Diputado Ernesto Millán Soberanes Muchas gracias. Muy buenos ¿tardes ya? tardes ya a todos los compañeros. Ya se había ido el reloj, el tiempo, tardes noches, ¿no? agradeciendo a los medios de comunicación que nos acompañan, a quienes nos siguen en las diferentes redes y deseándole lo mejor a esta nueva Mesa Directiva, que inicia el día de hoy, en especial al vicepresidente, a mi querido amigo Cuauhtémoc. Un gusto enorme. Bueno, pues el despilfarro de recursos públicos es algo que caracterizó a los anteriores gobiernos neoliberales de México. En el periodo en que las y los altos funcionarios públicos se acostumbraron a despacharse con la cuchara grande, mientras el pueblo carecía de lo más importante e indispensable. Sin embargo, eso cambió cuando comenzó la administración de nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien implementó un plan completo de austeridad republicana. A partir de entonces, el gobierno federal ha disminuido de manera radical el presupuesto públicos que se destinaba a gastos no prioritarios, como es gastos en comunicación social, la adquisición de vehículos, gastos para viáticos y para eventos, a la par que estableció como norma que el estado mexicano sólo cubriría el pago de pensiones y jubilaciones contempladas en las leyes o decretos legislativos, por lo que las pensiones presidenciales que sostenían en un decreto presidencial quedaron eliminadas. Así mismo, esas medidas también implicaron la reducción del salario del Presidente de la república, pues la remuneración anual neta se redujo en un 46%, pasando de 3.1 millón de pesos a 1.6 millones.,1.6 millón de pesos. Así, a partir de 2018 se ha iniciado el proceso para hacer realidad el principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, con lo que se han podido liberar recursos públicos para financiar programas sociales o realizar importantes obras públicas para el desarrollo en nuestro país. Tan solo en la cuenta pública 2022, se reportó que con la aplicación de las medidas de austeridad las dependencias y entidades de la administración pública federal, se alcanzaron ahorros por casi 1,219,000,000 de pesos, de los cuales el 52.9% se obtuvo por las medidas relacionadas con el gasto de operación 45.4 por gastos en servicios personales y en 1.7 en gastos de inversión. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 127 fracción II, establece que: ningún servidor público recibirá remuneración en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, de empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida por el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente. A partir de la reducción en el salario del Presidente de la república, el ajuste presupuestal se hizo a los excesivos salarios de diversos funcionarios públicos a nivel federal, marcó un antes y un después en la administración pública mexicana, porque además del ahorro presupuestal comenzó a darse una reflexión pública al respecto. El pueblo, ahora más que nunca, sabe que los servidores públicos no estamos para hacernos ricos mediante el servicio, porque nuestro trabajo es servir al pueblo y no servirnos del pueblo. Sin embargo, a pesar de lo establecido en la Constitución Mexicana, aún hay la existencia por parte de algunos servidores públicos a nivel federal, como es el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y algunos Organismos Autónomos. A nivel estatal, esta resistencia es en defensa del privilegio también se reproducen y por supuesto es el caso que en nuestro estado. En Guanajuato, somos al menos 79 funcionarios públicos los que recibimos un salario mayor al del Presidente de la República, para quien, en el presupuesto de egresos 2023 se le asignó un sueldo mensual bruto de 175,511 pesos. Entre los 79 funcionarios que perciben un sueldo mayor y además irrenunciable, nos encontramos precisamente las y los diputados de este Congreso, algunos secretarios y secretarias de estado, las y los magistrados del Tribunal Electoral, las y los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, las y los magistrados y consejeros del Poder Judicial, así como el Fiscal General del Estado. En el caso del Fiscal General, tiene un sueldo mensual bruto de 201,480 pesos, asimismo el Gobernador cuenta con un sueldo mensual bruto de 240,120 pesos, ocupando también en esos rubros el primer lugar, el primer lugar en sueldos anticonstitucionales. El presidente del Tribunal de Justicia con un sueldo mensual bruto de 230,742 y finalmente el Rector de la Universidad de Guanajuato con un sueldo mensual bruto de 178,974 pesos. Si tan solo los excesivos salarios de los altos mandos en el estado se redujeran a lo que gana el Presidente de la república, nos podríamos ahorrar al menos 25.1 millones de pesos al año, que deberían estarse utilizando para beneficio de quienes más lo necesitan, como, por ejemplo, se podría dar un apoyo de 1,400 pesos mensuales durante 1 año a 1,500 personas con discapacidad en nuestro estado. 1500 personas con discapacidad. En nuestro sistema político, de acuerdo con la Constitución mexicana, el pueblo ejerce su soberanía mediante los 3 poderes, los cuales en teoría deberían fungir como un mecanismo de peso y contrapeso, evitando los excesos de poder, las acciones antidemocráticas en cualquiera de esos y sobre todo con un mecanismo garante de la norma fundamental, sin embargo, en Guanajuato la constante ha sido que la mayoría de las y los legisladores respaldan año con año la la propuesta de salarios inconstitucionales enviadas desde el titular del Poder Ejecutivo. Desde el Grupo Parlamentario de MORENA hemos insistido en el recorte a nuestros salarios, así como el de los demás funcionarios ya mencionados, pues hemos presentado iniciativas en la materia, puntos de acuerdo y reservas presupuestales de ingresos, con la finalidad de cumplir con lo que establece nuestra Constitución, sin embargo, cada una de las dichas propuestas han sido rechazadas por la mayoría de las y los legisladores Panistas. No obstante, lo anterior, seguiremos insistiendo, porque en MORENA consideramos que, en el quehacer público y político, la ética es uno de los pilares más importantes para el buen ejercicio de nuestras funciones y el objetivo de la ética en la política es lograr que el individuo obtenga el dominio de sí mismo, para actuar en favor de la comunidad. Por esta razón seguiremos insistiendo en que no puede haber gobierno rico y pueblo pobre. En el estado de Guanajuato, todas las remuneraciones de los servidores públicos deben incluirse en la iniciativa de ley de presupuesto general de egresos del estado que elabora el titular del ejecutivo y remite a este Congreso, a más tardar el 25 de noviembre. En ese sentido, consideramos necesario y en tiempo, que el Gobernador del estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, contemple la propuesta del presupuesto de egresos, sueldos, que de una vez por todas se respete el artículo 127 constitucional y se disminuyan los altos salarios a los funcionarios estatales. Compañeros, compañeros y compañeras diputados. Es momento de mostrar a los ciudadanos lo que tanto hemos dicho en el discurso, que estamos del lado del pueblo y que legislamos para su beneficio. Es momento de demostrar que estamos aquí para hacer un bien para todas y todos los guanajuatenses y no por un sueldo. Es momento de que siempre estemos a favor de los más necesitados. En MORENA siempre, siempre estaremos del lado del pueblo. Es cuando Presidente. Gracias.