- Diputada Plásida Calzada Velázquez - - Con su venida, diputado presidente, muchas gracias, saludamos con mucho respeto, con mucho gusto a los compañeros legisladores, a los medios de comunicación, a las personas que distancia nos siguen y damos la más cordial de las bienvenidas a los alumnos y docentes de los planteles que el día de hoy nos acompañan en este Congreso del el Estado de Guanajuato, gracias por su presencia. - La pobreza se define comúnmente como la falta de lo necesario para asegurar el bienestar material en particular los alimentos, pero también la bebida, las viviendas, las tierras y otros activos, en otras palabras, las promesas endraña a una carencia enorme de muchos recursos que da lugar al hambre y a las privaciones físicas, por su parte la comisión económica para América Latina define a la pobreza en sus términos generales como la incapacidad de las personas de vivir una vida tolerable. Entre los aspectos mencionan llevar una vida larga y saludable, tener educación, disfrutar de un nivel de vida decente, además de otros elementos, por ejemplo, tener libertad política. Poseer el respeto a los derechos humanos, la seguridad personal, el acceso al trabajo o productivo, pero sobre todo bien remunerado y la participación en la vida comunitaria, para el caso concretamente de nuestro Estado de Guanajuato y en los municipios que tenemos demarcación territorial indígenas, se tiene que si los ordenamos desde el municipio, con mayor porcentaje de pobreza y concluyendo con el de menor porcentaje, esto hasta el 2020, resaltamos 3 municipios, en primer lugar atarjea, puesto que de sus 5,911 habitantes, el 68%, es decir 3370 personas viven en condiciones de pobreza. - En segundo lugar tenemos al municipio de Xichú, de su totalidad de población, es decir, 8019 personas, el 61.4, que corresponde a 4,922, vive también en esta situación de pobreza y en tercer lugar tenemos a Tierra Blanca, un municipio donde, según el censo de 2020 de la población total que corresponde a 19,841 personas, posee el 54% el nivel de pobreza, ahora bien, las causas de estas condiciones son diversas, sin embargo, no podemos negar que la reducción de la pobreza y el respeto, promoción y garantía de los derechos humanos van de la mano, porque no son proyectos distintos, porque no son proyectos ajenos, son 2 enfoques del mismo proyecto que refuerzan mutuamente, esto es que a mayor protección, a mayor promoción, respeto y garantía de los derechos humanos por parte de nuestros gobiernos, tendríamos entonces menores niveles de pobreza, por lo que en el caso concreto es obligación de todos los gobiernos, municipales principalmente implementar políticas públicas tendientes a mitigar el flagelo de pobreza en la que se encuentra en nuestros hermanos y hermanas no son indígenas la población general y esto solo se podrá lograr si de manera plena nuestras autoridades cumplen con el mandato constitucional, con el mandato de la Ley Suprema que lo establecen en el artículo 15, el cual no es otra cosa que dar prioridad a la obligación de proveer los servicios básicos, públicos, de calidad a su población. - Si de manera decidida se dedican a construir infraestructura en sus comunidades y así lograr mayores satisfacciones para sus colectividades, los gobiernos municipales entonces deben enfocar sus esfuerzos en garantizar el agua potable, el alumnado público, la recolección de basura, etcétera, etcétera a su vez, mercados dignos, construcción de calles y espacios públicos y todo lo anterior no es otra cosa que los derechos a los cuales toda la población, llámese indígena no indígena o afro mexicana, tiene derecho, de igual manera deben promover sin ningún titubeo el derecho a la educación, el cual está previsto en el artículo tercero, de nuestra Carta Magna, así como el derecho a la salud, a un medio ambiente de calidad, a una vivienda digna, a una vivienda decorosa, el cual se contempla también en el artículo 4 de nuestra Constitución Política Federal, si aplicáramos las políticas de esta manera se podría deducir entonces el gran número de pobres, porque resulta injusto y resulta muy doloroso vivir en constante carencia, puesto que la pobreza representa un atentado a la dignidad de cada persona, tales derechos son de vital trascendencia, que por eso nos contemplan los ordenamientos legales y es necesario que nuestros gobiernos municipales realmente les den un impulso, porque de ello sigo insistiendo, de ello depende que la pobreza disminuya, de ello depende que los habitantes de estos municipios tengan más y mejores condiciones de vida y en general, estas municipalidades abandonen paulatinamente su condición de pobreza. - Por ello, es menester que los gobiernos municipales le destine más presupuesto a acciones tendientes a garantizar los derechos humanos de la población que gobiernan, pues aunque el artículo 25, de la ley para el Gobierno y Administración de los Municipios en el Estado de Guanajuato, nos manifiesta que los municipios van a administrar sus recursos económicos de manera libre y autónoma, también tenemos que pues todo su gasto presupuestal hay que justificarlo, hay que justificarlo de manera, de manera fundada y motivada, tan es así que el municipio puede crear dependencias a efecto de que a cabalidad de cumplan esta prestación de servicios y las obligaciones que tienen con sus gobernados, sin embargo, tales decisiones deben siempre estar apegadas, entre otras cosas, considerando en todo momento la capacidad financiera que tiene cada municipio. - Luego, entonces, no existe una justificación ni ética, ni moral, ni mucho menos legal, para que nuestros municipios de Guanajuato, que tiene población indígena y afro mexicana, más si están sumidos en condiciones de pobreza, que no se ciñan su actuar en la mejora de condiciones de bienestar para sus habitantes y en consecuencia que las acciones que realizan, no reduzcan la pobreza en la que se encuentran más de la mitad de sus habitantes, en consecuencia tendrían que seguir esperando para salir del estado de pobreza, de acuerdo a lo expuesto, fundado y motivado, es de proceder y procede el día de hoy realizar un exhorto a presidentes y presidentas municipales, que gobiernan los multicitados municipios con presencia de comunidades indígenas, a efecto de que diseñen políticas públicas que encaminen la garantía de los derechos humanos de sus gobernados, mismos que están reconocidos dentro de nuestra Carta Magna y demás por ordenamientos legales, en consecuencia, destinar también mayor presupuesto al cumplimiento de sus obligaciones que les establecen, la Ley para la Administración y Gobierno de los Municipios del Estado de Guanajuato, los cuales consisten en combatir la pobreza y combatir la marginación, en virtud de todo lo anterior y con la finalidad de garantizar tales derechos, me permito el día de hoy formular la siguiente propuesta de: - Punto de acuerdo. - Único la Sexagésima Sexta Legislatura del Estado de Guanajuato, acuerda girar un atento exhorto a los alcaldes y alcaldesas de los municipios Apaseo el Alto, Atarjea, Comonfort, Dolores, Hidalgo, Salvatierra, San Luis de La Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Tierra blanca, Valle de Santiago, Victoria, Villagrán y Xichú, a efecto que diseñen políticas públicas encaminadas a garantizar los derechos humanos de los gobernados previstos en el artículo tercero, cuarto y demás de la Constitución Federal, así como asumir con seriedad su papel y cumplir de manera cabal con sus obligaciones que les establece el artículo 115 de la Carta Magna y el artículo 25 y demás de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, en consecuencia, realizar acciones tendientes a combatir la pobreza, la marginación que flagela a sus pueblos, destinando para ello mayores partidas presupuestales, evitando realizar gastos superfluos en actividades que en nada van a cambiar la situación de marginación en la que viven nuestros hermanos y hermanas indígenas y demás población. Es cuanto diputado presidente, muchas gracias.