- Diputado José Erandi Bermúdez Méndez - - Gracias, diputada, Presidenta, buenos días, compañeras y compañeros legisladores el día de hoy, vengo a presentar una iniciativa, que lo que pretende es este beneficiar a quienes presan el servicio de Seguridad Pública Municipal o Estatal y permítanme iniciar esta presentación con un par de preguntas que no son retóricas, sino más bien estructurales, ¿Cuál es el pasivo laboral de las instituciones en nuestro sector público? ¿Cuál es esa contingencia en el caso de los municipios que tenemos muchos problemas, por ejemplo? Y esta respuesta no es sencilla, podemos observar muchos municipios que al día de hoy tienen muchos problemas en ello, pero no por compleja que es, debemos de seguir postergando la dejándola al paso del tiempo y a que sean los abogados y la indefinición de donde están nuestros policías municipales estén sucediendo o quienes más bien ya no están prestando el servicio, más aún, una de esas preguntas que si enfrentan con responsabilidad desde el ámbito legislativo, terminan por convertirse, lamentablemente, en cargas insostenibles para la autoridad, tanto para la administración pública, como también para las personas que dedican su servicio en una función fundamental al Estado, que es la seguridad. Esta iniciativa que hoy se somete a consideración tiene una doble vocación, la primera es institucional y la segunda, y es más importante, es la humana. - En primer lugar, proponemos dotar a las instituciones del sector público de herramientas jurídicas que le permitan a ellos contar con un control racional y preventivo. Sobre las obligaciones de carácter laboral, específicamente aquellas que generen por decisiones en tomo de toma personal en funciones de nuestra seguridad pública. - Hablamos de anticiparse a la generación de pasivos laborales, que es lo que mucho le afecta a las finanzas públicas de los municipios y por ende a los ciudadanos de ellos, porque de esto depende el que hay inversión o no en estos municipios. - No sólo comprometen los presupuestos futuros de una administración a la otra, como lo vemos cada 3 años, sino que minan, lamentablemente, la estabilidad operativa de nuestros cuerpos de seguridad. Pero tan importante como el orden administrativo es la certeza jurídica del personal que desempeña estas funciones y por eso les decía que la parte humana es lo que tenemos que privilegiar a quienes se enfrentan diariamente a riesgos, no podemos ofrecerles incertidumbre muchas veces cuando alguien llega a solicitar un trabajo, quieres saber cuáles son sus prestaciones laborales y dejar esta parte a quienes dan su vida por proteger la vida de sus familias y de todas y de todos nosotros y estar en esa indefinición también hay que entender por qué luego el trabajo que realizan ellos no lo realizan con todo el compromiso, porque tampoco existe un respaldo de la autoridad, que vele por sus intereses, que vele por sus familias y que vele realmente por la seguridad de ellos qué es lo más importante, esta reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato aspira a establecer reglas claras y objetivas y con transparencia, reglas que nos permitan actuar con responsabilidad, pero lo más importante, con humanidad, se trata tanto de proteger las finanzas públicas para limitar contingencias laborales y que no estos pasivos no se vayan heredando administración tras administración y también dignificar el servicio público y en particular, el servicio que presenta quienes se encargan de cuidarnos, de cuidar nuestras calles a nuestros hijos y a nuestras familias, nuestra paz, hoy más que nunca, se requiere de que la ley sea un instrumento de orden, pero también de justicia, de una justicia social que requieren los elementos de seguridad que permitan anticipar conflictos y contener riesgos y ofrecer una certidumbre. - Recordemos que si bien las demandas laborales tienen un tiempo para poder ser resueltas, bueno, tenemos que traer también a nuestra ley este tipo de instrumentos que nos permitan tanto a quienes ofrecen el servicio de seguridad como la autoridad esta certeza y propongo discutir esta propuesta con dos enfoques la primera, reconocer que las instituciones públicas en particular, enfatizó, en el caso de los municipios que conozco con detalle por los retos que día a día enfrentan, necesitan herramientas de previsión para evitar que una contingencia laboral deteriore la atención, primero, de la función de seguridad pública y segundo, las finanzas de este asimismo, el personal de seguridad necesita y debemos de darle una certeza, conocer con anticipación cuáles son las prestaciones laborales a las que tiene derecho y que no es un privilegio, sino un principio fundamental y elemental de justicia y de legalidad, y que ahí es donde tenemos que velar por ellos, por quienes dan su vida, por este Estado y por los 46 municipios. - La previsión en trato laboral no sólo genera confianza en la institución, sino que fortalece el compromiso de quienes día a día arriesgan su integridad para proteger a la ciudadanía, dotar de claridad normativa, a una situación que no sólo es una exigencia administrativa, es un acto que va más allá es un acto de respeto y de reconocimiento a la labor que hacen nuestros policías, un respeto a su labor y expresión concreta de un Estado de derecho y sobre todo, de un Estado más humano a 100 hacia quienes trabajan para nuestro Estado en una última instancia actuar con la convicción de que contener contingencias financieras y garantizar justicia laboral, no son ni deben de ser nunca valores que tengan un conflicto, muchas veces creemos que son 2 valores que van en contra y no, los 2 tenemos que armonizar los y por eso es esta iniciativa de ley. - La convicción, la convicción de tener estas contingencias financieras y garante y garantías laborales es algo que tenemos que trabajar sin son principios que nos deben de regir en nuestro actuar si coincidimos en este punto de partida todas y todos, estimo que habremos trazado una base común para exigir para examinar integralmente la propuesta que hoy estamos presentando y les quiero leer brevemente si me lo permite todavía el tiempo derivado a lo anterior planteado es que se propone reformar el artículo 50 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública en el Estado de Guanajuato, cuando se trate del pago de indemnización por despido injustificado, agregando que la persona ex integrante de la institución de Seguridad Pública tendrá el derecho a recibir en tres meses de salario base, así como el pago de las demás prestaciones que perciba por las prestaciones de sus servicios, las cuáles se computarán desde la fecha, de su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio hasta por un periodo máximo de 12 meses. - Lo que queremos es que nuestros elementos el día de mañana no estén en el limbo y no estén pensando qué llevar de comer a su casa en esta indefinición de ¿Si voy a tener seguridad social cuando ya no esté trabajando? De ¿Si voy a tener como poder seguir sosteniendo a mi familia? Después de que ya no esté laborando aquí y por eso lo que queremos es presentarles a todas y todos ustedes esta iniciativa que estaremos analizando y que les pediremos más adelante el análisis, la revisión y sobre todo el acompañamiento para todas y todos quienes dan su vida por sus familias, por nosotros en las calles y por este Estado de Guanajuato. Gracias, compañeras, compañeros, es cuanto que tenga excelente día.