DICTAMEN DE LA PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO CON EXPEDIENTE LEGISLATIVO DIGITAL 42/LXVI-PPA, QUE LA COMISIÓN DE FOMENTO AGROPECUARIO PRESENTA AL PLENO DEL CONGRESO. C. DIPUTADA MIRIAM REYES CARMONA PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO P R E S E N T E. A la Comisión de Fomento Agropecuario le fue turnada para su estudio y dictamen la propuesta de punto de acuerdo formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y por la diputada de la Representación Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática a efecto de exhortar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y a Seguridad Alimentaria Mexicana para que, en la determinación de los precios de garantía para los productos del sector agropecuario, se realice un diagnóstico exhaustivo sobre la estructura de costos en el sector a fin de que se incluyan de manera justa y precisa las realidades económicas que enfrentan los productores, con el propósito de garantizar precios de garantía que cubran los costos de producción para asegurar la rentabilidad de pequeños y medianos agricultores, además de contribuir a la seguridad alimentaria nacional. ELD 42/LXVI-PPA Analizada la propuesta de punto de acuerdo de referencia, esta Comisión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 89 -fracción V-, 110 -fracción II- y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, rinde el dictamen con base en las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S Proceso Legislativo. En sesión ordinaria del 21 de noviembre de 2024 se turnó a la Comisión de Fomento Agropecuario la propuesta de punto de acuerdo formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y la diputada de la Representación Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 110 -fracción II- de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. En reunión de la Comisión de fecha 30 de enero de 2025 , se radicó la propuesta de punto de acuerdo por quienes integramos la Comisión de Fomento Agropecuario. Asimismo, se acordaron las siguientes acciones para su estudio y dictamen: 1. Se remitirá la propuesta de punto de acuerdo para su opinión a la Secretaría del Campo y a la Secretaría de Economía del Estado de Guanajuato, quienes tendrán como fecha límite el 21 de febrero de 2025 para que, en su caso, remitan comentarios y observaciones que estimen pertinentes. 2. Se solicitará a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso del Estado de Guanajuato un estudio de la propuesta de punto de acuerdo, así como de los efectos económicos de implementar precios de garantía, quien tendrá hasta el 21 de febrero de 2025 para la entrega del estudio. 3. Posterior al término de la consulta, se analizará en reunión de Comisión la propuesta de punto de acuerdo y, los comentarios y observaciones que, en su caso, se remitan. 4. La Comisión se reunirá para discutir el proyecto de dictamen de la propuesta de punto de acuerdo y, en su caso, dejarlo a disposición de la presidencia a efecto de someterlo a la aprobación del Pleno del Congreso. En este tenor, se remitió el punto de acuerdo a las instituciones gubernamentales, a efecto de recabar sus opiniones y a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas el estudio correspondiente. A continuación, se exponen los comentarios recibidos: Por parte de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas, se apuntó que: Introducción. Una política económica que interviene con la regulación estatal de los precios de los productos agrícolas tiene como objetivo estimular la actividad agropecuaria, garantizando a la sociedad la suficiencia y accesibilidad de estos productos para satisfacer la demanda de alimentos y materias primas. Los precios de garantía son instrumentos de política económica destinados a elevar los ingresos de los productores por encima del precio de equilibrio del mercado, mientras que mantienen los precios para los consumidores por debajo de los niveles de mercado. Generalmente el gobierno asume el costo de la diferencia a través de subsidios o incentivos económicos. El propósito principal de los precios de garantía es evitar que los precios de los productos agrícolas caigan por debajo de un nivel que pueda poner en riesgo la rentabilidad económica de los productores, especialmente de aquellos que dependen de su producción para su sustento. Sin embargo, esta política ha generado diversos debates sobre su efectividad y el impacto en la productividad agrícola, ya que, aunque mejora los ingresos de los productores no necesariamente contribuye a elevar la producción en un nivel de una autosuficiencia agrícola nacional. Antecedentes en México. De acuerdo con el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados, el campo mexicano se ha caracterizado a lo largo de su historia por los contrastes entre productores y entre regiones, por un lado, están los grandes productores agrícolas que orientan su producción principalmente hacia el exterior y cuentan con las mejores tierras, sistemas de producción agrícola y acceso al financiamiento. En el otro extremo están los pequeños productores que cuentan con recursos económicos limitados, producen para su autoconsumo y aportan solo una parte de su producción para el mercado interno. Los precios de garantía han constituido un instrumento de política pública en la reciente historia económica del país, cuyo ámbito de aplicación y selectividad no se reduce solo a las actividades productivas del sector primario que estén sujetas a este mecanismo, sino que además sirve de referencia al productor en la elección de los cultivos a cultivar. En otras épocas y debido al número de cultivos, se hizo difícil establecer un criterio único para determinar los precios de garantía. Sin embargo, se logró establecer procedimientos adecuados, buscando garantizar al productor un ingreso mínimo, lograr una mayor producción y reorientar el patrón de cultivos, según las prioridades nacionales. En 1934 se crea Almacenes Nacionales de Depósito, S.A. (ANSDA) la primera institución estatal con propósitos reguladores cuyo objetivo fue la regulación de la competencia entre comerciantes e impedir las actividades mercantiles especulativas. En 1937 surge el Comité Consultivo de los Artículos de Consumo Necesarios y el Comité Regulador del Mercado de Trigo, que fueron sustituidos en 1938, por el Comité Regulador del Mercado de Subsistencias, con facultades para intervenir en los mercados de trigo, harina, pan, maíz, arroz, carne, garbanzo, sal, azúcar y pescado seco y buscando controlar el alza inmoderada de los precios, evitar la especulación y orientar la producción del campo. Tres años mas tarde, en 1941 nace la Compañía Nacional Distribuidora y Reguladora, S.A. (NADIRSA) con el propósito de regular los precios y de intervenir en el mercado, sustituyendo al Comité Regulador del Mercado de Subsistencias. Luego en 1943 se crea la Comisión de Abastecimiento y Control de Precios para abastecer y distribuir artículos de consumo necesario, la cual fue sustituida en 1947 por la Comisión de Vigilancia de Abastecimiento del Distrito Federal. Durante casi una década los precios de garantía funcionaron como un mecanismo de precios tope. A partir de 1953, simultáneamente con la fijación de precios de garantía, la Compañía Exportadora e Importadora Mexicana, S.A. (CEIMSA) estableció agencias para la compa de maíz y de otros granos básicos, que se vieron eliminados a partir de 1954. En 1961 surge la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, S.A. (CONASUPO, S.A.), la cual intervino en la compra de productos agrícolas a precios de garantía. Los mercados regulados fueron los del maíz, trigo, frijol, arroz y sorgo, llevándose a cabo la compra a precios de garantía a través de la Banca oficial agrícola y Almacenes Nacionales de Depósito. En 1965 la empresa CONASUPO, S.A. se transformó en Organismo Público Descentralizado del gobierno federal cuyo objetivo prioritario pasó a ser la autosuficiencia alimentaria, mediante la regulación de los precios de garantía y el control del comercio exterior. De 1970 a 1987 los criterios de determinación de los precios de garantía fueron los costos de producción, las tasas inflacionarias y los precios internacionales. Se consideraron también los efectos de la inflación. Hacia finales de la década de los 80’s y como parte de los acuerdos del Consenso de Washington, en diversos países de América Latina se emprendieron amplias reformas económicas con las que se impulsaron la apertura comercial y financieras. En materia de la política agrícola se tomaron medidas para promover condiciones que dieran incentivos a la inversión, así como a la asignación eficiente de recursos. En el caso de México, en 1994 se eliminan los precios de garantía y se transita a un sistema de precios de referencia, estableciéndose un pago directo por unidad de superficie como media compensatoria, con la finalidad de sostener los ingresos de los productores, de esta manera nace el Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO). El objetivo de PROCAMPO fue “complementar el ingreso económico de los productores del campo mexicano, ya sean de autoconsumo o de abastecimiento, para contribuir a su crecimiento económico individual y al del país en su conjunto; así como incentivar la producción de cultivos lícitos, mediante el otorgamiento de apoyos monetarios por superficie inscrita al Programa, de acuerdo a lo que establece la normatividad vigente; coadyuvando así la atención de las necesidades respecto al derecho a la alimentación, planteadas en el Pacto por México. En 2019, después de casi tres décadas, renace el programa de Precios de Garantía, como una política prioritaria del Gobierno. Programa de Precios de Garantía. La actual política agroalimentaria mexicana (2019-2025) es una estrategia impulsada por el gobierno que busca contrarrestar la situación del campo, orientada en impulsar la autosuficiencia en granos básicos a través de cinco programas prioritarios, siendo uno de ellos el de Precios de Garantía a productos alimentarios básicos, que tiene como objetivo, aumentar el ingreso de los productores, así como lograr una mayor producción de maíz, frijol, arroz, trigo y leche (Guerrero-OrtizPL,2023). La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en su Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024 señala que los principios de la nueva política agroalimentaria se centran en tres grandes objetivos: 1. Lograr la autosuficiencia alimentaria vía el aumento de la producción y la productividad agropecuaria y acuícola pesquera. 2. Contribuir al bienestar de la población rural mediante la inclusión de los productores históricamente excluidos de las actividades productivas rurales y costeras, aprovechando el potencial de los territorios y los mercados locales. 3. Incrementar las prácticas de producción sostenible en el sector agropecuario y acuícola pesquero frente a los riesgos agroclimáticos. La operación del programa está a cargo del Gobierno, a través de la Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), así como la difusión de los requisitos del programa, fechas, precios y centros de acopio en donde el productor debe acudir. Los centros de acopio son instalaciones que operan entre octubre y abril, en donde se reciben supervisa, otorga el pago de la producción y se almacena el grano. El grano acopiado debe cumplir con las normas mexicanas NMX-FF-034/SCFI-2002 y NMX-FF-038-2002, para maíz y frijol, respectivamente. Solo después de verificar la calidad del producto, SEGALMEX deposita el pago a los beneficiarios. El productor puede asistir a los centros de acopio las veces que lo desee, siempre que no rebase el límite de compra permitido. El maíz y frijol adquiridos por SEGALMEX se destinan prioritariamente para el abasto en las tiendas comunitarias DICONSA, establecimientos operados por el propio Gobierno que garantizan la distribución de alimentos con alto contenido nutricional y económicamente accesibles para la población en condiciones de marginación; el remanente se ofrece a otros programas institucionales, o se comercializa en el mercado. De acuerdo con las reglas de operación4 del Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos para el ejercicio fiscal 2025, su objetivo general es mejorar el ingreso de los pequeños y medianos productores de granos básicos (arroz, frijol, maíz y trigo, según corresponda) y leche, mediante la implementación de precios de garantía e incentivos. Sus objetivos específicos son: I. Que los pequeños productores de maíz y frijol, así como los pequeños y medianos productores de leche, continúen con la producción de estos productos. II. Incentivar la producción de arroz y trigo de pequeños y medianos productores, mediante la entrega de apoyos económicos que les permitan alcanzar el precio de garantía establecido e incentivar la producción de maíz blanco para consumo humano mediante la entrega de apoyos económicos a medianos productores. Para el presente ejercicio fiscal, los precios de garantía aplicables a pequeños productores de maíz y frijol son los siguientes: Producto Superficie de cultivo (Ha) Precio de Garantía (Pesos/tonelada o litro) Volumen Máximo por productor Maíz de pequeños productores Hasta 5 $ 5,840.00 35 t Frijol de pequeños productores Hasta 30 de temporal o hasta 5 de riego $ 27, 000.00 15 t Se otorga además un apoyo económico a productores de maíz para el traslado de su grano, de la unidad de producción al centro de acopio. Este apoyo consiste en un monto de $160.00 pesos por tonelada, sin exceder el costo de traslado de hasta 35 toneladas por ciclo agrícola y se cubre cuando se realiza el pago del grano al productor. El tonelaje relativo a estos granos debe ser congruente con relación a la superficie de que se trate, para pequeños productores de maíz hasta 5 hectáreas con un rendimiento de hasta 7,000 kilogramos por hectárea; y pequeños productores de frijol de hasta 30 hectáreas de temporal con un rendimiento de 500 kilogramos por hectárea, y pequeños productores de frijol de hasta 5 hectáreas de riego, con un rendimiento de hasta 3,000 kilogramos por hectárea. Adicionalmente las reglas de operación señalan que cuando el Precio de Mercado de maíz y frijol sean superiores al Precio de Garantía, SEGALMEX, con la finalidad de cubrir la diferencia entre éstos podrá, mediante modificación a las Reglas de Operación vigentes incrementar el precio de garantía para pequeños productores de maíz y frijol, para mantener el abastecimiento a DICONSA, y otros destinos prioritarios. Determinación del Precio de Garantía. El precio de garantía es el precio base que los productores alcanzarán en la comercialización de maíz, frijol, leche, trigo y arroz, de acuerdo con lo señalado en las reglas de operación del programa; y debe cubrir al menos el precio medio rural pagado al productor. Por lo tanto, la determinación del precio de garantía debe basarse en una serie de factores que incluyan los costos de producción, los precios internacionales y nacionales, las condiciones de mercado. Sin embargo, los costos de producción toman relevancia ya que integran por los costos de las semillas o insumos, mano de obra, fertilizantes, riego, transporte y acopio y equipo y maquinaria que los productores asumen en el proceso agrícola. De acuerdo con el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS), en el cálculo para determinar los Precios de Garantía se utiliza la información de los agrocostos de FIRA, los precios internacionales, el cálculo de las bases (costos de internación, transporte, financieros, etc) e inflación5. Aunque no existe una fórmula para el cálculo y determinación de los precios de garantía, se puede afirmar que su cálculo se encuentra determinado por las variables antes señaladas y que su comportamiento obedece a externalidades mercado, lo que provoca un desfase en sus precios reales, lo que afecta la rentabilidad de los productores y los incentivos para continuar produciendo. Resulta importante mencionar que el actual esquema de precios de garantía ofrece incentivos a los medianos productores al establecer un incentivo cuando el precio de garantía se encuentra por debajo de un precio de referencia. Dicho precio se determina a partir de los precios de indiferencia (precios de futuro de la Bolsa de Chicago más las bases de comercialización) y/o las condiciones de mercado prevalecientes en el periodo de contratación y cosecha de cada región. El efecto económico por la implementación de los precios de garantía. De acuerdo con la teoría económica, la implementación de precios de garantía tiene efectos considerables sobre los sectores de la economía, siendo en este caso el agrícola. Adicionalmente también tiene efectos sobre el bienestar de los productores y consumidores, asi como la sostenibilidad fiscal de los gobiernos. Un efecto favorable de esta política económica es la protección del ingreso de los productores. En muchos casos, especialmente en sectores rurales vulnerables, los precios de mercado pueden fluctuar drásticamente debido a factores estacionales, climáticos o de demanda. Al establecer un precio de garantía, el gobierno asegura que los productores puedan cubrir sus costos de producción, fomentan la estabilidad en el ingreso de los agricultores, promoviendo su participación en la producción y evitando que abandonen su actividad económica debido a precios de mercado bajos. Sin embargo, el efecto negativo de esta política se da, cuando el precio de garantía se establece por arriba del precio de mercado provocando una baja en la competitividad derivado de un menor incentivo para la inversión, que permita a los productores mejorar su productividad o adoptar innovaciones tecnológicas para reducir costos y aumentar la eficiencia. Desde el punto de vista del consumidor, el beneficio es poder acceder a productos básicos a precios relativamente estables y accesibles, ya que el gobierno asume el costo de la diferencia cuando los precios de mercado son bajos. Esto asegura que los productos agropecuarios no experimenten aumentos que puedan afectar el poder adquisitivo de las personas. Además, si los precios de garantía no reflejan las condiciones reales del mercado, puede producirse una menor oferta de productos o desabasto, debido a que los productores optan por no vender sus productos a precios que no les resulten rentables. En el ámbito de las finanzas públicas, la intervención del gobierno implica efectos fiscales, sobre todo cuando los precios de garantía se encuentran por arriba de los precios de mercado, generando presiones sobre el presupuesto público y limitando su espacio fiscal. Una distorsión económica adicional es que una política de precios de garantía puede generar una dependencia al subsidio por parte de los productores, lo que limita el desarrollo del sector agrícola en el largo plazo. En este sentido, si la intervención estatal, no es la adecuada, podría provocar una actividad económica ineficiente en el sector primario, que dependa constantemente de subsidios en lugar de fomentar la competitividad y la innovación. Sobre la propuesta de punto de acuerdo. Los iniciantes señalan que una política de establecimiento de precios de garantía establece precios que no reflejan el constante aumento en los costos de producción (insumos, maquinaria, combustibles, fertilizantes, mano de obra) además de no considerar el efecto climático y fluctuaciones en el mercado nacional que contribuyen a reducir los márgenes de ganancia de los productores que se pueden traducir en pérdidas significativas. Además, el desfase entre los precios de garantía y los costos reales inciden en la inversión en innovación y tecnología, elementos para mejorar la competitividad y productividad en el sector agrícola. Ante esta situación, los productores enfrentan el dilema de producir con pérdida o reducir la cantidad y calidad de los productos agrícolas, lo que afecta en las economías de escala y cadena de suministro de alimentos. Mencionan además que para que se de una efectividad de los precios de garantía, es necesario, que se ajusten de manera periódica con base en análisis técnicos en los que se incluya una evaluación continua de los costos de producción por región y tipo de cultivo, considerando factores como el clima, la disponibilidad de recursos y las condiciones de mercado. De lo anterior resulta prioritario que el mecanismo para la determinación de los precios de garantía asegure un continuo monitoreo de los costos de producción que garantice una progresividad respecto al comportamiento real de las variables que inciden en dichos costos, lo que permitirá identificar los costos reales en el proceso de producción de los diferentes productos agrícolas. Otro factor que mencionan es la inflación, que no afecta de manera uniforme a todas las etapas de producción agrícola debido a las diferencias en los insumos requeridos, los costos operativos y la capacidad de trasladar los aumentos de precios al mercado. Con el objetivo de complementar la propuesta de los iniciantes, se propone considerar en el exhorto acciones encaminadas en la mejora de la política pública de precios de garantía con base en lo siguiente: I. Apoyos complementarios que disminuyan costos de preparación de suelo y siembra, adquisición de semillas mejoradas, fertilizantes orgánicos y no orgánicos, herbicidas, insecticidas y fungicidas, apoyos a la comercialización, así como subsidios para la adquisición de seguros agropecuarios y fuentes de financiamiento accesibles. II. Fortalecimiento al Sistema Nacional de Información de Mercados (SNIM) y al Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la SADER, para generar información en tiempo real sobre los precios de los insumos agrícolas y de los productos básicos y estratégicos, stock de la producción y costos de transporte, entre otros. III. Fortalecimiento de programas de seguros agropecuarios. IV. Fortalecer una estrategia de tecnificación del campo en beneficio de pequeños productores que incremente su productividad y bienestar social. Finalmente, para maximizar los beneficios de esta política económica, es fundamental que los precios de garantía se ajusten de manera dinámica a las condiciones del mercado y se acompañen de estrategias que fomenten la productividad y la innovación en el sector agropecuario. De lo contrario, los precios de garantía pueden provocar efectos económicos adversos que comprometan la estabilidad fiscal y el desarrollo sostenible del sector agrícola. La Secretaría del Campo y la Secretaría de Economía, no emitieron comentario alguno. Posteriormente, el 26 de mayo de 2025, se analizó en reunión de Comisión la propuesta de punto de acuerdo, recabándose los siguientes comentarios y observaciones: El diputado Roberto Carlos Terán Ramos apuntó que: Este exhorto fue presentado por la diputada María del Pilar Gómez Enríquez a finales del año 2024, resaltando que desde entonces el sector agroalimentario ha venido externando su problemática con el incumplimiento de los pagos. Agradezco a la presidencia de la Comisión, por dar seguimiento al exhorto porque son peticiones del sector agroalimentario y se tiene que actuar de manera pronta porque el apoyo oportuno y efectivo a los agricultores es la base para construir un sector agroalimentario fuerte, competitivo y capaz de garantizar la seguridad alimentaria de México. Esto se trata de cumplir y atender el esfuerzo de quienes trabajan la tierra, en razón de que merecen todo el respaldo y que el precio de garantía que se les promete se cumpla. Finalmente, solicito a la presidencia se dictamine el punto de acuerdo en sentido positivo. El diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor apuntó que: Como agrónomo estoy preocupado por el campo guanajuatense y siempre estaré de lado de los productores. La diputada Rocío Cervantes Barba apuntó que: Se tuvo respuesta de la Unidad de Estudio de las Finanzas Públicas de este Congreso en donde se recalcan los diversos factores que inciden en el tema del establecimiento de los precios de garantía. Agotado el análisis, la presidencia de la Comisión de Fomento Agropecuario instruyó a la secretaría técnica la elaboración del proyecto dictamen en sentido positivo, con fundamento en los artículos 94 -fracción VII- y, 272 -fracción VIII- inciso e de Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. Contenido de la propuesta de punto de acuerdo. Quienes integramos la comisión dictaminadora, referenciamos los alcances sobre el cual versa la propuesta: El pasado 9 de noviembre en el marco de una gira por el Estado de Zacatecas la Presidenta Claudia Sheinbaum ofreció subir los precios de garantía de productos en el sector agropecuario. En ese marco se anunció el incremento del precio de garantía del frijol. Frente a las acciones anunciadas por el gobierno federal es preciso señalar la necesidad para que los precios de garantía que se fijen tomen como punto de partida un análisis exhaustivo sobre los costos que enfrenta el productor a fin de que la política garantice la protección de la gente del campo. Los precios de garantía, diseñados en primera instancia para proteger a los productores agropecuarios al asegurarles un ingreso mínimo por sus productos, muchas veces no logran cubrir los costos reales de producción. Esto se debe a que estas políticas suelen establecer precios que no reflejan el constante aumento en los costos de insumos, maquinaria, combustibles, fertilizantes y mano de obra. Además, las condiciones climáticas adversas y las fluctuaciones en el mercado nacional contribuyen a que los productores enfrenten márgenes de ganancia cada vez más estrechos, cuando no pérdidas significativas. En muchas ocasiones, el establecimiento de los precios de garantía deja de lado el análisis detallado de las condiciones específicas del sector agrícola. Como resultado, los agricultores pequeños y medianos, que suelen tener menor capacidad de absorción de riesgos financieros, son los más afectados. Estos productores se ven obligados a endeudarse o incluso abandonar sus actividades debido a la inviabilidad económica, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria y el desarrollo rural sostenible. Además, el desfase entre los precios de garantía y los costos reales desincentiva la inversión en innovación y tecnología, elementos clave para mejorar la productividad y competitividad en el sector agrícola. Los productores enfrentan un dilema: producir con pérdida o reducir la cantidad y calidad de sus cultivos, lo que tiene un impacto directo en las economías locales y en la cadena de suministro de alimentos. Por lo tanto, es crucial que se revisen y ajusten estas políticas para garantizar su efectividad y equidad. Para que los precios de garantía sean verdaderamente efectivos, es fundamental que se ajusten periódicamente con base en análisis técnicos rigurosos. Esto incluye la evaluación continua de los costos de producción en cada región y tipo de cultivo, considerando factores como el clima, la disponibilidad de recursos y las condiciones del mercado. Además, la implementación de sistemas de indexación que ajusten automáticamente los precios de garantía a la inflación que específicamente afecta al sector del agro y a otros indicadores económicos podrían ayudar a mitigar la brecha entre los precios garantizados y los costos reales. La incorporación de tecnologías de monitoreo agrícola y consultas directas con los productores también contribuiría a diseñar políticas más precisas y equitativas. La inflación afecta al sector agrícola de manera diferente a otros sectores debido a la naturaleza única de su estructura de costos y su relación con los mercados globales y locales. Los productores del campo enfrentan una inflación de costos que resulta del incremento en los precios de insumos esenciales como semillas, fertilizantes, agroquímicos y combustible. Estos aumentos suelen estar vinculados a factores tanto nacionales como internacionales, como fluctuaciones en los precios del petróleo, problemas en las cadenas de suministro globales y políticas comerciales, lo que genera presiones adicionales sobre los márgenes de ganancia de los agricultores. Preciso es señalar que la inflación no afecta de manera uniforme a todas las fases de la producción agrícola debido a las diferencias en los insumos requeridos, los costos operativos y la capacidad para trasladar los aumentos de precios al mercado. En las primeras etapas, como la preparación del terreno, la siembra y el cuidado de los cultivos, los productores dependen en gran medida de insumos sujetos a distintas variaciones de precios. Estos bienes suelen estar expuestos a la volatilidad de los mercados nacionales e internacionales, y sus precios pueden aumentar significativamente durante periodos inflacionarios. Por otro lado, las etapas intermedias, como la cosecha y el procesamiento primario, experimentan aumentos significativos en los costos de mano de obra y energía. En muchos casos, la inflación salarial, combinada con mayores precios de la electricidad o el combustible necesario para operar maquinaria, impacta directamente en los márgenes de ganancia. Los pequeños y medianos productores suelen ser más vulnerables en esta fase, ya que tienen menos capacidad para absorber estos costos adicionales, lo que puede llevarlos a reducir el volumen de producción, la calidad de sus productos o incluso a sacarlos del mercado. En las etapas finales, como el transporte, almacenamiento y distribución, el impacto inflacionario se concentra principalmente en los costos logísticos. El aumento en los precios del combustible eleva significativamente el costo de llevar los productos desde las zonas de producción a los centros de acopio. Además, el almacenamiento de productos puede requerir infraestructura adecuada. Durante periodos inflacionarios, estos costos pueden volverse prohibitivos, afectando la viabilidad económica de muchos productores agrícolas. Cuando los costos de producción rebasan por mucho los precios de garantía, los márgenes de ganancia desaparecen, especialmente para los pequeños y medianos productores que tienen menos capacidad para absorber estas pérdidas. En estas condiciones, muchos agricultores se ven obligados a endeudarse para cubrir sus gastos o a reducir su producción, lo que no solo impacta negativamente su calidad de vida, sino que también amenaza la estabilidad de la oferta alimentaria en el país. Un tema fundamental que se requiere subrayar es que no todos los agricultores enfrentan los mismos costos: los pequeños productores suelen tener menor acceso a economías de escala y a tecnologías avanzadas, lo que los coloca en desventaja frente productores que tienen mayores condiciones de adaptación. Establecer precios de garantía sin considerar estas diferencias podría beneficiar de manera desproporcionada a ciertos segmentos, dejando a los más vulnerables en desventaja. Estas consideraciones a las que previamente nos referimos, generan una carga desproporcionada para ciertos actores dentro de la cadena de producción, siendo los pequeños agricultores los más perjudicados. Como resultado, la inflación no solo distorsiona la rentabilidad en las diferentes etapas de la producción agrícola, sino que también exacerba las desigualdades estructurales dentro del sector. Las reflexiones previas son muestra fehaciente de la necesidad de realizar un diagnóstico exhaustivo sobre los costos reales que enfrentan los productores en el sector del agro para la determinación de los precios de garantía. Sin una evaluación adecuada, estas políticas corren el riesgo de ser ineficaces o incluso contraproducentes, exacerbando las desigualdades existentes en el campo. Es preciso además subrayar la importancia de ver transversalmente los apoyos al sector del agro. La administración federal incurrió en un error al desaparecer las alternativas de financiamiento que desde el sector público apoyaban a productores del campo. Su desaparición afectó a productores rurales, especialmente a los pequeños y medianos, sin alternativas de crédito adecuadas, forzándolos a recurrir a tomar condiciones menos favorables. En ese alcance, preciso entender la realidad de costos que enfrentan los productores para un diseño de políticas de precios de garantía realistas. Solo de esta manera se podrá asegurar la viabilidad económica de los agricultores frente a los retos del mercado. Cuidar a los pequeños y medianos productores en el sector agropecuario es fundamental para garantizar la seguridad alimentaria del país, ya que son responsables de una parte significativa de la producción de alimentos básicos que llegan a las mesas de millones de personas. Protegerlos mediante políticas públicas que entiendan integralmente la estructura de costos en sus insumos y el establecimiento de precios justos no solo asegura su viabilidad económica, sino que también fortalece la capacidad del país para producir alimentos de manera sostenible. Un campo robusto y equilibrado, donde los pequeños y medianos productores tengan oportunidades equitativas, es esencial para alcanzar una seguridad alimentaria duradera y resiliente. El desfase entre los precios de garantía con los costos de producción reales genera un efecto dominó en las economías rurales, donde gran parte de la población depende del ingreso generado por la agricultura. La disminución de la rentabilidad puede llevar al abandono de tierras productivas y a la migración hacia las ciudades e incluso fuera del país, exacerbando los problemas de pobreza y desigualdad en las zonas rurales. Consideraciones de la Comisión de Fomento Agropecuario. La propuesta tiene como objetivo exhortar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y a Seguridad Alimentaria Mexicana para que, en la determinación de los precios de garantía para los productos del sector agropecuario, se realice un diagnóstico exhaustivo sobre la estructura de costos en el sector a fin de que se incluyan de manera justa y precisa las realidades económicas que enfrentan los productores. Este diagnóstico debe considerar, sin limitar, las variaciones de costos regionales, el comportamiento de los costos directos e indirectos, así como los factores externos que impactan los insumos y las operaciones agrícolas, como la inflación, los riesgos climáticos y las condiciones del mercado, ello con el propósito de garantizar precios de garantía que cubran los costos de producción para asegurar la rentabilidad de pequeños y medianos agricultores, además de contribuir a la seguridad alimentaria nacional. Coincidimos con las consideraciones de los proponentes, respecto a la alta volatilidad de los costos asociados al ciclo productivo de la agricultura, afectando principalmente a los pequeños y medianos productores. De ello deriva la imperiosa necesidad de establecer los mecanismos pertinentes que permitan evaluar oportunamente los costos de producción agrícola, con el propósito de establecer el precio de garantía justo que permita proteger los ingresos del pequeño y mediano productor, ya que estos son un eslabón fundamental para garantizar la seguridad alimentaria de nuestro estado y de nuestro país. Por otra parte, es pertinente señalar que el refinamiento constante del programa de precios de garantía del gobierno federal permitirá atender de mejor manera las necesidades de los productores agrícolas, las cuales están enmarcadas por entornos de alta incertidumbre. En consecuencia, la correcta aplicación de dicho programa contribuye al pequeño y mediano productor a asegurar un ingreso que le auxilie a planear de mejor manera la cosecha de sus cultivos sin incurrir en ineficiencias y pérdidas, lo que se traduce en la construcción de un sector agroalimentario fuerte y competitivo. Es importante no perder de vista lo señalado por la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas, respecto a complementar los precios de garantía a través de apoyos que disminuyan los costos de preparación del suelo, siembra, adquisición de semillas mejoradas, fertilizantes orgánicos, herbicidas, insecticidas; apoyos a la comercialización, así como subsidios para la adquisición de seguros agropecuarios y fuentes de financiamiento accesibles; fortalecimiento de programas de seguros agropecuarios; fortalecer una estrategia de tecnificación del campo en beneficio de pequeños productores que incremente su productividad y bienestar social. Por otra parte, consideramos adecuado precisar que Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) fue extinguida mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, con fecha del 21 de enero de 2025 en donde en el artículo 1 se menciona lo siguiente: Artículo 1. Se ordena la desincorporación por fusión de Seguridad Alimentaria Mexicana, como entidad fusionada, con Diconsa, como entidad fusionante, conforme a lo establecido en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, su reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. Respecto a las obligaciones pendientes de SEGALMEX, el decreto establece en su artículo 4 lo subsecuente: Artículo 4. Diconsa deberá encargarse de todas las acciones que se encuentren en proceso, las obligaciones derivadas de juicios y procedimientos administrativos; de instrumentos contractuales vigentes; así como de la atención y seguimiento de cualquier asunto jurisdiccional o administrativo que se encuentre en trámite o pendiente de obtener resolución definitiva por parte de Segalmex. Diconsa deberá informar oportunamente a Agricultura del avance de los litigios en proceso hasta su conclusión o cumplimiento del presente decreto. Para tales efectos, los poderes otorgados a la persona titular de la dirección general de Segalmex, mantendrán su vigencia para dichas acciones y para llevar a cabo la desincorporación por fusión señalada en el presente decreto. Con base en lo anterior, consideramos necesario sustituir en la redacción del acuerdo a Seguridad Alimentaria Mexicana por DICONSA S.A. de C.V., en apego a las nuevas disposiciones legales. Por último, esta Comisión ha reflexionado que el objetivo del programa de precios de garantía es absolutamente loable porque está totalmente orientado a proteger a los productores que son más susceptibles de sufrir los impactos negativos de los factores volátiles que atañen a la agricultura. Es por ello que, consideramos prioritario hacer un llamado a las autoridades correspondientes a que realicen evaluaciones constantes que proporcionen información oportuna para establecer precios que se apeguen a la realidad del productor, consumidor y del mercado. Agenda 2030. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible se rigen por tres principios fundamentales: no dejar a nadie atrás; una agenda universal, pero de apropiación nacional; y una agenda integral. Ahora bien, sabedores de que el Poder Legislativo de Guanajuato como parte del Estado mexicano, tiene una responsabilidad fundamental en el compromiso adquirido para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 metas, a través de las cuatro dimensiones de acción, a saber: 1. Creación y reforma de leyes; 2. Seguimiento a la planeación y al presupuesto; 3. Promoción de la participación ciudadana; y 4. Monitoreo de la actividad gubernamental. Destacamos que este dictamen tiene incidencia en el objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Con fundamento en los artículos 171 y 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos someter a la aprobación de la Asamblea, el siguiente: A C U E R D O Único: La Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, efectúa un respetuoso exhorto a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y a DICONSA S.A. de C.V., para que, en la determinación de los precios de garantía para los productos del sector agropecuario, se realice un diagnóstico exhaustivo sobre la estructura de costos en el sector a fin de que se incluyan de manera justa y precisa las realidades económicas que enfrentan los productores. Este diagnóstico debe considerar, sin limitar, las variaciones de costos regionales, el comportamiento de los costos directos e indirectos, así como los factores externos que impactan los insumos y las operaciones agrícolas, como la inflación, los riesgos climáticos y las condiciones del mercado. Ello con el propósito de garantizar precios de garantía que cubran los costos de producción para asegurar la rentabilidad de pequeños y medianos agricultores, además de contribuir a la seguridad alimentaria nacional. Guanajuato, Gto., 2 de junio de 2025 La Comisión de Fomento Agropecuario Diputada Rocío Cervantes Barba Diputado Roberto Carlos Terán Ramos Presidenta Secretario Diputada Noemi Márquez Márquez Diputada Plásida Calzada Velázquez Vocal Vocal Diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor Vocal LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN DE LA PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO CON EXPEDIENTE LEGISLATIVO DIGITAL 42/LXVI-PPA, QUE LA COMISIÓN DE FOMENTO AGROPECUARIO PRESENTA AL PLENO DEL CONGRESO.