Jurídica, de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración y de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso del Estado y la secretaría técnica, en la que analizamos la iniciativa. 1.5. La presidencia instruyó a la secretaría técnica la elaboración del proyecto de dictamen en sentido negativo, considerando los argumentos vertidos en la mesa de trabajo, conforme lo dispuesto en los artículos 94, fracción VII y 272 fracción VIII inciso e de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, dicho proyecto fue materia de revisión por las diputadas y los diputados integrantes de esta Comisión Dictaminadora. II. Consideraciones de la diputada iniciante. En la exposición de motivos de la iniciativa materia del presente dictamen, se refiere: Después de la larga lucha que vivió nuestro país para transitar hacia la democracia, en 2018 ganó la Presidencia de la República el Lic. Andrés Manuel López Obrador, y con su victoria se cristalizaron muchas de las demandas sociales que tanto anhelaba el país. Uno de los pilares de la Cuarta Transformación ha sido la eliminación de los excesos y abusos en el manejo de los recursos públicos, a lo que se denominó Austeridad Republicana. El ahorro que se ha generado por medio de esa política de austeridad ha servido para mantener a flote a los programas sociales que hoy, son más que programas asistencialistas, son derechos fundamentales de todas y todos los mexicanos. Con base en esta visión de Estado, en noviembre de 2019 fue aprobada en el Congreso General, la Ley Federal de Austeridad Republicana, que enmarca un ahorro fiscal a contracorriente de la lógica neoliberal. En dicha disposición normativa se reducen los gastos por concepto de telefonía, telefonía celular, fotocopiado, combustibles, arrendamientos, viáticos, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipos de telecomunicaciones, bienes informáticos, papelería, pasajes, congresos, convenciones, exposiciones y seminarios, en ese sentido, no se podrán exceder los montos erogados en el ejercicio presupuestal inmediato anterior, una vez considerados los incrementos en precios y tarifas oficiales o la inflación. Por otro lado, los gastos en difusión y propaganda, así como congresos y convenciones, tendrán que ajustarse a los lineamientos de la Secretaría de Hacienda; y se prohíben las delegaciones al extranjero, las compras o arrendamientos de coches de lujo, remodelaciones lujosas e innecesarias y el derroche de servicios básicos. Otra consecuencia a favor de la austeridad republicana fue la eliminación de la denominada “burocracia dorada”, es decir de la extinción de los puestos de directores generales adjuntos, así como los delegados de las dependencias del gobierno federal en los estados. De conformidad con la fracción II del Artículo 127 constitucional que a la letra dice: II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente. El 6 de noviembre de 2018, entró en vigor la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, misma que tuvo como objeto reglamentar los artículos 75 y 127 constitucionales y fue el medio para implementar dos decisiones que permitirían un ahorro mayúsculo en las finanzas públicas: terminar con el pago de pensiones a los expresidentes de México y la disminución de salarios a los altos funcionarios. De esta forma, la Ley secundaria determinó específicamente que el Estado Mexicano sólo cubriría el pago de pensiones y jubilaciones contempladas en las leyes o decretos legislativos, por lo que las pensiones presidenciales que se sostenían en un decreto presidencial quedaron eliminadas. En ese sentido, la ley dispuso en su Artículo 26 que: “No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones, haberes de retiro o pagos de semejante naturaleza por servicios prestados en el desempeño de la función pública sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo”. Así mismo se hace explícita la eliminación de liquidaciones o remuneraciones o compensaciones finales a los funcionarios electos por el voto popular, a través de la siguiente disposición que a la letra dice: “Los servidores públicos de elección popular no tienen derecho a liquidación o compensación alguna por el término de su mandato”. Desafortunadamente el fantasma del neoliberalismo y la burocracia faraónica se encuentra tan enquistada en nuestra sociedad que algunos funcionarios continúan violentando la Constitución al recibir salarios mayores a los que percibe el presidente de México. En el caso de Guanajuato, la austeridad republicana está totalmente ausente. Por eso desde MORENA hemos denunciado los derroches que acostumbra el gobierno estatal en gastos no prioritarios como los gastos de comunicación social, de servicios de consultoría y las remuneraciones excesivas para los altos mandos en la entidad. En lo que refiere a los salarios de los servidores públicos, Guanajuato tiene un problema claro: hay al menos 79 funcionarias y funcionarios estatales que ganan más que el Presidente de la República. Mientras que, para el ejercicio fiscal de 2023, el Presidente de México tiene una percepción ordinaria bruta líquida mensual de 175,511 pesos3, hay funcionarios del estado de Guanajuato que perciben un monto mayor… (…) Como puede observarse, los excesivos salarios de los altos mandos en el estado suponen por lo menos 25.1 millones de pesos que deberían estarse utilizando para el beneficio de quienes más lo necesitan, no en los privilegios para unos cuantos. Un problema adicional, reside en que los salarios son irrenunciables por disposición constitucional, lo cual impide a cualquiera de estos funcionarios dejar de percibir esas remuneraciones. Por todo lo anterior, conscientes de que no podemos ser omisos de los mandatos constitucionales, así como que el servicio público debe guiarse con el principio de austeridad republicana, desde MORENA hemos propuesto reducir esos salarios excesivos para que ninguno esté por encima del designado para el Presidente de la República en apego a la fracción II del artículo 127 constitucional. Dichas propuestas se han dado a través de iniciativas de leyes de austeridad republicana, así como cada año a través de reservas al presupuesto de egresos; sin embargo, la mayoría de este Congreso ha desechado cada propuesta que busca traer la austeridad republicana a Guanajuato. En este sentido, la presente propuesta de esta iniciativa busca insistir en la necesidad de la austeridad republicana en el ámbito de los salarios asignados a los altos funcionarios públicos. Esta vez, se propone que la instancia facultada para proponer los criterios que servirán de base para determinar las remuneraciones -el Comité de Estructuración Salarial-, proponga un ajuste en los tabuladores para hacer valer las disposiciones que se enmarcan en la fracción II del artículo 127 de nuestra Constitución Política. Del mismo modo, se busca sentar la obligación del Congreso del Estado de Guanajuato para que, en el marco de sus atribuciones, emita sus recomendaciones respecto a las remuneraciones de las personas integrantes de los Ayuntamientos, con estricto apego al numeral constitucional antes citado. III. Consideraciones de la Comisión Dictaminadora La iniciativa materia del presente dictamen tiene por objeto adicionar una fracción I al artículo 80, recorriéndose en su orden las subsecuentes; y adicionar un párrafo segundo al artículo 81; ambos, de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; con la finalidad de establecer que los tabuladores salariales de los servidores públicos del Estado deberán sujetarse a lo establecido en la fracción II del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como que las recomendaciones de montos máximos de remuneraciones de integrantes de ayuntamientos que emita el Congreso del Estado, se realizarán en estricta observancia a dicha disposición constitucional. Con respecto a dicha propuesta, quienes integramos esta Comisión, partimos de la premisa de que las remuneraciones de las personas servidoras públicas son un aspecto fundamental del derecho al trabajo y este a su vez un derecho humano, por lo que su vulneración puede tener afectaciones irreparables en perjuicio de la personas servidoras públicas; de ahí, que su reconocimiento no debe conducir al debilitamiento de su efectividad ni a la ineficacia de las garantías que se prevén para su protección; por el contrario, su protección debe ser efectiva. A lo anterior debe sumarse que debe ser de ineludible conclusión en esta dictaminación evitar regulaciones que reiteren discrecionalidad en la determinación del sueldo de las personas servidoras públicas, ya sea al alza o a la baja pues la propia Constitución Política Federal ordena que las remuneraciones deben ser adecuadas y proporcionales a las responsabilidades encomendadas y que estas no podrán ser disminuidas; ello, como regulación establecida en los artículos 123, apartado B, y 127 constitucionales, que prevén los principios de remuneración, de asignación presupuestaria y de no disminución. Encontrando sustento lo anterior en la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Debe advertirse además que de las resoluciones a los juicios de amparo promovidos en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, los cuales se han concedido al tener los quejosos derechos adquiridos en relación con las remuneraciones que les correspondían, mismos que no podían alterarse o reducirse durante el ejercicio de sus cargos, bajo el argumento de que dicho ordenamiento legal contraviene el principio de no retroactividad que consagra el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; principio que además se encuentra regulado en el artículo 31 de la Ley del Trabajo de los servidores públicos al servicio del Estado y de los Municipios, el cual establece que en ningún caso y por ningún motivo podrá reducirse el salario a las trabajadoras y trabajadores, lo que encuentra sustento constitucional a su vez en la fracción XIV del apartado B del artículo 123. Puntualmente, la iniciativa propuesta, que busca establecer mecanismos coercitivos para sujetar las remuneraciones a un límite, adolece de los elementos reconocidos en la norma constitucional, relativos al establecimiento de parámetros diferenciados para cada actividad de los entes públicos al ejercer funciones y facultades diferenciadas, así como reglas, medidas y criterios objetivos para fijar la cuantía de las remuneraciones. No se omite referirnos a la adición propuesta al artículo 81 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato sobre la cual debe enfatizarse sobre el carácter de recomendación, y que en consecuencia resulta la discrecionalidad de su atención, por cuanto a las remuneraciones de las y los integrantes de ayuntamientos. En atención a los argumentos vertidos, determinamos improcedentes las adiciones propuestas, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 171 y 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, quienes integramos la Comisión de Hacienda y Fiscalización, sometemos a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente: A c u e r d o Artículo Único. Se considera improcedente la iniciativa formulada por la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de adicionar una fracción I al artículo 80, recorriéndose en su orden las subsecuentes; y un párrafo segundo al artículo 81 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato. En consecuencia, se ordena su archivo definitivo. Comuníquese el presente acuerdo a la Secretaría General del Congreso del Estado para los efectos conducentes. Guanajuato, Gto., 11 de diciembre de 2023 La Comisión de Hacienda y Fiscalización Diputado Víctor Manuel Zanella Huerta Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia Diputado Miguel Ángel Salim Alle Diputado José Alfonso Borja Pimentel Diputado Cuauhtémoc Becerra González