- Diputada Plásida Calzada Velázquez - - Muchas gracias, diputada, Presidenta, con su venia y de la Mesa Directiva saludamos con mucho respeto a los integrantes de esta Sexagésima Sexta Legislatura, damos también la más cordial de las bienvenidas a todos los alumnos que en este día nos acompaña en su casa, el Congreso del Estado de Guanajuato, puntualmente a los medios de comunicación que día a día hacen esa labor de cubrir las actividades dentro de este recinto legislativo. - Comparezco el día de hoy ante esta soberanía para exponer lo siguiente, hemos presentado un significativo avance en nuestras leyes, pues tenemos ya escritos los derechos de pueblos y comunidades indígenas, entre ellos el reconocimiento como sujetos de Derecho y por ende la personalidad jurídica. Ahora bien, dentro de nuestras mismas leyes encontramos que en el supuesto de incumplimiento de estos derechos son pueblos y las comunidades indígenas, los únicos legitimados para impugnar por las vías jurisdiccionales establecidas, en donde la ley de la materia habrá de regular los términos, las condiciones y los procedimientos para llevar a cabo tal impugnación y es otro paso importante en el reconocimiento pleno de derechos a nuestros pueblos, puesto que ahora el constituyente ha otorgado la legitimación, es decir, nos ha facultado para poder actuar como parte en el proceso a la vez, mandata también a los legisladores a efecto de reformar las leyes en la materia para que dichos pueblos y comunidades estemos en condiciones de efectuar las impugnaciones cuando resulte necesario. - Ahora bien, dentro de nuestros pueblos y comunidades, de acuerdo a nuestros sistemas normativos, una autoridad comunitaria emana de una Asamblea a través de un ejercicio democrático, de esa manera es como se obtiene la legitimidad y sobre todo, el respeto a la figura que representa, lo cual encontramos tutelado el día de hoy en la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, precisando también que nuestras autoridades comunitarias, son una institución y tenemos que son además representantes de su comunidad ante otras comunidades y los 3 niveles de gobierno, eso se encuentra tutelado dentro de la Ley de Protección a los Pueblos y las Comunidades Indígenas del Estado de Guanajuato, donde también de manera puntual y lo hemos comentado desde esta tribuna, que los ayuntamientos tienen la obligación de convocar por lo menos 48 horas antes a los representantes de las comunidades indígenas, convocarlos a sesiones de ayuntamiento donde se pretendan entablar temas que repercutan de manera directa en estas comunidades, señalando también que ante tal incumplimiento de notificación, acuerdos que pudieran tomarse dentro de este órgano colegiado serían nulos. - Sin embargo, para decretar esta nulidad, pueblos y comunidades indígenas deben primero ejercitar la acción ante los juzgados administrativos municipales o ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Dado que tal nulidad no es absoluta, sino relativa, puesto que el acto afectado producirá efectos jurídicos en tanto no se decrete tal nulidad. Agregando también que si se operara la prescripción por la imposibilidad de que pueblos y comunidades indígenas no pudieran acudir a un juicio, este agravio resultaría en detrimento de sus garantías, ahora bien, tanto los Juzgados de Justicia Administrativa como el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato están regidos por el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, donde hasta ahora no se han contemplado de manera explícita a estas autoridades en comentó, y en materia procesal podemos entender al interés jurídico como la pretensión que se tiene de acudir a los tribunales para hacer efectivo un derecho que ha sido violado o que ha sido desconocido, es decir, que tenemos la necesidad de acudir a estos órganos jurisdiccionales, siempre con la finalidad de proteger el derecho sustantivo. - Ahora bien, se otorga legitimación para instar la acción de los órganos jurisdiccionales competentes, en ese sentido, el actor siempre deberá sustentar el interés jurídico y no basarse en ninguna presunción. Por todo lo anteriormente expuesto, consideramos imperante reformar y adicionar diversas disposiciones normativas del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, con la única finalidad de considerar a las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas y afro mexicanas como partes procesales, pues estamos convencidos que sólo de esta forma se les estará reconociendo la legitimación que como ya se ha mencionado, la otorga la Constitución Federal, además, con ello se estaría haciendo efectivo también, la garantía de la tutela jurisdiccional contemplada en el artículo 17 de la ley en cita. - Y con todo esto estamos refrendando así el compromiso por la protección y la defensa y el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afro mexicanos, desde este Grupo parlamentario refrendamos el compromiso con el bienestar de las y los guanajuatenses. - Es cuanto a diputada, Presidenta, muchas gracias.