- Diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco - - Gracias Presidenta, muy buenos días a todas y a todos quienes se encuentran en este recinto el día de hoy, compañeras, compañeros, medios de comunicación y público que hoy nos acompaña, bienvenidas y bienvenidos a este Congreso del Estado. - Cada 30 de abril celebramos y recordamos la alegría de ser niñas y niños y el movimiento ciudadano las infancias son lo más importante para nosotros, son nuestra esperanza, nuestra motivación y son nuestra fuerza. Por eso en la Bancada Naranja estamos convencidos de que por el bien de todas y todos, primero las niñas y los niños. Pero sucede que no solamente con deseos y juguetes se construye para ellas y ellos un mundo justo e igualitario, sino que es necesario implementar acciones contundentes que proyecten con alegría y prosperidad el presente y también el futuro que ellas y ellos les tocará vivir. - Una sociedad igualitaria como la que aspiramos necesita que se garantice un arranque parejo desde la primera infancia, eso sería el gran diferenciador para que tengamos un México y un Guanajuato de iguales. - Sin embargo, la vieja política está menospreciando y comprometiendo el desarrollo y los derechos de las próximas generaciones, y esto en gran parte pasa porque las niñas y niños no son escuchados ni tomados en cuenta en los procesos de toma de decisión y también porque tampoco pueden defender sus propios intereses a través del voto. Se supone en teoría que en un Estado se refleja en las prioridades de los gobiernos, pero escuchan este dato de escándalo. El Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 contempló destinar solamente el punto 6% del PIB para la primera infancia y únicamente el 5.72% de los recursos para prevenir y atender la violencia en contra de las niñas, niños y adolescentes. - No permitiremos que se perpetúe tal injusticia, pues una sociedad de igualdad de oportunidades es el mejor legado posible y desde movimiento ciudadano vamos a defender ese legado. El Estado debe garantizar desde ya, que todas las infancias guanajuatenses tengan asegurado su derecho a recibir alimentos, como lo señala de manera expresa el párrafo décimo del artículo Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga a los padres y madres a procurar el mayor nivel de protección, educación y formación integral, siempre en el marco del principio de protección del interés superior de la niñez. Las infancias y adolescencias resultan sumamente afectadas cuando quien debería cuidarles y darles alimento, es decir, sus padres y sus madres, generalmente los padres incumplan con su responsabilidad económica, social y jurídica, vulnerando con ello su derecho a vivir de forma integral y en nuestro país, desafortunadamente, existe un alto nivel de incumplimiento alimentario. Por ello, es necesario implementar mecanismos para reducir el abandono económico de Infancias y adolescencias por parte de quienes se supone que deberían protegerles y velar por su bienestar, sus padres, porque e abandono económico también es violencia y miren en México se estima que el 67.5% de los hogares que son sostenidos por madres solteras no reciben pensión alimenticia. Dicho de otro modo, de cada cuatro hombres que tienen la obligación de pagar alimentos, solo uno lo hace. - Actualmente se han normalizado diversas dinámicas perversas que suelen utilizar los deudores alimentarios que como ya lo dijimos, son en su mayoría hombres para evadir y escapar de la responsabilidad de manutención que tienen con sus hijas y con sus hijos. Hombres que con facilidad dejen la desprotección a sus familias renunciando a sus responsabilidades paternales sin ser cuestionados ni juzgados. Porque en nuestra sociedad, el que los hombres no quieran ser padres y el que no cumplan con los compromisos y obligaciones que la paternidad conlleva, es algo que sigue estando normalizado y a veces hasta justificado. El abandono económico tiene un impacto diferenciado, especialmente hacia el desarrollo y derechos de las infancias y las mujeres. - Cuando hay omisión del pago de la pensión alimenticia, son las infancias y las adolescencias a quienes se les priva de recibir lo más necesario para su subsistencia. Mientras que sobre las mujeres recae una gran carga económica y social, pues son ellas a las que en su mayoría se encargan de la crianza y manutención de sus hijas e hijos en su totalidad, esa realidad lacerante las coloca en un dilema complicadísimo, o cuidan a sus hijas e hijos o, por otro lado, trabaja para proveerles los alimentos que necesitan, por eso sostenemos que el abandono económico también es violencia para ellas. - Porque si optan por trabajar en el mercado laboral, se enfrentan a condiciones más adversas que el resto de las personas, pues tienen que combinar la crianza de sus hijas e hijos con los quehaceres domésticos y, además, con sus actividades laborales o profesionales. Aquí les digo algunos ejemplos de estas adversidades. La participación de las mujeres en el mercado laboral disminuye conforme aumenta su número de hijas e hijos 8 de cada 10 mujeres ocupadas con al menos 1 hijo carecen de acceso a servicios de guardería, 2 de cada 3 madres trabajadoras carecen de acceso a instituciones de salud como prestación laboral. También Guanajuato ocupa el puesto número 26 de 32, siendo el séptimo lugar con peores condiciones laborales para mujeres de igual forma, el salario en Guanajuato para las mujeres es de 82.75 pesos por cada 100 pesos que gana un hombre por el mismo trabajo, es decir, hay brecha salarial. En nuestro estado, uno de cada 3 hogares tiene una mujer que se encarga como jefa de la vivienda, ocupando el lugar número 11 a nivel nacional. Y en Guanajuato, las infancias y adolescencias representan el 45% de la población que se encuentra en una situación de dependencia económica. - Con estos datos podemos demostrar que el derecho a recibir alimentos y la protección de quienes no los reciben tiene que ser una prioridad en nuestro Estado. El registro nacional de obligaciones alimentarias fue el parteaguas para que muchas de las entidades federativas adecuarán sus legislaciones y crearán un registro estatal en la materia. La primera vez que en México se estableció el registro de deudores a nivel nacional fue en el 2019. En aquel momento la inscripción se realizaba cuando una persona era declarada judicialmente como deudora alimentaria por incumplir con el pago de la pensión alimenticia. Pero como este esfuerzo no funcionaba del todo, porque la que fue que la problemática siguió prevaleciendo. Hasta que en el 2023 se reformaron diversas leyes para establecer consecuencias que van desde la pérdida de derechos parentales, como la patria potestad, embargos, precautorios de bienes, descuentos vía nómina y en casos muy graves, la persona deudora alimentaria amorosa también puede enfrentar acciones penales y penas privativas de la libertad. ¿Y qué pasó en Guanajuato? A través del Decreto número 324, publicado el 19/07/2021, se creó el registro de deudores alimentarios, el cual pretendía hacer un registro digital para inscribir a quienes no pagaban la pensión y, por tanto, ser declarados por un juez como morosos. Hasta aquí todo parece estar bien, una buena idea, que resultó con una mala ejecución. Porque en Guanajuato, en lugar de que el registro de deudores lo coordinara el registro civil, como sucede en otras 17 entidades que ya han regulado en la materia, aquí lo que decidieron hacer fue pasárselo al registro público de la propiedad y notarías, porque desde la óptica pre diluviana, casi casi del siglo XIX, el registro civil no tenía en su naturaleza jurídica esa función. ¿Qué pasó? Que el registro ha demostrado deficiencias y prácticamente no funciona, pues está diseñado con una visión muy cuadrada, aunque de noble intención, hay que recalcar. La lógica era que el registro público de la propiedad, teniendo la función de realizar las inscripciones con fines publicitarios, también podría gravar los inmuebles del deudor moroso. Pero resulta que no todos los que deben pensión tienen bienes inmuebles propios, aquí hay un sesgo clasista grave que no le viene bien al funcionamiento del registro como actualmente está diseñado y este sesgo clasista no reconocido ha generado una falta de seguimiento en los actos legales necesarios para proteger a los acreedores alimentarios. - No los inscriben porque no tienen bienes, pero aún sin tener bienes podrían pagar la pensión alimentaria y cumplir con su responsabilidad moral y legal, con base en una revisión de los ingresos al Poder Judicial del Estado de Guanajuato exclusivamente en juicios de pensión alimenticia, durante los años que lleva operando el registro de deudores alimentarios con corte, hasta Julio del 2024 hubo alrededor de 41 mil 911 juicios por alimentos, lo que quiere decir que hay gente demandando para que se pague la pensión alimenticia. - Por otro lado, a través de una solicitud de información pública, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que el número de investigaciones iniciadas en el 2021 al 31/03/2025. Por el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar han sido de 10543 casos. Entonces también hay mucha gente que no sólo demanda por la vía civil, sino que acudan al ministerio público a denunciar penalmente al moroso. Y lo más alarmante e inexplicable, a través de una solicitud de acceso a la información relativa al número de inscripciones en el registro de deudores alimentarios con corte al 10 de abril el 2025, la Secretaría de Gobierno respondió que sólo existen 75 inscripciones al registro. - Lo que demuestra que a casi 4 años de su implementación, no ha logrado todavía consolidarse como una base de datos que incentive el pago de las pensiones alimenticias, que se supone que era el objetivo fundamental de la creación del registro. ¿Por qué por qué pasa esto si hay tantos hogares con padres que abandonan económicamente a sus hijas e hijos? ¿Por qué si hay más de 40 mil juicios por pensión alimenticia por la vía civil? ¿Por qué si hay más de 10000 denuncias penales por el delito de incumplimiento de obligaciones por asistencia familiar solamente hay 75 inscripciones? Algo no cuadra, las mates no dan. - El diseño es estrategia, por eso, en la bancada naranja sostenemos que el déficit de inscripciones en el registro de deudores alimentarios se debe principalmente a fallas en su diseño, que luego provocan fallas en su funcionamiento, ya que de la revisión del dictamen por el con el que se creó inferimos que sólo se hace una valoración en extremo positivista. Como si la institución del registro civil fuera rígida y su naturaleza jurídica no debiera ser valorada o actualizada a la luz en los contextos y dinámicas sociales contemporáneas. - Por lo anterior, esta propuesta plantea diversas modificaciones para mejorar y fortalecer el diseño del registro de deudores alimentarios con la finalidad de asegurar su adecuada operación y funcionamiento mediante la creación de la Ley del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, que organizará la administración del registro establecerá con claridad cuáles son las autoridades competentes y sus respectivas atribuciones, regulará el procedimiento de inscripción al mismo, su cancelación, la emisión de certificados y los impedimentos derivados de estar inscritos en este. - De igual forma, proponemos trasladar la operación y coordinación del registro de deudores alimentarios morosos del Estado de Guanajuato del Registro Público de la Propiedad a la Dirección General del Registro Civil y de una vez advertimos que esto, a diferencia de lo que dijeron en el 2021, es totalmente constitucional en lo legislativo es técnicamente adecuado y en lo institucional totalmente viable. - Miren el registro civil cuenta con una amplia base de datos, la posibilidad de emitir certificados electrónicos en línea de manera ágil y sencilla. Tiene una amplia presencia en el Estado a través del kiosco digital y se puede coordinar fácilmente y eficientemente con otras autoridades. También proponemos ampliar las restricciones para las personas deudoras alimentarias morosas. No podrán trabajar en el Gobierno ni tener cargos de elección popular, ni siquiera en el Poder Judicial mientras se encuentren inscritos en el registro, tampoco podrá ser proveedores del Gobierno Estatal ni de ningún municipio. No podrán sacar su licencia de conducir y por supuesto, mientras sigan debiendo los alimentos estarán inscritos en el registro de deudores, pero en uno que si funcione. Hasta que cumplan. - Porque lo que estamos buscando es precisamente el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y con ello garantizar y proteger el bienestar y derechos de las infancias y adolescencias. Porque en Movimiento Ciudadano queremos un país y un Estado que vean hacia el futuro y no hacia el pasado, en los que haya igualdad de oportunidades y en el que por el bien de todas y todos, pongamos primero a las niñas y a los niños. Y no quiero concluir sin antes agradecer a Irene Fuentes del Colectivo Zorroras y Rebeldes San Miguel de Allende, Julieta Lujambio, del Colectivo todas MX. A Oti Molina del Colectivo las Constituyentes MX Feministas a Mauricio Cordero, Itzel Moreno y Alejandro Mares, quienes participaron activamente en la creación de la presente iniciativa, poniendo a la ciudadanía siempre en el centro y sus causas en el frente. - ¡Es tiempo de que en Guanajuato tengamos infancias protegidas!, gracias.