DICTAMEN QUE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL Y FOMENTO AGROPECUARIO PRESENTA AL PLENO DEL CONGRESO, DE DOS PROPUESTAS DE PUNTO DE ACUERDO ELD 123/LXVI-PPA Y ELD 126/LXVI-PPA. C. DIPUTADA PLÁSIDA CALZADA VELÁZQUEZ PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DIPUTACIÓN PERMANENTE P R E S E N T E. A la Comisión de Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario le fueron turnadas para estudio y dictamen dos propuestas de punto de acuerdo siendo las siguientes: 1. La formulada por diputadas y diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a fin de exhortar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para que de manera urgente y en el ámbito de sus atribuciones revisen el estatus de los pagos pendientes a productores comercializadores de trigo que fueron beneficiarios del Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos ciclo otoño-invierno 2023/2024 que pertenezcan al Estado de Guanajuato, y en su caso ejerzan las acciones necesarias para que se concrete la entrega de los pagos pendientes a los productores guanajuatenses. ELD 123/LXVI-PPA 2. La signada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional y la diputada de la Representación Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática a efecto de exhortar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, impulse las siguientes acciones: Primero. Para que resuelva con carácter urgente los retrasos en los pagos derivados del programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, específicamente para productores guanajuatenses. En ese alcance, respetuosamente se solicita que se dispongan las medidas necesarias para asegurar la liberación de los recursos, así como la implementación de mecanismos administrativos eficaces que garanticen la dispersión puntual, transparente y sin dilaciones de los apoyos económicos comprometidos. Segundo. Para que se adopten las medidas necesarias que permitan corregir los rezagos identificados en la ejecución del gasto público asignado al sector agropecuario durante el ejercicio fiscal 2025, a fin de garantizar el cumplimiento del calendario presupuestal y asegurar la aplicación eficaz, oportuna y transparente de los recursos públicos, en beneficio de las y los productores del campo. Tercero. Para que, con carácter prioritario, diseñe e implemente un Programa Nacional de Respaldo al Campo, orientado a atender de manera integral los desafíos que actualmente enfrentan las actividades agropecuarias como consecuencia del cambio climático y de las condiciones adversas del mercado nacional e internacional. El programa deberá incluir financiamiento accesible y con condiciones justas para pequeños y medianos productores; incentivos para prácticas agrícolas sostenibles que protejan el suelo y optimicen el uso de agua; apoyo técnico especializado en zonas vulnerables al cambio climático; y mecanismos de compra pública de cosechas a precios justos, con el objetivo de garantizar ingresos dignos, fortalecer la autosuficiencia alimentaria y consolidar el papel estratégico del campo mexicano en el desarrollo nacional y, en su caso, acuerdos. ELD 126/LXVI-PPA Analizadas las propuestas de punto de acuerdo de referencia, esta Comisión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 92 -fracción VI-, 112 -fracción IV- y 186 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, rinde el dictamen con base en las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S Proceso Legislativo. En sesión ordinaria del 8 de mayo de 2025 se turnaron ambas propuestas de punto de acuerdo la primera formulada por las diputadas y diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y, la segunda por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional y, por la Diputada de la Representación Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 112 -fracción II- de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. En reunión de la Comisión de fecha 26 de mayo de 2025 se radicaron las propuestas de punto de acuerdo por quienes integramos la Comisión de Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario. Asimismo, se acordaron las siguientes acciones para su análisis y dictamen: Acciones para el análisis y dictamen correspondiente al punto de acuerdo formulado por la diputada Rocío Cervantes Barba, y quienes con ella suscriben diputada y diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional: 1. Se remitirá la propuesta de punto de acuerdo a la Delegación Guanajuato de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para su opinión y, en su caso, remitir los comentarios y observaciones que estimen pertinentes, teniendo como fecha límite el 13 de junio de 2025. 2. Se remitirá la propuesta de punto de acuerdo para su opinión a la siguiente organización: • Sistema Producto Trigo del Estado de Guanajuato, A.C. Teniendo como fecha límite el 13 de junio de 2025 para remitir los comentarios y observaciones que estimen pertinentes. 3. Posterior al término de la consulta, se analizará en reunión de Comisión la propuesta de punto de acuerdo y, los comentarios y observaciones que, en su caso, se remitan. 4. La Comisión se reunirá para discutir el proyecto de dictamen de la propuesta de punto de acuerdo y, en su caso, dejarlo a disposición de la presidencia a efecto de someterlo a la aprobación del Pleno del Congreso. Acciones para el análisis y dictamen correspondiente al punto de acuerdo signado por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional y, por la diputada de la Representación Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática: 1. Se solicitará a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Distribuidora e Impulsora Comercial CONASUPO S.A. de C.V. (DICONSA) , informen sobre las acciones correctivas a realizar para corregir los rezagos identificados en la ejecución del gasto público asignado al sector agropecuario durante el ejercicio fiscal 2025. Así como los programas orientados a atender de manera integral los desafíos que actualmente enfrentan las actividades agropecuarias como consecuencia del cambio climático y de las condiciones adversas del mercado nacional e internacional. Teniendo como fecha límite el 13 de junio de 2025 para remitir los comentarios y observaciones que estimen pertinentes. 2. Se remitirá la propuesta de punto de acuerdo para su opinión a la siguiente organización: • Sistema Producto Trigo del Estado de Guanajuato, A.C. Teniendo como fecha límite el 13 de junio de 2025 para remitir los comentarios y observaciones que estimen pertinentes. 3. Posterior al término de la consulta, se analizará en reunión de Comisión la propuesta de punto de acuerdo y, los comentarios y observaciones que, en su caso, se remitan. 4. La Comisión se reunirá para discutir el proyecto de dictamen de la propuesta de punto de acuerdo y, en su caso, dejarlo a disposición de la presidencia a efecto de someterlo a la aprobación del Pleno del Congreso. En este tenor, se remitieron las propuestas de punto de acuerdo a las instituciones gubernamentales señaladas a efecto de recabar sus opiniones. A continuación, se exponen los comentarios recibidos: Comentarios relativos a la propuesta de punto de acuerdo formulado por la diputada Rocío Cervantes Barba, y quienes con ella suscriben diputada y diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional: La Oficina de Representación en la Entidad Federativa Guanajuato SADER apunto que: Por medio de la presente se da respuesta al número de oficio 270.-01.-001535-2025, el cual hace referencia a las solicitudes de los productores de trigo que participaron en el Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, específicamente en el estado de Guanajuato en ciclo Otoño-Invierno OI 2023-2024. Al respecto, le informo que se revisó el estatus que guardan dichas solicitudes en el padrón validado por Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), encontrando lo siguiente: Estado Estatus Número de expedientes Guanajuato Susceptibles de pago 2,378 Pagados 2,258 Pendientes de pago 120 Cabe mencionar que la Dirección General de Precios y Ordenamiento Comercial (DGPyOC), es la instancia encargada de operar el Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos que no acopia SEGALMEX ni LICONSA, y el Artículo 4 del Decreto por el que se ordena la desincorporación por fusión de Seguridad Alimentaria Mexicana con Diconsa S.A. de C.V. publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2025, establece que Diconsa deberá encargarse de todas las acciones que se encuentren en proceso, las obligaciones derivadas de juicios y procedimientos administrativos; de instrumentos contractuales vigentes; así como de la atención y seguimiento de cualquier asunto jurisdiccional o administrativo que se encuentre en trámite o pendiente de obtener resolución definitiva por parte de SEGALMEX. Por lo que, que esta Unidad Administrativa es únicamente una entidad receptora y por lo tanto estamos impedidos de modificar los instrumentos de control y consultas archivísticas (expedientes). Por último, no omito comentar que AGRICULTURA, y en particular la DGPyOC, es sensible ante la situación real que viven hoy los productores del campo mexicano, por lo que para los siguientes ejercicios fiscales, se puede proponer la instrumentación de programas que beneficien a los productores, encaminados al ordenamiento de la comercialización, con la participación, según corresponda, de las entidades federativas. Para lo cual, es preciso señalar que los programas federales están sujetos a la disponibilidad presupuestal. Los Productores del Sistema Producto Trigo del Estado de Guanajuato A.C. apuntaron que: En relación al oficio con número 3030/Exp. 6.0, en el cual se solicita la opinión de los Productores del Sistema Producto Trigo del Estado de Guanajuato, A.C., en relación a la propuesta de punto de acuerdo formulada por diputadas y diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ante la Sexagésima Sexta Legislatura a fin de exhortar a la Secretaría Agricultura y Desarrollo Rural, para que de manera urgente y en el ámbito de sus atribuciones revisen el estatus de los pagos pendientes a productores comercializadores de trigo que fueron beneficiarios del Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos del ciclo otoño-invierno 2023/2024 que pertenezcan al estado de Guanajuato, y en su caso ejerzan las acciones necesarias para que se concrete la entrega de los pagos pendientes a los productores guanajuatenses. Por este medio los Productores del Sistema Producto Trigo del Estado de Guanajuato, A.C., les manifestamos que aprobamos en su totalidad el contenido de la propuesta de punto de acuerdo en el que se gire un Atento Exhorto al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para que de manera urgente y en el ámbito de sus atribuciones revisen el estatus de los pagos pendientes a productores comercializadores de trigo que fueron beneficiarios del Programa Precios de Garantía a Productores Alimentarios Básicos del ciclo otoño-invierno 2023/2024 que pertenezcan al estado de Guanajuato, y en su caso ejerzan las acciones necesarias para que se concrete la entrega de los pagos pendientes a los productores guanajuatenses, para que se someta a la aprobación del Pleno del Congreso. Comentarios relativos a la propuesta de punto de acuerdo signado por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional y, por la diputada de la Representación Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática: Los Productores del Sistema Producto Trigo del Estado de Guanajuato A.C. apuntaron que: En relación al oficio con número 3031/Exp. 6.0, en el cual se solicita la opinión de los Productores del Sistema Producto Trigo del Estado de Guanajuato, A.C., en relación a la propuesta del punto de acuerdo formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y la diputada de la Representación Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, ante la Sexagésima Sexta Legislatura, a efecto de exhortar a la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, impulse las siguientes acciones: Primero. Para que se resuelva con carácter urgente los retrasos en los pagos derivados del programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, específicamente para productores guanajuatenses. En ese alcance, respetuosamente se solicita que se dispongan las medidas necesarias para asegurar la liberación de los recursos, así como la implementación de mecanismos administrativos eficaces que garanticen la dispersión puntual, transparente y sin dilaciones de los apoyos económicos comprometidos. Segundo. Para que se adopten las medidas necesarias que permitan corregir los rezagos identificados en la ejecución del gasto público asignado al sector agropecuario durante el ejercicio fiscal 2025, a fin de garantizar el cumplimiento del calendario presupuestal y asegurar la aplicación eficaz, oportuna y transparente de los recursos públicos, en beneficio de las y los productores del campo. Tercero. Para que, con carácter prioritario, diseñe e implemente un Programa Nacional de Respaldo al Campo, orientado a atender de manera integral los desafíos que actualmente enfrentan las actividades agropecuarias como consecuencia del cambio climático y de las condiciones adversas del mercado nacional e internacional. El programa deberá incluir financiamiento accesible y con condiciones justas para pequeños y medianos productores; incentivos para prácticas agrícolas sostenibles que protejan el suelo y optimicen el uso del agua; apoyo técnico especializado en zonas vulnerables al cambio climático; y mecanismos de compra pública de cosechas a precios justos, con el objetivo de garantizar ingresos dignos, fortalecer la autosuficiencia alimentaria y consolidar el papel estratégico del campo mexicano en el desarrollo nacional. Para que de manera urgente y en el ámbito de sus atribuciones revisen el estatus de los pagos pendientes a productores comercializadores de trigo que fueron beneficiarios del Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos del ciclo otoño-invierno 2023/2024 que pertenezcan al estado de Guanajuato, y en su caso ejerzan las acciones necesarias para que se concrete la entrega de los pagos pendientes a los productores guanajuatenses. Por este medio los Productores del Sistema Producto Trigo del Estado de Guanajuato, A.C., les manifestamos que aprobamos en su totalidad el contenido de la propuesta del punto de acuerdo en el que se gire un Atento Exhorto al Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, impulse las siguientes acciones: Primero. Para que se resuelva con carácter urgente los retrasos en los pagos derivados del programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, específicamente para productores guanajuatenses. En ese alcance, respetuosamente se solicita que se dispongan las medidas necesarias para asegurar la liberación de los recursos, así como la implementación de mecanismos administrativos eficaces que garanticen la dispersión puntual, transparente y sin dilaciones de los apoyos económicos comprometidos. Segundo. Para que se adopten las medidas necesarias que permitan corregir los rezagos identificados en la ejecución del gasto público asignado al sector agropecuario durante el ejercicio fiscal 2025, a fin de garantizar el cumplimiento del calendario presupuestal y asegurar la aplicación eficaz, oportuna y transparente de los recursos públicos, en beneficio de las y los productores del campo. Tercero. Para que, con carácter prioritario, diseñe e implemente un Programa Nacional de Respaldo al Campo, orientado a atender de manera integral los desafíos que actualmente enfrentan las actividades agropecuarias como consecuencia del cambio climático y de las condiciones adversas del mercado nacional e internacional. El programa deberá incluir financiamiento accesible y con condiciones justas para pequeños y medianos productores; incentivos para prácticas agrícolas sostenibles que protejan el suelo y optimicen el uso del agua; apoyo técnico especializado en zonas vulnerables al cambio climático; y mecanismos de compra pública de cosechas a precios justos, con el objetivo de garantizar ingresos dignos, fortalecer la autosuficiencia alimentaria y consolidar el papel estratégico del campo mexicano en el desarrollo nacional., para que se someta a la aprobación del Pleno del Congreso. Cabe mencionar que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y DICONSA no emitieron comentario alguno. Posteriormente, el 21 de julio de 2025, se analizó en reunión de Comisión la propuesta de punto de acuerdo, en donde se registraron las siguientes observaciones: Observaciones relativas a la propuesta de punto de acuerdo formulado por la diputada Rocío Cervantes Barba, y quienes con ella suscriben diputada y diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional: El diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor apuntó que: De los 2,378 expedientes registrados se han pagado a 2,258. Quedando 120 pendientes de pago, dicho esto propuso que se diera un lapso a la SADER Delegación Guanajuato para dar respuesta sobre los pagos pendientes, de lo contrario propuso que el punto de acuerdo vaya dirigido para los 120 expedientes pendientes de pago. Observaciones relativas a la propuesta de punto de acuerdo signado por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional y, por la diputada de la Representación Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática: El diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor apuntó que: El 95% de los expedientes del programa de precios garantía ya fueron cubiertos. Agotado el análisis, la presidencia de la Comisión de Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario instruyó a la secretaría técnica la elaboración del proyecto dictamen en sentido positivo, consolidando ambas propuestas de punto de acuerdo, con fundamento en los artículos 98 -fracción VIII- y, 276 -fracción VIII inciso e- de Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. Contenido de las propuestas de punto de acuerdo. Quienes integramos la comisión dictaminadora, referenciamos los alcances sobre el cual versa cada propuesta. Respecto a la propuesta formulada por la diputada Rocío Cervantes Barba, y quienes con ella suscriben diputada y diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se expuso lo siguiente: El sector agrícola ejerce un vínculo importante en el crecimiento de la economía de la mayoría de los países en desarrollo como México, esto debido a la significativa contribución que puede llegar a impactar directamente en la producción interna y el empleo; así como por su aportación a un rubro altamente trascendental: el de la sustentabilidad alimentaria, que se ha vuelto esencial, sobre todo para los países menos industrializados . El campo mexicano es un sector vital para la economía y el desarrollo del país y de nuestro Estado, la seguridad alimentaria y el bienestar social, ya que produce una gran variedad de alimentos, genera empleo y exportaciones, y es un motor para el desarrollo rural. Es fundamental para la producción de alimentos básicos, como maíz, frijol, trigo, así como frutas, verduras y otros productos agrícolas, que son vitales para la alimentación de la población. Pero desafortunadamente enfrenta desafíos importantes que requieren atención y soluciones innovadoras. Esto ha llevado al sector agrario mexicano a un escenario de contracción en las últimas cuatro décadas, principalmente en la inversión de gasto público que ha reducido significativamente frente al gasto nacional en otras materias, y en comparación con el gasto que se realiza en otros países. Sin duda alguna, esto también afecta directamente los niveles de calidad de vida de la población rural, pues derivado de los recortes presupuestales a los programas de apoyo al sector agrario, necesariamente se amplían las disparidades de todo tipo entre los beneficiarios directos de dichos programas, y como tal se abren grandes espacios de diferencias que inciden negativamente sobre la promoción, protección y ejercicio de los derechos sociales. A pesar de su gran importancia, el campo mexicano enfrenta desafíos como la pobreza rural, la falta de acceso a servicios básicos y la desigualdad social; estos desafíos se agudizan al encontrarnos también con falta de infraestructura en las zonas rurales, como carreteras, riego y almacenamientos, se dificulta la producción y la comercialización de los productos. Y aquí tampoco debemos perder de vista otra complicación que desafortunadamente se encuentra fuera del control humano en su mayoría de los casos, como lo es el cambio climático, pues este tiene un impacto significativo en la producción agrícola, con efectos como la sequía, las inundaciones y la pérdida de cultivos. Uno de los mayores desafíos que el campo mexicano debe enfrentar es la competencia de otros países en los mercados internacionales, lo que requiere una mayor inversión en innovación y calidad. Finalmente debemos señalar que la disminución o incorrecta aplicación o ejecución de los programas sociales de gobierno en favor del sector agrario y particularmente a los ejidatarios, ha ocasionado no solo la disminución en la producción agrícola en sus tierras, sino la pérdida de la autosuficiencia alimentaria. Es entonces, que al ser esté un sector clave para el desarrollo del país, y al enfrentar diversos desafíos y obstáculos como los ya mencionados, estos deben ser abordados de manera oportuna y con el mayor apoyo que las autoridades podamos brindar, para asegurar su mayor desarrollo a futuro y el bienestar de las familias rurales y por ende el de nuestros Estado y nuestro país. 1. Rescate del campo mexicano. De acuerdo con la historia, la producción agraria en México registró a partir de 1965, un cambio significativo en sentido negativo, de 1965 a 1970 la producción agrícola fue del 1.8% anual, la superficie agrícola se estancó y los rendimientos disminuyeron al 2.1% anual, por lo cual el valor de la producción total agrícola decreció hasta un 0.3% anual. Las principales causas que llevaron a tener este escenario fueron la disminución de la inversión tanto pública como privada en el sector; la dificultad de acceder a crédito; la falta de una política de planeación efectiva para el sector rural; y, entre las causas estructurales, la pobreza en el medio rural, en particular ejidatarios y jornaleros; así como la propia estructura de la tenencia de la tierra. El rescate del campo mexicano requiere de un cambio de paradigma, pasando de un modelo de producción intensiva y dependiente de insumos externos, a un modelo de producción más sostenible, eficiente y resiliente, con la participación de los agricultores y la inversión pública en infraestructura y tecnología. Es decir, para llevar a cabo el rescate referido, se necesita un enfoque integral que combine medidas de apoyo a los pequeños productores, fomento de la autosuficiencia alimentaria, inversión en infraestructura rural, innovación tecnológica y promoción de la agroecología. Es crucial garantizar la estabilidad económica de los agricultores, facilitar el acceso a insumos y crédito, y promover la capacitación y la transferencia de conocimientos. Sin duda alguna, la participación de las autoridades tanto federales, estatales y municipales, en el rescate del campo es sumamente importante, además de existir diversas formas en las que pueden participar activamente en dicho rescate; ya sea a través de la implementación de programas y políticas enfocadas en la autosuficiencia alimentaria, la mejora de la productividad, y la reducción de la desigualdad en el sector agropecuario; y es que debemos tener presente que si el campo se encontrara en su mejor momento como hace muchos años, sin duda alguna podríamos reiterar que pudieran ser autosuficientes, pero para llegar a este punto necesitamos fortalecerlo. 2. Los Programas para el Campo El primer programa social diseñado específicamente para el campo mexicano fue el Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), creado en 1993. Este programa tenia como objetivo principal compensar a los productores nacionales ante las desventajas competitivas que enfrentaban debido a la apertura comercial del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El gobierno mexicano, a través del PROCAMPO, buscó mitigar el impacto negativo de la apertura comercial en el sector agrícola al ofrecer una compensación a los productores por cada hectárea o fracción de superficie sembrada con determinados cultivos. Este programa ha evolucionado a lo largo de los años, pasando de un programa presupuestario a un componente y luego a un programa de fomento, buscando cada vez más vincular los incentivos a la mejora de la productividad agrícola y el desarrollo rural integral. Los programas sociales generados para el campo mexicano tienen como finalidad mejorar la calidad de vida de los productores rurales, promover la autosuficiencia alimentaria buscando producir la mayor parte de los alimentos que se necesitan reduciendo la dependencia de las importaciones; y el desarrollo sostenible del sector agropecuario. Y esto se logra a través de la entrega de recursos directos, capacitación, acceso a tecnología y servicios, y la creación de mercado para los productos. Actualmente los gobiernos Federal y Estatal ofrecen diversos programas enfocados al sector rural, algunos de ellos implementados desde años anteriores; uno de ellos es el Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, el cual es ejecutado por el Gobierno Federal. El programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos es un programa que tiene como objetivo garantizar un precio mínimo para la venta de granos básicos como maíz, frijol, arroz y trigo, y leche a pequeños y medianos productores. Este programa busca complementar el ingreso de los productores y asegurar la disponibilidad de alimentos básicos. Los programas ofrecidos por el Gobierno Federal se encuentran dirigidos a todos los ciudadanos del país; existen reglas de operación mediante las cuales se determinan quienes son elegibles para acceder a los mismos cumpliendo con determinados requisitos. En lo particular, con respecto al Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, los beneficiarios son todos aquellos pequeños y medianos productores de granos básicos (maíz, frijol, arroz, trigo) y leche. Siendo la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y en su momento la extinta área de la Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), la dependencia responsable de llevar a cabo su ejecución; teniendo como principal objetivo del programa. • Complementar el ingreso de los productores, • Garantizar un precio mínimo (precio de garantía) para la venta de sus productos, y • Asegurar la disponibilidad de alimentos básicos. Además, con este programa el gobierno establece un precio de garantía para cada producto teniendo una mayor seguridad para los productores al tener un precio mínimo garantizado; y si el precio de mercado es menor al precio de garantía, el gobierno paga la diferencia al productor. Un factor importante de este programa es que los pagos se realizan de forma directa, sin intermediarios. 3. Los productores Guanajuatenses. El pasado 23 de abril del 2025, los integrantes de la Comisión de Fomento Agropecuario tuvimos a bien reunirnos con Productores de Maíz, Sorgo y Trigo del Estado, a efecto de poder escuchar su necesidades y requerimientos que tienen para continuar con su actividad. Una de las principales solicitudes hechas por parte de los integrantes de la Asociación “Productores del Sistema Producto Trigo del Estado de Guanajuato, A.C.”, es con respecto a que como autoridades realicemos una intervención para que, de manera urgente, se realicen los pagos pendientes que desde hace un año se adeudan a los productores que comercializaron trigo del ciclo Otoño-invierno 2023/2024 y que corresponden al incentivo para alcanzar el Precio de Garantía de trigo. Además de considerar que existe una clara discriminación en el trato inequitativo que reciben por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, ya que se han podido percatar de que en el resto de las entidades federativas que participan en dicho programa, y a se han realizado la mayoría de los pagos correspondientes; dejando al campo guanajuatense sin la entrega de dichos apoyos. Siendo importante resaltar que con esta situación exista el riesgo de que nuestros productores guanajuatenses tengan que abandonar su actividad productiva, debido a su inviabilidad. Asimismo, los productores comercializadores de trigo atendieron la reunión convocada por la SADER, el pasado 24 de Abril de 2025, en la cual la propia Secretaría confirmó la siguiente información: ESTATUS No DE EXPEDIENTES TOTAL 2,934 POSITIVOS 2,420 NEGATIVOS 514 PAGADOS 244 Como se observa de la tabla anterior, se tiene un total de 2,420 expedientes en estado positivo y de los cuales 2,176 se encuentran pendientes de pago, lo que se traduce en 2,176 productores guanajuatenses que dieron cumplimiento en tiempo y forma a los requisitos establecidos por las reglas de operación del programa, y que después de poco más de un año siguen en espera de recibir el tan necesario apoyo que debido a la descapitalización del sector agrícola, necesitan para continuar con sus actividades agrícolas. 4. Conclusiones. Sin duda alguna el sector agrario es fundamental para el desarrollo económico del país y de cualquier Estado, y primordialmente de las economías emergentes como México. Pero desafortunadamente también podemos percatarnos de la poca eficacia de las políticas públicas y de los programas sociales que se han implementado por los gobiernos. Desde el Grupo Parlamentario del PRI, es primordial mejorar la calidad de vida de nuestros agricultores y sus familias; y aunque existen diversos programas destinados al sector agrícola, también es de gran relevancia vigilar que se ejecuten de manera correcta y eficaz siempre en beneficio de quienes más lo necesitan, para que estos sean verdaderamente efectivos. El seguimiento y la evaluación de los programas permiten identificar los logros alcanzados y los desafíos enfrentados, permite además detectar cuales pueden ser los cambios que se pueden realizar a los mismos para realizar mejoras. Nos proporcionan datos valiosos sobre el impacto real de las iniciativas y nos ayudan a ajustar las estrategias para maximizar los beneficios. Sin un seguimiento adecuado, corremos el riesgo de que los recursos invertidos no generen los resultados esperados, y que las necesidades de nuestros agricultores no sean atendidas de manera efectiva. Además, el seguimiento continuo fomenta la transparencia y la rendición de cuentas. Los agricultores y las comunidades rurales tienen derecho a saber cómo se están utilizando los recursos y qué resultados se están obteniendo. La transparencia fortalece la confianza entre los beneficiarios y las instituciones encargadas de implementar los programas, creando un ambiente de colaboración y compromiso mutuo. Finalmente, el seguimiento de los programas dirigidos al campo es esencial para garantizar la sostenibilidad a largo plazo. Al evaluar el impacto de las iniciativas, podemos identificar prácticas exitosas que deben ser replicadas y áreas que requieren mejoras. Esto nos permite construir sobre los éxitos y aprender de los fracasos, asegurando que los programas evolucionen y se adapten a las necesidades cambiantes de nuestras comunidades. Y desafortunadamente ninguna de estas situaciones se han presentado ante el sentir de nuestros productores guanajuatense, ese sentir de discriminación, y de falta de apoyo por parte del Gobierno Federal. Con relación a la propuesta signada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional y, por la diputada de la Representación Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, se expone en sus consideraciones lo siguiente: El campo mexicano enfrenta actualmente un escenario complejo en materia de producción agrícola. Las condiciones climáticas han limitado severamente la disponibilidad de agua, lo que se traduce en menores rendimientos y en una creciente preocupación entre quienes dependen de la tierra para sostener su economía familiar y contribuir a la seguridad alimentaria del país. La sequía persistente y el estrés hídrico han reducido de manera sostenida la productividad de cultivos fundamentales como el maíz, el trigo y el sorgo. Adicionalmente, diversas consideraciones de índole comercial y económica afectan las perspectivas del sector. La expectativa para el año 2025 estima una producción total de 32.4 millones de toneladas de granos, cifra significativamente inferior al máximo alcanzado en 2021 . Frente a este panorama, muchas comunidades rurales se preparan para ciclos agrícolas con menor margen de maniobra. Las presas que abastecen a regiones clave del norte y noroeste del país se encuentran con niveles bajos de almacenamiento. Esta escasez limita no solo las posibilidades de siembra, sino también la permanencia de familias enteras en sus lugares de origen, donde la producción agrícola representa su única fuente de ingreso. Caso indicativo es el llamado que realizó el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas señalando que para 2025 México registrará su peor producción de granos en décadas, principalmente maíz, trigo y sorgo. La dependencia de México respecto a la importación de granos ha crecido de manera sostenida y preocupante. En el año 2000, el país importaba aproximadamente 19.8 millones de toneladas de granos; sin embargo, para el cierre de 2025, se estima que esta cifra alcance 49.6 millones de toneladas, lo que representa un incremento del 150 % en apenas un cuarto de siglo . Agrupaciones del sector han señalado que la producción de trigo cristalino y panificable ha disminuido hasta en un 70%, aumentando de forma sostenida las importaciones para cubrir la demanda interna. Observe el comportamiento de la balanza en la que es claro la tendencia creciente de importaciones en algunos productos relevantes para la dieta nacional. Este crecimiento sostenido en las importaciones no solo refleja un deterioro de la capacidad nacional para abastecer su propia demanda alimentaria, sino que también compromete los objetivos de autosuficiencia y soberanía alimentaria. La consecuencia más inmediata es la mayor vulnerabilidad del país frente a los mercados internacionales: cualquier fluctuación en los precios globales, interrupción logística o medida comercial restrictiva puede poner en riesgo el abasto nacional de alimentos básicos como el maíz, el trigo y el sorgo. Además, este patrón debilita al sector agrícola nacional, ya que desplaza a los productores mexicanos frente a la competencia de granos importados, en muchas ocasiones con subsidios en sus países de origen. A largo plazo, la falta de estímulos a la producción local reduce el interés por invertir en el campo, desalienta la renovación generacional y profundiza la migración rural. Si esta tendencia continúa, el país enfrentará mayores presiones fiscales para sostener los programas alimentarios y mayor dependencia de divisas para cubrir las necesidades internas. Por ello, revertir esta dinámica implica no solo producir más, sino hacerlo de manera estratégica, apoyando al agricultor nacional con infraestructura, financiamiento, tecnología y condiciones de mercado justas. A pesar del esfuerzo por impulsar programas como Cosechando Soberanía, centrados en alcanzar metas de producción interna para maíz, frijol y arroz, resulta oportuno ampliar el enfoque y acompañar a los productores mediante acciones más integrales. La participación activa del Estado puede marcar la diferencia entre un ciclo difícil y uno que logre sostener el ánimo productivo de quienes trabajan la tierra. El fortalecimiento de la autosuficiencia alimentaria exige no solo metas de volumen, sino también condiciones que permitan alcanzar dichas metas sin comprometer la viabilidad del campo a largo plazo. Es relevante señalar que entre 2018 y 2024, México enfrentó una caída del 9.3% en la superficie de tierra sembrada y cosechada. Este dato, reportado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), no es solo una cifra: refleja una crisis silenciosa que amenaza la soberanía alimentaria del país y deja en claro el abandono estructural al que ha sido sometido el campo mexicano . Las causas son múltiples y preocupantes. La migración, la sequía y el cambio climático han hecho cada vez más difícil la producción agrícola; el cambio de uso de suelo ha favorecido desarrollos urbanos o comerciales sobre la producción de alimentos; los altos costos de insumos contrastan con los bajos precios que reciben los productores, que muchas veces dependen de intermediarios; y los apoyos gubernamentales y los créditos siguen siendo insuficientes ante la desaparición de organismos como FINRURAL que se llevó a cabo por el gobierno federal en el sexenio previo. Estas condiciones generan un círculo vicioso: menos tierra cultivada, menos alimentos producidos localmente, más dependencia del exterior y menos empleo rural. Al perder productores, perdemos también conocimiento, identidad y autosuficiencia. Es urgente, por ello, impulsar una política integral de rescate del campo, con medidas claras y sostenidas. En este marco, resulta necesario que el Gobierno Federal impulse de manera inmediata una estrategia con varios alcances de corto y mediano plazo con acciones puntuales, dirigidas a resolver problemáticas que afectan a productores guanajuatense. Primero, de forma urgente, se requieren atender los compromisos de pago pendientes a agricultores, asimismo, es necesario acelerar el ejercicio del gasto público durante el actual ejercicio fiscal ante los rezagos registrados en el primer trimestre del año, impulsar acciones que impulsen al sector en el marco de los retos que enfrenta. Presentamos con detalle los elementos para el impulso de esta agenda: En primer lugar, en el corto plazo, resulta obligado pronunciarse sobre pagos retrasados que se registran en el programa Precios de Garantía, específicamente en el caso del trigo. El retraso en los pagos a los productores de trigo impacta directamente en la economía rural. Para muchos productores, el ingreso derivado del precio de garantía representa su principal sustento anual. El incumplimiento oportuno de estos pagos no sólo merma su capacidad para hacer frente a compromisos financieros, sino que también obstaculiza la preparación del siguiente ciclo agrícola, afectando la continuidad de la producción. Estos retrasos colocan a los pequeños y medianos productores en situación de vulnerabilidad financiera, al verse obligados a contraer deudas con tasas elevadas de interés o incluso a malbaratar su producto ante coyotes o intermediarios, contradiciendo el objetivo mismo del programa: garantizar precios justos y proteger al productor del campo frente a las distorsiones del mercado. El programa de Precios de Garantía fue concebido como una herramienta para impulsar la autosuficiencia alimentaria del país. Sin embargo, si los incentivos no se entregan oportunamente, se corre el riesgo de que los productores se vean imposibilitados de sembrar cultivos estratégicos, como el trigo, que forman parte de la canasta básica. Esto podría traducirse, a mediano plazo, en una mayor dependencia de importaciones y en un deterioro de la soberanía alimentaria. Se ha señalado que alrededor de tres mil productores estarían en este caso por lo que es un urgente una solución inmediata a esta problemática que afecta a productores guanajuatenses. Segundo. Resulta fundamental atender los rezagos que se registran en la ejecución del gasto público destinado al sector agropecuario durante el presente ejercicio fiscal. De acuerdo con el Informe Trimestral sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondiente al primer trimestre de 2025, se observa una reducción real superior al 30% en las asignaciones presupuestales al sector agropecuario en comparación con el año previo . Aunado a ello, el propio informe revela que existen mil millones de pesos que, hasta el momento, no se han ejercido conforme al calendario programado. En un contexto en el que el campo mexicano enfrenta retos estructurales y coyunturales —como la volatilidad de precios, la sequía y la falta de acceso a financiamiento—, la falta de ejecución oportuna del gasto público compromete no sólo el cumplimiento de metas institucionales, sino también el bienestar de millones de familias rurales que dependen directamente de estas acciones gubernamentales. Por ello, es indispensable establecer mecanismos de seguimiento más eficaces que garanticen la aplicación puntual y transparente de los recursos asignados al sector agropecuario, así como evaluar las causas que están generando estos rezagos para corregirlos de inmediato. Tercero. Se requiere invertir en infraestructura rural para la captación, almacenamiento y distribución eficiente del agua. Tecnologías como sistemas de riego tecnificado, obras de retención pluvial y rehabilitación de canales pueden marcar la diferencia en zonas donde la producción depende completamente del temporal o de cuerpos de agua hoy reducidos al mínimo. En este marco, se vuelve indispensable acompañar técnicamente a las comunidades productoras. Capacitar en prácticas agroecológicas, uso eficiente del agua y manejo de suelos representa una inversión con efectos de largo plazo. Las universidades, institutos de investigación y los propios organismos públicos del sector pueden jugar un papel clave en la difusión de modelos productivos resilientes al cambio climático. Finalmente, es momento de establecer un fondo extraordinario de financiamiento preferencial para pequeños y medianos productores, a través del cual puedan mantener sus actividades sin caer en endeudamientos que comprometan su permanencia en el campo. Este apoyo debe contemplar esquemas de crédito flexible, seguros agrícolas adaptados al riesgo climático y subsidios directos para la adquisición de insumos estratégicos. Este momento representa una oportunidad para avanzar hacia un modelo de producción que no solo reaccione ante la escasez, sino que construya resiliencia, preserve la dignidad del trabajo rural y permita que quienes viven del campo encuentren certezas en su esfuerzo diario. Apostar por el campo no significa únicamente garantizar alimentos, sino también asegurar un presente más justo y un futuro compartido con quienes, desde la tierra, sostienen a México. La tierra necesita manos jóvenes, inversión pública y voluntad política para asegurar que siga siendo fuente de vida, trabajo y dignidad para millones de mexicanas y mexicanos. Consideraciones de la Comisión de Fomento Agropecuario. La primera propuesta tiene como objetivo exhortar al Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural Federal, para que de manera urgente y en el ámbito de sus atribuciones revisen el estatus de los pagos pendientes a productores comercializadores de trigo que fueron beneficiarios del Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos ciclo otoño-invierno 2023/2024 que pertenezcan al Estado de Guanajuato, y en su caso ejerzan las acciones necesarias para que se concrete la entrega de los pagos pendientes a los productores guanajuatenses. Con relación a la segunda propuesta, se propone el exhorto a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural impulse las siguientes acciones: Primero. Para que se resuelva con carácter urgente los retrasos en los pagos derivados del programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, específicamente para productores guanajuatenses. En ese alcance, respetuosamente se solicita que se dispongan las medidas necesarias para asegurar la liberación de los recursos, así como la implementación de mecanismos administrativos eficaces que garanticen la dispersión puntual, transparente y sin dilaciones de los apoyos económicos comprometidos. Segundo. Para que se adopten las medidas necesarias que permitan corregir los rezagos identificados en la ejecución del gasto público asignado al sector agropecuario durante el ejercicio fiscal 2025, a fin de garantizar el cumplimiento del calendario presupuestal y asegurar la aplicación eficaz, oportuna y transparente de los recursos públicos, en beneficio de las y los productores del campo. Tercero. Para que, con carácter prioritario, diseñe e implemente un Programa Nacional de Respaldo al Campo, orientado a atender de manera integral los desafíos que actualmente enfrentan las actividades agropecuarias como consecuencia del cambio climático y de las condiciones adversas del mercado nacional e internacional. El programa deberá incluir financiamiento accesible y con condiciones justas para pequeños y medianos productores; incentivos para prácticas agrícolas sostenibles que protejan el suelo y optimicen el uso del agua; apoyo técnico especializado en zonas vulnerables al cambio climático; y mecanismos de compra pública de cosechas a precios justos, con el objetivo de garantizar ingresos dignos, fortalecer la autosuficiencia alimentaria y consolidar el papel estratégico del campo mexicano en el desarrollo nacional. Atendiendo a los alcances de ambas propuestas de punto de acuerdo, consideramos que persiguen un objetivo común, en cuanto al llamado a las autoridades correspondientes a que realicen los pagos pendientes a los productores de trigo para el ciclo otoño-invierno 2023/2024. Adicionalmente, la propuesta signada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y la Representación Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, complementan su propuesta, adicionando temas como la eficiencia del gasto público y la gestión de riegos oportuna para proteger al sector agrícola; tópicos que sin duda son de la mayor importancia. Sin embargo, relativo al objetivo común es fundamental puntualizar que de acuerdo con la información proporcionada por la Oficina de Representación en la Entidad Federativa Guanajuato SADER, de los 2,378 expedientes susceptibles de pago ya se han cubierto 2,258 lo que representa el 95%, quedando pendiente el 5% que en términos nominales equivale a 120 expedientes. En razón de lo anterior, esta Comisión considera factible que la redacción del punto de acuerdo se modifique en función del contexto actual, es decir, solo hacer un llamado a la autoridad correspondiente a que a la brevedad posible realice los 120 pagos pendientes. Por otra parte, consideramos que las propuestas adicionales, citadas con anterioridad son necesarias, toda vez que busca prevenir el retraso de los pagos del programa de precios de garantía para los nuevos ciclos agrícolas, con base en la eficiencia del gasto público destinado a este tema. Asimismo, consideramos que la gestión de riesgos asociados al sector agrícola a través del diseño de un Programa Nacional de Respaldo al Campo es esencial, ya que la volatilidad e incertidumbre son variables que pueden afectar severamente a los productores agrícolas si estas no se atemperan con acciones, estrategias y programas preventivos. Es así que, a través del presente dictamen, buscamos se atienda a los productores que no han recibido el pago que les corresponde, prevenir estos retrasos administrativos y además proteger al sector a través de un programa que contemple la protección ante la incertidumbre que representa el cambio climático y la volatilidad de mercado. Somos conscientes que toda acción que fortalezca al campo se verá traducida en mejoras en el bienestar social porque se contribuye a la garantía del derecho a una alimentación adecuada y nutritiva. Agenda 2030. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible se rigen por tres principios fundamentales: no dejar a nadie atrás; una agenda universal, pero de apropiación nacional; y una agenda integral. Ahora bien, sabedores de que el Poder Legislativo como parte del Estado mexicano, tiene una responsabilidad fundamental en el compromiso adquirido para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 metas, a través de las cuatro dimensiones de acción, a saber: 1. Creación y reforma de leyes; 2. Seguimiento a la planeación y al presupuesto; 3. Promoción de la participación ciudadana; y 4. Monitoreo de la actividad gubernamental. Destacamos que este dictamen tiene incidencia en el objetivo 12. GARANTIZAR MODALIDADES DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLES. Con fundamento en los artículos 186 y 218 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos someter a la aprobación de la Asamblea, el siguiente: A C U E R D O Único: La Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano del Estado de Guanajuato acuerda girar un atento exhorto a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Federal, para que de manera urgente y en el ámbito de sus atribuciones realicen los 120 pagos pendientes a productores de trigo del Estado de Guanajuato que fueron beneficiarios del Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos ciclo otoño-invierno 2023/2024. De igual manera, deberán adoptarse las medidas necesarias para la creación de un Programa Nacional de Respaldo al Campo, concebido como un instrumento integral de política pública que articule acciones de prevención, adaptación y mitigación frente a los efectos del cambio climático, así como mecanismos de protección frente a las condiciones adversas del mercado nacional e internacional. Dicho programa deberá atender la totalidad de la cadena de valor agropecuaria —producción, transformación, comercialización y distribución—, garantizando esquemas de financiamiento accesible, seguros agropecuarios contra contingencias climáticas, infraestructura resiliente, incentivos a la innovación tecnológica y salvaguardas que fortalezcan la competitividad de los productores nacionales en un entorno global. Guanajuato, Gto., 4 de septiembre de 2025 La Comisión de Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario Diputada Rocío Cervantes Barba Diputado Roberto Carlos Terán Ramos Presidente Secretario Diputada Noemi Márquez Márquez Diputada Plásida Calzada Velázquez Vocal Vocal Diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor Vocal LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN QUE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL Y FOMENTO AGROPECUAIO PRESENTA AL PLENO DEL CONGRESO, DE DOS PROPUESTAS DE PUNTO DE ACUERDO (ELD 123/LXVI-PPA y ELD 126/LXVI-PPA).