C. DIPUTADA MIRIAM REYES CARMONA PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO P R E S E N T E. A la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones le fue turnada para estudio y dictamen la propuesta de punto de acuerdo formulada por diputada y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de exhortar a la Gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo para que dentro de las atribuciones que la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, refuerce las medidas de seguridad actuales e implemente las necesarias para disminuir los asesinatos en contra de las personas que ejercen funciones de seguridad pública en el Estado de Guanajuato, prestando especial atención en aquellos municipios que integran el denominado “Corredor Industrial” (ELD 120/LXVI-PPA). Analizada la propuesta de punto de acuerdo de referencia, esta Comisión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 89 -fracción V-, 119 -fracción II- y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato rinde el dictamen, con base en las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S Proceso Legislativo. En la sesión plenaria del 30 de abril de 2025 por razón de materia fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones la propuesta de punto de acuerdo referida en el proemio del presente dictamen, con fundamento en el artículo 119 -fracción II- de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. En reunión de la Comisión del 4 de junio de 2025 se radicó y analizó la propuesta de punto de acuerdo, instruyendo la presidencia de la Comisión Seguridad Pública y Comunicaciones, a la secretaría técnica, la elaboración del proyecto de dictamen con modificaciones en el acuerdo en sentido positivo con fundamento en los artículos 94 fracción VII y, 272 fracción VIII inciso e de Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. El presente dictamen fue materia de análisis por quienes integramos la Comisión en atención a lo siguiente: Contenido de la propuesta de punto de acuerdo. La diputada y diputados proponentes expusieron en el apartado de consideraciones lo siguiente: «(…) Guanajuato es el Estado con el mayor número de policías asesinados durante los últimos años, de acuerdo al seguimiento realizado por Causa en Común en comparación con los casos ocurridos en otras Entidades Federativas . Lo anterior, no es nada novedoso, de acuerdo a la información recopilada por Causa en Común, desde el año 2020, Guanajuato se ha posicionado como el Estado con más casos de homicidio cometido en contra de policías, a excepción del año 2022, donde se posicionó en el segundo lugar con 50 asesinatos de esta índole, solo por detrás del estado de Zacatecas. De un desglose general, en el año 2020, se registraron 84 casos, para el año 2021, se registraron 54 y en el año 2023, tristemente 60 policías fueron privados de la vida. Donde las ciudades que más se presentaron estos homicidios, fueron Celaya, Silao, León e Irapuato. Para el año 2024, 61 asesinatos se cometieron en el Estado, donde los siguientes municipios concentraron el 67% de estos casos letales: ● León: 4 ● Silao: 1 ● Irapuato: 6 ● Guanajuato Capital 3 ● Salamanca 3 ● San Francisco del Rincón 2 ● Celaya 23 . De acuerdo a la encuesta de Autopercepción Policial realizada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública realizado a 5000 elementos integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública Municipal, el 14.5% dijo que ha pensado renunciar a su puesto. Cuando se les preguntó el motivo, el 37.8% lo atribuyó al riesgo de su labor. (…) Los policías son nuestra primera línea de defensa, es innegable que su seguridad, es fundamental para garantizar que puedan cumplir con su labor de proteger a la ciudadanía. La atención en seguridad es prioritaria en los 46 municipios, pero en este tema en específico, al conocer que el 67% de estos ataques han ocurrido en ciudades como León, Irapuato, Celaya, San Francisco del Rincón, Salamanca y Guanajuato Capital, que en su mayoría conforman el corredor industrial, es imperativo duplicar los esfuerzos en esa zona que concentra una letalidad tan alta para los elementos de seguridad pública. Indudablemente estos hechos, atentan contra la integridad de las personas que ejercen las funciones de Seguridad Pública en el Estado y por ende, contra el orden público, la paz y la tranquilidad social; por lo que es necesario reforzar las zonas en donde se está registrando un alto número de ataques en contra de los policías y en razón de que la fracción primera del artículo 13 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato precisamente prevé como obligación que la Titular del Poder Ejecutivo sea garante de los principios enunciados al inicio de este párrafo;(…)» Consideraciones de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones. Las instituciones de seguridad pública en México están integradas por diversas instancias federales, estatales y municipales, incluyendo policías, ministerios públicos, autoridades penitenciarias y otras dependencias relacionadas. Estas instituciones trabajan de manera coordinada para salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como para preservar las libertades, el orden y la paz pública. El Sistema Nacional de Seguridad Pública es el mecanismo que coordina los esfuerzos de las distintas instituciones para lograr estos objetivos. Se basa en principios como la legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Con base en dichos principios, el respeto a los derechos humanos, haciendo énfasis en el de las personas integrantes de las instituciones de seguridad pública, es fundamental en un estado democrático y se refiere a la protección de sus derechos y dignidad como personas, así como a garantizar condiciones laborales justas y seguras. Esto implica que los agentes de seguridad pública, al igual que la ciudadanía, tienen derecho a la vida, la integridad física y psicológica, y a no ser sometidos a tratos crueles o degradantes. Para garantizar condiciones laborales justas y seguras para los miembros de las instituciones de seguridad pública, es fundamental establecer políticas y prácticas que respeten sus derechos y promuevan un entorno laboral saludable. Esto incluye salarios adecuados, acceso a seguridad social, oportunidades de desarrollo profesional, y un trato respetuoso y libre de discriminación. Observando lo anterior, consideramos oportuna la presente acción legislativa aunado a los reportes de un incremento en los asesinatos de personas que forman parte de instituciones de seguridad pública en México, derivado de diversos factores que contribuyen a este fenómeno, como la disputa territorial entre grupos criminales, la infiltración del crimen organizado en las instituciones y la falta de recursos y capacitación para los agentes, entre otros. Si bien es cierto que los homicidios perpetrados contra agentes de seguridad han mostrado un repunte, el homicidio doloso en general se ha visto disminuido en la entidad a partir del año 2020 pasando de una tasa de 54.24 por cada 100,000 habitantes en 2020 a 39.96 por cada 100,000 habitantes en 2024. Lo anterior con fundamento en lo reportado por el Observatorio Nacional Ciudadano: Seguridad, Justicia y Legalidad Por lo tanto, al ser preocupante este fenómeno, es necesario asegurar e impulsar acciones tendientes a que las instalaciones policiales sean seguras y cuenten con el equipo necesario para el desempeño de sus funciones, así como el de implementar protocolos para prevenir riesgos laborales con el objeto de garantizar el derecho a la vida, la integridad física y psicológica de las personas que las integran. Lo anterior, basado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reconoce el derecho al trabajo y a condiciones laborales justas y equitativas, que deben ser respetadas en todos los ámbitos, incluyendo a las instituciones de seguridad pública. En la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que establece principios y lineamientos para la actuación de las instituciones de seguridad pública, incluyendo aspectos relacionados con los derechos laborales de sus integrantes. Además, en las leyes y reglamentos específicos en nuestra entidad federativa y municipios que regulan las relaciones laborales en el ámbito de la seguridad pública. En otro orden de ideas, referimos que los ataques contra los integrantes de las instituciones de seguridad pública, no es un problema exclusivo del Estado y de los Municipios de Guanajuato, sino de todo el país, también es un problema que se da a nivel federal con los recientes ataques a integrantes de la Guardia Nacional y de la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Lo anterior puede ser un síntoma de los avances de la autoridad en el combate al crimen organizado, por lo tanto, estimamos pertinente reforzar la seguridad de los elementos policiacos para que su indispensable labor no se vea gravemente afectada y continúen llevando a cabo sus tareas de prevención y erradicación de la inseguridad en las mejores condiciones posibles. En consecuencia, coincidimos en que se tienen que implementar diversas medidas tendientes a fortalecer la profesionalización de las instituciones de seguridad pública, la mejora de la calidad del servicio que brindan a la sociedad, y la promoción de un ambiente laboral más justo y seguro para sus integrantes, así como el crear y seguir protocolos establecidos, tanto generales como específicos para ciertos tipos de delitos o situaciones que ponen en riesgo a los elementos policiales en su actuar. Por lo tanto, no podemos ser omisos ante estas circunstancias y consideramos oportuno que al ser los municipios, quienes conociendo la situación criminológica que prevalecen en sus territorios, diseñen un PSO o Procedimiento Sistemático de Operación Policial, a fin de que determinen desde el interior de sus instituciones las medidas de protección que contengan mecanismos para salvaguardar la vida e integridad física de los integrantes de las instituciones policiales, contemplando las de naturaleza preventiva, las individuales, las familiares y las de seguridad y todas aquellas que consideren convenientes para la protección de su vida e integridad física; ello es así toda vez que al ser personal especializado en seguridad pública cuentan con conocimientos de prevención del delito y reacción ante el mismo. Tal como lo señala la ONG Causa en Común, las policías en nuestro país a parte de verse amenazadas por las fuerzas del crimen organizado, también tienen que hacer frente a bajos salarios, capacitación deficiente, equipamiento insuficiente y extenuantes jornadas de trabajo. Bajo este contexto, resulta prioritario diseñar políticas públicas integrales que permiten una mejora sustancial en las áreas de oportunidad señaladas, además de un combate frontal a la impunidad ya que la mayoría de los asesinatos de policías no surten ninguna consecuencia judicial. Lo anterior, dentro del marco de la Constitución Federal, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y también de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Finalmente, manifestamos que es evidente que todo integrante de una institución de seguridad pública tiene derecho a la protección de su vida e integridad física, por lo que es favorable impulsar diversas estrategias y acciones por parte de las autoridades para hacer frente a esta problemática, como el reforzamiento de la seguridad en zonas de alto riesgo, la capacitación de los agentes y la colaboración con otras instituciones por lo que proponemos el presente dictamen. Agenda 2030. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible se rigen por tres principios fundamentales: no dejar a nadie atrás; una agenda universal, pero de apropiación nacional; y una agenda integral. Ahora bien, sabedores de que el Poder Legislativo como parte del Estado mexicano, tiene una responsabilidad fundamental en el compromiso adquirido para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 metas, a través de las cuatro dimensiones de acción, a saber: 1. Creación y reforma de leyes; 2. Seguimiento a la planeación y al presupuesto; 3. Promoción de la participación ciudadana; y 4. Monitoreo de la actividad gubernamental. Destacamos que este dictamen tiene incidencia en el objetivo 16. PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS. Con fundamento en los artículos 171 y 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos someter a la aprobación de la Asamblea, el siguiente: A C U E R D O Único: La Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano del Estado de Guanajuato efectúa un respetuoso exhorto a los 46 ayuntamientos del estado de Guanajuato para que, dentro del ámbito de su competencia material y en específico en las Secretarías de Seguridad Pública y direcciones de Seguridad Pública Municipales, se diseñen Procedimientos Sistemáticos de Operación Policiales (PSO), para la protección de la vida e integridad física de sus integrantes, ello dentro del marco previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. Guanajuato, Gto., 20 de junio de 2025 La Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones Diputado José Erandi Bermúdez Méndez Diputado Alejandro Arias Ávila Presidente Secretario Diputado Rolando Fortino Alcántar Rojas Diputada Martha Edith Moreno Valencia Vocal Vocal Diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor Vocal LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN QUE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y COMUNICACIONES PRESENTA AL PLENO DEL CONGRESO, DE LA PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO FORMULADA POR DIPUTADA Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA A EFECTO DE EXHORTAR A LA GOBERNADORA (ELD 120/LXVI-PPA).