Diputado Rolando Fortino Alcántar Rojas Presidente del Congreso del Estado P r e s e n t e. A las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales les fueron turnadas para su estudio y dictamen las propuestas de puntos de acuerdo presentada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, ante la Sexagésima Quinta y la Sexagésima Sexta Legislaturas, identificados con los números de expediente ELD 107/LXV-PPA; ELD 187/LXV-PPA; ELD 346/LXV-PPA; ELD 3/LXVI-PPA; ELD 14/LXVI-PPA; ELD 37/LXVI-PPA y ELD 38/LXVI-PPA. Analizadas las propuestas de referencia, con fundamento en los artículos 75, 89, fracción V, 112 fracción XV, 111 fracción XIX y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos rendir el siguiente: D i c t a m e n I. Antecedentes: I.1. Las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, ante la Sexagésima Quinta Legislatura, en sesión ordinaria celebrada el 10 de marzo de 2022 presentaron la propuesta de punto de acuerdo a efecto de exhortar al Gobernador del Estado para que, a la brevedad y en diálogo tanto con la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas como con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, lleve a cabo las acciones necesarias para ampliar sus presupuestos en función de las necesidades que estas dependencias presentan para su óptima operación (ELD 107/LXV-PPA); I.2. En sesión ordinaria celebrada el 29 de septiembre de 2022, el diputado David Martínez Mendizábal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA ante la Sexagésima Quinta Legislatura, presentó la propuesta de punto de acuerdo a efecto de exhortar al Gobernador del Estado de Guanajuato, para que presente una iniciativa de Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2023 que contenga recursos presupuestales para promover, restituir y garantizar los derechos de las personas pertenecientes a la comunidad de lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgénero, intersexuales, así como otras expresiones de la diversidad sexual, mediante programas y proyectos basados en evidencia, diseñados, implementados y evaluados incorporando la participación de las personas de la comunidad LGBTIQ+; así también al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y a los Organismos Autónomos del Estado para que en el proceso de construcción de la iniciativa del Presupuesto General de Egresos del Estado, construyan un anexo transversal que visibilice y permita llevar a cabo el respectivo seguimiento y evaluación de los programas y proyectos destinados a la promoción, restitución y garantía de los derechos de las personas pertenecientes a la comunidad de lesbianas, intersexuales, así como otras expresiones de la diversidad sexual (ELD 187/LXV-PPA); I.3. El diputado David Martínez Mendizábal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA ante la Sexagésima Quinta Legislatura, en sesión ordinaria celebrada el 19 de octubre de 2023 presentó la propuesta de punto de acuerdo a fin de exhortar al Gobernador del Estado de Guanajuato, para que en la iniciativa de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2024 que remita a esta soberanía, contemple las asignaciones presupuestales necesarias para atender los problemas públicos derivados del estudio diagnóstico de la población LGBT+ (ELD 346/LXV-PPA); I.4. En sesión ordinaria celebrada el 3 de octubre de 2024 diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, ante la Sexagésima Sexta Legislatura, presentaron la propuesta de punto de acuerdo a efecto de exhortar a la titular del Poder Ejecutivo, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para que en la iniciativa de Ley del Presupuesto General de Egresos para el Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2025 que presente ante este Congreso, se respete el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de forma que no se contemple ningún sueldo superior al establecido para el Presidente de la República Mexicana (ELD 3/LXVI-PPA); I.5. La diputada Maribel Aguilar González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA ante la Sexagésima Sexta Legislatura, en sesión ordinaria celebrada el 17 de octubre de 2024 presentó la propuesta de punto de acuerdo a fin de exhortar a Libia Dennise García Muñoz Ledo, Gobernadora del Estado de Guanajuato, para que en el ámbito de sus atribuciones incluya los recursos presupuestales necesarios para atender a las mujeres jornaleras en nuestro Estado en la iniciativa de Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal de 2025 (ELD 14/LXVI-PPA); I.6. Diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, ante la Sexagésima Sexta Legislatura, en sesión ordinaria celebrada el 14 de noviembre de 2024 presentaron la propuesta de punto de acuerdo a efecto de realizar un exhorto a la titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, para que incluya en la iniciativa de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal de 2025, suficientes recursos económicos para la implementación de diversos programas y proyectos enfocados de manera directa a la atención integral de las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad (ELD 37/LXVI-PPA), y I.7. En sesión ordinaria celebrada el 14 de noviembre de 2024, la diputada María Eugenia García Oliveros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA ante la Sexagésima Sexta Legislatura, presentó la propuesta de punto de acuerdo a fin de exhortar a la Gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para Ejercicio Fiscal 2025 se refuerce presupuestalmente el programa Mi Granja de Peces (ELD 38/LXVI-PPA). Dichas propuestas fueron turnadas por la presidencia a estas Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen, con fundamento en los artículos 112 fracción XV y 111 fracción XV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, las que la radicaron en las reuniones celebradas los días 26 de abril y 12 de octubre de 2022; 23 de octubre de 2023; 14 y 21 de noviembre de 2024, respectivamente. II. Consideraciones de las y los proponentes De las consideraciones expuestas por las diputadas y los diputados proponentes se destaca lo siguiente: II.1. La propuesta de punto de acuerdo para exhortar al Gobernador del Estado para que, a la brevedad y en diálogo tanto con la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas como con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, lleve a cabo las acciones necesarias para ampliar sus presupuestos en función de las necesidades que estas dependencias presentan para su óptima operación, refiere: “Los pasados días 22 de febrero y 4 de marzo, desde la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, llevamos a cabo mesas de trabajo con integrantes de diferentes organizaciones de búsqueda de personas desaparecidas en nuestra entidad. En estas mesas se estableció un puente de escucha que resulta imprescindible para atender la crisis en materia de derechos humanos que vivimos en nuestra entidad, y que se ha traducido en miles de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad debido a su desaparición. Dolor, desesperación, angustia y reclamos permearon el diálogo, pero también se plantearon sugerencias surgidas desde quienes están en una posición moral de primera línea. Su palabra requiere ser tomada en cuenta, en serio por este Congreso. Como pudieron constatar los diputados y diputadas de las diferentes expresiones partidistas, los testimonios ofrecidos por las representantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas son una fuente de información directa acerca de los retos, deficiencias y oportunidades que tienen todas las autoridades en la materia, desde aquellas que conforman el Sistema Estatal de Búsqueda de Personas, hasta las que integran el Sistema Estatal de Atención Integral a Víctimas. De entre la compleja y delicada problemática puesta sobre la mesa y que deberá de considerar la Junta de Gobierno para movilizar a todo el aparato legislativo, emergió con mucha frecuencia e insistencia por parte de los colectivos, la falta de presupuesto destinado a mecanismos institucionales que forman parte de los sistemas estatales antes mencionados: la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas. Ambas instituciones son imprescindibles para garantizar el derecho de las víctimas del delito y violaciones a derechos humanos a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia y reparación integral, así como para garantizar el derecho que tiene a ser buscadas las personas desaparecidas. Estos mecanismos son piezas clave en el entramado institucional que lleva por misión concretar objetivos mínimos indispensables de atención y protección a las víctimas. Lamentablemente, pese a la importancia que tienen para los derechos humanos en nuestra entidad, la realidad es que a estas comisiones no se les han reconocido ni conferido las capacidades presupuestales necesarias. Ni en términos absolutos, ni en términos relativos: La Comisión de Víctimas cuenta con 29.1 millones de pesos presupuestados para este ejercicio 2022, de los cuales apenas 10.2 millones estarán destinados al Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Por su parte, la Comisión de Búsqueda, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, apenas alcanza 8.8 millones de pesos presupuestados para 2022, de los cuales 6.1 millones se van en sueldos para el escaso personal con el que cuentan. Estos presupuestos palidecen, por ejemplo, ante los 859.7 millones de pesos que el presupuesto general de egresos proyecta pagar por intereses de la deuda; o ante los 615.8 millones que se enviarán al FIDESSEG1; e incluso frente a los 89.7 millones que se presupuestaron para la Coordinación General de Comunicación Social para el propio ejercicio 2022. Durante varios años el GP de Morena ha estado consciente de esta problemática, por ello durante la discusión del presupuesto anual introdujimos una reserva para destinar más recursos al proyecto Q3587 Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas. Recordarán que nuestra propuesta fue rechazada por este Congreso. (…) Sin embargo, estamos a tiempo de recapacitar en función de lo expresado por las víctimas de personas desaparecidas; obremos con sensatez y sensibilidad. Consideramos que la demanda de fortalecimiento presupuestal de las comisiones de búsqueda y de víctimas, pueden atenderse no sólo mediante medidas legislativas, sino que las mismas pueden complementarse con propuestas como la que aquí se plantea. Las necesidades de las víctimas no pueden esperar a la aprobación del próximo presupuesto de egresos, sino que desde el Grupo Parlamentario de Morena consideramos urgente que se atiendan las carencias presupuestales tanto de la Comisión de Víctimas, como de la Comisión de Búsqueda. En este sentido, encontramos que la Secretaría de Gobierno, entidad a la que la Comisión de Búsqueda se encuentra desconcentrada, tuvo subejercicios por 624.8 millones de pesos para 2021, cuando contó con un presupuesto aprobado de 1,945.9 millones de pesos y un presupuesto ampliado de 2,490.6 millones de pesos. En este ejercicio, con un presupuesto aprobado de 2,252.4 millones de pesos, consideramos que se está en posibilidades de ampliar el presupuesto de la Comisión de Búsqueda. Adicionalmente, al cierre de 2021 el resultado del ejercicio asciende a 738.7 millones de pesos, llegando a un patrimonio generado de 36,135.6 millones de pesos. Los derechos del Estado a recibir efectivo ascendían a 469.9 millones de pesos. El subejercicio global del Poder Ejecutivo ascendió a 5,311.4 millones de pesos. Por lo anterior, consideramos que existen los recursos suficientes para fondear a estas comisiones. De igual modo, es necesario señalar que el marco legal de nuestra entidad permite al Ejecutivo autorizar ampliaciones líquidas cuando se obtengan ingresos excedentes derivados de recursos de libre disposición; asimismo, le es posible autorizar adecuaciones presupuestarias e, incluso, autorizar a las dependencias y entidades a realizar traspasos entre sí. Por esto, encontramos que el titular del Ejecutivo está en condiciones de establecer mecanismos para fortalecer las labores llevadas a cabo mediante la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.” II.2. La propuesta de punto de acuerdo a efecto de exhortar al Gobernador del Estado de Guanajuato, para que presente una iniciativa de Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2023 que contenga recursos presupuestales para promover, restituir y garantizar los derechos de las personas pertenecientes a la comunidad de lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgénero, intersexuales, así como otras expresiones de la diversidad sexual, mediante programas y proyectos basados en evidencia, diseñados, implementados y evaluados incorporando la participación de las personas de la comunidad LGBTIQ+; así también al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y a los Organismos Autónomos del Estado para que en el proceso de construcción de la iniciativa del Presupuesto General de Egresos del Estado, construyan un anexo transversal que visibilice y permita llevar a cabo el respectivo seguimiento y evaluación de los programas y proyectos destinados a la promoción, restitución y garantía de los derechos de las personas pertenecientes a la comunidad de lesbianas, intersexuales, así como otras expresiones de la diversidad sexual, señala: “Al igual que con una amplia variedad de derechos humanos, en el estado de Guanajuato, los derechos de las personas lesbianas, gays, transgénero, transexuales, no binarias, bisexuales, intersexuales y queer (en adelante LGBTIQ+) han sido sistemáticamente pospuestos, negados y subordinados a la agenda electoral del partido en el poder. (…) Una de las condiciones de posibilidad para llevar a cabo dichas labores de promoción, restitución y garantía, es la asignación de recursos suficientes que permitan construir intervenciones públicas inclusivas y eficaces orientadas en este sentido. De esta manera, desde el Grupo Parlamentario de morena, proponemos exhortar al Poder Ejecutivo del Estado para que elabore una iniciativa de Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2023 con perspectiva de derechos humanos, específicamente incorporando recursos para promover, restituir y garantizar los derechos de las personas LGBTIQ+; así como a las demás entidades públicas, con la finalidad de que dicha iniciativa de Ley también incorpore un anexo transversal que permita visibilizar y dar seguimiento a los recursos en materia de personas LGBTIQ+. Discriminación y derechos de las personas LGBTIQ+ En junio del presente año, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicó la primera edición de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) para el año 2021, a través de un levantamiento en casi 44 mil viviendas, así como un levantamiento virtual por medios electrónicos. Evidentemente, como en todo ejercicio de medición estadística, existen factores que construyen un margen de error importante en esta medición. Uno de ellos es precisamente la discriminación y el clima hostil hacia la diversidad sexual, mismos que generan incentivos para ocultar la identidad y la orientación sexual de las personas; sin embargo, la ENDISEG supone un piso mínimo aproximado que nos deja ver que, en el estado de Guanajuato, existen al menos 227,957 personas de 15 años o más que forman parte de la comunidad LGBTIQ+, esto es, un estimado de 4.9% de la población del estado. La situación de discriminación reportada por la ENDISEG confirma lo que se había venido advirtiendo por parte de los colectivos de defensa de derechos humanos de la diversidad sexual, así como las investigaciones especializadas en la materia: las personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ sufren discriminación durante su infancia y adolescencia de 2 a 3 veces más que las personas que no pertenecen a la misma. En nuestro país, los derechos de las personas LGBTIQ+ han tenido avances importantes en el ámbito subnacional; sin embargo, Guanajuato es una de las que tiene más rezago en la materia, al únicamente contar con una versión acotada e insustancial del matrimonio igualitario instruido mediante un decreto del Poder Ejecutivo. Por esto, los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ se han visto orilladas a judicializar por abajo, desde la ciudadanía, los derechos que deberían reconocérseles sin tener que pasar por los engorrosos tiempos y espacios judiciales que suelen exigir capital económico, cultural y que, usualmente, al resultar exitosas tienden a beneficiar exclusivamente a un conjunto de personas demandantes, generando una segmentación arbitraria al interior de una misma población a la que deberían garantizárseles los mismos derechos. Durante el presente año, en un caso de judicialización exitosa que no habría sido necesario si este Congreso reconociera los derechos de las personas LGBTIQ+, se presentó un amparo derivado de la ausencia de partidas presupuestales que contribuyan a promover, restituir y garantizar los derechos de este grupo poblacional. (…) (…) (…) (…) Propuesta Por lo anterior, las y los iniciantes de la presente propuesta consideramos pertinente que esta Legislatura emita un exhorto al gobernador del Estado para que, en la planeación presupuestal del próximo ejercicio fiscal, se incorporen recursos que permitan materializar programas para promover, restituir y garantizar los derechos de las personas pertenecientes a la comunidad de lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgénero, intersexuales, así como otras expresiones de la diversidad sexual. Para esto, en línea con una perspectiva de derechos, nos parece relevante especificar que dichos programas se lleven a cabo basados en evidencias y con un diseño, implementación y evaluación que incorporen la participación de las personas de la comunidad LGBTIQ+, toda vez que no consideramos que la generación de programas destinados a atender problemas concretos de la comunidad de la diversidad sexual sin consultarles y elaborar un diagnóstico participativo adecuado sea compatible con una visión de derechos. Asimismo, las y los iniciantes consideramos necesario que, con la finalidad de estar en condiciones presupuestales de garantizar, promover y restituir los derechos de las personas LGBTIQ+, también es necesario emitir un exhorto a los poderes públicos y organismos autónomos de la entidad para que, en un ejercicio de cooperación interinstitucional, la iniciativa de Ley de Presupuesto General de Egresos del próximo año pueda contener un anexo transversal útil no sólo para hacer visible el gasto en la materia, sino también para darle seguimiento y evaluarlo. Por último, las y los iniciantes reiteramos nuestro compromiso con el principio de que todos los derechos deben ser garantizados para todas las personas. En este sentido, cuando la situación se aleja de dicho principio, es necesario posicionarnos y trabajar para corregir el rumbo. De esta forma, ante el escenario de negación de derechos que hoy vivimos en el estado de Guanajuato, por el bien de todas, todos y todes, primero los derechos de las personas de la diversidad sexual y de género.” II.3. La propuesta de punto de acuerdo a fin de exhortar al Gobernador del Estado de Guanajuato, para que en la iniciativa de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2024 que remita a esta soberanía, contemple las asignaciones presupuestales necesarias para atender los problemas públicos derivados del estudio diagnóstico de la población LGBT+, establece: “Derechos de la diversidad sexual en Guanajuato El pasado 2022 se publicó la primera Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual. En ella, se visibilizó que Guanajuato es la séptima entidad con mayor presencia de población con orientaciones sexuales y/ o identidades de género no normativas. Sin embargo, pese a la notable presencia de personas lesbianas, gays, transgénero, transexuales, no binarias, bisexuales, intersexuales y queer, lo cierto es que Guanajuato sigue siendo una de las entidades con más rezago en materia de derechos de la diversidad sexual, contando apenas con un reconocimiento parcial del matrimonio igualitario y del presupuesto focalizado en la materia. El matrimonio igualitario fue reconocido mediante un acto administrativo en diciembre de 2021 a través de una circular para reconocer el derecho a contraer matrimonio sin discriminación "por su preferencia sexual" y "sin necesidad de que medie recurso legal para su procedencia". Esto, evidentemente, no es un reconocimiento pleno, sino que únicamente facilita el derecho administrativamente sin tocar el marco jurídico inconstitucional que tenemos en Guanajuato, pero manteniendo intacto el estigma por discriminación que genera la norma. Por su parte, el presupuesto focalizado se reconoció únicamente por la acción colectiva contenciosa de movimientos sociales y la presión partidaria de la oposición política local. Una de las estrategias usadas fue la judicialización de derechos a la que orillaron a algunos colectivos de la diversidad sexual en 2022, cuando se presentó un amparo por la ausencia de partidas presupuestales que contribuyeran a promover, restituir y garantizar los derechos de las personas LGBTIQ+. Derivado de dicho amparo, mediante la sentencia 156/2022-II, se ordenó incluir programas, procesos y proyectos que permitieran combatir la desigualdad que viven las personas de la comunidad LGBTIQ+ para el ejercicio de sus derechos. Por ello, diputadas y diputados de todas las fuerzas de oposición suscribimos dos iniciativas de reforma para solventar esta discriminación en el presupuesto de egresos del año pasado. Lamentablemente, ambas fueron archivadas con la consideración de que resultaban inatendibles "al carecer de facultades para la formulación"4, esto es, porque se consideró que el Gobernador era el único capaz de proponer modificar el presupuesto de egresos. Pese a esta resistencia, el 19 de diciembre de 2022, ante la presión social, mediática y partidaria, a iniciativa del Gobernador, terminó por incorporarse un artículo cuarto transitorio a la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2022, en el cual se estableció lo siguiente: Artículo Cuarto. La Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración deberá autorizar las ampliaciones líquidas para que se destinen recursos a programas, procesos o proyectos de inversión prioritarios, entre otros, con la finalidad de cerrar la brecha de desigualdad y hacer efectiva la igualdad de oportunidades y derechos humanos para la comunidad LGTBIQ+ y otros grupos en situación de vulnerabilidad, de conformidad con la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato. En los hechos, se comprometieron recursos para llevar a cabo un diagnóstico que propicie focalizar los recursos en las acciones inmediatas que deben atenderse en favor de la comunidad LGBTIQ+ en el estado. Políticas estatales y diversidad sexual en Guanajuato El último día de 2022, el IPLANEG contrató a Kaliopeo Sociedad Civil para llevar a cabo el estudio diagnóstico con la finalidad de "entender la realidad que vive el colectivo LGBT + y conocer sus necesidades para la generación de políticas públicas y proyectos que los atiendan" por un monto de $1,496,400.00. Unos meses después, el 17 de abril de 2023, se entregó el estudio que recoge, entre muchas otras, las siguientes conclusiones: • El acceso a una vida digna, al reconocimiento social de los derechos, ha sido desigual para la diversidad de la población LGBT +, reconociendo mayor vulnerabilidad para personas trans; • El espacio escolar se identifica como uno que puede vulnerar la salud emocional de los menores, tanto por acciones como por omisiones de las autoridades; • Hay prácticas en el sector salud que involucran un trato discriminatorio, tales como que al manifestar la orientación sexual se indague con profundidad en temas sexuales, lo cual genera inseguridad o que la confidencialidad de la consulta se vulnere; • Se considera clave centrar la atención en la salud mental de las personas LGBT +, así como en capacitación del personal de salud; • La discriminación y violencia verbal hacia la población LGBT + está normalizada en todos los contextos; • A la población LGBT + le preocupa constantemente recibir algún tipo de agresión en el espacio público; • Los agentes de policía reconocen la necesidad de capacitación en materia de género; • No hay políticas enfocadas en la población LGBT+, ni tampoco hay registros sobre casos de violencia por identidad de género u orientación sexual; • No se cuenta con una oficina que promueva atención focalizada a la población LGBT+. Las políticas estatales pueden entenderse como las acciones y omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado con relación a un asunto público, esto es, las intervenciones mediante las cuales el Estado toma una posición respecto a una cuestión. En este sentido, las conclusiones del estudio permiten observar que, en el estado de Guanajuato, las políticas estatales en materia de diversidad sexual no han pasado por la legitimación de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+; todo lo contrario, han pasado por su negación, posponiendo la decisión de su atención, promoción, respeto, garantía y protección. Evidentemente, esto ha tenido consecuencias desastrosas para la vida y los derechos de las personas de la diversidad sexual. Ejemplo de ello es lo que se recoge en el apartado documental del estudio de Kaliopeo: con datos de la ENDOSIG 2018, puede señalarse que el 43.6% de la población LGBT + que reside en Guanajuato ha pensado seriamente en suicidarse, mientras el 28.6% lo ha intentado. Rumbo al presupuesto general de egresos para el ejercicio fiscal de 2024 Todo lo anterior supone la necesidad de que, en el presupuesto general de egresos para el ejercicio fiscal de 2024, por fin asumamos nuestra obligación constitucional de promover y garantizar los derechos humanos de las personas LGBTIQ+. En este sentido, estamos a tiempo para que la iniciativa de Ley del Presupuesto General de Egresos para el Estado de Guanajuato que nos será remitida a más tardar el próximo 25 de noviembre por el titular del Poder Ejecutivo, se tomen en cuenta los resultados del estudio diagnóstico realizado, en el cual se da cuenta -entre otras de las siguientes propuestas y peticiones manifiestas: • Financiamiento específico para producción de temas LGBT + desde los institutos de arte y cultura; • Campañas y plataformas de acompañamiento; • Asignación presupuesta! para la generación, implementación y supervisión de mecanismos dirigidos a la atención de la población LGBTI +; • Políticas públicas encaminadas a la salud y la autonomía económica con perspectiva de género (con prioridad en mujeres de la diversidad sexual); • Recurso público con incidencia en servicios públicos desde la perspectiva de la diversidad con especial atención a salud y educación; • Acompañamiento y apoyo económico a personas trans que sean adultas mayores; • Esquemas de salud para personas trans y trabajo sexual; • Organismos públicos de atención a la diversidad sexual, y; • Registros estadísticos que proporcionen información sobre la población LGBT+. (…)” II.4. La propuesta de punto de acuerdo para exhortar a la titular del Poder Ejecutivo, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para que en la iniciativa de Ley del Presupuesto General de Egresos para el Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2025 que presente ante este Congreso, se respete el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de forma que no se contemple ningún sueldo superior al establecido para el Presidente de la República Mexicana, refiere: “El despilfarro de recursos públicos es algo que caracterizó a los anteriores gobiernos neoliberales de México, en el periodo en que las y los altos funcionarios públicos se acostumbraron a despacharse con la cuchara grande, mientras el pueblo carecía de lo más indispensable. Sin embargo, eso cambió cuando comenzó la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien implementó un plan completo de austeridad republicana. A partir de entonces, en el gobierno federal ha disminuido de manera radical el presupuesto público que se destinaba a gastos no prioritarios, como lo es la comunicación social, la adquisición de vehículos, los gastos para viáticos y para eventos. A la par, se han eliminado los seguros de gastos médicos mayores, y se estableció como norma que el Estado Mexicano sólo cubriría el pago de pensiones y jubilaciones contempladas en las leyes o decretos legislativos, por lo que las pensiones presidenciales que se sostenían en un decreto presidencial quedaron eliminadas. Asimismo, esas medidas también implicaron la reducción del salario del Presidente de la República, pues la remuneración anual neta se redujo un 46.6%, pasando de 3.1 millones de pesos a 1.6 millones. Así, a partir del 2018, se ha iniciado el proceso para hacer realidad el principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, con lo que se han podido liberar recursos públicos para financiar programas sociales o realizar importantes obras públicas para el desarrollo de nuestro país. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 127 fracción II, establece que: “Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.” A partir de la reducción en el salario del presidente de la República, el ajuste presupuestal que se hizo a los excesivos salarios de diversos funcionarios públicos a nivel federal marcó un antes y un después en la administración pública mexicana, porque además del ahorro presupuestal, comenzó a darse una reflexión pública al respecto; el pueblo, ahora más que nunca, sabe que las y los servidores públicos no estamos para hacernos ricos mediante el servicio público, porque nuestro trabajo es servir al pueblo y no servirnos del pueblo. Sin embargo, a pesar de lo establecido en la Constitución mexicana, aún hay resistencia por parte de algunos servidores públicos a nivel federal, como es el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y algunos organismos autónomos. A nivel estatal estas resistencias en defensa del privilegio también se reproducen: es el caso de nuestro estado. En Guanajuato, somos al menos 79 funcionarios públicos los que recibimos un salario mayor al del Presidente de la República, para quien en el Presupuesto de Egresos de 2024 se le asignó un sueldo mensual bruto de $184,468.00. Entre los 79 funcionarios que perciben un sueldo mayor y además irrenunciable, nos encontramos las y los diputados, algunos secretarios y secretarias de estado, las y los magistrados del Tribunal Electoral, las y los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, las y los magistrados y consejeros del Poder Judicial, así como el Fiscal General de Estado. En el caso del Fiscal General, tiene un sueldo mensual bruto de $201,480; así mismo, la Gobernadora cuenta con un sueldo mensual bruto de $259,689; los Secretarios de Estado perciben un sueldo mensual bruto de $217,900; el presidente del Supremo Tribunal de Justicia recibe un sueldo mensual bruto de $2349,547; y los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia con un sueldo mensual bruto de $217,900. Si tan solo los excesivos salarios de los altos mandos en el Estado se redujeran a lo que gana el presidente de la República, nos podríamos ahorrar al menos 25 millones de pesos al año que deberían estarse utilizando para el beneficio de quienes más lo necesitan, no en los privilegios para unos cuantos, como por ejemplo cumplir con el convenio de apoyos universales a personas con discapacidad, convenio que el ex Gobernador Diego Sinhue se negó tajantemente a cumplir dejando sin el apoyo a miles de familias guanajuatenses. En Guanajuato la constante ha sido que la mayoría de las y los legisladores respaldan año con año la propuesta de salarios inconstitucionales enviada desde el titular del Poder Ejecutivo, violentando así, la máxima ley en nuestro país, que es la Constitución. Desde la pasada legislatura, el grupo parlamentario de morena ha insistido una y otra vez en el recorte a nuestros salarios, así como al de los demás funcionarios ya mencionados, presentando iniciativas en la materia, puntos de acuerdo y reservas al presupuesto de egresos con la finalidad de cumplir con lo que establece nuestra Constitución; sin embargo, cada una de dichas propuestas han sido rechazadas por la mayoría de las y los legisladores. No obstante lo anterior, seguiremos insistiendo porque en morena consideramos que, en el quehacer público y político, la ética es uno de los pilares más importantes para el buen ejercicio de nuestras funciones, y “el objetivo de la ética en la política, es lograr que el individuo obtenga el dominio de sí mismo para actuar a favor de la comunidad”. Por esta razón, seguiremos insistiendo en que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. En el estado de Guanajuato, todas las remuneraciones de los servidores públicos deben incluirse en la iniciativa de Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado que elabora la persona titular del Ejecutivo y remite a este Congreso a más tardar el próximo 25 de noviembre. En este sentido, consideramos necesario que la Gobernadora del Estado, Libia Denisse García Muñoz Ledo, contemple en la propuesta del presupuesto de egresos sueldos que, de una vez por todas, respeten el artículo 127 constitucional.” II.5. La propuesta de punto de acuerdo a fin de exhortar a Libia Dennise García Muñoz Ledo, Gobernadora del Estado de Guanajuato, para que en el ámbito de sus atribuciones incluya los recursos presupuestales necesarios para atender a las mujeres jornaleras en nuestro Estado en la iniciativa de Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal de 2025, establece: “Se ha determinado el 15 de octubre como el Día Internacional de las Mujeres Rurales, con la intención de reconocerlas como parte imprescindible de los procesos productivos en todo el mundo. Atención especial merecen las y los jornaleros agrícolas, quienes se encuentran insertos en ciclos migratorios en distintos estados de nuestro país y en nuestro Estado, y están expuestos a múltiples abusos y violaciones a sus derechos humanos, pese a tener un marco regulatorio que establece sus derechos y las obligaciones del Estado. Su condición de vulnerabilidad se agudiza por su situación de movilidad, por pertenecer a un pueblo originario, por ser mujer, por ser niño, niña o adolescente, o por haber sido desplazadas forzadamente de sus pueblos de origen por el crimen organizado o por su situación de pobreza. Las mujeres jornaleras agrícolas son uno de los grupos más golpeados por la precariedad laboral, la pobreza y la violencia. Es importante mirar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran para, de esta manera, generar estrategias colectivas que ayuden a mejorar sus condiciones de trabajo y de vida. Las mujeres que radican en zonas rurales han sido diferenciadas de los hombres y de quienes viven en zonas urbanizadas, excluyéndolas de diversos derechos y oportunidades. Según el PNUD, el 23% de las mujeres en México viven en comunidades rurales, y representan el 34% de la fuerza laboral del país. Las mujeres representan más del 50% de la producción de alimentos. A pesar de su gran contribución, enfrentan desafíos como el acceso limitado a la tierra, escaso control sobre los recursos, poca participación en la toma de decisiones, discriminación y violencia de género. En cuanto al trabajo por jornadas de mujeres rurales, el 37,1% cumple jornadas semanales de entre 40 y 48 horas, 12,2 % labora más de 48 horas semanales y 40 % de ellas no tienen ingresos propios. Los registros son complicados por la ausencia de organismos y censos específicos, precisamente por sus condiciones de movilidad como personas migrantes que se desplazan constantemente, por la alta flexibilidad laboral, y por la informalidad en la que suelen desempeñar sus actividades. De acuerdo con el Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública (CECIG), las mujeres son sometidas a acoso durante la jornada laboral y tienen dobles o triples jornadas debido a los trabajos de cuidado que realizan. Estos actos las vulneran como personas y como mujeres, las colocan en desventaja en la competencia laboral y profundizan sus condiciones de pobreza y marginación, además de que atraviesan situaciones de explotación severa. Además de su trabajo en el campo, las mujeres jornaleras absorben las labores de cuidados de la hijas e hijos menores de edad. Sin embargo, los derechos de maternidad no son respetados. Para las mujeres jornaleras, la maternidad implica enfrentarse a riesgos como plaguicidas, herbicidas o fertilizantes, así como a las altas temperaturas que se experimentan en los campos a cielo abierto o en invernaderos. Asimismo, no cuentan con permisos de maternidad remunerados. Además, Las mujeres jornaleras no cuentan con un apoyo para el cuidado de sus hijos. … Esto demuestra la precariedad y la falta de atención social estatal hacia las y los migrantes jornaleros temporales que se radican en los diferentes municipios del Estado. Cabe mencionar que el Grupo Parlamentario de MORENA siempre se ha preocupado por estos temas en anteriores Legislaturas, pues ha promovido diferentes medidas para atender la pobreza extrema de las familias indígenas migrantes, así como la pobreza endémica que padecen las familias jornaleras desde sus comunidades de origen. Recordemos que durante el mes de septiembre pasado este Congreso del Estado aprobó desaparecer la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, la cual en lo general fue de 26 votos a favor del PAN, PRI, PVEM y MC y 10 en contra de Morena. La actual Gobernadora de nuestro estado enfatizó que la nueva Secretaría de Derechos Humanos se encargará de diseñar, coordinar e implementar políticas públicas y programas que promuevan la equidad, la inclusión social y el bienestar de las personas y grupos en condiciones de vulnerabilidad, entre los que están personas con discapacidad, comunidades migrantes, indígenas, y la comunidad LGBTI, entre otros. En este sentido, cobra sentido que este compromiso se refleje presupuestalmente durante el próximo ejercicio fiscal. Es por ello por lo que se hace un llamado urgente al Gobierno del Estado de Guanajuato para que se atienda de manera prioritaria la asignación de presupuesto destinado a las mujeres jornaleras en nuestro estado, con la finalidad de garantizar atención integral a las mismas, que se les permita acceder a mejores oportunidades laborales, que salvaguarden sus derechos y mejoren sus condiciones de trabajo y que se impulse su autonomía económica.” II.6. La propuesta de punto de acuerdo a efecto de realizar un exhorto a la titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, para que incluya en la iniciativa de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal de 2025, suficientes recursos económicos para la implementación de diversos programas y proyectos enfocados de manera directa a la atención integral de las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, describe: “Una de nuestras obligaciones como representantes del pueblo guanajuatense es velar porque los recursos públicos se apliquen directamente en beneficio de los guanajuatenses. De conformidad con el censo de población del año 2020 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hay 31’755,284 de niñas y niños en el país, representando el 25.20% de la población total. Los adolescentes representan el 8.58% de la población total, siendo 10’806,690 en México. Por otro lado, hay 15’142,976 de adultos mayores en el país, representando el 12.02% de la población total. Asimismo, hay 6’179,890 de personas con alguna discapacidad a nivel nacional, representando el 4.90% de la población total. Ahora bien, en el caso del estado de Guanajuato, hay 1’635,692 de niñas y niños, representando el 26.52% de la población total. Los adolescentes representan el 8.95% de la población total, siendo 552,092 en el estado. De igual manera, hay 681,374 de adultos mayores en el estado, representando el 11.50% de la población total. Asimismo, hay 285,615 de personas con alguna discapacidad a nivel estatal, representando el 4.63% de la población total. En este sentido, las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con alguna discapacidad deben ser una prioridad en los programas y proyectos que se aprueben en la próxima Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal de 2025. No podemos seguir con la inercia de que el gasto sea ejercido sin beneficiarios directos o casi directos, es decir, actualmente, los recursos económicos destinados a la atención integral de las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con alguna discapacidad, más del 70% de dichos recursos fueron destinados a procesos de índole administrativo, dejando poco presupuesto a programas y proyectos necesarios y de gran impacto para estas personas. Para este año 2024 se aprobaron más de 72 mil millones de pesos al Gobierno del Estado, de los cuales solamente se destinaron: • Más de 124 millones de pesos para la atención integral a niñas, niños y adolescentes; • 103 millones de pesos para la atención integral de adultos mayores; y, • Más de 50 millones de pesos para la atención integral a las personas con discapacidad. Para el año 2023 se aprobaron más de 71 mil millones de pesos al Gobierno del Estado, de los cuales solamente se destinaron: • Más de 86 millones de pesos para la atención integral a niñas, niños y adolescentes; • 111 millones de pesos para la atención integral de adultos mayores; y, • Más de 45 millones de pesos para la atención integral a las personas con discapacidad. Para el año 2022 se aprobaron casi 60 mil millones de pesos al Gobierno del Estado, de los cuales solamente se destinaron: • 115 millones de pesos para la atención integral a niñas, niños y adolescentes; • Más de 97 millones de pesos para la atención integral de adultos mayores; y, • Más de 33 millones de pesos para la atención integral a las personas con discapacidad. Para el año 2021 se aprobaron casi 60 mil millones de pesos al Gobierno del Estado, de los cuales solamente destino: • Más de 74 millones de pesos para la atención integral a niñas, niños y adolescentes; • 80 millones de pesos para la atención integral de adultos mayores; y, • Más de 47 millones de pesos para la atención integral a las personas con discapacidad. En consecuencia, la asignación de recursos económicos para atención integral de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con alguna discapacidad no es proporcional con lo que se le aprueba al Gobierno del Estado para cada ejercicio fiscal. Y todavía, que dichos recursos económicos que se aprueban, la gran mayoría de ellos, se destinan a los procesos administrativos, es decir, al pago de plazas de confianza y por honorarios del personal, oficinas, vehículos, tecnología, entre otros, de las diversas áreas administrativas del Gobierno del Estado. Por ello, el presente exhorto, es un llamado respetuoso a la titular del Poder Ejecutivo del Estado para que la iniciativa de Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal de 2025 que envié a esta Asamblea, contemple sin cortapisas, suficientes recursos económicos para programas y proyectos específicos y con beneficiarios directos para la atención integral de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con alguna discapacidad. Lo anterior obedece a dos factores primordiales: PRIMERO. Para atacar las diversas desigualdades sociales, económicas, culturales, educativas, entre otras, tenemos que atacar de raíz los problemas, es decir, trabajar desde el tejido social, enfocando políticas públicas con un acercamiento directo a nuestras niñas, niños y adolescentes. Brindándoles mayores oportunidades para su desarrollo y nuevas habilidades para enfrentar nuevos retos y salir adelante del entorno en el cual viven. En la mayoría, dichos entornos son conflictivos y con pocos espacios para desarrollarse sanamente, donde el pan de cada día es la violencia en todas sus vertientes. Dando como resultado, que dichas niñas, niños y adolescentes sean presas fáciles para la criminalidad; y, SEGUNDO. Nuestros adultos mayores y las personas con discapacidad están siendo relegados a un segundo plano, donde las políticas públicas del Gobierno del Estado están más enfocadas en cumplir solamente en el dicho y no en el hecho, reflejando un claro retroceso en los programas y proyectos con un enfoque social. En este sentido, la iniciativa de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal de 2025, que presente la titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, debe contemplar la asignación de recursos económicos suficientes y aparejados con programas y proyectos adecuados para la atención integral de las niñas, niños, adolescente, adultos mayores y personas con discapacidad, privilegiando en todo momento procesos de atención directa con la o el beneficiario. Porque solamente, con una distribución equilibrada de los recursos económicos podemos emprender verdaderos programas y proyectos con un enfoque social para el beneficio del pueblo guanajuatense.” II.7. La propuesta de punto de acuerdo a fin de exhortar a la Gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para Ejercicio Fiscal 2025 se refuerce presupuestalmente el programa Mi Granja de Peces, expresa: “Las actividades económicas del sector primario han sido fundamentales para la historia de la humanidad, la agricultura dio paso al sedentarismo, la ganadería significó la domesticación de diversas especies animales y la pesca profundizó el dominio del hombre sobre la naturaleza. En el ámbito mundial, para este 2024 se espera que la producción mundial de pescado tanto del mar como de acuicultura registre otro récord con 202 millones de toneladas, derivado de los planes sostenibles que se están promoviendo en el sector y la tendencia por proteínas completas. En México, la pesca de captura a nivel nacional representa el 85% de la producción pesquera total, con poco más de 1.2 millones de toneladas anuales y ganancias de 11 mil millones de pesos. Según el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 2024 (DENUE), Pesca registró 34,792 unidades económicas. En nuestro país, de acuerdo con datos oficiales hay un total de 295,033 personas dedicadas directamente a la pesca y acuacultura, de las cuales 238,783 se dedican a la captura y 56,250 a la acuacultura. La información sobre cuántos pescadores están oficialmente registrados es a partir de estimaciones que se realizan en la CONAPESCA con base en los activos y factores, lo cual no necesariamente coincide con el número de personas que realmente están operando en la actividad. Retomando los datos del DENUE 2024, la población mexicana ocupada en la pesca en el segundo trimestre de 2024 fue de 190,000 personas y el salario promedio mensual en la pesca fue de $6,750 pesos. En México, la actividad pesquera y acuícola se divide en 4 regiones, integradas por los Estados que a continuación se indican: Como puede notarse, el estado de Guanajuato pertenece a la “Región de Aguas Continentales” que incluye a todos los estados que no cuentan con litoral marítimo pero que cuentan con cuerpos de agua importantes que permiten la actividad pesquera. En este sentido, Acámbaro, Abasolo, Celaya, Coroneo, Cortázar, Jerécuaro, León, Manuel Doblado, Pénjamo, Salamanca, San Diego de la Unión, San José de Iturbide, Tarandacuao, Tarimoro, Uriangato, Victoria y Yuriria, son municipios en donde las actividades de la pesca y acuacultura aportan a la economía del estado. En Guanajuato la actividad acuícola y pesquera contribuye de manera importante al desarrollo de la economía. De acuerdo a información de la Secretaria de Desarrollo Agroalimentario y Rural de Guanajuato (SDAyR), en el 2023 se tenían 48 mil hectáreas de espejo de agua para explotación acuícola, de las que se obtuvieron 4 mil toneladas de productos pesqueros de la mano de más de 2 mil 400 pescadores, anualmente. Por su parte, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) en su Registro Nacional de Pesca y Acuacultura ((RNPA) del 2023, tenía registrada en el estado de Guanajuato una población pesquera de 5,439 pescadores ribereños más 47 acuacultores, dando un total de 5,486 pescadores con un total de 1,813 embarcaciones más 47 granjas. Los principales cuerpos de agua que permiten la pesca a granel en el estado de Guanajuato son los siguientes: Laguna de Yuriria, Lago de Iramuco, Lago de Cuitzeo. De estos tres lagos, el de mayor cuenca es el de Yuriria que tiene ribera con 4 municipios, que además es un humedal y sirve de refugio a muchas especies de aves migratorias. Presas como la Solís (Acámbaro, Jerécuaro, Tarandacuao), la de San Miguel de Allende (San Miguel de Allende), la de Cebolletas (Coroneo), el Cubo (Tarimoro), El Palote (León) son fuente de trabajo de cientos de pescadores que también se organizan para contribuir a la pesca responsable. De acuerdo a la SDAyR, las principales especies de peces que se crían en granjas acuícolas y que se siembran en los principales espejos de agua del estado son: la tilapia, carpa, bagre y los charales. Del padrón de 2,400 pescadores que se tienen registrados en la SDAyR, se desprenden decenas de cooperativas o asociaciones en las que están organizados acuicultores y pescadores, destacándose principalmente por su número de integrantes las ubicadas en la zona de los lagos en el Sur y Sureste del estado. Las cooperativas pesqueras tienen el potencial de contribuir a la pesca responsable, la seguridad alimentaria, el empoderamiento de las mujeres y la diversificación de actividades económicas cuando se imponen las vedas de pesca. En el ámbito federal existe el programa Bienpesca que es uno de los componentes del Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura, pertenece a los Programas para el Bienestar del Gobierno con el que se impulsa la producción de pequeños pescadores y acuicultores para mejorar sus condiciones de bienestar y ayudar a su autosuficiencia alimentaria. El apoyo que se brinda consta de $7,500.00 pesos por solicitante, y se entrega de manera directa, única y de forma anual. Para el caso de nuestro estado, se cuenta con el programa Mi Granja de Peces (que tiene el propósito de las Unidades de Producción acuícola y pesquera incrementen su producción), al cual se ha destinado para este 2024, de acuerdo a información de la Cuenta Pública, únicamente 2.7 millones de pesos, de los cuales solo 1,7 se han devengado. Cabe destacar que dentro de dicho programa posee los siguientes componentes: I. Apoyos para siembra de crias de especies dulceacuicolas a las unidades de producción pesquera entregados. II. Apoyos para la capitalizacion con infraestructura, maquinaria y equipamiento acuicola y pesquero otorgados. III. Apoyos para acciones de limpieza de maleza acuatica de los cuerpos de agua del estado con actividad pesquera. Siendo la pesca una actividad que depende en gran parte de la naturaleza, las personas dedicadas a ella se encuentran constantemente en situaciones complejas, pues, las contingencias ambientales suelen comprometer el libre ejercicio de la actividad económica. Una de las situaciones ambientales que más afecta a la población pesquera son las sequías. Las sequias no sólo significan la escasez de agua, que es de por sí muy alarmante, sino al mismo tiempo significa la desaparición de la principal fuente de empleo de miles de familias dedicadas a la pesca. Al verse los vasos captadores de agua principales del territorio guanajuatense casi completamente secos, las familias de los pescadores tienen que cambiar su estilo de vida laboral para no dejar sin sustento a sus integrantes y diversifican sus actividades económicas. Un caso de esta índole es el ocurrido en Yuriria, donde semanas atrás vimos como la Laguna se encontraba casi completamente seca, como nunca lo había estado. Situación que dejó a muchas familias sin ingresos y, por ende, vulnerables. Otro factor que ha vulnerado a la población pesquera aledaña a la laguna de Yuriria es el crecimiento desmedido del lirio acuático, pues ocurre de manera rápida y, si no se controla, invade gran parte de la laguna, impidiendo la pesca. Aunado a esa realidad, también se presentan otras contingencias propias de la actividad pesquera como lo son los periodos de veda que suelen extenderse entre 4 y 6 meses, tiempo en el cual se permite el crecimiento de la cría y el cumplimiento de su ciclo de reproducción. Apenas el pasado jueves 7 de noviembre del presente año, sociedades cooperativas y sociedades rurales de pescadores se reunieron con autoridades estatales para solicitar apoyo de un empleo temporal, así como apoyo para la mejora de equipo de pesca. El grupo de pescadores representaba a muchos mas de las comunidades de Irámuco, Andocutin, Parcialidad de Irámuco, el Zapote y la Ortiga del municipio de Acámbaro. Además del contexto sobre la pesca presentado, se debe considerar también que, a pesar de ser Guanajuato es un estado sin litorales marítimos, ello no ha limitado a cientos de guanajuatenses a dedicarse a la pesca de forma alternativa, pues se ha venido desarrollando en los últimos años la acuicultura, es decir, las granjas de peces. En los municipios de Celaya, Comonfort, Salvatierra, Yuriria, San Felipe, Acámbaro, Salamanca, Irapuato, Huanímaro, Manuel Doblado y San Felipe, existen varios proyectos de granjas de especies dulceacuícolas. En este sentido, reconocemos el impulso que el gobierno del estado a través de SDAyR le da a los pescadores y acuicultores de Guanajuato. Sin embargo, mejorar el aprovechamiento pesquero no sólo debe enfocarse en aumentar la producción. La mejora debe contemplar también, además de incrementos en volúmenes de producción en recursos y zonas donde sea posible, el incremento en el bienestar de los pescadores y sus familias y de todos aquellos que se dedican de forma directa o indirecta en esta actividad productiva. Dado el contexto complejo medioambiental que se ha sufrido los últimos años, además de otros factores sociales y emergentes que han afectado el bienestar integral de la población pesquera, consideramos que el presupuesto que el Gobierno del Estado ha destinado al programa Mi Granja de Peces se ha visto limitado para garantizar el bienestar de las familias pesqueras, por ello, buscamos que para presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2025 se refuerce dicho programa, esperando que además pueda ampliarse para procurar la atención de necesidades de las familias pesqueras. La sequía, el lirio acuático y la etapa de veda son contingencias naturales que comparten los pescadores de Guanajuato en presas y lagos limitando sus actividades pesqueras. Ante dicha situación muchos de los pescadores se ven obligados a buscar otras fuentes de empleo que no necesariamente encuentran en sus comunidades, algunas veces tienen que emigrar para darle sustento a sus familias. Represento a un distrito en donde cientos de familias se dedican a la pesca ribereña en los diferentes cuerpos de agua de la zona: la Presa Solís en los municipios de Acámbaro, Jerécuaro y Tarandacuao, el lago de Cuitzeo en la zona de Acámbaro, la presa de Cebolletas en el municipio de Coroneo, la presa del Cubo en el municipio de Tarimoro, por mencionar algunos. Conozco de primera mano la realidad que pasan miles de guanajuatenses que viven de la actividad pesquera cuando pasan por situaciones como la sequía o la veda, por lo tanto, considero necesario darles mayor apoyo institucional y presupuestal para mejorar el ingreso y reducir la pobreza de las comunidades pesqueras y acuícolas.”(sic) III. Consideraciones de las comisiones dictaminadoras III.1 A la propuesta de punto de acuerdo que tiene por objeto exhortar al Gobernador del Estado para que, a la brevedad y en diálogo tanto con la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas como con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, lleve a cabo las acciones necesarias para ampliar sus presupuestos en función de las necesidades que estas dependencias presentan para su óptima operación (ELD 107/LXV-PPA). En las consideraciones expuestas por las y los proponentes manifiestan la “falta de presupuesto a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas”; al respecto, cabe señalar que del presupuesto asignado en el año 2022 para la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas´, de $29’101,607.63 (veintinueve millones ciento un mil seiscientos siete pesos 61/100 M.N.), en el siguiente ejercicio fiscal se le asignó un 124.11% más con $65’220,959.73 (sesenta y cinco millones doscientos veinte mil novecientos cincuenta y nueve pesos 73/100 M.N.). Así como respecto al Sistema de Búsqueda de Personas que en el año 2022 contaba con un presupuesto asignado de $7’719,135.28 (siete millones setecientos diecinueve mil ciento treinta y cinco pesos 28/100 M.N.), el que también se incrementó en un 92.76% a $14’880,000.00 (Catorce millones ochocientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.) para el ejercicio fiscal 2023. De lo anterior se determina que el presupuesto establecido tanto para la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas como para el Sistema de Búsqueda de Personas si se vio incrementado, por lo que estas Comisiones Unidas consideramos que el objetivo de la propuesta de punto de acuerdo fue cumplido con las asignaciones presupuestales en dichos rubros para el siguiente ejercicio fiscal y, por lo tanto, el mismo ha quedado sin materia. III.2 Por lo que hace a la propuesta de punto de acuerdo que tiene por objeto exhortar al Gobernador del Estado de Guanajuato, para que presente una iniciativa de Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2023 que contenga recursos presupuestales para promover, restituir y garantizar los derechos de las personas pertenecientes a la comunidad de lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgénero, intersexuales, así como otras expresiones de la diversidad sexual, mediante programas y proyectos basados en evidencia, diseñados, implementados y evaluados incorporando la participación de las personas de la comunidad LGBTIQ+; así también al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y a los Organismos Autónomos del Estado para que en el proceso de construcción de la iniciativa del Presupuesto General de Egresos del Estado, construyan un anexo transversal que visibilice y permita llevar a cabo el respectivo seguimiento y evaluación de los programas y proyectos destinados a la promoción, restitución y garantía de los derechos de las personas pertenecientes a la comunidad de lesbianas, intersexuales, así como otras expresiones de la diversidad sexual (ELD 187/LXV-PPA), es de señalar lo siguiente: En la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2023 se incluyó el programa presupuestal QD3802 denominado “Diagnóstico Integral de necesidades y acciones a favor de las personas LGTBI+”, el cual recibió recursos fiscales del ejercicio que se invoca. De lo anterior se determina que, como lo planteaba el proponente, en la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2023, si se contiene presupuesto destinado al rubro de diversidad sexual, por lo que estas Comisiones Unidas consideramos que el objetivo propuesto fue considerado en la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2023, siendo cumplido, y por lo tanto, el mismo ha quedado sin materia. III.3 Con relación a la propuesta de punto de acuerdo que tiene por objeto exhortar al Gobernador del Estado de Guanajuato, para que en la iniciativa de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2024 que remita a esta soberanía, contemple las asignaciones presupuestales necesarias para atender los problemas públicos derivados del estudio diagnóstico de la población LGBT+ (ELD 346/LXV-PPA) En análisis del avance al corte del tercer trimestre del Presupuesto General de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2024, se identifica la asignación de recursos correspondientes a la Subsecretaria de Atención a la Diversidad Sexual de Género, dentro de un programa presupuestario identificado como M005 y tipo de gastos G; por lo cual se encuentra debidamente atendida la pretensión del iniciante para el ejercicio fiscal 2024. De lo anterior se determina que, lo que se planteó en la propuesta se contiene en el Presupuesto General de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2024, al considerar las asignaciones presupuestales para atender los problemas públicos de la población LGBT+, por lo que corresponde que estas Comisiones Unidas lo consideramos cumplido y, por lo tanto, el mismo ha quedado sin materia. III.4 En referencia a la propuesta de punto de acuerdo a efecto de exhortar a la titular del Poder Ejecutivo, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para que en la iniciativa de Ley del Presupuesto General de Egresos para el Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2025 que presente ante este Congreso, se respete el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de forma que no se contemple ningún sueldo superior al establecido para el Presidente de la República Mexicana (ELD 3/LXVI-PPA). En análisis del contenido del artículo 127, Fracción I, se considera todavía prevalece la ambigüedad sobre aquellas prestaciones que se consideran en “especie” que el mismo artículo invoca, pero no detalla, por lo que no existe una disposición expresa sobre aquellos parámetros que requieren considerarse para establecer criterios objetivos sobre la determinación de salarios. Casos relativos a los valores de vivienda, menaje de casa, alimentación, seguridad o servicios médicos, son indicativos de la necesidad de establecer su valoración para contar con parámetros objetivos para definir criterios aplicables de forma genérica. Por ello al carecer de datos o factores precisos y objetivos que lleven a tener claridad sobre el monto del salario, en términos del propio texto constitucional, resulta necesario e indispensable contar con un texto constitucional que resuelva la ambigüedad que aún persiste. La ambigüedad de un pago en especie que no está debidamente identificado genera confusión. Si el pago en especie no está claramente identificado, resulta difícil determinar la valoración correspondiente por lo que el criterio constitucional requiere la precisión a fin de que se constituya como un parámetro de control. De lo anterior, estas Comisiones Unidas determinamos que, al no tener parámetros o disposiciones legales que no determinen una resolución concreta a dicho precepto constitucional, la propuesta no resulta atendible. III.5 Refiriéndonos a la propuesta de punto de acuerdo que tiene por objeto exhortar a Libia Dennise García Muñoz Ledo, Gobernadora del Estado de Guanajuato, para que en el ámbito de sus atribuciones incluya los recursos presupuestales necesarios para atender a las mujeres jornaleras en nuestro Estado en la iniciativa de Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal de 2025 (ELD 14/LXVI-PPA); III.6 a la propuesta de punto de acuerdo que tiene por objeto realizar un exhorto a la titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, para que incluya en la iniciativa de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal de 2025, suficientes recursos económicos para la implementación de diversos programas y proyectos enfocados de manera directa a la atención integral de las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad (ELD 37/LXVI-PPA), y III.7 a la propuesta de punto de acuerdo que tiene por objeto exhortar a la Gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para Ejercicio Fiscal 2025 se refuerce presupuestalmente el programa Mi Granja de Peces (ELD 38/LXVI-PPA). Quienes integramos estas Comisiones Unidas consideramos que todo Estado para la realización de sus activades, tiene la necesidad de generar erogaciones a efecto de cumplir con sus objetivos y fines, todo ello debe ser con la autorización del Poder Legislativo a través de esta Soberanía, a la que corresponde de manera exclusiva la discusión y aprobación anual del Presupuesto de Egresos. La facultad de iniciativa en el apartado de ingresos y egresos es una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo. Una vez materializada la propuesta, el Presupuesto de Egresos es el acto legislativo. Que la fecha de su presentación está debidamente fundamentada en la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en donde se establece como fecha el 25 de noviembre. En fecha 22 de noviembre la persona titular del Poder Ejecutivo entregó a este congreso las iniciativas que integran su propuesta de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal de 2025. En donde además se incluyeron iniciativas de reforma a diversas leyes como son a la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, todas ellas para poder cumplir con los fines que de manera anual en el presupuesto se prevén para la satisfacción de las necesidades reales para el cumplimiento de sus funciones públicas y así cumplir con el principio de reserva de ley para su actuación. Por tal motivo, el 28 de noviembre del presente año se radicaron y se aprobó la metodología de estudio para el análisis y discusión de estas. La metodología, como parte del mismo proceso legislativo, establece la elaboración de un dictamen para que el mismo se discuta en lo general y en lo particular, como parte del proceso de deliberativo. Posteriormente en la sesión de pleno que corresponda, se replicará el proceso de deliberación y que consiste en su discusión y en su caso reservas de propuestas en lo particular de modificaciones, participaciones que posteriormente agotan en esta fase del proceso legislativo. Por lo tanto, es a través de la sesión de Pleno que el proyecto de presupuesto de egresos se materializa. En su caso, dentro del momento procesal que permiten las modificaciones a dicho proyecto, asimismo, existe un espacio para las adecuaciones que sean procedentes. Como resultado de lo anteriormente expuesto, procede archivar las propuestas que se analizan debido a que existe una vía de análisis específica para ese propósito. IV. Determinación de las Comisiones Unidas En consecuencia, y en atención a las consideraciones expuestas en cada uno de los apartados correspondientes a los puntos de acuerdo, se determina la no viabilidad de las propuestas, por lo que la presidencia instruyó a la secretaría técnica la elaboración del proyecto de dictamen en sentido negativo, conforme lo dispuesto en los artículos 94, fracción VII y 272 fracción VIII inciso e de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Dicho proyecto fue materia de revisión por las diputadas y los diputados integrantes de estas comisiones dictaminadoras. Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 171 y 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, quienes integramos las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, sometemos a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente: A c u e r d o ÚNICO. Se determinan improcedentes las siguientes propuestas de puntos de acuerdo: I. Formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA ante la Sexagésima Quinta Legislatura a efecto de exhortar al Gobernador del Estado para que, a la brevedad y en diálogo tanto con la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas como con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, lleve a cabo las acciones necesarias para ampliar sus presupuestos en función de las necesidades que estas dependencias presentan para su óptima operación (ELD 107/LXV-PPA); II. Suscrita por el diputado David Martínez Mendizábal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA ante la Sexagésima Quinta Legislatura a efecto de exhortar al Gobernador del Estado de Guanajuato, para que presente una iniciativa de Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2023 que contenga recursos presupuestales para promover, restituir y garantizar los derechos de las personas pertenecientes a la comunidad de lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgénero, intersexuales, así como otras expresiones de la diversidad sexual, mediante programas y proyectos basados en evidencia, diseñados, implementados y evaluados incorporando la participación de las personas de la comunidad LGBTIQ+; así también al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y a los organismos autónomos del Estado para que en el proceso de construcción de la iniciativa del Presupuesto General de Egresos del Estado, construyan un anexo transversal que visibilice y permita llevar a cabo el respectivo seguimiento y evaluación de los programas y proyectos destinados a la promoción, restitución y garantía de los derechos de las personas pertenecientes a la comunidad de lesbianas, intersexuales, así como otras expresiones de la diversidad sexual (ELD 187/LXV-PPA); III. Formulada por el diputado David Martínez Mendizábal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA ante la Sexagésima Quinta Legislatura a fin de exhortar al Gobernador del Estado de Guanajuato, para que en la iniciativa de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2024 que remita a esta soberanía, contemplara las asignaciones presupuestales necesarias para atender los problemas públicos derivados del estudio diagnóstico de la población LGBT+ (ELD 346/LXV-PPA); IV. Suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA ante la Sexagésima Sexta Legislatura a efecto de exhortar a la titular del Poder Ejecutivo, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para que en la iniciativa de Ley del Presupuesto General de Egresos para el Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2025 que presente ante este Congreso, se respete el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de forma que no se contemple ningún sueldo superior al establecido para el Presidente de la República Mexicana (ELD 3/LXVI-PPA); V. Formulada por la diputada Maribel Aguilar González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA ante la Sexagésima Sexta Legislatura a fin de exhortar a Libia Dennise García Muñoz Ledo, Gobernadora del Estado de Guanajuato, para que en el ámbito de sus atribuciones incluya los recursos presupuestales necesarios para atender a las mujeres jornaleras en nuestro Estado en la iniciativa de Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal de 2025 (ELD 14/LXVI-PPA); VI. Formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA ante la Sexagésima Sexta Legislatura a efecto de realizar un exhorto a la titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, para que incluya en la iniciativa de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal de 2025, suficientes recursos económicos para la implementación de diversos programas y proyectos enfocados de manera directa a la atención integral de las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad (ELD 37/LXVI-PPA), y VII. Suscrita por la diputada María Eugenia García Oliveros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA ante la Sexagésima Sexta Legislatura a fin de exhortar a la Gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para Ejercicio Fiscal 2025 se refuerce presupuestalmente el programa Mi Granja de Peces (ELD 38/LXVI-PPA). En consecuencia, se ordena su archivo definitivo. Guanajuato, Gto., 13 de diciembre de 2024 Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales Diputado Víctor Manuel Zanella Huerta Diputado Juan Carlos Romero Hicks Diputada Karol Jared González Márquez Diputado Aldo Iván Márquez Becerra Diputada Angélica Casillas Martínez Diputada Susana Bermúdez Cano Diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor Diputada María Eugenia García Oliveros Diputada María del Pilar Gómez Enríquez Diputada Rocío Cervantes Barba Diputado Sergio Alejandro Contreras Guerrero Diputado Rodrigo González Zaragoza