Presidencia de la Mesa Directiva Congreso del Estado Presente Correspondió a esta Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones analizar y dictaminar la propuesta de punto de acuerdo suscrita por diputada y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional por el que se exhorta a Protección Civil, H. Cuerpos de Bomberos y cuerpos de Seguridad Ciudadana de los 46 Municipios, para que en el ámbito de su competencia, incluyan dentro de sus planes y programas, la capacitación constante para el aprendizaje de lenguaje de señas en la modalidad viso-gestual, como herramienta de interacción con la finalidad de garantizar el derecho de inclusión de las personas con discapacidad para responder con una fluida comunicación en caso de algún siniestro, desastre o emergencia. (ELD 300/LXV-PPA). Agotado su estudio y discusión, con fundamento en el artículo 119 fracción IV y 180 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, se procede a realizar el siguiente: D i c t a m e n I. Antecedentes. La propuesta de acuerdo fue presentada en sesión ordinaria celebrada en fecha 22 de junio de 2023; realizándose su radicación en la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones en reunión de 5 de septiembre de 2023. II. Antecedentes y consideraciones contenidas en la propuesta. El artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en dicho instrumento y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; de igual manera, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Por su parte, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, reconoce a las personas con discapacidad sus derechos humanos y mandata el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio; además, asegura su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad de oportunidades, a través del establecimiento de medidas contra la discriminación y acciones afirmativas positivas que permitan la integración social de las personas con discapacidad. Aunado a lo anterior, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tiene como propósito promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad, así como, promover el respeto de su dignidad inherente. Además, tiene como fin que la “comunicación” incluya los lenguajes, la visualización de textos, el Braille, la comunicación táctil, los macro tipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso; por lo que compromete a los Estados a promover la formación de los profesionales y el personal que trabaja con personas con discapacidad, a fin de prestar mejor la asistencia y los servicios garantizados por esos derechos reconocidos en la Convención. Asimismo, los artículos 15 Ter, Quintus y Séptimus de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación3, establecen la obligación de garantizar a toda persona con discapacidad, la igualdad material de oportunidades y el derecho a la no discriminación, a través de la adopción de las siguientes medidas o acciones: 1. Medidas de nivelación son aquellas que buscan hacer efectivo el acceso de todas las personas a la igualdad real de oportunidades eliminando las barreras físicas, comunicacionales, normativas o de otro tipo, que obstaculizan el ejercicio de derechos y libertades prioritariamente a las mujeres y a los grupos en situación de discriminación o vulnerabilidad; 2. Medidas de inclusión son aquellas disposiciones, de carácter preventivo o correctivo, cuyo objeto es eliminar mecanismos de exclusión o diferenciaciones desventajosas para que todas las personas gocen y ejerzan sus derechos en igualdad de trato; 3. Acciones afirmativas son las medidas especiales, específicas y de carácter temporal, a favor de personas o grupos en situación de discriminación, cuyo objetivo es corregir situaciones patentes de desigualdad en el disfrute o ejercicio de derechos y libertades, aplicables mientras subsistan dichas situaciones. Por su parte, a nivel local, en la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato, se establecen las bases para la inclusión de las personas con discapacidad en un marco de igualdad, desarrollo social y de equiparación de oportunidades en todos los ámbitos de la vida; así mismo, las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal en el ejercicio de sus atribuciones, deben aplicar la perspectiva de inclusión e impulsar el desarrollo integral de las personas con discapacidad y una cultura de inclusión. Cabe señalar que, alrededor del mundo, desde hace ya varios años, inició un gran movimiento que centra la atención al respeto e inclusión del sector de la población con algún tipo de discapacidad, entendida ésta como las deficiencias que afectan una función corporal, las limitaciones para ejecutar tareas diarias, o las restricciones en la participación de la vida en sociedad. Estas restricciones, o discapacidades se han clasificado, principalmente, en cuatro: motriz, cognitivo-emocional, psicosocial y sensorial. Por lo que respecta a la discapacidad sensorial, está responde a cualquier tipo de deficiencia, por disminución grave o pérdida total, en alguno de los sentidos, como lo es el auditivo, lo cual ocasiona problemas dentro del ciclo de comunicación entre la persona con dicha discapacidad y la sociedad en general. De acuerdo con la fracción XIII del artículo 2 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, se conceptualiza la “Discapacidad Sensorial”, en los términos siguientes: Es la deficiencia estructural o funcional de los órganos de la visión, audición, tacto, olfato y gusto, así como de las estructuras y funciones asociadas a cada uno de ellos, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Desde el punto de vista médico-fisiológico, la pérdida auditiva consiste en la disminución de la capacidad de oír; la persona afectada no sólo escucha menos, sino que percibe el sonido de forma irregular y distorsionada, lo que limita sus posibilidades para procesar debidamente la información de acuerdo con el tipo y grado de pérdida auditiva. Por lo que la persona que no puede escuchar enfrenta problemas para desenvolverse debido a las dificultades para detectar la fuente sonora, identificar cualquier sonido del habla o ambiental, seguir una conversación y sobre todo comprender el lenguaje oral. De tal manera que, repercute en el desarrollo de las habilidades del pensamiento, del habla y del lenguaje; y en consecuencia en la conducta, el desarrollo social y emocional, y el desempeño escolar y laboral. Bajo este contexto, es importante señalar que el lenguaje de las personas con discapacidad auditiva en nuestro país es, la Lengua de Señas Mexicana, por lo que las autoridades deben garantizar el derecho de las personas con alguna discapacidad sensorial, estableciendo medidas como son la promoción de la utilización del Lenguaje de Señas, entre otros. Donde la Lengua de Señas Mexicana, es reconocida oficialmente como una lengua nacional y forma parte del patrimonio lingüístico con que cuenta la nación mexicana. Serán reconocidos el Sistema Braille, los modos, medios y formatos de comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 20204, de la población total en México existen diversos grupos de discapacidad, pero en el caso concreto se documentó que existen 6 millones 179 mil 890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa 4.9 % de la población total del país. De ese universo, 945 mil 162 personas tienen discapacidad para hablar o comunicarse, así como, 864 mil 662 personas tienen limitaciones para hablar o comunicarse. Por lo que respecta al estado de Guanajuato, hay 43 mil 896 personas con discapacidad para hablar o comunicarse, así como, 41 mil 007 personas con dificultad para comunicarse o hablar. De ahí la importancia de ir generando cada vez más mecanismos o instrumentos que permitan un adecuado ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, por ello, se busca impulsar y generar conciencia para que Protección Civil, Bomberos y los cuerpos de seguridad pública de loa municipios cuenten con elementos necesarios para la debida y correcta comunicación entre ellos y las personas con discapacidad auditiva, especialmente en aquellos casos en que se presente un conflicto, siniestro o emergencia. Por otra parte, uno de los objetivos de Protección Civil es salvaguardar la integridad física de las personas ante la eventualidad de un desastre provocado por agentes naturales o humanos, con sus acciones se reducen o elimina la pérdida de vidas humanas, la destrucción de bienes materiales y el daño a la naturaleza. En lo que se refiere al H. Cuerpo de Bomberos, su función aparte de extinguir incendios, también, consiste en atender cualquier siniestro o situación de emergencia, con la finalidad de minimizar los daños, tanto personales como materiales. En lo que respecta, a los cuerpos de seguridad ciudadana, buscan garantizar y preservar la paz, salvaguardando la integridad física y patrimonial de las personas, bajo la prevención de la comisión de delitos. Dado que estas tres dependencias tiene una proximidad y una relación constante con las y los guanajuatenses al ser los primeros respondientes ante una emergencia, es importante de manera corresponsable se ofrezcan oportunidades para que quienes brindan servicios a la ciudadanía con la finalidad de que desarrollen habilidades y competencias que les permita cumplir con la obligación de garantizar la comunicación con las personas con discapacidad auditiva, que además de generar una inclusión traerá como beneficio la capacidad de atender a las personas con discapacidad, en caso de un hecho, emergencia, desastre o siniestro, máxime que día con día existe la posibilidad de enfrentarse ante estos hechos. Además, la autoridad está obligada a promover la capacitación y sensibilización del personal de emergencia, brigadistas y voluntarios para el trato digno de las personas con discapacidad. Esto sin duda, serán acciones que buscan prevenir y generar condiciones de seguridad en materia de protección civil para lograr la atención y el auxilio adecuado de las personas con discapacidad ante una situación de emergencia o desastre. III. Consideraciones de quienes integran la comisión. En momentos de peligro o auxilio la comunicación es sumamente importante para dar instrucciones o consolar. Las personas con discapacidad auditiva también pueden estar expuestas a sufrir una situación de emergencia como un incendio o accidentes de tránsito y por ende necesitan servicios de atención capacitados para comunicarse a través de lengua de señas. Es así como conscientes de la importancia de brindar oportunamente mejor apoyo y atención, y teniendo como propósitos comunes la vinculación, integración e inclusión, observamos y valoramos positivamente la propuesta de punto de acuerdo de mérito. Desde este congreso del estado de Guanajuato, en el ámbito de sus competencias, se tiene la convicción de revisar y extender el cumplimiento permanentemente de su obligación respecto a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Queremos ser una de las voces principales para llamar la atención sobre los temas que importan. Para la presente determinación partimos de la cuestión evidente e incontrovertible de que las personas con discapacidad son sujetas y sujetos de pleno derecho, por tanto, como sociedad y gobierno debemos entregar los apoyos necesarios y medidas aplicables para eliminar las dificultades que existan y así lograr su pleno desarolllo y disfrute en la sociedad. Son aún muchos los temas de la responsabilidad social, los derechos humanos y la inclusión familiar, social, así como laboral para las personas que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad. No somos omisos en el conocimiento de que la condición que impide a las personas comunicarse, socializar, -referida como discapacidad auditiva- ocupa el tercer lugar en cuanto al número de personas que la presentan a nivel nacional y que afecta tanto a recién nacidos como a los adultos mayores: es casi invisible y difícil de percibir y por ello vale la pena conocerla y atenderla como una de las que integran el grupo de discapacidades. La secuela funcional en cuanto limitación física de la capacidad individual para escuchar y percibir sonidos es la principal causa por la cual su desarrollo humano es limitado. Acorde a lo anterior, como comisión observamos que en la propuesta en análisis se manifiesta un proposito de una sociedad más justa, inclusiva y que valore la diversidad con la aplicación de un modelo biopsicosocial en el que la discapacidad no está en las personas ni en la sociedad, si no en la interacción entre ambos. Creemos que su objetivo está dirigido a brindar apoyo a cada persona, según sus características y necesidades particulares, con lo que además se favorece su participación y autodeterminación en la vida diaria. Nos decantamos por garantizar cada vez más y mejor igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, trabajo, salud, justicia, vivienda, transporte, habilitación, rehabilitación, ser miembro de una familia y constituirla, vivir en comunidad, tomar decisiones propias y que estas sean respetadas en quienes sufren de cualquier restricción o impedimento de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano. Con el presente acuerdo nos dirigimos al reconocimiento, pero aún más a la protección, de las personas con discapacidad sus derechos humanos y mandata el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio; además, asegura su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad de oportunidades, a través del establecimiento de medidas contra la discriminación y acciones afirmativas positivas que permitan la integración social de las personas con discapacidad, tal y como lo dispone la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; así como promover la formación de los profesionales y el personal que trabaja con personas con discapacidad, a fin de prestar mejor la asistencia y los servicios garantizados por esos derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la que se hace alusión como uno de los propósitos principales el promover el respeto de su dignidad inherente, protegiendo y asegurando el goce pleno y en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad. Hacemos propias las manifestaciones de los iniciantes en las que se precisa que desde el punto de vista médico-fisiológico, la pérdida auditiva consiste en la disminución de la capacidad de oír, donde además la persona afectada no sólo escucha menos, sino que percibe el sonido de forma irregular y distorsionada, lo que limita sus posibilidades para procesar debidamente la información de acuerdo con el tipo y grado de pérdida auditiva, por lo que la persona que no puede escuchar y enfrentar problemas para desenvolverse debido a las dificultades para detectar la fuente sonora, identificar cualquier sonido del habla o ambiental, seguir una conversación y sobre todo comprender el lenguaje oral; de tal manera que, repercute en el desarrollo de las habilidades del pensamiento, del habla y del lenguaje, y en consecuencia en la conducta, el desarrollo social y emocional, y el desempeño escolar y laboral. Ante ello, es que de nuestro análisis resulta en sentido positivo acordar sobre el contenido de la propuesta para generar cada vez más y mejores mecanismos o instrumentos que permitan un adecuado ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, por ello, se busca impulsar y generar conciencia para que Protección Civil, Bomberos y los cuerpos de seguridad pública de loa municipios cuenten con elementos necesarios para la debida y correcta comunicación entre ellos y las personas con discapacidad auditiva, especialmente en aquellos casos en que se presente un conflicto, siniestro o emergencia. Señalando además que con el presente acuerdo se orientan acciones para dar cumplimiento a promover la capacitación de las personas que operan los servicios de transporte público y servicios de emergencia en Lengua de Señas Mexicana, acorde a la planeación de la movilidad y de la seguridad vial realizada por cualquiera de los tres órdenes de gobierno, al integrar los principios y jerarquía de la movilidad, conforme lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 31 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, habiendo valorado positivamente el propósito de la propuesta, sometemos a consideración de esta Asamblea, la aprobación del siguiente: A c u e r d o Único. La Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato efectúa un respetuoso exhorto a Protección Civil, Bomberos y cuerpos de Seguridad Ciudadana de los 46 Municipios, para que en el ámbito de su competencia, incluyan dentro de sus planes y programas, la capacitación constante para el aprendizaje de lenguaje de señas en la modalidad viso-gestual, como herramienta de interacción con la finalidad de garantizar el derecho de inclusión de las personas con discapacidad para responder con una fluida comunicación en caso de algún siniestro, desastre o emergencia. Comuníquese el presente acuerdo con su dictamen a los 46 Ayuntamientos del Estado de Guanajuato, para los efectos conducentes. Guanajuato, Gto., a 13 de noviembre de 2023 La Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones Dip. Martín López Camacho Dip. Alma Edwviges Alcaraz Hernández Dip. Rolando Fortino Alcántar Rojas Dip. Bricio Balderas Álvarez Dip. Gerardo Fernández González