- Diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco – - Gracias Presidenta, hoy, este sábado 8 de marzo, conmemoramos el “Día Internacional de la Mujer” y no es una celebración, sino un día en el que se debe recordar la importancia de que los derechos de las mujeres sean reconocidos y garantizados, para que nos podamos desarrollar en igualdad, sin violencia ni discriminación. - El sábado las mujeres saldrán a las calles a marchar para exigir la implementación de acciones efectivas que contribuyan a crear las condiciones que permitan su desarrollo laboral y profesional, también para erradicar la violencia feminicida que se vive en el Estado, para exigir la búsqueda y aparición. De las mujeres desaparecidas. Por justicia para las que han sido asesinadas, víctimas de este sistema opresor que normaliza, justifica y replica la violencia en su contra. Para exhibir las violencias y desigualdades que aún prevalecen en nuestra sociedad. Y también para exigir el reconocimiento y garantía de sus derechos, entre los que se encuentra el derecho a decidir. - El pasado 3 de octubre, la diputada y diputado de la Bancada Naranja presentamos una iniciativa para Adicionar, reformar y derogar diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, del Código Penal del Estado, de la Ley de Educación y de la Ley de Salud, con la finalidad de despenalizar el aborto voluntario, establecer acciones de prevención, atención y educación en materia de salud sexual y reproductiva, así como asegurar la prestación de servicios de interrupción legal del embarazo en Guanajuato. Con el objetivo de que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes, sean garantizados en nuestro Estado. - Particularmente su derecho a decidir, pues nuestra entidad sigue teniendo una deuda histórica con las mujeres, la iniciativa fue construida y argumentada con base en el camino que otras entidades federativas han seguido para garantizar el derecho previamente mencionado, así como en las jurisprudencias resoluciones y precedentes que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la materia desde el 2021, cuando el máximo tribunal, por primera vez se pronunció a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas que están 3 a decidir sin criminalizarles, pues al resolver al resolver la acción de inconstitucionalidad 148 2017, correspondiente al Código Penal del Estado de Coahuila, estableció que es inconstitucional criminalizar el aborto por ser contrario a los derechos a la salud, al libre desarrollo de la personalidad y a la autodeterminación reproductiva de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar a partir de entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido precedentes que establecen la obligación que tienen las autoridades del Estado para garantizar el derecho de las mujeres a decidir, entre las que destaca la contenida en la resolución del amparo en revisión 267/223, en el que se declararon inválidas distintas porciones normativas del Código Penal Federal relativas al delito de aborto, argumentando, entre otras cuestiones, que esta medida punitiva resulta contraria a las obligaciones que el Estado debe desplegar, para respetar, proteger y garantizar el derecho a la salud de las mujeres y personas con capacidad de gestar, ya que impidan el acceso a servicios sanitarios de calidad para llevar a cabo la interrupción del embarazo. - Es así, que los precedentes emitidos por la Suprema Corte, entre los que se encuentran también resoluciones como la de Aguascalientes, en la que se establece la obligatoriedad que tienen las instituciones de salud de prestar el servicio de interrupción del embarazo para garantizar el derecho a decidir, han tenido consecuencias positivas a nivel nacional, que han derivado en la implementación de acciones gubernamentales y legislativas que, en otras palabras, Marta Lamas, especialista en derechos sexuales y reproductivos, ha señalado que son un avance democrático al fortalecer la condición laica del Estado, además de que en términos sociales la interrupción legal del embarazo, representa una medida de justicia social que cierra la brecha de desigualdad entre las mujeres con recursos y las que no los tienen porque las mujeres con recursos abortan sin peligro en los consultorios de sus ginecólogos o viajando a entidades donde sí es legal hacerlo o en su caso, cuentan con redes de apoyo, mientras que las que no cuentan con ellas arriesgan su salud y su vida. - Siendo entonces, también un tema de salud pública que debe ser atendido por el Estado, en este contexto, buscando atender los precedentes y resoluciones que a partir del 2021 se habían estado emitiendo para garantizar precisamente el derecho a decidir de las mujeres mediante el otorgamiento de servicios de salud con perspectiva de género, la Secretaría de Salud del Estado había afirmado en las 2 últimas comparecencias ante este congreso y ahí están los videos que son públicos, los pueden consultar y también tenemos las respuestas que se mandaron en ese momento. - Había afirmado en las 2 últimas comparecencias que en los centros de atención integral de servicios esenciales de salud, CAISES y red de hospitales pertenecientes al sistema estatal de salud, se garantizaba a todas las mujeres y personas que están antes que así lo solicitaran, el acceso a servicios de interrupción legal del embarazo, no solamente, por casos de violencia sexual, sino en general a la mujer o persona gestante que llegará a solicitar el servicio, ya se le estaba otorgando para atender lo que ya había mandatado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo cual sin duda representó un primer esfuerzo proveniente del Poder Ejecutivo para garantizar los derechos de las mujeres ante la omisión del Poder Legislativo en legislar sobre el tema. - Por lo anterior, resulta preocupante y grave la información publicada el lunes 3 de marzo del presente año en un reportaje del periódico AM en el que se expone que el Gobierno del Estado de Guanajuato recientemente ordenó suspender el otorgamiento de los servicios de interrupción voluntaria del embarazo, información que lamentablemente fue confirmada por el Secretario de Salud, Gabriel Cortés Alcalá, mediante la entrevista brindada al medio de comunicación previamente señalado y que puede ser consultada, eh, en el reportaje publicado ese día y que lo pueden encontrar en redes sociales, lo pueden encontrar en Internet, porque luego, pues por ahí ya nos andaban preguntando que de dónde andábamos sacando tal afirmación, pues no, no nos inventamos nada, el mismo Secretario de Salud fue quien lo afirmó. - Esta decisión, además de ser inconstitucional, es un claro retroceso en los avances que se tenían para garantizar desde la Política Pública, el derecho a decidir, de las mujeres y por lo tanto una violación al principio de progresividad que deben tener los derechos humanos, de acuerdo con el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos tratados internacionales que han sido ratificados por México. - Asimismo, representa un atentado contra los derechos relativos a la salud, dignidad humana, autonomía y libertad reproductiva, situación que resulta sumamente delicada y grave en un Estado que se dice democrático como es Guanajuato, de igual forma, resultan también inquietantes las declaraciones del Secretario, al señalar que esta decisión se tomó de manera colegiada y citó -De manera colegiada con la parte jurídica de la Secretaría de Salud en conjunto con el Instituto de las Mujeres Guanajuatenses- Toda vez que en dicho supuesto las afirmaciones realizadas por la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, al mencionar en diversas entrevistas que son también de conocimiento público, ahí están en redes sociales y están en internet que en su gobierno se garantizaba todos los derechos para todas las mujeres, están siendo contra decidas, por las acciones y declaraciones de su propio gabinete, lo cual revela una falta de organización y también, hay que decirlo, una posible crisis al interior de su Gobierno, que de escalar podría incluso afectar la gobernabilidad del Estado, esta semana lo vimos con este tema de la interrupción legal del embarazo, hace 15 días lo vimos con el tema del comentario lamentable que alguien de su equipo de comunicación realizó contra un ciudadano en el que pues lo insultó ante una pregunta que él realizó o que ella realizó, y también hace algunas semanas lo vimos con el desastre y el que se hizo con las tarjetas rosas. Es verdaderamente increíble las contradicciones en las que cae el Gobierno, por un lado, la Gobernadora dice que es se garantizan los derechos, por otro, el Secretario de Salud confirma que suspendieron los servicios y ojo que mientras el mismo Secretario fue quien dijo que la suspensión fue una decisión tomada en conjunto con el IMUG, la directora lo niega y pide que se presente un caso judicializado para investigarlo y pues comprobar que esté pasando así. - Sinceramente, esta fue una postura que me sorprendió, pues, para empezar, no es necesario caso denunciado ni judicializado para que las autoridades investiguen presuntas violaciones de derechos humanos o negación de servicios de salud. Con que se enteren es suficiente para que revisen de manera oficiosa qué es lo que está pasando y pues sí, de ser el caso que tomar las medidas pertinentes para repararlo y si no, pues aclararlo, no también, también puede ser el caso. - Aparte, ¿Cómo va a haber un caso judicializado o tan siquiera ha denunciado? Si las mujeres que deciden interrumpir su embarazo siguen siendo criminalizadas por nuestra ley, en verdad, cómo se les ocurre que van a ir a denunciar que no les permitieron hacer algo que la ley medieval de Guanajuato todavía considera como un crimen, aún y cuando ya el máximo tribunal ha dicho que el derecho a decidir se debe garantizar, ¿Dónde está? ¿Dónde está esa perspectiva de género con la que se supone tendrían que actuar los servidores públicos? Y de la que tanto se ha hablado el día de hoy, también, por cierto. - Por último, es grave que en el reportaje se exhiben las amenazas y coacción que están padeciendo el personal de salud al verse obligados a negar, la prestación de los servicios de interrupción del embarazo que ya se daban reitero por miedo a perder su trabajo, lo cual también es violatorio, eh es violatorio a los derechos humanos del personal de la salud, pues la Suprema Corte de Justicia también ya estableció que no se debe criminalizar a las personas que apoyan a las mujeres a interrumpir su embarazo, como lo es el personal de salud y además, que el Estado no puede negar el acceso a este derecho. - Al personal de salud les digo, no están solos, ni solas, aquí en la Bancada Naranja hay un canal y un espacio seguro para señalar las amenazas que, de ser el caso, estén recibiendo por parte de sus superiores como consecuencia de la suspensión de estos servicios ¡Estamos con ustedes!. - Es así, que ante este delicado retroceso en materia de derechos humanos, que representa diversas violaciones a los mismo y ya no solo para las mujeres, es también para el personal de salud resulta necesario y urgente solicitar a la maestra Libia Dennise García Muñoz Ledo, Gobernadora del Estado de Guanajuato, al doctor Gabriel Alfredo Cortés Alcalá, Secretario de Salud del Estado, a la Licenciada Itzel Balderas, Directora del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses y a la maestra Karla Gabriela Alcaraz Olvera, Procuradora de los Derechos Humanos, para que con base en lo que establece el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las atribuciones y facultades que les confiere la ley, promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos de las mujeres de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y, sobre todo, progresividad. - A la Gobernadora, la exhortamos a que instruya la restitución de los servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los CAISES, y en las redes hospitales pertenecientes al sistema estatal de salud y asegure la continuidad de los mismos, al Secretario de Salud a que proponga y coordine la restitución de los servicios de interrupción voluntaria del embarazo y también a que garantice, que se implemente de manera obligatoria como parte de la capacitación, la igualdad de género y la perspectiva de género para todo el personal de la salud, a la Directora del IMUG, a que contribuya a coordinar la restitución de los servicios de interrupción voluntaria del embarazo y también a que promueva y garantice que se implemente de manera obligatoria como parte de la capacitación de todo el personal de la administración pública, la igualdad de género y la perspectiva de género y también a la Procuradora de Derechos Humanos para que investigue de seguimiento y resuelva las presuntas violaciones de derechos humanos por actos u omisiones cometidas por parte de las personas servidoras públicas que resulten responsables de la suspensión de los servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los CAISES, y en la red de hospitales pertenecientes al sistema estatal de salud. - De igual forma, también le solicitamos que promueva, respete, protege y garantiza los derechos de las mujeres, proponiendo a las autoridades del Estado que, en el ámbito de sus competencias, promuevan los cambios y modificaciones que se consideren necesarios a las disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de prácticas administrativas que redunden en una mejor protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. - Por último, les exhorto a ustedes, diputadas y diputados, a que ya, ya legislemos para garantizar el derecho a decidir de las mujeres, porque ya vimos que los derechos son algo que no se puede dejar a la voluntad de los Gobiernos en turno, tienen que quedar plasmados en la ley para asegurar que se garanticen. El amparo ya está en tribunales y ya sólo es cuestión de tiempo que Guanajuato sea obligado a legislar. - A esas y a esos, que se dicen defensores del Poder Judicial y que incluso acaban de hacer una marcha para defenderlo, pero se niegan a acatar sus resoluciones, por anteponer sus ideologías, les digo, sean, sean los demócratas que dicen ser y hagan lo que ya dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, garantizar el derecho de las mujeres a decidir. Ojalá, ojalá todos los días fueran 8 de marzo, pues parece que luego solo así, todas las fuerzas políticas refrendan su compromiso para garantizar todos los derechos para las mujeres, al menos eso se estuvo mencionando aquí por parte de distintas fuerzas políticas en esta tribuna y ojalá y que un día alcancemos esa igualdad y una vida libre de violencias que tanto anhelamos, provocando que entonces ya no sea necesario que llegue el 8 de marzo para recordar lo que todavía sigue pendiente. - Les invito a que nos mantengamos informadas e informados de las marchas que se van a realizar este sábado en las distintas ciudades y municipios del del Estado para tomar nota de las demandas y exigencias también, pero sobre todo les invito a que nos pongamos a trabajar para atenderlas. - Gracias.