C. DIPUTADA MIRIAM REYES CARMONA PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO P R E S E N T E. A la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones le fue turnada para su estudio y dictamen la propuesta de punto de acuerdo suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y por la diputada de la Representación Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática a efecto de exhortar al Congreso de la Unión para que, en observancia al principio de Parlamento Abierto, se garantice un proceso legislativo amplio, plural e incluyente en torno a la iniciativa de reforma a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Dicho proceso deberá asegurar la incorporación sustantiva de las distintas posturas expresadas durante el desarrollo del ejercicio participativo, integrando, con objetividad y rigor técnico, la diversidad de perspectivas, incluidas aquellas que han señalado ambigüedades, insuficiencias normativas y riesgos para el orden constitucional. Asimismo, para que el proceso de dictaminación considere de manera integral y sistemática los argumentos, visiones y análisis compartidos en el marco del Parlamento Abierto, a fin de garantizar que la reforma se sustente en principios de legalidad, seguridad jurídica, proporcionalidad y respeto a los derechos fundamentales, y que su contenido normativo sea coherente con los estándares constitucionales e internacionales aplicables en materia de libertad de expresión, acceso a la información, protección de datos personales, derechos digitales y derechos de los pueblos y comunidades indígenas. ELD 138/LXVI-PPA Analizada la propuesta de punto de acuerdo de referencia, esta Comisión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 89 -fracción V-, 119 -fracción IV- y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, rinde el dictamen con base en las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S Proceso Legislativo. En sesión ordinaria del 22 de mayo de 2025 se turnó a la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones la propuesta de punto de acuerdo formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y la diputada de la Representación Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 119 -fracción IV- de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. En reunión de la Comisión de fecha 4 de junio de 2025 , se radicó la propuesta de punto de acuerdo por quienes integramos la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones. Asimismo, se sometió a análisis recabándose los siguientes comentarios: El diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor apuntó que: Reconocemos la labor del Senado de la República en implementar un parlamento abierto donde se escucha a los especialistas para que en el proceso de dictaminación se considere de manera integral y sistemática los argumentos, visiones y análisis compartidos en dichos ejercicios de consulta, a fin de garantizar que la reforma se sustente en principios de legalidad, seguridad jurídica, proporcionalidad y respeto a los derechos fundamentales y que su contenido normativo sea coherente con los estándares constitucionales e internacionales en materia de libertad de expresión, acceso a la información, protección de datos personales, derechos digitales y derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Dicho lo anterior, consideró que, en el dictamen del punto de acuerdo, se reconozcan los trabajos del Parlamento Abierto que se están realizando entorno a la iniciativa de reforma a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El diputado Erandi Bermúdez Méndez apuntó que: El acuerdo versará de la siguiente forma: Único. La Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso Libre y Soberano de este Estado, efectúa un respetuoso exhorto al Congreso de la Unión para que, en el proceso legislativo de la iniciativa de reforma de ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, asegure las incorporaciones sustantivas de las distintas posturas expresadas durante el desarrollo del ejercicio participativo de Parlamento Abierto, integrando con objetividad y rigor técnico la diversidad de perspectivas. Asimismo, para que el proceso de dictaminación considere de manera integral y sistemática los argumentos, visiones y análisis compartidos en el marco de dicho parlamento abierto, a fin de garantizar que la reforma se sustente en principios de legalidad, seguridad jurídica, proporcionalidad y respeto a los derechos fundamentales y que su contenido sea normativo, sea coherente con los estándares constitucionales e internacionales aplicables en materia de libertad de expresión, acceso a la información, protección de datos personales, derechos digitales, derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Agotado el análisis, la presidencia de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones instruyó a la secretaría técnica la elaboración del proyecto dictamen en sentido positivo, con fundamento en los artículos 94 -fracción VII- y, 272 -fracción VIII, inciso e- de Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. Contenido de la propuesta de punto de acuerdo. Quienes integramos la comisión dictaminadora, referenciamos los alcances sobre el cual versa la propuesta: «Como es del conocimiento público, el gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum impulsó una reorganización institucional de corte centralista a partir de diciembre de 2024, cuando el Congreso de la Unión aprobó la extinción de diversos órganos constitucionales autónomos, entre ellos el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). En su lugar fue creada la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, dotada de rango de Secretaría de Estado El pasado 23 de abril, la titular del Poder Ejecutivo Federal remitió al Senado de la República una iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Pese a su trascendencia, el dictamen respectivo fue aprobado en comisiones sin un debate parlamentario sustantivo. Dicha circunstancia motivó la legítima preocupación de diversas organizaciones nacionales e internacionales, que han advertido sobre la necesidad de un análisis exhaustivo, fundado y técnicamente riguroso del contenido de la propuesta. Desde el grupo parlamentario de Acción Nacional, se ha manifestado una seria inquietud ante lo que se configura como una tentativa de una concentración de facultades sustantivas en materia digital y de comunicaciones bajo la órbita exclusiva del Ejecutivo Federal, sin los contrapesos institucionales que exige el principio de división de poderes. Esta pretensión, sustentada en criterios jurídicamente imprecisos, compromete el equilibrio democrático y la garantía efectiva de derechos fundamentales. La fortaleza de la democracia radica en la existencia de instituciones autónomas y de una opinión pública libre e informada. Durante décadas, el Estado mexicano ha construido un andamiaje normativo orientado a impedir regresiones autoritarias, particularmente en sectores estratégicos como las telecomunicaciones. Hoy, ese diseño institucional se encuentra en riesgo ante iniciativas que buscan dar continuidad a una agenda de debilitamiento sistemático de los órganos garantes, de captura del Congreso y de supresión del pluralismo democrático. En este contexto, resulta preocupante que la iniciativa se justifique bajo el argumento de revisar los contratos publicitarios del gobierno norteamericano, cuando en realidad sugiere una intención más profunda: suplantar el papel de los medios de comunicación como instancias fiscalizadoras por una función subordinada al poder político. Esta reconfiguración normativa amenaza con transmutar el derecho a la información en un instrumento de propaganda gubernamental. El pacto federal impone a las legislaturas locales el deber de salvaguardar el pluralismo informativo y de impedir cualquier tentativa del Ejecutivo Federal por imponer restricciones arbitrarias al debate público. Bajo este principio, el diseño institucional no puede prestarse a que los medios de comunicación sean cooptados para fines partidistas o ideológicos. Si bien se reconoce la eliminación del artículo 109 en la versión más reciente de la iniciativa, persiste la preocupación por otras disposiciones que permiten facultades amplias a la Agencia sin delimitaciones legales claras. Cualquier restricción a la libertad de expresión debe estar sujeta a un control judicial estricto, sustentado en la legalidad, necesidad y proporcionalidad, lo que aún no se encuentra garantizado plenamente en el texto restante de la propuesta. Se ha compartido que, por ejemplo, en cuanto al contenido del artículo 3 de la iniciativa, relativo a las plataformas digitales, se advierte que su redacción presentaría elementos de ambigüedad normativa que podrían dar lugar a interpretaciones extensivas o erróneas en cuanto al ámbito de aplicación de la ley. En particular, preocupa que no se delimite con precisión el alcance de las disposiciones aplicables a los servicios digitales, ni se establezcan con claridad los criterios que distingan entre los distintos tipos de plataformas tecnológicas involucradas en el ecosistema digital. Tal omisión genera incertidumbre jurídica respecto de las obligaciones regulatorias que podrían imponerse a agentes económicos que actualmente no se encuentran comprendidos dentro del régimen previsto para los servicios de telecomunicaciones o radiodifusión, con el consecuente riesgo de sobre-regulación, invasión de competencias o afectación desproporcionada a derechos fundamentales. En atención al principio de legalidad y al deber de certeza normativa, resulta indispensable que el texto de dicho precepto sea revisado para establecer definiciones claras, límites objetivos y criterios diferenciadores que permitan distinguir entre servicios de infraestructura, intermediación, alojamiento de contenidos y plataformas de comunicación pública digital, conforme a los estándares internacionales en la materia. En concordancia con la eliminación del artículo 109 debería realizarse la adecuación correspondiente. Así mismo, la reforma prevé que la Agencia tenga la facultad de “expedir los lineamientos para el registro de usuarios del servicio móvil, que estará a cargo de los concesionados y, en su caso, autorizados de dicho servicio y será de observancia obligatoria”. De este modo, sin exponer motivos, la iniciativa parece retomar este registro, similar al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2022. De igual forma, las iniciativas de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, pendientes en la Cámara de Diputados, también contemplan la creación de una base de datos similar, aunque la nombran de otra manera. La ley de telecomunicaciones no indica a qué se refiere este “registro de usuarios del servicio móvil”, pero sí faculta a la Agencia a permitir a las autoridades la consulta de este registro “conforme a los criterios y condiciones que establezca la Agencia en los lineamientos para tal efecto”. Nuevamente, se deja a la discrecionalidad de la dependencia definir qué autoridades podrán acceder a esta información y bajo qué procedimientos y con qué salvaguardas, lo cual debería definirse desde la ley. Otra disposición que requiere revisarse se refiere al artículo 161 brinda la facultad a las instancias de seguridad pública federales y de seguridad nacional” para fabricar, comercializar, adquirir, instalar, portar y operar equipos que bloqueen, cancelen o anulen señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen, en cumplimiento de sus atribuciones. La falta de claridad respecto de a qué supuestas atribuciones se hace referencia, abre la puerta a que autoridades pretendan llevar a cabo restricciones arbitrarias de los servicios de telecomunicaciones como los “apagones de Internet”, cuyos graves efectos en los derechos humanos han sido ampliamente documentados. Como puede advertirse, el asunto no es menor. Desde Acción Nacional hacemos un llamado para que el Congreso de la Unión considere una discusión más amplia e incluyente antes de aprobar la Ley Federal en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el fin de corregir y subsanar las disposiciones que aún vulneran principios constitucionales y estándares internacionales. Los términos actuales de la ley conllevan riesgos graves para los derechos a la libertad de expresión, la privacidad y la seguridad de las personas, por lo que el Congreso debe actuar con responsabilidad para aprobar una iniciativa que respete y garantice los derechos humanos de las y los mexicanos. Esa es la razón por la cual planteamos como imperativo el presente exhorto, a efecto de asegurar que el marco jurídico respete la libertad de expresión y el derecho a la información, como derechos sociales esenciales que exigen participación ciudadana y acceso a información veraz, plural y oportuna. La iniciativa de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, tal como ha sido formulada, constituye un intento por consolidar un régimen autoritario, más cercano a modelos de control estatal incompatibles con una democracia constitucional basada en la representación plural, la deliberación pública y el ejercicio de derechos.» Consideraciones de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones. La propuesta tiene como objetivo exhortar al Congreso de la Unión para que, en el proceso legislativo de la iniciativa de reforma de ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, asegure las incorporaciones sustantivas de las distintas posturas expresadas durante el desarrollo del ejercicio participativo de Parlamento Abierto, integrando con objetividad y rigor técnico la diversidad de perspectivas. Asimismo, para que el proceso de dictaminación considere de manera integral y sistemática los argumentos, visiones y análisis compartidos en el marco de dicho parlamento abierto, a fin de garantizar que la reforma se sustente en principios de legalidad, seguridad jurídica, proporcionalidad y respeto a los derechos fundamentales y que su contenido sea normativo, sea coherente con los estándares constitucionales e internacionales aplicables en materia de libertad de expresión, acceso a la información, protección de datos personales, derechos digitales, derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Coincidimos con las consideraciones de los proponentes, respecto a la imperiosa necesidad de salvaguardar el derecho de la ciudadanía a participar en un proceso legislativo de la mayor trascendencia, toda vez que la discusión legislativa impacta en derechos humanos fundamentales, como la libertad de expresión, la privacidad y la seguridad de las personas, los cuales, deben resguardarse conforme a lo más altos estándares en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Es fundamental reconocer al Senado de la República, la virtud de encauzar el estudio y análisis del dictamen de la propuesta de reforma, ya que el 25 de abril de 2025, fue devuelto a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos con el objeto de que pueda ser reformulado y, en su caso, se incorporen las observaciones que resulten de los conversatorios con los sectores involucrados. Al respecto, el 29 de abril de 2025; la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, emitió un acuerdo por el que se autorizó el formato para los conversatorios de análisis y propuesta del dictamen por el que se expide la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radio Difusión y se abroga la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión vigente, en los siguientes términos: «PRIMERO.- La Junta de Coordinación Política del Senado de la República, a través de las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, desarrollarán conversatorios relativos a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión y se abroga la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, enviada por la Titular del Poder Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo a esta Soberanía el 23 de abril de 2025. SEGUNDO.- A los conversatorios de las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos acudirán las personas ponentes, los grupos parlamentarios a través de las coordinaciones y las vicecoordinaciones acreditadas ante el órgano de gobierno y para el auxilio técnico los enlaces de los grupos parlamentarios. Los grupos parlamentarios podrán intercambiar la acreditación a la que tiene derecho a favor de la senadora o el senador que por el perfil quisiere participar en los conversatorios. TERCERO.- El formato de los conversatorios será el siguiente: 1. Bienvenidas de las Presidencias de las Comisiones Unidas. 2. Presentación del moderador de las personas ponentes. 3. Intervención de las personas ponentes hasta por 5 minutos. 4. Si las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos hubieren acordado la participación de más de seis ponentes, se seguirá el orden y por el tiempo establecido. 5. Terminadas las intervenciones anteriores, las senadoras y senadores de las comisiones por grupos parlamentarios en orden ascendente, podrán formular preguntas directas a las personas ponentes hasta por 3 minutos; concluidas las preguntas a cargo de los senadores y senadoras, las personas ponentes tomarán la palabra en el orden mencionado para responder hasta por 5 minutos. 6. Acto seguido, se consultará al pleno de las Comisiones Unidas si es necesario realizar otra ronda de participaciones. Si la respuesta es positiva, se acordará que cada ponente en el orden de sus participaciones pudiere hacer una segunda intervención de 5 minutos o bien que las senadoras y los senadores les formulen preguntas que serán respondidas en el orden y tiempo establecidos en el párrafo anterior. 7. Concluido lo anterior, se declarará terminando el conversatorio respectivo. La moderación será determinada y comunicada con antelación. CUARTO.- En caso necesario, el moderador podrá intervenir libremente para propiciar el debate, ilustrar sobre la claridad del mensaje, llamar al orden y evitar interrupciones durante la exposición de las ideas; en todo caso, su intervención será con igualdad en el trato y respeto al tiempo total asignado a cada una de las personas ponentes. QUINTO.- Se habilitará un micrositio para efecto de que la ciudadanía pueda acceder y darle seguimiento a los conversatorios, así como enviar sus preguntas respecto al tema. De las intervenciones de las personas ponentes en todos los conversatorios, se levantará versión estenográfica que se publicará en el micrositio. También se emitirán boletines de prensa, videos resúmenes y demás documentos audiovisuales y gráficos que sinteticen las deliberaciones y, en su caso, las conclusiones del conversatorio, para su mayor difusión, por los medios institucionales al alcance. SEXTO.- Se instruye a la Secretaría General de Servicios Administrativos de la Cámara de Senadores a brindar los apoyos técnicos, administrativos y logísticos para el desahogo de los conversatorios de parlamento abierto de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión a que se refiere el presente acuerdo. SÉPTIMO.- Para solicitar la participación en los conversatorios, las personas interesadas, administradoras, directoras, representantes y ejecutivas de alta dirección de empresas relacionadas con el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión, así como organizaciones académicas, medios de comunicación, entidades públicas y personas expertas en las materias o temas que se traten, podrán solicitar su registro en el micrositio que se habilite para tal efecto. En las solicitudes se indicará su nombre, cargo, curricula, organización a la que representa, conversatorio y tema específico sobre el que desea participar. Entregará una sinopsis de su participación y demás requerimientos. La fecha límite para el registro, así como para recibir documentos de las personas que soliciten participación en los conversatorios y, en su caso, la remisión de propuestas, presentaciones y material informativo será definida con tres días de anticipación a la realización de los conversatorios programados. A propuesta de los grupos parlamentarios, las Comisiones Unidas, a través de sus presidencias, podrán realizar la invitación directa a personas ponentes a los conversatorios. OCTAVO.- Las fechas de los conversatorios, así como los temas, serán las siguientes: A) TEMA: ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. • La regulación en telecomunicaciones y radiodifusión. • Políticas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. • Colaboración con la justicia. Fecha: 8 de mayo de 2025 B) TEMA: COBERTURA SOCIAL Y ACCESO AL ESPECTO RADIOELÉCTRICO. • Fomento a la cobertura social. • Nuevas formas de acceder al espectro. • Fortalecimiento de los pequeños operadores y redes comunitarias. • Política satelital. Fecha: 13 de mayo de 2025. C) TEMA: SERVICIOS DIGITALES. • Contenidos. • Publicidad extranjera. • Infraestructura. • Streaming. Fecha: 15 de mayo de 2025. D) TEMA: EL SERVICIO PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN. • Concesión única. • Uso comercial. • Uso público. • Uso social comunitario. • Uso social indígena. • Uso social afromexicano. • Uso social genérico. Fecha: 20 de mayo de 2025. E) TEMA: DERECHOS DE LOS USUARIOS Y AUDIENCIAS. • Derechos. • Programación. • Publicidad. • Mecanismos de protección. Fecha: 22 de mayo de 2025. NOVENO.- Las Comisiones Unidas comunicarán en su oportunidad en la Gaceta Parlamentaria los horarios de los conversatorios. De acuerdo con la información disponible, las Comisiones Unidas comunicarán el tipo de modalidad presencial, semipresencial o virtual en que se realizarán los conversatorios. Los grupos parlamentarios promoverán, en los términos de los acuerdos respectivos, la participación de las senadoras y los senadores durante el desarrollo del calendario de los conversatorios. DÉCIMO.- Para la máxima publicidad los conversatorios serán transmitidos a través del canal del Congreso, las distintas plataformas digitales y se invitará a los medios de comunicación en general. DÉCIMO PRIMERO.- Cualquier situación no prevista en el presente acuerdo, será resuelta por las Juntas Directivas de las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos. DÉCIMO SEGUNDO.-Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.» Con base en lo anterior, podemos afirmar que el Senado de la República fue exhaustivo en la generación de mecanismos de participación ciudadana tales como los conversatorios y el micrositio diseñado para captar la participación general de la ciudadanía. Lo cual resulta loable, no obstante, es fundamental garantizar que los comentarios y observaciones recabadas durante el proceso de escucha, realmente se impacten en el dictamen que generen las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, a efecto de generar un marco normativo en la materia que tome en cuenta todas las voces posibles. De no hacerlo, el proceso quedaría incompleto y la legitimidad necesaria para producir una ley de tal envergadura se verá seriamente afectada. Es necesario referir que se debe poner especial atención respecto de las obligaciones regulatorias que podrían imponerse a agentes económicos que actualmente no se encuentran comprendidos dentro del régimen previsto para los servicios de telecomunicaciones o radiodifusión, con el consecuente riesgo de sobre-regulación, invasión de competencias o afectación desproporcionada a derechos fundamentales. En atención al principio de legalidad y al deber de certeza normativa, por lo que resulta indispensable que el texto normativo establezca definiciones claras, límites objetivos y criterios diferenciadores que permitan distinguir entre servicios de infraestructura, intermediación, alojamiento de contenidos y plataformas de comunicación pública digital, conforme a los estándares internacionales en la materia. Por último, esta Comisión ha reflexionado que el producto legislativo a elaborar por el Congreso de la Unión debe proteger irrestrictamente la libertad de expresión, privacidad, acceso a la información, protección de datos personales, derechos digitales y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, incluir las aportaciones de la ciudadanía y contemplar las mejores prácticas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión con el propósito de contar con un marco normativo moderno e innovador que maximice los beneficios para todas y todos los mexicanos. Agenda 2030. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible se rigen por tres principios fundamentales: no dejar a nadie atrás; una agenda universal, pero de apropiación nacional; y una agenda integral. Ahora bien, sabedores de que el Poder Legislativo como parte del Estado mexicano, tiene una responsabilidad fundamental en el compromiso adquirido para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 metas, a través de las cuatro dimensiones de acción, a saber: 1. Creación y reforma de leyes; 2. Seguimiento a la planeación y al presupuesto; 3. Promoción de la participación ciudadana; y 4. Monitoreo de la actividad gubernamental. Destacamos que este dictamen tiene incidencia en el objetivo 16. PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS. Con fundamento en los artículos 171 y 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos someter a la aprobación de la Asamblea, el siguiente: A C U E R D O Único. La Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso Libre y Soberano de este Estado, efectúa un respetuoso exhorto al Congreso de la Unión para que, en el proceso legislativo de la iniciativa de reforma de ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, asegure las incorporaciones sustantivas de las distintas posturas expresadas durante el desarrollo del ejercicio participativo de Parlamento Abierto, integrando con objetividad y rigor técnico la diversidad de perspectivas. Asimismo, para que el proceso de dictaminación considere de manera integral y sistemática los argumentos, visiones y análisis compartidos en el marco de dicho parlamento abierto, a fin de garantizar que la reforma se sustente en principios de legalidad, seguridad jurídica, proporcionalidad y respeto a los derechos fundamentales y que su contenido sea normativo, sea coherente con los estándares constitucionales e internacionales aplicables en materia de libertad de expresión, acceso a la información, protección de datos personales, derechos digitales, derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Guanajuato, Gto., 20 de junio de 2025 La Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones Diputado José Erandi Bermúdez Méndez Diputado Alejandro Arias Ávila Presidente Secretario Diputado Rolando Fortino Alcantar Rojas Diputada Martha Edith Moreno Valencia Vocal Vocal Diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor Vocal LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN DE LA PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO CON EXPEDIENTE LEGISLATIVO DIGITAL 138/LXVI-PPA, QUE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y COMUNICACIONES PRESENTA AL PLENO DEL CONGRESO.