Diputado Alejandro Arias Ávila - Con el permiso de la Presidencia, compañeras diputadas y compañeros diputados, a quienes nos ven a través de medios virtuales y aprovechando la oportunidad a quienes hoy se convierten en compañeras y compañeros de esta legislatura bienvenidos estamos a la orden. - Acudo a esta soberanía a presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se proponen reformas y adiciones al artículo 176 a del Código Penal del Estado de Guanajuato, a efecto de ampliar el espectro de aplicación del delito de cobranza extrajudicial ilícita, otorgar mayor protección a los acreedores e incrementar su sanción bajo ciertos supuestos conforme a la siguiente exposición de motivos. - En la actualidad, la economía de mercado ha incentivado y facilitado la implementación del crédito bajo su concepción bursátil y comercial, lo cual, si bien ha traído grandes ventajas como aumento de la producción de bienes y servicios, mayor flujo de dinero y capital, empleo, entre otros, ha conllevado también una serie de problemas, uno de los mayores por la aparición y el boom del sistema crediticio es el nivel de endeudamiento en la población, un fenómeno en donde aparece el inconveniente, es decir, la forma de efectuar su exigencia, crédito como derecho presente a pago futuro, en especial, en la cobranza extrajudicial. - Esta es, la que se presenta fuera de juicio y se puede definir como un procedimiento realizado por las empresas o negocios con la finalidad de recordarle a los deudores sobre su pago pendiente, usualmente estos procesos son realizados por despachos de cobranza, en cuyas gestiones no intervienen las autoridades judiciales. - No obstante, en muchas ocasiones estos despachos llevan a cabo malas prácticas, como amenazas e intimidaciones, engaños y medidas de presión para obligar a los deudores a pagar incluso, sumas mayores a las acordadas la cobranza extrajudicial se ha convertido en una práctica que no solo aqueja a un sin número de deudores, sino a quienes son utilizados como referencia o aval para obtener un crédito, dicha práctica en numerosos casos, se realiza por abogados, empresas y despachos que utilizan, que utilizan el hostigamiento, la intimidación, la violencia o, peor aún, sellos y documentación falsa o simulada que pudiera provocar desconfianza en instituciones serias de financiamiento, por lo que puede concurrir con delitos, como el robo, el allanamiento de morada, la usurpación de funciones, entre otros. - Por esto, en la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional vemos con preocupación como la mala situación económica, la falta de empleo y los bajos salarios han obligado a las personas a recurrir a diversos tipos de créditos, en el mejor de los casos, con negocios debidamente acreditados y en el peor, con dudosas instituciones o con particulares que llegan a aprovecharse de las necesidades de las personas. - Hoy, es común ver en periódicos, revistas, semanarios o medios electrónicos el ofrecimiento de préstamos fáciles, sin referencias y montos muy bajos, lo cual atrae a quienes por necesidad acuden a dichos préstamos, sin imaginar los excesivos intereses que incluso, deben ser cubiertos a diario, por lo que la deuda se convierte casi de inmediato en impagable. - Este formato o esquema de préstamos generalmente es operado por una red de personas, en su mayoría extranjeros, que han convertido esta práctica en su modus vivendi, es decir, en la protección ilícita de acreedores, lo cual está regulado en la legislación penal vigente. - Sin embargo, dicha actividad delictiva no se ha mantenido estática porque hasta lo dicho, esta es la forma en que por años hemos observado la realización de hechos que constituyen la cobranza ilícita. - Así, la delincuencia en constante búsqueda para obtener recursos ahora también da protección ilícita a acreedores o a deudores, es decir, se rentan ya sean para exigir el cobro o disuadir el pago, inhibiendo a las partes de usar las vías legales o bien oponiéndose anticipadamente a medidas como el embargo o la ejecución de las resoluciones, la forma de operar en la oposición al cobro, no encuadra en el tipo penal de resistencia de particulares, dado que no actualiza al momento de las diligencias o actuaciones procesales de la autoridad, sino que se anticipan a todo ello realizando visitas de aviso o convencimiento a los domicilios de los acreedores, intimidando o amenazando con dañar a su persona, familia o patrimonio, bajo la premisa de no usar las vías judiciales o desistirse de actuaciones legales como los embargos o la ejecución de resoluciones. - Con base en estas conductas, los acreedores se abstienen de hacer efectivo sus créditos ante las autoridades por miedo de que su persona, familia o patrimonio sean dañados, dejando su crédito sin saldar con motivo de estas acciones ilícitas. - Por eso, estamos ciertos en que nuestra legislación penal no debe quedar rebasada y se deben equiparar estos supuestos al delito de cobranza ilícita, a efecto de no generar un tipo autónomo de amenaza para el pago al acreedor y engrosar la ley penal. - Actualmente, los grupos delincuenciales tienden a grabar su conducta con la amenaza de secuestro y privación de la vida en cualquiera de los supuestos referidos, ya sea en favor del acreedor o del deudor. - Por ello, la urgencia de actuar legislativamente y ampliar el tipo penal de cobranza ilícita, para considerar el aumento de sanción cuando intervengan sujetos cualificados o servidores públicos y que estos últimos se les castigue con la destitución y la inhabilitación al cargo, bajo estos argumentos nos permitimos presentar esta iniciativa que cumple con los requisitos establecidos por el artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. - Por ello, esta fracción parlamentaria propone la reforma y adiciona el artículo 176 a del Código Penal para el Estado de Guanajuato, con el fin de ampliar el espectro de aplicación del delito de cobranza extrajudicial ilícita ante el uso de medios ilícitos tendientes a coaccionar o impedir que los acreedores insten por las vías legales y procesales para la exigencia de sus créditos, incrementar la sanción cuando se utilicen a terceros, mediante contratos o contraprestaciones, se usen armas de fuego, utilicen menores de edad, intervengan servidores públicos, grupos de prestamistas o las personas se ostenten o forman parte de grupos criminales y adicionalmente, simplemente como sanción, la destitución y la inhabilitación de aquellos que tengan el carácter de servidores públicos. - Es cuanto muchas gracias, presidente.