C. DIPUTADO ROLANDO FORTINO ALCÁNTAR ROJAS PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO P R E S E N T E Las diputadas y los diputados que integramos la Comisión de Atención al Migrante de la Sexagésima Sexta Legislatura, recibimos por turno para efecto de estudio y dictamen, la propuesta de punto de acuerdo formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y por la diputada de la Representación Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática a efecto de exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de la República Mexicana para revisar integralmente los servicios de protección consular con el propósito de facilitar su acceso y cumplimiento y promueva, en su caso, su respectiva reestructuración, a fin de procurar la protección más amplia de los derechos de los mexicanos en el exterior, bajo el principio de no discriminación. ELD 23/LXVI-PPA Con fundamento en los artículos 89, fracción V, 105, fracciones IV y VI y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, formulamos a la Asamblea el siguiente: D I C T A M E N I. Proceso Legislativo I.1. En sesión del 31 de octubre de 2024 ingresó la propuesta de punto de acuerdo formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y por la diputada de la Representación Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática a efecto de exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de la República Mexicana para revisar integralmente los servicios de protección consular con el propósito de facilitar su acceso y cumplimiento y promueva, en su caso, su respectiva reestructuración, a fin de procurar la protección más amplia de los derechos de los mexicanos en el exterior, bajo el principio de no discriminación. Turnándose por la presidencia del Congreso a la Comisión de Atención al Migrante, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 105, fracciones IV y VI de la Ley Orgánica del Poder legislativo del Estado de Guanajuato. I.2. En reunión de la Comisión de fecha 7 de noviembre de 2024, se radicó la propuesta de punto de acuerdo. I.3. La presidencia de la Comisión de Atención al Migrante instruyó a la Secretaría Técnica para que elaborara el proyecto de dictamen en sentido positivo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 94, fracción VII y 272, fracción VIII inciso e de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, mismo que fue materia de revisión por las diputadas y los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora. II. Contenido de la propuesta de punto de acuerdo Quienes integramos la comisión dictaminadora, referenciamos el alcance sobre el cual versa la propuesta que tiene como objeto exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de la República Mexicana para revisar integralmente los servicios de protección consular con el propósito de facilitar su acceso y cumplimiento y promueva, en su caso, su respectiva reestructuración, a fin de procurar la protección más amplia de los derechos de los mexicanos en el exterior, bajo el principio de no discriminación. Las y los proponentes expusieron en sus consideraciones lo siguiente : «(…) Los consulados desempeñan un rol esencial para las personas migrantes. Estos servicios son un vínculo fundamenta entre los migrantes y su país de origen, proporcionando asistencia legal, apoyo en trámites administrativos y legales, orientación y protección ante situaciones de vulnerabilidad. Dia a día los migrantes sufren de violaciones de derechos, extorsiones, amenazas que los mantienen en un peligro latente corriendo peligro su vida, por lo que es necesario y urgente que se apliquen y se actualicen los procedimientos de atención consular, ya que cuando nuestros connacionales acuden al consulado, por un tema de suma urgencia, los guardias les impiden el acceso y les niegan todo servicio, lo cual se traduce en una clara violación de sus derechos. De igual forma, en muchos casos, por su condición migratoria de origen, los connacionales carecen de acceso a servicios públicos en el país receptor, como atención médica o asesoría legal, y los consulados se convierten en su única fuente de apoyo institucional. Uno de los servicios más importantes que ofrecen los consulados es la expedición de documentación. Para las personas migrantes que requieren trasladarse sin documentación, obtener pasaportes, certificados de nacimiento o identificaciones puede ser la única forma de validar su identidad. Esto les permite acceder a oportunidades laborales, educación, incluso a servicios bancarios en algunos casos, pese a las restricciones impuestas por su estatus migratorio. Contar con documentación que acredite su identidad, independientemente de su estatus migratorio, es fundamental para poder tener, por ejemplo, contratos de arrendamiento. Es decir, un trámite que para nosotros sería sólo de índole administrativo para las personas migrantes es determinante para poder tener acceso a derechos humanos. Los consulados brindan asistencia legal crucial. Cuando los migrantes enfrentan detenciones, deportaciones o violaciones de sus derechos humanos, las oficinas consulares pueden intervenir para asegurar un proceso justo y proporcionar apoyo legal. Esta intervención es fundamental para garantizar que los derechos de las personas en situación irregular no sean vulnerados en procedimientos migratorios o en interacciones con autoridades locales. En términos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, los Jefes de Oficinas Consulares, tiene como parte de sus funciones, ejercer funciones de Juez del Registro Civil para expedir actas a favor de mexicanos con domicilio fuera de territorio nacional, incluyendo actas de nacimiento de los que no fueron registrados en su oportunidad conforme a las disposiciones aplicables. En ese alcance, los consulados representan una red de apoyo indispensable para los migrantes, quienes a menudo se enfrentan a discriminación, inseguridad y falta de acceso a servicios esenciales. La labor consular debería no solo mitigar los riesgos que enfrentan nuestros connacionales, sino que también debería contribuir a la defensa de sus derechos fundamentales en contextos adversos. Presentamos el presente exhorto en razón de diversas preocupaciones compartidas por migrantes respecto de la atención que se vive en consulados de México en el exterior. Migrantes a quienes no se le prestan los servicios que requieren para el trámite de actas; la alta demanda de servicios y retrasos en su respectiva prestación; la falta de comunicación clara sobre los requisitos en solicitudes que complica la resolución de trámites; los problemas de actualización de los documentos que establecen los servicios de protección consular; el establecimiento de requerimientos de difícil y costoso cumplimiento para connacionales, incluso para acceder a trámites para la obtención de documentos de identidad, son casos que nos han compartido y que requieren atención . La Guía de Procedimientos de Protección Consular, la cual data desde el año 2013, requiere una revisión integral para que se otorgue la asesoría y orientación de violación de derechos humanos, protección consular y orientación en casos de detención, por mencionar algunos. En ese alcance, el presente es un llamado a la solidaridad con nuestros migrantes. Es fundamental que las instancias facultadas expresamente para tal efecto promuevan acciones que faciliten el acceso a trámites consulares para migrantes. Desde una perspectiva de derechos humanos, es conveniente garantizar que todos los connacionales, independientemente de su estatus migratorio, tengan acceso a servicios consulares sencillos, ágiles, eficientes. Facilitar estos trámites no solo protege la dignidad de las personas, sino que también fomenta la inclusión y el respeto a los derechos fundamentales. Esto contribuye a su integración social y económica, generando beneficios tanto para las comunidades migrantes como para los países de origen y destino. La simplificación de trámites consulares para migrantes, independientemente de su condición, también tiene un impacto positivo en términos de seguridad. La posibilidad de obtener sus documentos de identidad facilita la interacción con autoridades locales en situaciones de emergencia. Asimismo, con el debido apoyo de los servicios consulares, los migrantes pueden ejercer sus derechos con mayor facilidad y colaborar con las instituciones en la resolución de conflictos, lo que reduce los riesgos de explotación y promueve su integración. Impulsar acciones que simplifiquen los trámites para migrantes fortalece el vínculo con su país de origen. De esta manera, los servicios consulares no solo se convierten en un puente para atender sus necesidades inmediatas, sino también en una herramienta para promover el bienestar a largo plazo. En los términos referidos, se presenta el presente punto de acuerdo en los siguientes términos: A C U E R D O ÚNICO. La Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, efectúa un respetuoso exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de la República Mexicana para revisar integralmente los servicios de protección consular con el propósito de facilitar su acceso y cumplimiento y promueva, en su caso, su respectiva reestructuración, a fin de procurar la protección más amplia de los derechos de los mexicanos en el exterior, bajo el principio de no discriminación.» Del análisis de la propuesta podemos manifestar que su objetivo consiste en revisar servicios de consulados mexicanos en beneficio de los mexicanos en el exterior, bajo el principio de no discriminación. III. Consideraciones de la Comisión de Atención al Migrante La reforma Constitucional en Derechos Humanos aprobada el 10 de junio de 2011, modificó 11 artículos; entre los cambios relevantes al Artículo 1o destaca lo siguiente: amplía el catálogo de los derechos humanos reconocidos para todas las personas incluyendo aquellos que se encuentran en los Tratados Internacionales de los que México forma parte; establece el principio pro persona para que la interpretación de la ley privilegie siempre a los individuos; señala que todas las autoridades están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y determina que ante una violación a los derechos humanos el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar dichas violaciones. Bajo esta perspectiva los migrantes son quienes, sin importar el motivo, salen, transitan o llegan a un país distinto al nuestro, o a un territorio en donde antes no vivían o trabajaban. ―Artículo 3, fracción XVII de la Ley de Migración―. Incluye a todos quienes buscan residir, trabajar, transitar o visitar México, sin importar si lo hacen de forma regular o irregular, ni el tiempo que se queden. Por lo tanto, los y las migrantes conservan los derechos humanos en cualquier lugar en el que estén o se encuentren. Por su parte el trabajador o trabajadora migrante es quien realiza un trabajo pagado, en un país que no es el suyo. ―Artículo 2 de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares― . Toda servidora o servidor público tiene prohibido discriminar a la persona migrante al prestar un servicio, realizar un trámite, un procedimiento administrativo o judicial y no puede impedir el acceso o ejercicio de los derechos. Nadie puede ser discriminado por ser migrante, esto quiere decir hacer distinción en su contra, excluirlos, restringirlos o desfavorecer en alguna circunstancia por la condición migratoria. Las personas, particulares o autoridades, tampoco pueden discriminar por la nacionalidad, origen étnico, color, raza, sexo, religión, orientación sexual o cualquier otra circunstancia. Las personas migrantes tienen el derecho a recibir un trato digno y a que se respeten los derechos humanos. ―Artículo 1o constitucional; artículos 4, 63 Octavus y Artículo 79 Ter de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ―. En México toda persona tiene derecho a entrar, salir, viajar o cambiarse de residencia en el territorio nacional. Este derecho está sujeto a las facultades de las autoridades judiciales y administrativas; y a las limitaciones que impongan las leyes que regulan la entrada y salida de extranjeros. ―Artículo 11o constitucional―. El derecho internacional establece que las y los trabajadores migratorios y nuestros familiares tenemos derecho a la libertad de movimiento, es decir, a movernos en el territorio del país donde trabajamos y a escoger libremente nuestra residencia. Aunque los países pueden regular la entrada de personas a su territorio, no pueden hacerlo de forma arbitraria, discriminatoria o vulnerando nuestros derechos. ―Artículo 39 de la Convención para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares ―. Ahora, en el caso que nos ocupa, respecto a situaciones donde los migrantes enfrentan detenciones, deportaciones o violaciones de sus derechos humanos, las oficinas consulares pueden intervenir para asegurar un proceso justo y proporcionar apoyo legal. Esta intervención es fundamental para garantizar que los derechos de las personas en situación irregular no sean vulnerados en procedimientos migratorios o en interacciones con autoridades locales. En términos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, los Jefes de Oficinas Consulares, tienen como parte de sus funciones, ejercer funciones de Juez del Registro Civil para expedir actas a favor de mexicanos con domicilio fuera de territorio nacional. Así, los consulados representan una red de apoyo indispensable para los migrantes, quienes a menudo se enfrentan a discriminación, inseguridad y falta de acceso a servicios esenciales . Las y los proponentes refieren que existen preocupaciones compartidas ―de viva voz, por escrito y diversos medios― por migrantes respecto de la atención que se vive en consulados de México en el exterior. Migrantes a quienes no se les prestan los servicios que requieren para el trámite de actas; la alta demanda de servicios y retrasos en su respectiva prestación; la falta de comunicación clara sobre los requisitos en solicitudes que complica la resolución de trámites; los problemas de actualización de los documentos que establecen los servicios de protección consular; el establecimiento de requerimientos de difícil y costoso cumplimiento para connacionales, incluso para acceder a trámites para la obtención de documentos de identidad, son casos que manifiestan se les han compartido y esos actos requieren atención oportuna e inmediata. Quienes realizan la propuesta aluden a que uno de los factores que genera ese tipo de circunstancias en ocasiones adversas a los connacionales es lo establecido en la Guía de Procedimientos de Protección Consular , que, desde su expedición, en 2013, al día de hoy obligadamente requiere una revisión integral para que se otorgue la asesoría y orientación de violación de derechos humanos, protección consular y orientación en casos de detención, entre otros. Por ello, desde esta comisión legislativa consideramos fundamental que las instancias facultadas expresamente para tal efecto promuevan acciones que faciliten el acceso a trámites consulares para migrantes en donde existan connacionales. Las diputadas y los diputados coincidimos con quienes proponen en llamar a la solidaridad con nuestros migrantes y realizar atención inmediata con quienes tienen relación directa e indirecta con los consulados de México en el exterior y actualizar la Guía de Procedimientos de Protección Consular y todos aquellos documentos, trámites o procedimientos para quienes hacen uso de los servicios de los consulados de México en el exterior con el propósito de facilitar su acceso y cumplimiento y promueva, en su caso, su reestructuración, a fin de procurar la protección más amplia de los derechos de los mexicanos en el exterior, bajo el principio de no discriminación. Es decir, la Secretaría de Relaciones Exteriores es la institución que se encarga de proteger los derechos e intereses de los mexicanos en el extranjero. Ésta lo hace a través de sus embajadas y oficinas consulares, brindando asistencia y consejo a los ciudadanos mexicanos en sus relaciones con las autoridades del país donde se encuentren. En el caso de que un mexicano que trabaja en el extranjero vea vulnerados sus derechos laborales, este puede acudir al consulado mexicano más cercano para solicitar orientación y asistencia. El consulado por su parte debe brindar información y asesoría, sugerir fuentes de asistencia especializada, brindar orientación legal, entre otros aspectos, a través de los servicios de Protección Consular. De esta manera, el respeto y la protección a los derechos fundamentales de los migrantes, es parte sustantiva de los principios que rigen la política exterior del gobierno de México. Así, la enorme y continua migración de mexicanos hacia el exterior, particularmente hacia los Estados Unidos de América, determina la constante adecuación de las estructuras institucionales y programas para garantizar el respeto a las garantías individuales y los derechos de las comunidades migrantes, al tiempo que busca satisfacer la alta demanda de servicios que generan, como lo es el tema que hoy se dictamina. En ese sentido, estamos conscientes de la función y operación de los más de cincuenta consulados en el país del norte , y que estos se ocupan de proteger, de conformidad con los principios y normas del derecho internacional, las disposiciones del derecho estadounidense y las propias regulaciones mexicanas, los intereses y los derechos de los mexicanos en esta circunscripción, así como de ejercer las acciones encaminadas a satisfacer sus legítimas demandas y defender y proteger los derechos e intereses de los mexicanos en ese país. En términos generales, la protección consular se entiende como el conjunto de acciones, gestiones, buenos oficios y trámites específicos que realizan los funcionarios de las Representaciones Consulares y Diplomáticas en el exterior para salvaguardar, con base en el derecho internacional y en apego a las leyes y reglamentos de cada país, los derechos e intereses de los mexicanos en el extranjero, en sus relaciones de naturaleza civil, penal, laboral, administrativa, migratoria y judicial tanto con autoridades como con particulares; y así atender sus demandas. Bajo este contexto, es menester hacer ese llamado a las autoridades del ámbito federal en el extranjero, para que la atención de quienes operan y realizan servicios consulares sea bajo el principio de no discriminación. Ello, en el entendido que la discriminación es un fenómeno social que vulnera la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Ésta se genera en los usos y las prácticas sociales entre las personas y con las autoridades, en ocasiones de manera no consciente. Es decir, se entenderá por discriminación, según establece la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo. De esta manera consideramos que el hecho de que quienes otorgan servicios en los consulados generen actos diversos con connacionales en relación con ciudadanos de otros países, realiza un acto discriminatorio, pues en general al dar un trato distinto a las personas que en esencia son iguales y gozan de los mismos derechos; ese trato distinto genera una desventaja o restringe un derecho a quien lo recibe. Todas las personas pueden ser objeto de discri¬minación; sin embargo, aquellas que se encuen-tran en situación de vulnerabilidad o desventa¬ja, ya sea por una circunstancia social o personal, ―como en este caso lo son los migrantes― son quienes la padecen en mayor medida . Desde este análisis consideramos la viabilidad de la propuesta al encontrarse dentro del campo de acción de este Poder Legislativo, motivo por el cual estimamos pertinente el exhorto con los alcances previstos en el presente dictamen. Coincidimos en que erradicar las prácticas discriminatorias es una tarea conjunta que requiere de la voluntad y el trabajo de todos los sectores de la sociedad. A cada individuo le corresponde reconocer y acep¬tar sus conductas discriminatorias, con objeto de cuestionarlas y estar en posibilidad de modi¬ficarlas. La discriminación debe ser prevenida mediante la promoción de valores como la igualdad, el respeto y la tolerancia; sólo así tendremos una sociedad realmente igualitaria y democrática donde las diferencias convivan en armonía. Para ello debemos promover la cultura de los derechos humanos y garantizar su protección. Bajo esta tesitura es menester enfatizar y reconocer el trabajo que realizan los 53 consulados mexicanos en Estados Unidos de América , al atender al menos 3 millones de guanajuatenses ―paisanos de los 46 municipios― en el año 2022 que viven actualmente en ese país del norte buscando una mejor calidad de vida. De esta manera, podemos decir que la dinámica demográfica en el Estado no se puede entender si no se estudia y analiza a profundidad la movilidad de sus habitantes, en particular la que se experimenta desde hace más de cien años hacia los Estados Unidos. Hoy en día, de los 320.37 millones de habitantes en dicho país, aproximadamente 36.18 millones de personas son de origen mexicano, de ellos, 12.18 millones nacieron en México. De estimaciones, Guanajuato se encuentra entre los estados que históricamente han aportado un mayor número de migrantes hacia los Estados Unidos junto con Michoacán y Jalisco. De esta manera exhortamos a las autoridades consulares que forman parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores a seguir generando y fortaleciendo acciones que puedan orientar a nuestros connacionales y así, brindar asistencia consular, asegurar el respeto de sus derechos, evitar daños y perjuicios en sus personas o intereses, evitar injusticias o arbitrariedades por parte de autoridades extranjeras y evitar la persecución o discriminación motivadas por su origen, nacionalidad o cualquier otra causa y de esta manera actualizar sus procesos y trámites acordes a las circunstancias vigentes. Se destaca el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en el dictamen puesto a su consideración, pues el mismo impacta e incide respecto al Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas con sus metas, 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades, y 16.10. Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. Con fundamento en los artículos 171 y 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos someter a la aprobación de la Asamblea, el siguiente: Acuerdo Único. La Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, efectúa un respetuoso exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores para revisar integralmente los servicios de protección consular con el propósito de facilitar su acceso y cumplimiento y promueva, en su caso, su respectiva reestructuración, a fin de procurar la protección más amplia de los derechos de los mexicanos en el exterior, bajo el principio de no discriminación. GUANAJUATO, GTO., A 7 DE NOVIEMBRE DE 2024 LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL MIGRANTE Diputada Yesenia Rojas Cervantes Diputada Hades Berenice Aguilar Castillo Diputada Noemí Márquez Márquez Diputado Roberto Carlos Terán Ramos Diputado Ernesto Millán Soberanes